Chile vive una auténtica situación revolucionaria. Lo que comenzó hace dos semanas como una protesta contra la subida de las tarifas del transporte público, se ha transformado en una lucha de barricadas para hacer frente a la represión salvaje del ejército y los carabineros y, finalmente, en un movimiento de masas de un envergadura formidable: una huelga general histórica de 48 horas que ha paralizado el país el 23 y 24 de octubre, seguida de marchas multitudinarias que el viernes 25 reunieron, solo en Santiago, a un millón y medio de personas.

Las masas de la clase obrera y la juventud en Chile, siguiendo el camino de las insurrecciones populares en Ecuador, Haití, Sudán, Argelia, Iraq y en tantos otros países, han demostrado su fuerza en la acción: sólo ellas han tumbado el Estado de excepción y el toque de queda. La clase dominante chilena se enfrenta a una auténtica ofensiva revolucionaria que ha nacido desde abajo, y que pone en cuestión al capitalismo chileno como no se recuerda desde los años de la Unidad Popular.

“No son 30 pesos, son 30 años”

Este eslogan, coreado masivamente en las barricadas y las manifestaciones, resume muy bien lo que está pasando en Chile. En poco más de una semana todo el entramado institucional construido tras la caída de la dictadura de Pinochet, que dejó sin depurar los crímenes de la Junta Militar, aseguró las bases de un capitalismo depredador, la supresión de los servicios públicos y la privatización masiva, y dio alas a la mayor desigualdad del continente, ha sido puesto en cuestión por un levantamiento popular asombroso. Un levantamiento que señala directamente a todos aquellos partidos de la izquierda que han colaborado activamente en apuntalar este régimen, especialmente al Partido Socialista (PS) y al Partido Comunista (PCCh).

El poder de las masas, cuando están determinadas a llegar hasta el final, “obra milagros”. Lo que los partidos tradicionales de la izquierda —con sus direcciones reformistas todo el día enfangadas en los lances parlamentarios y mesas de dialogo— no han sido capaces de lograr nunca, lo ha arrancado a la clase dominante la juventud heroica y la clase obrera chilena batiéndose contra la represión y el orden capitalista. ¡Que inspiración más extraordinaria para todos los oprimidos del mundo!

Después de una semana que pasará a la historia, la gente continúa en las calles, los paros se mantienen en numerosos sectores, y está en marcha otra gran jornada de huelga nacional para el miércoles 30 de octubre.

Los acontecimientos revolucionarios han cogido completamente por sorpresa a la burguesía. Hasta hace solo unas semanas, Chile era descrito por los grandes empresarios y por el propio FMI como el modelo a seguir por el resto de países de América Latina, como un ejemplo paradigmático de la estabilidad y el orden capitalista. Pero también es una lección para todos aquellos que, desde la izquierda, incluso desde organizaciones que se reclaman “revolucionarias”, solo se lamentan recordando supuestos tiempos pasados mejores, y culpan constantemente a la clase obrera y la juventud por “su bajo nivel de conciencia”. Estas organizaciones llenas de “dirigentes” escépticos y desmoralizados, que toman la lección a la clase obrera y la juventud desde sus mesas de profesor, también han sido incapaces de prever nada.

La huelga general tumba el estado de excepción y acorrala al Gobierno

Desde el primer momento, el gobierno reaccionario de Piñera ha respondido al levantamiento popular con una represión salvaje, intentando cortar de cuajo las protestas mediante el terror.

Se habla oficialmente de 20 muertos por la acción brutal de los milicos y las fuerzas policiales, aunque otras fuentes señalan que son más. Las denuncias por torturas y violaciones en las comisarías se cuentan por centenares, igual que los jóvenes y trabajadores que han sido hospitalizados por las balas de carabineros y militares. Hasta el momento se contabilizan más de 5.000 personas detenidas. En las redes sociales circulan decenas de videos que recuerdan las imágenes de la represión sangrienta durante la dictadura de Pinochet, con militares disparando y apaleando indiscriminadamente en las calles a cualquiera que encuentran, aprovechando la impunidad que les otorgó Piñera al declarar el estado de excepción. Sin embargo, la represión no solo ha sido incapaz de frenar la movilización de masas, sino que la ha convertido rápidamente en una auténtica insurrección revolucionaria.

El éxito de la huelga general de 48 horas, las manifestaciones multitudinarias del pasado viernes 25 de octubre, y una situación de movilización permanente en las calles, pusieron en evidencia la impotencia del toque de queda y la incapacidad de un Estado militarizado para imponerse. Finalmente, Piñera certificó esta realidad anunciando patéticamente el levantamiento oficial del estado de excepción y la retirada de los militares de las calles. Una lección muy valiosa sobre los límites del Estado burgués, por más armamento con que cuente, frente a las masas que deciden ponerse en marcha y pierden el miedo.

La fuerza de las movilizaciones ha sido de tal envergadura que no sólo han replegado a los militares a sus cuarteles, el Gobierno de Piñera no ha tenido más remedio que retirar la subida del transporte y proponer un “Plan Social” de mejoras en las pensiones, en el salario mínimo, en el precio de los medicamentos o en las tarifas eléctricas. Fruto de esta situación, el Congreso, dominado por partidos de la derecha, aprobaba sin prácticamente oposición la jornada laboral de 40 horas. La acción revolucionaria de las masas ha impuesto, en cuestión de días, lo que los dirigentes reformistas de la izquierda han mendigado en el parlamento durante años y jamás han sido capaces de obtener.

Piñera ha pasado de señalar que “el país estaba en guerra” contra los jóvenes y los trabajadores en lucha, a tener que pedir perdón. Estas declaraciones reflejan, en sí mismas, la auténtica correlación de fuerzas entre las clases y lo que piensa la burguesía chilena.

Sí, para las élites económicas, para los altos mandos militares, para los que durante décadas han engordado sus privilegios con una democracia vigilada y tutelada por los herederos de la dictadura pinochetista, la situación es espantosa: un pueblo insurrecto ha dicho basta a sus fortunas obscenas, a la corrupción, y a una desigualdad endémica que mantienen a la inmensa mayoría del pueblo en la pobreza y la precariedad. El ambiente de rebelión ha alcanzado tal magnitud, que incluso algunos grandes empresarios del país, incluido Piñera, han manifestado su disposición a aceptar un impuesto al 1% más rico, una de las reivindicaciones del movimiento.

La lucha ha puesto al Gobierno de derechas contra las cuerdas. Piñera ha sustituido a ocho ministros para evitar su propia dimisión y que las masas obtengan así una nueva victoria que anime aún más al movimiento. Esto lo puede hacer gracias al inestimable apoyo de los ex presidentes socialistas Ricardo Lagos y Michelle Bachelet —que se hicieron eco de la propaganda oficial intentando criminalizar la lucha—, y de la complicidad de una comunidad internacional que promociona golpes de Estado en Venezuela pero mantiene su apoyo a un asesino, esperando que pueda frenar esta explosión revolucionaria.

Como es obvio, estos movimientos desesperados sólo pretenden salvar el cuello de los prohombres del régimen, hacer cambios menores para que en lo esencial todo siga igual, y lograr el objetivo principal del momento: que las masas abandonen las calles, que los trabajadores y la juventud se olviden de su poder, reconduciendo la crisis revolucionaria hacia las calmadas aguas de la institucionalidad burguesa.

Organizar la huelga general indefinida hasta tumbar a Piñera... ¡No al Diálogo Nacional con los represores!

Un punto de inflexión, sin duda, ha sido la huelga general de 48 horas impulsada por los sectores más combativos de la clase obrera y la juventud, decenas de movimientos sociales y organizaciones de la izquierda y que, a pesar de sus numerosas vacilaciones, tuvo que convocar finalmente la dirección de la Central Única de Trabajadores (CUT) por la presión desde abajo.

La huelga general paralizó completamente el país sacando a millones a las calles. El proceso de convocatoria fue muy significativo. Mientras Piñera decretó el estado de excepción y el toque de queda, y los dirigentes de la CUT, el PS y el PC llamaban al “diálogo” y a que el régimen se sentara a negociar, la juventud en las calles entablaba la lucha contra los milicos y carabineros, levantaba barricadas y paralizaba con cortes las principales arterias de las ciudades. En cientos de barrios populares la población se organizaba para resistir el asalto de las fuerzas represivas, mientras los muertos, los heridos y los detenidos se empezaban a contar por decenas, cientos y miles. La clase obrera se contagió inmediatamente de este ambiente insurreccional, y diferentes sectores fueron declarándose en huelga poniendo su sello en los acontecimientos: portuarios, profesores, sanitarios, mineros… forzando a la dirección de la CUT a oficializar el paro, primero solo para el 23 de octubre, y finalmente también para el 24 de octubre. Ahora de nuevo, fruto de la presión, se plantea una nueva huelga nacional para el miércoles 30 de octubre.

Pero la dirección de la CUT en lugar de apoyarse en el triunfo alcanzado por el movimiento, y dar continuidad a la lucha con un plan contundente que incluya la huelga general indefinida hasta lograr la renuncia de Piñera, se limitan a llamar a un “dialogo nacional” pidiendo al Gobierno que “devuelva la democracia al Estado de Chile”. ¿A qué Gobierno? ¿Al que ha declarado el estado de excepción? ¿Al responsable de más de 20 muertes, miles de heridos y detenidos, de torturas y violaciones? ¿Al que hambrea al pueblo?

En el mismo sentido, la dirección y los parlamentarios del Partido Comunista de Chile se han erigido en los campeones del pacto social, exigiendo una mesa de diálogo que incluya al Gobierno y, sobre todo, ¡que les incluya a ellos! Se quejan de que “el gobierno ha excluido y ha marginado al mundo social y popular”. No compañeros, el gobierno no ha excluido al pueblo, el Gobierno de Piñera ha masacrado y está masacrando al pueblo. Y lo que tiene que hacer quien se reivindique comunista, no es buscar desesperadamente el dialogo con los represores, sino organizar la lucha para que triunfe y evitar más muertes y abusos. 

En un momento en que las masas avanzan con paso firme, los dirigentes del PCCh centran sus esperanzas en poner en marcha un engorroso procedimiento de acusación constitucional contra Piñera… ¡por haber utilizado ilegalmente el estado de excepción!

Cuando Piñera y su Gobierno están suspendidos en el aire, gracias exclusivamente a la huelga y la movilización contundente y masiva en las calles, la dirección del Partido Comunista recurre a un ardid constitucional, que requiere entre otras cosas de una mayoría en el Congreso y el Senado, en manos actualmente de partidos de la derecha. Este tipo de planteamientos solo dan oxígeno y tiempo a Piñera. No se requiere de ninguna acusación constitucional, Piñera y su Gobierno tienes que irse ya, y hay suficiente fuerza y determinación en las calles para conseguirlo. El papel del PCCh, como el de la CUT, es poner encima de la mesa un plan contundente de lucha que dé ese golpe de gracia contra un gobernante moribundo.

La responsabilidad de la izquierda parlamentaria

Evidentemente un planteamiento así animaría al movimiento de masas. Pero estos dirigentes no se mueven en esta dirección sino todo lo contrario. Hay que señalar que la actual explosión se ha venido incubando desde hace años, especialmente por la frustración provocada bajo los gobiernos del Partido Socialista y la Concertación, y la complicidad que con ellos ha mantenido el Partido Comunista y la CUT.

Siguiendo el modelo de la Transición española, los crímenes de la dictadura de Pinochet quedaron impunes. El aparato del Estado no fue depurado de fascistas, tal y como demuestra la actuación brutal de los militares en las calles, y las direcciones del Partido Socialista y Comunista cedieron vergonzosamente en la lucha de masas que derrotó a la dictadura, pactando con sus herederos una “transición democrática” que salvaguardara el sistema capitalista.

La dictadura de Pinochet impuso un modelo de capitalismo salvaje, siguiendo la estela de Thatcher y Reagan, privatizando todos los servicios públicos, y convirtiendo Chile en un auténtico paraíso fiscal en beneficio de los multimillonarios. Posteriormente, los gobiernos socialistas de Ricardo Lagos y Michelle Bachelet (PS) dieron continuidad a esas mismas políticas, abriendo las puertas al nuevo Gobierno de la derecha presidido por una de las principales fortunas de Chile. Una situación que ha provocado un empobrecimiento generalizado y una desafección inevitable hacia todo el régimen político.

Sin embargo, en vez de aprender de los errores y rectificar, los dirigentes del PCCh tratan de reivindicar su fracasada política de colaboración de clases con la burguesía, que en nada ha ayudado a las masas pero si ha perpetuando la desigualdad, la miseria y la represión. El diputado del PCCh Daniel Nuñez señalaba que “esta movilización realizada de esta manera con esta radicalidad no hubiese jamás ocurrido en el gobierno Michelle Bachelet” porque “se emprendieron grandes reformas que dieron respuestas a las expectativas y a las demandas ciudadanas”, y añadía que “son dramas sociales que se acumulan por décadas”. Un reconocimiento, por tanto, de la impotencia de los Gobiernos de izquierdas y del PCCh para resolver los graves problemas que padecen los trabajadores y la juventud.

¡Luchar por el socialismo y la democracia obrera! ¡No hay salida bajo el capitalismo!

Chile se halla un punto de inflexión. Las condiciones para acabar con Piñera y con su gobierno, para imponer la política revolucionaria que las masas exigen rompiendo con el sistema capitalista y su legado de desigualdad y represión, y para comenzar a transformar realmente la vida de millones de jóvenes y trabajadores, están dadas.

La consigna de una Asamblea Constituyente que el PCCh ha levantado, y que algunas organizaciones que se consideran revolucionarias repiten pero añadiendo que sea “libre y soberana”, insisten en que los graves problemas de las masas, puestos encima de la mesa por este levantamiento, se pueden resolver dentro del marco del capitalismo.

Es una y mil veces falso plantear que en el Chile de hoy una “asamblea constituyente” que elabore una constitución dentro de la legalidad capitalista, pueda afrontar el problema del desempleo masivo, la precarización, la privatización de los servicios públicos o la depuración completa de fascistas del aparato estatal. No hay la posibilidad de una “democracia más avanzada” en el marco del capitalismo en crisis del siglo XXI. Esta consigna, la de “asamblea constituyente” y sus diferentes variantes, es una renuncia vergonzosa a plantear abiertamente la necesidad de luchar por el socialismo, por el poder obrero, levantando un programa revolucionario consecuente.

Este gran levantamiento no sólo ha demostrado una correlación de fuerzas favorable para la lucha por el socialismo, ha revelado un gran avance en la conciencia de las masas que no quieren soportar un minuto más el actual estado de cosas. Y es la tarea de los revolucionarios traducir todo esto en una estrategia y un programa capaz de alcanzar la victoria y transformar la sociedad.

La consigna no puede ser una nueva Asamblea Constituyente para desviar la lucha por el camino de la democracia “burguesa” fraudulenta, sin romper con el orden establecido y generar más frustración. La tarea del momento es profundizar y dar consistencia revolucionaria al poderoso movimiento que se ha desatado: impulsar la formación de comités de acción en todas las fábricas, centros de trabajo, de estudios, barrios… y coordinarlos nacionalmente mediante delegados elegibles y revocables. Construir la huelga general indefinida —con ocupaciones de los centros de trabajo y estudio— y organizar la autodefensa de los trabajadores y la juventud, haciendo un llamamiento enérgico a los soldados para que no repriman al pueblo, organicen comités dentro de los cuarteles y paralicen las órdenes de los mandos sumándose a las movilizaciones populares.

Un plan de lucha que tiene que ir acompañado de un programa claro: Fuera Piñera. Por un gobierno de los trabajadores en beneficio del pueblo. Nacionalización de la banca, de los monopolios y de la tierra, sin indemnización y bajo el control democrático de los trabajadores y sus organizaciones. Educación y sanidad públicas, dignas, gratuitas y universales. Salarios dignos y empleo estable. Derecho a una vivienda pública asequible. Jubilaciones dignas cien por cien públicas. Depuración inmediata de fascistas del ejército, la policía y la judicatura: juicio y castigo a los responsables de la represión y los crímenes de la dictadura. Todos los derechos al pueblo mapuche. ¡Por la democracia obrera, abajo la democracia de los capitalistas!

Es el momento de levantar un programa socialista genuino y poner todas las fuerzas para la construcción de un partido revolucionario de los trabajadores. La política de colaboración de clases, que han aplicado las direcciones reformistas de la izquierda, ha supuesto un fracaso rotundo. Hay que recordar las lecciones de la Unidad Popular, del golpe militar y de lo ocurrido en estos últimos años. ¡Bajo el capitalismo no hay salida para las masas chilenas!

El pueblo de Chile no está solo. Una nueva oleada de insurrecciones y levantamientos revolucionarios está barriendo América latina, desde México hasta Argentina, pasando por Ecuador, Haití o Costa Rica. Una oleada que es fruto de la miseria y la desigualdad endémica que vive desde hace décadas todo el continente, y que no tendrá solución bajo el sistema capitalista. La clase obrera y la juventud chilena están reatando el nudo de la historia, poniendo otra vez de manifiesto sus tradiciones revolucionarias. Su triunfo será el triunfo de todos los trabajadores y oprimidos del mundo, abriendo el camino para la victoria del socialismo internacional.