La tarde del sábado 4 de agosto varias explosiones en la Avenida Bolívar de Caracas interrumpían del discurso del Presidente venezolano, Nicolás Maduro, durante un desfile conmemorando el 81 aniversario de la Guardia Nacional. Las explosiones provocaron escenas de pánico y la evacuación inmediata de Maduro junto a su esposa y los mandos militares que les acompañaban. Esa misma noche, el ministro de Información, Jorge Rodríguez, anunciaba que se trataba un atentado terrorista realizado mediante la utilización de varios drones cargados con explosivo C4. Rodríguez informaba de siete soldados heridos y la detención de varias personas implicadas en el ataque y atribuía éste a sectores de la derecha y extrema derecha venezolana.

Posteriormente, la periodista opositora Patricia Poleo confirmaba esta versión al hacer público un comunicado de un grupo autodenominado “Soldados de Franela” reivindicando el atentado. El grupo en cuestión se declara seguidor del militar Óscar Pérez, vinculado a la extrema derecha y muerto en un tiroteo con la Guardia Nacional el 15 de enero de este año y autor de otro atentado terrorista contra el Tribunal Supremo el 27 de Junio de 2017. Según el comunicado, el ataque formaba parte de la “Operación Fénix”, cuyo objetivo era acabar con la vida de Maduro y derrocar al gobierno venezolano.  Al día siguiente, Maduro acusaba de estar detrás del atentado al presidente saliente de Colombia, Juan Manuel Santos, que durante el último año ha llamado a derribar al gobierno venezolano en numerosas ocasiones.

El carácter violento y golpista de la derecha venezolana

El carácter violento, terrorista y golpista de  la derecha venezolana no es una novedad para nadie que conozca la historia venezolana. Los medios de comunicación de la burguesía en todo el mundo, los gobiernos de derechas, e incluso muchos sectores de la socialdemocracia, presentan siempre a estos elementos como “oposición pacífica” y “luchadores por la democracia”. La realidad es que han recurrido una y otra vez al terror y la violencia: desde el golpe fascista de abril de 2002, cuando intentaron acabar con la vida de Hugo Chávez (el presidente democráticamente elegido por el pueblo venezolano) y perseguir y detener a sus seguidores; hasta las llamadas “guarimbas”, acciones terroristas y de violencia callejera organizadas por bandas fascistas y estimuladas por líderes de la oposición venezolana como Leopoldo López o Henrique Capriles Radonski.

La última de estas “guarimbas” causó más de 100 muertos entre marzo y julio de 2017 y sus promotores llegaron a extremos como linchar y quemar vivas a personas por declararse chavistas, de izquierdas o simplemente no estar de acuerdo con los métodos que utilizaban.  Estos métodos terroristas fueron una de las razones de la derrota de la ofensiva que lanzó la oposición venezolana de derechas agrupada en la MUD hace ahora un año para intentar tomar el poder.  
Su objetivo de sembrar el miedo, paralizar el país e impedir la celebración de las elecciones a la Asamblea Nacional Constituyente (ANC) convocadas por el gobierno, provocó la  movilización de las masas, que frustraron una vez más los planes golpistas de la derecha venezolana y sus mentores, los imperialistas estadounidenses, europeos y los gobiernos reaccionarios de Colombia, Brasil y Argentina.

A un año de la ANC: De la movilización y la esperanza a la frustración y el desencanto

El atentado del 4 de agosto se ha producido exactamente un año después de aquella victoria. Al tiempo que la población más humilde se movilizaba para  derrotar la estrategia golpista y terrorista de la oposición,  millones de votantes y militantes chavistas aprovecharon la elección de la ANC para mostrar su descontento con las políticas capitalistas del gobierno de Nicolás Maduro, apoyando y organizando candidaturas críticas y exigiendo a la ANC un giro a la izquierda. 

Desde entonces, la respuesta de Maduro, del aparato del Estado y de la burocracia del PSUV, ha sido dividir, aislar, marginar y reprimir cualquier movimiento crítico por la izquierda para blindar su política de acuerdos con sectores de la burguesía venezolana, siguiendo las recomendaciones de los sus aliados internacionales (especialmente del gobierno chino que financia una parte sustancial de la deuda actual de Venezuela). Su objetivo no es profundizar la revolución ni defenderla, sino estabilizar el capitalismo venezolano con ellos al frente, y desmantelar, en la práctica, las medidas más a la izquierda tomadas por Chávez gracias al impulso de las masas.

En la práctica, el gobierno de Maduro ha significado un claro giro a la derecha. Su política económica ha provocado subidas constantes de precios y recortes en los salarios y derechos de los trabajadores; ha servido para regalar una montaña de divisas y “ayudas” a fondo perdido a los nuevos empresarios y capitalistas surgidos de las filas de la propia burocracia gracias al control que tiene del aparato estatal, o a sectores de la burguesía tradicional que han llegado a acuerdos con el gobierno; ha permitido también que los grandes monopolios de China, Irán y Rusia, los llamados “países amigos”, hagan jugosos negocios gracias a las empresas mixtas y los acuerdos comerciales que siguen expoliando nuestros recursos naturales.

Mientras un sector de la burguesía y el imperialismo estadounidense sigue apostando a que el colapso económico que sufre el país le permita recomponer su base social, derrocar a Maduro y formar un gobierno similar a los de Brasil, Argentina o Colombia, otro sector de los capitalistas venezolanos apuesta, al menos temporalmente, por establecer acuerdos con el gobierno  y que sea el propio Maduro, o sectores de la oficialidad del ejército y la burocracia con discurso y trayectoria chavista, quienes lideren una transición que liquide de manera definitiva todas las conquistas alcanzadas durante el proceso revolucionario.

Todo este giro a la derecha se da en un contexto en que la inmensa mayoría de la clase obrera y el pueblo deben luchar duramente por su supervivencia y la de sus familias. La caída acumulada del PIB a lo largo de los últimos tres años supera, según algunos estudios, el 40% ¡una situación solo comparable al hundimiento provocado por una guerra! La inflación anual ronda según algunas fuentes el 46.000% y el FMI ha pronosticado que pueda llegar a laincreíble cifra de 1.000.000 %. Es difícil saber la magnitud real porque el Banco Central de Venezuela ha dejado de publicar informaciones al respecto.

Reforzamiento de las tendencias bonapartistas y burocráticas

Los intentos de sectores críticos de las bases chavistas y del movimiento obrero, campesino y popular de luchar contra esta situación, han sido dispersos y limitados hasta el momento por las dificultades objetivas que crea el propio colapso económico para la organización y participación de las masas. La desmoralización y el escepticismo que ha generado entre amplios sectores de la población la tremenda burocratización y el giro a la derecha de la dirección del PSUV, y la ausencia de una organización independiente y unificada de la clase obrera, con un programa claro y decidido, que agrupe las reivindicaciones populares y unifique la oposición de izquierdas a la burocracia, también representa una grave dificultad.

Paralelamente a las políticas económicas antes descritas, se ha reforzado el control de la burocracia sobre distintas organizaciones de masas surgidas durante los años de ascenso revolucionario, como la central sindical CSBT y el propio PSUV. Este último ha tendido a convertirse cada vez más en una maquinaria burocrática en la que cualquier disidencia interna es aplastada.

El PSUV actúa como una prolongación del aparato del Estado, en líneas similares a lo que representaban los viejos partidos comunistas de los extintos países estalinistas (URSS, etc), con la diferencia de que en Venezuela no estamos ante un Estado obrero deformado basado en una economía planificada, sino ante un Estado capitalista apoyado en relaciones de producción capitalistas y dependiente del mercado mundial en un grado extremo (debido al monocultivo de petróleo). Este desarrollo peculiar, por no llevar la revolución bolivariana hasta el final y transformarla en una genuina revolución socialista apoyada en la democracia obrera, no es algo nuevo en la historia: algo similar pasó en la Nicaragua sandinista con las consecuencias conocidas. La diferencia es que tras el colapso del estalinismo, Maduro y sus colaboradores tienen un modelo al que mirar: China, un claro exponente de capitalismo de Estado sostenido por un régimen bonapartista autoritario que ha roto cualquier vínculo con las tradiciones revolucionarias del pasado.

Como en cualquier régimen bonapartista, las pugnas internas se han intentado mantener dentro de ciertos límites. Algunos sectores que han ido demasiado lejos en sus corruptelas, o que exigían un giro más pronunciado y rápido a la derecha han sido purgados por temor a que sus acciones o propuestas puedan hacer estallar el malestar acumulado. Pero aunque Maduro y la burocracia del PSUV siguen haciendo declaraciones pomposas sobre el socialismo y la revolución, su política consiste en utilizar la maquinaria del Estado y del partido, combinada con políticas clientelares y el recurso a la represión selectiva, las amenazas y las campañas de desprestigio contra cualquier voz crítica (especialmente si proviene de la izquierda), para gestionar el capitalismo y sostenerse en el poder.
Una de las consecuencias posibles tras el atentado del 4 de agosto es que, aunque éste provenga de la derecha contrarrevolucionaria, pueda servir a la burocracia para intensificar medidas bonapartistas y autoritarias que ya venía aplicando y que la tendencia a criminalizar las protestas sociales, o críticas por la izquierda, se refuerce.

Bajo el capitalismo no hay salida

Tras dos humillantes derrotas electorales en las elecciones regionales y locales de octubre y diciembre de 2017, la MUD fue incapaz de concurrir unida a las presidenciales de mayo de este año. Temerosos de un nuevo fracaso, la mayoría de los partidos que la integraban decidió no presentarse. Finalmente la MUD ha sido disuelta y la nueva estrategia de un sector de la oposición contrarrevolucionaria es aprovechar la pésima situación económica y el descontento popular lanzando el llamado “Frente Amplio”. Para ello intentan dejar de lado (al menos públicamente) a los desprestigiados aparatos de sus partidos tradicionales, y presentar el FA como una confluencia de movimientos reivindicativos y sociales. Por el momento siguen sin tener éxito y su base permanece pasiva y desmoralizada.
En las presidenciales de Mayo de este año Maduro fue reelegido con una abstención superior al 50% y el apoyo de menos de un 30% del electorado. El imperialismo y sus títeres venezolanos se negaron a reconocer el resultado pero su llamamiento a salir a la calle se saldó con un nuevo fracaso. Por su parte, la burocracia intentó presentar el resultado como una gran victoria, pero no se puede tapar el sol con un dedo. La abstención récord y el ambiente de apatía de la campaña y la propia noche electoral mostraron el colapso de su autoridad, contrastando escandalosamente no sólo con el entusiasmo que despertaban las victorias de Chávez, sino también con la primera victoria de Maduro en 2013 e incluso la movilización popular de hace apenas un año en apoyo a la Constituyente.
El descontento popular podría agravarse aún más con las medidas que el gobierno ha anunciado a partir del 20 de Agosto. Varios responsables de la política económica del gobierno han pronosticado el fin en la práctica del control de cambios, pero en lugar de resolver problemas como la hiperinflación, como promete el gobierno, una decisión semejante podrían agravarlos. La cuestión de fondo sigue siendo el colapso de la economía productiva y la huelga de inversiones, y el saqueo de los recursos generados por el petróleo por parte de la burguesía y la burocracia, que se enriquecen a manos llenas. Con control o sin control de cambios, mientras las relaciones capitalistas sigan siendo dominantes, será muy difícil para las masas escapar a esta situación de hundimiento y escasez generalizada.

Luchar por una política socialista, anticapitalista y anti-burocrática. Todo el poder político y económico a los trabajadores y el pueblo

Sería un error ver la situación de Venezuela separada del resto de procesos económicos y sociales que vive Latinoamérica y el mundo. En el contexto actual, el margen para la estabilización de la contrarrevolución capitalista en Venezuela (ya sea dirigida por la derecha o por la propia burocracia) no es el mismo que en otros momentos históricos.  Vivimos una agudización de la lucha de clases en Latinoamérica: movilizaciones de masas en Argentina y Brasil, victoria histórica AMLO en México, avance de la izquierda y crecimiento de las luchas también en Colombia, o el movimiento insurreccional en Nicaragua.

Es sintomática la campaña lanzada desde la burocracia del PSUV y sus medios de comunicación para desprestigiar la insurrección de las masas obreras y populares en Nicaragua comparándola con las guarimbas. La realidad es que está siendo la base social obrera y popular del sandinismo la que está movilizándose, desarrollando organismos de poder popular y luchando contra la represión salvaje y las políticas capitalistas del gobierno bonapartista burgués de Daniel Ortega. Nicaragua es un ejemplo de lo que ocurre cuando una dirección surgida de un movimiento revolucionario de masas se pasa al campo de la burguesía y aplica medidas contra los trabajadores y el pueblo.

El débil y parasitario capitalismo venezolano no puede garantizar una vida digna a las masas. La burguesía internacional presenta la parálisis de la economía venezolana como resultado del “socialismo”. La realidad es que la revolución bolivariana se quedó a medio camino. Chávez aplicó reformas progresistas e intentó distribuir con justicia social la renta petrolera. Durante un tiempo, esto elevó los niveles de vida. Pero nunca se tomaron las medidas necesarias para acabar con el capitalismo. Ni la expropiación de los bancos, los latifundios y las grandes empresas ni la destrucción del estado burgués, con su burocracia, sus leyes e instituciones, fueron acometidas. Nunca existió un Estado dirigido por los trabajadores y el pueblo que planificase de forma democrática la economía.
La única alternativa, hoy más que nunca, es un programa verdaderamente socialista que arranque, de una vez por todas, el poder político y económico de manos de los capitalistas y burócratas y lo ponga en manos de los trabajadores y el pueblo.

Únete a Izquierda Revolucionaria para luchar por este programa

• Administración directa por parte de los propios trabajadores de la producción en todas las empresas públicas y privadas.

• Congelación de precios, soberanía alimentaria, y satisfacer todas las necesidades del pueblo contra el sabotaje de los capitalistas y la corrupción de la burocracia

• Aumentos salariales por encima de la inflación. Discusión y aplicación de las convenciones colectivas de trabajadores. Incorporación de todos los tercerizados a nómina fija, comenzando como ejemplo en las instituciones del Estado (maestros, empleados, obreros, etc.).

• Reenganche inmediato de todos los trabajadores luchadores revolucionarios despedidos por los empresarios y burócratas. Seguro de desempleo para los trabajadores desocupados hasta encontrar empleo

• Confiscación y socialización de las empresas cerradas, infrautilizadas, latifundios baldíos, con la convocatoria de los trabajadores, campesinos y estudiantes para su toma y ocupación inmediata, desarrollando la autogestión libre y democrática de todas las empresas que saboteen la economía o ataquen a los trabajadores

• Creación de una empresa pública nacional que asuma el monopolio del comercio exterior (compra directa de materia prima y necesidades de las empresas) y administración de esta empresa por los trabajadores, campesinos, estudiantes junto a las comunidades para luchar contra la especulación, la inflación, corrupción y garantizar la plena soberanía alimentaria.

• Socialización bajo control inmediato de los trabajadores de la banca, la tierra y la industria para planificar democráticamente el conjunto de la economía en beneficio del pueblo pobre y poder satisfacer las necesidades sociales.

• Creación de un Sistema de Salud Nacional Público, universal y gratuito, que garantice una atención de calidad. Confiscación de las clínicas privadas, para ponerlas bajo control obrero, de los estudiantes y las comunas organizadas para garantizar el servicio a todos los trabajadores venezolanos y el pueblo pobre sin ningún tipo de distinción.

• Creación de una Empresa Nacional para la Construcción de Infraestructuras, Viviendas, Universidades, etc., dirigida bajo control obrero, de los estudiantes y las comunas, el cual acometa un plan anual de creación de 500.000 viviendas que permita terminar en tres años con el déficit habitacional.

• ¡No más pagos de la deuda externa! Los imperialistas nos imponen, por medio de sus grandes bancos y organismos financieros, sanciones que someten a los pueblos a pagar con la miseria su acumulación de riqueza.

• Por un Estado Socialista dirigido por Consejos de Trabajadores, Consejos Campesinos, Consejos de Estudiantes, de Estructura Local, Regional, Nacional con Voceros y Voceras en cada nivel de la estructura elegibles y revocables en cualquier momento por asambleas de trabajadores, por la comunidad de su sector, y a nivel local, regional y nacional para acabar de una vez con el burocratismo corrupto. Que cada representante y cargo público tenga un salario como máximo igual al de un trabajador calificado.

¡Ni burocracia ni burguesía! ¡Todo el poder a la clase trabajadora y el pueblo!