Durante más de quince días los trabajadores y campesinos bolivianos han dado un ejemplo estremecedor de instinto de clase, conciencia revolucionaria y voluntad de llevar hasta el final la lucha contra el criminal golpe de estado organizado por la oligarquía y el imperialismo estadounidense. Lo único que les ha impedido derrotar a los golpistas ha sido la ausencia de una dirección a la altura de las circunstancias.
Evo Morales y el resto de dirigentes del Movimiento Al Socialismo (MAS), que han gobernado Bolivia durante los últimos 14 años, no sólo han renunciado a encabezar la resistencia al golpe. A cada movilización heroica de los campesinos y trabajadores han sido los primeros en abandonar el campo de batalla, huyendo del país o llamando a las masas a la retirada para, finalmente, llegar a un vergonzoso acuerdo con el gobierno golpista de Jeanine Áñez, responsable del asesinato de 33 personas y mas de 800 heridos desde su llegada fraudulenta al poder el 14 de Noviembre.
La claudicación de los dirigentes del MAS y la COB desmoviliza a las masas...
El 23 de Noviembre el gobierno de Áñez anunciaba un principio de acuerdo para “pacificar el país” con la burocracia de la principal central sindical, la Central Obrera Boliviana (COB), y 73 dirigentes de diferentes organizaciones sociales, en su gran mayoría vinculadas al MAS. Dicho acuerdo era ratificado al día siguiente en el Congreso y el Senado con el voto favorable de los senadores y diputados de este partido, con mayoría clara en ambas cámaras.
El acuerdo, firmado mientras los trabajadores y campesinos todavía enfrentaban la represión sangrienta del gobierno (ese mismo día varios de ellos eran brutalmente reprimidos en K'ara K'ara, Cochabamba), recoge todos los puntos clave que interesaban en ese momento a los golpistas. Anula las elecciones presidenciales del 20 de Octubre (que dieron como vencedor a Morales), impide que los dirigentes más conocidos del MAS, empezando por el propio Morales y su vicepresidente García Linera, puedan presentarse a unas nuevas elecciones y, lo más importante para los golpistas: compromete a todas las organizaciones obreras y campesinas dirigidas o influidas por el MAS a llamar a la desmovilización, aceptando en las práctica la legitimidad al gobierno contrarrevolucionario para organizar una nueva convocatoria electoral bajo su control.
A cambio de esta rendición en toda regla, las “contrapartidas” presentadas por los dirigentes del MAS y la COB para justificar su aceptación son meros compromisos genéricos que el gobierno cumplirá, o no, según su criterio: retirada del ejército de algunas zonas donde la represión ha sido especialmente sangrienta y derogación del decreto 4078, que permite a policías y militares disparar contra los manifestantes exonerándoles de cualquier responsabilidad penal.
En la misma presentación del acuerdo, Áñez justificaba el decreto 4078, el primero que aprobó su gobierno pasando por encima del Parlamento, con la necesidad de “pacificar” el país contra las “acciones violentas de hordas dirigidas por el MAS”, dejando claro que volverán a aplicarlo cuando lo consideren necesario.
...allanando el camino a los planes contrarrevolucionarios de la oligarquía y el imperialismo
El acuerdo ha caído como un jarro de agua fría. La burocracia de la COB y el MAS han conseguido, con su rendición y llamamientos reiterados a parar todas las movilizaciones, lo que no había logrado la oligarquía con su feroz represión: frenar la insurrección contra el golpe que se extendía por el país y apuntalar al gobierno asesino de Áñez, que al rechazo interno masivo unía un creciente cuestionamiento internacional.
Con ello están asfaltando el camino a los planes de la oligarquía y el imperialismo estadounidense, que ya han puesto en marcha toda la maquinaria represiva que emplearon para dar el golpe (ejército, policía, bandas fascistas...), el apoyo de los medios de comunicación y su poder financiero, para garantizar la victoria en cualquier convocatoria electoral e intentar consolidar un gobierno títere fiel a sus intereses.
Menos de 48 horas después de votado el acuerdo en el Parlamento, diferentes portavoces del gobierno contrarrevolucionario y los partidos que lo apoyan se encargaban de aclarar que el plazo de 120 días inicialmente pactado era “poco realista”. Las elecciones serán cuando ellos lo consideren factible y, si el MAS apoyándose en su mayoría parlamentaria intentase impedirlo, lo impondrán mediante decreto presidencial, como están haciendo con otras muchas medidas.
Al frente del poder electoral y el Tribunal Supremo han colocado a peones de su confianza, y tanto Áñez como varios de sus ministros han dejado muy claro que cualquier cargo público que obstaculice sus planes podrá ser acusado de “sedicioso”, apartado de su posición e incluso encarcelado.
La guinda a todas estas medidas contrarrevolucionarias la anunciaba la propia Áñez en una reunión con la cúpula militar para agradecerles los servicios prestados durante el golpe y la represión posterior: la “nueva política de seguridad y defensa” consistirá en “devolver a las Fuerzas Armadas el rol y prestigio que siempre las ha caracterizado. Para ello vamos a trabajar con países amigos (en clara referencia a EEUU) para recuperar programas de capacitación y entrenamiento del más alto nivel”.
¡Y todavía tenemos que escuchar a sectores reformistas y estalinistas de la izquierda latinoamericana e internacional alabando la “responsabilidad” de Morales y justificando su política entreguista con “argumentos” como que era el único modo de “impedir el establecimiento de una dictadura” y “evitar la violencia y el derramamiento de sangre”. ¿Impedir una dictadura”? ¿Y qué significan las medidas anteriormente descritas? ¿“Evitar la violencia y el derramamiento de sangre”? ¿Y que ha habido -y sigue habiendo- en Bolivia desde la llegada al poder del gobierno impuesto por los golpistas con el apoyo de EEUU, el aval la UE y el silencio cómplice de la socialdemocracia internacional, incluidos gobiernos como el portugués o el español de Pedro Sánchez?
En última instancia los “argumentos” de estos dirigentes reformistas se reducen a la idea profundamente reaccionaria de que lo que provoca la represión de la clase dominante es la acción de las masas en la calle. Por consiguiente, para calmar o frenar esa represión, la solución es abandonarla la lucha. Pero de aceptar estas ideas, los oprimidos siempre deberían ser esclavos y nunca deberían luchar por su liberación.
Lecciones de la historia
No es la primera vez en la historia de Bolivia, ni de otros países, que los planes golpistas y contrarrevolucionarios de la clase dominante, ante la fortaleza mostrada por el movimiento de masas y la limitada base social de que disponen los oligarcas, intentan disfrazarse en un primer momento bajo la forma de la convocatoria de nuevas elecciones o de un pacto para un “gobierno de transición”. Por supuesto, para hacer tragar estos planes recurren a la colaboración de dirigentes obreros y campesinos que actúen como muro de contención contra el instinto revolucionario de las masas.
En la revolución boliviana de 1952, sin ir más lejos, el entonces presidente del gobierno y líder del Movimiento Nacionalista Revolucionario (MNR), Paz Estenssoro, fue depuesto mediante un golpe de estado por su vicepresidente, Barrientos. Éste también estableció inicialmente “pactos” y “acuerdos” con dirigentes populares, hablando de “transición” y justificando el golpe con el descontento popular con determinadas políticas de Paz Estenssoro. Una vez que la burguesía consiguió estabilizar el nuevo gobierno, lanzó una brutal ofensiva contra las masas en 1965. El propio Paz Estenssoro, durante el proceso revolucionario de 1970-71, se alió al general Hugo Banzer e intentó utilizar su pasado como presidente salido de la revolución del 52 para dar legitimidad al gobierno golpista de éste. Nuevamente, tras estabilizarse el gobierno contrarrevolucionario, Banzer impuso una de las dictaduras más sangrientas que recuerda el continente.
En ninguno de estos procesos de lucha entre revolución y contrarrevolución el objetivo de la oligarquía era simplemente derribar los gobiernos de la pequeña burguesía nacionalista que la insurrección de las masas obreras y campesinas había aupado al poder. Tras este primer paso, su verdadero objetivo era aplastar el proceso revolucionario en su conjunto y, muy especialmente, acabar con los organismos de poder obrero que estas habían creado durante la lucha: los comités de acción, las milicias de autodefensa armadas creadas por los mineros, las asambleas obreras y campesinas y cabildos abiertos, así como a la propia COB, creada por los trabajadores durante la revolución de 1952.
La burguesía temía, con razón, que todos estos organismos pudieran desarrollarse como la base de un verdadero estado obrero revolucionario que impulsase la transformación socialista de la sociedad. Por eso, no cedieron un milímetro hasta dar una lección a los trabajadores que no pudieran olvidar fácilmente. Este es el mismo objetivo que tienen con el actual golpe.
Tras el gobierno contrarrevolucionario de Áñez está la misma oligarquía parásita, corrupta y racista que ahogó en sangre las revoluciones de 1952 o 1970. Los mismos que respondieron masacrando nuevamente al pueblo cuando éste se rebeló contra la entrega de los recursos naturales del país a las multinacionales en la “guerra del agua” o la “guerra el gas” a comienzos de este siglo.
A los ex presidentes responsables de aquella represión salvaje que también dejó decenas, sino centenares de muertos, como “Tuto” Quiroga, Carlos Mesa o el gobernador de Santa Cruz, y representante de la oligarquía terrateniente cruceña, Rubén Costas, se unen ahora fascistas ultracatólicos como Luís Fernando Camacho, dirigente de los llamados “comités cívicos” (bandas fascistas al servicio de esa misma oligarquía). Todos al servicio de la “rosca” de banqueros, grandes empresarios y multinacionales imperialistas que ambicionan manejar a su antojo el gas, el petróleo, el litio y las demás riquezas del país.
Con la rendición de los dirigentes del MAS y la COB, la clase dominante se ha encontrado con la posibilidad de volver a poner a sus representantes directos al frente del gobierno boliviano. Algo que no fueron capaces de conseguir desde la insurrección de 2005 y las posteriores elecciones de ese mismo año que llevaron al gobierno a Evo Morales y el MAS. Esto demuestra, por cierto, la correlación de fuerzas objetivamente favorable a los trabajadores y el pueblo.
El primer objetivo de la oligarquía y el imperialismo será dar estabilidad y la mayor “legitimidad democrática” posible a su gobierno. Pero en un contexto en el que la economía mundial está entrando en recesión, los precios de las materias primas cayendo y en América Latina vuelven a soplar vientos de revolución, la oligarquía boliviana y el imperialismo no tendrán nada fácil llevar adelante sus planes contrarrevolucionarios. Estos se encontrarán con una resistencia encarnizada por parte de las masas.
A la contrarrevolución sólo se la derrota con la revolución
La clase obrera y el pueblo boliviano han sufrido un duro revés a causa de la política de sus dirigentes pero no han sido derrotados. Y tienen poderosas tradiciones revolucionarias, como han vuelto a demostrar durante los últimos quince días. Miles de luchadores revolucionarios están sacando lecciones de lo ocurrido durante las últimas semanas, de los 14 años de gobiernos reformistas del MAS, de la experiencia histórica de las revoluciones de 1952 y 1970 y las insurrecciones de 2003 y 2005, así cómo del tremendo movimiento revolucionario que hoy sacude toda América Latina.
“No se podía hacer otra cosa” “No había suficiente fuerza ni conciencia” Esa es la cínica cantinela con la que, derrotadas todas las demás excusas, los dirigentes reformistas intentan justificar invariablemente sus traiciones en Bolivia y en todas partes.
Pero ¿tiene esto algo que ver con la realidad? ¡No y mil veces no! Lo más grave de la claudicación vergonzosa de Morales y los dirigentes del MAS y la COB en Bolivia es que se produce precisamente cuando la insurrección de los trabajadores y campesinos, pese a la negativa de estos mismos dirigentes a impulsarla, estaba extendiéndose de El Alto y Cochabamba, epicentros iniciales de la resistencia al golpe, a otras muchas zonas del país, penetrando en la propia Santa Cruz de la Sierra (desde donde los golpistas iniciaron su ofensiva) y creando divisiones en el seno del propio ejército.
Diferentes medios alternativos, citando fuentes del ejército boliviano, informaban de “deserciones de soldados, particularmente en la ciudad de Cochabamba y en el Departamento de La Paz”. No es casualidad que sea precisamente allí donde la insurrección contra el golpe mostró más organización y fuerza.
“En el caso de Cochabamba”, explica esa misma fuente militar, “son soldados que provienen del Trópico (las zonas calientes y selváticas del Departamento), y en el caso de La Paz provienen de El Alto: soldados que están desertando para no disparar contra sus propios hermanos(...) Los oficiales al mando de la tropa han dispuesto que los soldados retiren las agujas percutoras de sus fusiles porque no se sienten seguros de que los soldados puedan intervenir de acuerdo a las órdenes de sus mandos”.
El autor del artículo añade a este testimonio que “en redes sociales ha comenzado a emerger a la superficie cómo en otros sectores del país, como en Oruro, unidades militares se han incorporado a las marchas y movilizaciones de campesinos e indígenas, al menos en los departamentos andinos, lo que de por sí representó la primera señal de que no todo estaba bajo control dentro de las FFAA.
Durante varios días los trabajadores y campesinos de El Alto y Cochabamba consiguieron paralizar la maquinaria represiva del ejército y abrir una brecha dentro de éste. Sólo la renuncia a luchar de los dirigentes del MAS y la COB, sus llamamientos constantes a la retirada y la ausencia de cualquier plan para dividir al ejército en líneas de clase, imposibilitó que el apoyo a la insurrección se generalizase entre los soldados, permitiendo al gobierno golpista y la cúpula militar emplear al ejército contra el pueblo.
También ha sido la movilización heroica de masas contra el golpe, y no los lamentos de Morales y sus llamamientos al Papa, la ONU y la OEA, la que consiguió romper la montaña de calumnias de los medios de comunicación internacionales para intentar ocultar lo que sucedía realmente en Bolivia. Las imágenes de la fuerza que mostraban las masas en su resistencia al golpe despertaron una ola de solidaridad y rechazo internacional al gobierno golpista y su brutal represión.
Pero es que, además, la insurrección contra el golpe de los trabajadores y campesinos bolivianos no podía darse en un contexto más favorable, con la insurrección revolucionaria en Chile, Colombia paralizada por las huelgas generales y otro levantamiento popular, y un ascenso generalizado de la lucha de masas y giro a la izquierda en todo el continente, desde México —con manifestaciones masivas exigiendo a López Obrador que aplique políticas de izquierdas, hasta la insurrección también en Ecuador, la derrota de Macri en Argentina y la creciente contestación social a Bolsonaro en Brasil.
Como ocurrió tras el avance de la revolución bolivariana en 2002 y 2004, que animaron y fortalecieron el giro a la izquierda en todo el continente durante toda la primera década del siglo XXI, el ejemplo revolucionario de los trabajadores y jóvenes en cada uno de estos países contagia a los otros en un contexto de crisis cada vez más profunda del sistema.
Un plan de lucha que impulsase la extensión de los comités, cabildos y asambleas surgidos en El Alto, Cochabamba y otras ciudades al resto del país, formando milicias armadas para defenderse de las bandas fascistas y sectores más reaccionarios de la policía y el ejército, llamando a la base obrera y campesina de éste a unirse a la lucha, habría actuado como una chispa que se habría extendido al resto del continente.
Unido a un programa para la nacionalización los bancos, la tierra y las grandes empresas bajo control obrero, con el objetivo de planificar democráticamente la economía y dar solución a todas las reivindicaciones presentadas durante años por los trabajadores y campesinos, habría permitido no sólo derrotar el golpe sino establecer un gobierno revolucionario de los trabajadores y el pueblo en Bolivia haciendo posible la transformación socialista de la sociedad. Este resultado se habría convertido en el mejor llamamiento a la rebelión y la revolución de toda América Latina.
Esa sigue siendo hoy la tarea. Sólo elementos completamente desmoralizados y entregados a la defensa de los privilegios que les proporcionan sus escaños, cargos públicos o posiciones sindicales, o sectarios incurables, pueden negar el carácter revolucionario de los acontecimientos que estamos viviendo en toda Latinoamérica.
Una victoria de las masas en cualquiera de estos países tendría consecuencias revolucionarias no sólo para el resto continente sino para el mundo entero. Pero para ello es necesario construir una dirección revolucionaria, una organización que agrupe a los activistas obreros, juveniles y campesinos más combativos y les ofrezca un programa y un plan de acción para avanzar hacia la transformación socialista de la sociedad.
