Continuar la lucha hasta tumbar los planes de la burguesía y a Bolsonaro

El 14 de junio Brasil vivía la primera huelga general contra el gobierno ultraderechista de Jair Bolsonaro. La jornada fue una demostración de la fuerza y disposición de la clase obrera, la juventud y los campesinos a plantar cara a los ataques de la burguesía y su gobierno.

La huelga vence la represión del Estado y los empresarios

Según la Central Unitaria de Trabajadores (CUT) –la principal central sindical brasileña y una de las diez convocantes– 45 millones de trabajadores pararon total o parcialmente y centenares de miles se manifestaron en al menos 380 ciudades a lo largo y ancho del país. La huelga tuvo un seguimiento masivo en el sector público: educación, funcionarios, etc., así como en el metalúrgico, la banca, los trabajadores agrícolas, los petroleros… Pararon 10 de las 12 refinerías de Petrobras, y 19 de las 27 capitales de estado vieron el sistema de transporte afectado de forma importante.

La fuerza y amplitud de la huelga resalta aún más si tenemos en cuenta que el gobierno de extrema derecha y el conjunto de la clase dominante recurrieron a una durísima represión para intentar hacer fracasar el paro. En el Metro de Sao Paulo, la ciudad más poblada de América Latina, la justicia intervino intentando coartar el derecho a huelga de los trabajadores y estos respondieron paralizando buena parte del servicio. Lo mismo ocurrió en el resto de servicios de transporte, especialmente donde corre a cargo de empresas privadas.

La precariedad laboral que, ante la desmovilización y ausencia de una respuesta unificada y continuada por parte de los dirigentes de los sindicatos mayoritarios, se ha extendido de forma espectacular en los últimos años (con especial intensidad en el sector privado), también ha sido utilizada por los empresarios para amenazar a los trabajadores e intentar impedir el éxito de la huelga.

La actuación de los piquetes y los cortes de carretera, que se multiplicaron a lo largo y ancho de todo el país, fueron clave para que muchos trabajadores pudieran parar.  Siguiendo la línea del gobierno central, diferentes gobiernos regionales en manos de partidos burgueses como el PSDB, ordenaron a los cuerpos policiales bajo su mando reprimir violentamente a los piquetes y realizar cargas y detenciones contra los manifestantes en varias ciudades.

Esto demuestra una vez más que los partidos burgueses tradicionales critican cínicamente y con la boca pequeña algunos excesos de la extrema derecha bolsonarista pero, a la hora de la verdad, actúan defendiendo los mismos intereses de clase y contra los derechos de los trabajadores y el pueblo. Por eso es un grave error defender “frentes democráticos amplios” contra la extrema derecha, como está planteando la dirección del PSOL, llamando a sectores de la burguesía a participar en los mismos.

Polarización política e incremento espectacular del rechazo a Bolsonaro

El agravamiento de la crisis económica, las filtraciones sobre las maniobras y conspiraciones de uno de los hombres fuertes del gobierno –el juez Sergio Moro, actual ministro de Interior y Justicia y responsable de la investigación Lava Jato– con los fiscales para encarcelar a Lula y facilitar la victoria electoral de Bolsonaro, los constantes escándalos de corrupción protagonizados por su partido (PSL) y su familia... están aumentando a velocidad de vértigo su desprestigio, incluso entre una parte de las capas medias y trabajadores desesperados y atrasados que le votaron.

Un mes antes de la huelga general, el 15 de mayo, estudiantes, profesores y protagonizaron una movilización histórica contra los ataques a la educación pública en la que participaron dos millones de personas. Reflejando la polarización existente, la ultraderecha bolsonarista organizó contramanifestaciones el domingo 26 de mayo. Sin embargo, el intento de movilizar a su base social en una gran demostración de fuerzas, que intimidara y frenara al movimiento estudiantil, campesino y obrero no logró ni de lejos su objetivo. Participaron los sectores más claramente anticomunistas y fascistoides, unas pocas decenas de miles de personas que, comparadas con la masividad de las movilizaciones contra el gobierno, demostraron su debilidad en una acción que sólo puede calificarse de estrepitoso fracaso. Esto confirma que la correlación de fuerzas en este momento es favorable para que la clase obrera y el pueblo pasen a la ofensiva y derroten al gobierno.  De hecho, una de las consignas más gritadas en las calles el 14J fue la de “Fora Bolsonaro”.

Intentando desactivar la lucha en las calles y facilitar a la burocracia sindical alguna excusa para no darle continuidad con una nueva huelga general, diputados de partidos burgueses como el PSDB y otros han presentado modificaciones secundarias a la reforma de las pensiones. Estas no afectan a la esencia de la misma. En el mejor de los casos significaría volver al ataque a las pensiones que intentó el gobierno burgués y golpista de Temer en 2017 y que finalmente no se atrevió a ejecutar tras la huelga general de abril de aquel año, aunque sí llevó adelante la reforma laboral.

En aquel momento no se dio continuidad a la huelga general, permitiendo al Gobierno de Temer sostenerse en el poder y, posteriormente, abrir paso a la victoria de Bolsonaro. Como ocurrió entonces, los dirigentes de las centrales UGT y Fuerza Sindical ahora se han mostrado dispuestos a negociar sobre la base de estos cambios cosméticos. Ante esta maniobra para intentar dividir al movimiento, es fundamental continuar la lucha en las calles, tal como han planteado los sectores del movimiento sindical más a la izquierda.

Continuar la lucha con una nueva huelga general.

¡Por un frente único de la izquierda con un programa socialista!

Los dirigentes de la CSP-Conlutas y el resto de fuerzas que constituyen la izquierda sindical y política combativa deben impulsar la organización de asambleas en los centros de trabajo para debatir el balance del 14J y los próximos pasos a dar. Hay que proponer en todas las asambleas la aprobación de resoluciones demandando al resto de organizaciones, empezando por la CUT, la convocatoria de una nueva huelga general que exija la retirada total del proyecto de contrarreforma de las pensiones y que incorpore en las reivindicaciones la retirada de todos los demás ataques lanzados por este gobierno reaccionario: contra la educación pública, los derechos democráticos, los derechos de la mujer y la comunidad LGTBI, el medio ambiente…

Este movimiento tiene que hacer un llamamiento a los activistas y militantes de la CUT y del PT a unirse y romper con las políticas de desmovilización y pactos con la burguesía de los dirigentes reformistas.

Hay que impulsar la creación comités de lucha en las fábricas, en los barrios, en el campo, en los centros de estudio para que la movilización en las calles continúe, se unifique y se extienda con un plan de lucha que vaya a más y que permita desplegar toda la fuerza que tiene la clase obrera, los estudiantes, las mujeres y comunidad LGTBI, los jornaleros, campesinos, los pueblos indígenas y el conjunto de los oprimidos, para tumbar al Gobierno de Bolsonaro.

Unido a esto, es imprescindible levantar un programa socialista, que plantee la expropiación bajo control obrero de la banca, los latifundios y las grandes empresas para disponer de los recursos necesarios para garantizar la defensa y mejora de las pensiones, la educación y la sanidad públicas, el acceso a vivienda, salarios y condiciones de trabajo dignas. De este modo sería posible planificar democráticamente la economía en función de las necesidades sociales y no del interés de un puñado de oligarcas parásitos y corruptos.