A comienzos de febrero estallaba una nueva crisis dentro del Gobierno de Pedro Castillo. Los seis meses que lleva en el poder, al que llegó aupado por la movilización de millones de jóvenes, trabajadores y campesinos, se han caracterizado por bandazos y crisis de Gobierno constantes.
La renuncia a basarse en la movilización de las masas para enfrentarse a la oligarquía y el imperialismo y la búsqueda de acuerdos con los empresarios y sectores de la derecha han provocado un desplome espectacular de su popularidad, que se encuentre mucho más vulnerable frente a los ataques de la reacción y que su Gobierno penda de un hilo.
La inclusión de reaccionarios, machistas y homófobos en el Ejecutivo provoca un rechazo masivo
El desencadenante de esta nueva crisis fue la dimisión de la socialdemócrata Mirtha Vásquez como primera ministra y el nombramiento de su sustituto. El 1 de febrero nombraba a Héctor Valer, un conocido reaccionario, nuevo primer ministro.
Castillo se siente acorralado por el bloque de ultraderecha formado por Fuerza Popular (FP), el partido de su rival en segunda vuelta Keiko Fujimori, y Renovación Popular (RP), estrechamente vinculado a Vox y la extrema derecha latinoamericana. Entre los dos partidos controlan un tercio del Parlamento y su objetivo es destituirle.
Para hacer frente a esta situación, el presidente peruano ha apostado por pactar con diputados de derechas que, a cambio de no apoyar su destitución, le están exigiendo cada vez más concesiones y cuotas de poder. En el marco de esa política hay que encuadrar el nombramiento de Valer.
Esta decisión provocó gran indignación entre las bases de la izquierda. Valer es un tránsfuga de RP que, tras pasar por diferentes partidos burgueses en busca de poder y prebendas, ha recalado en ese bloque de diputados que, por sus propios intereses ha decidido “apoyar” a Castillo. Conocido por sus ideas reaccionarias y actitudes machistas y homófobas, Valer está denunciado por maltrato por su mujer e hija.
Junto a otras figuras vinculadas a la oligarquía, Castillo incluyó como ministra de la Mujer y Poblaciones Vulnerables a Katy Ugarte, una diputada que mantiene posiciones totalmente reaccionarias contra la lucha feminista y LGTBI. En abril de 2021, preguntada sobre la diversidad sexual, Ugarte respondía: “Dios creó al hombre y a la mujer, y eso está bien claro. El núcleo familiar no se puede perder”.
El rechazo al Gabinete Valer fue tan amplio que una semana después de nombrarlo Castillo ha tenido que sustituirlo por uno nuevo encabezado por el hasta ahora ministro de Justicia, Aníbal Torres. Pero lo ocurrido ha dejado muy tocada su credibilidad. La primera consecuencia ha sido animar al bloque ultraderechista a volver a la carga en el Parlamento para activar la vacancia presidencial, un mecanismo que permitiría declararle incapacitado y destituirle.
La ausencia de una política revolucionaria lleva al desastre
El nuevo primer ministro ha denunciado los planes de la oligarquía para derribar a Castillo y ha llamado a la izquierda a defenderlo. Pero este nuevo guiño a la izquierda, no resuelve el punto central: es su escandalosa deriva derechista, que sigue manteniendo, la que ha llevado a esta situación. De hecho Castillo ni siquiera ha roto políticamente con Valer o Ugarte.
Para intentar que el nuevo Ejecutivo no sea rechazado en el Parlamento y recuperar algo del crédito perdido, el presidente peruano ha situado al frente del Ministerio de la Mujer a Diana Miloslavich, que se declara feminista y juró su cargo en nombre de “los derechos de las mujeres en todas sus diversidades”. También pretende recuperar el apoyo de Perú Libre (PL), partido por el que se presentó y con el que rompió tras destituir al entonces primer ministro, Guido Bellido, de PL, por amenazar con nacionalizar la principal explotación gasífera del país.
Pero el problema sigue siendo el mismo: hace gestos a la izquierda y promete combatir la pobreza y las desigualdades, mientras mantiene en ministerios clave (Economía, Interior, Defensa y Exteriores) a elementos de derecha vinculados a la oligarquía.
Esta misma contradicción preside su política exterior. Los discursos contra el colonialismo y el imperialismo no se concretan en medidas serias para no molestar al imperialismo estadounidense, o a sus rivales chinos y rusos; en cambio sí materializa acuerdos precisos con las multinacionales y sus peones.
En ese sentido, millones de trabajadores y campesinos pobres peruanos tuvieron que ver como Castillo se reunía recientemente con Bolsonaro para suscribir distintos acuerdos, lavándole la cara al líder ultraderechista brasileño en plena campaña para su reelección a finales de año.
Estas concesiones a los capitalistas y las transnacionales han vuelto a reflejarse en su inacción frente al vertido al mar, el pasado mes de enero, de 11.900 barriles de petróleo (1,9 millones de litros), de la multinacional española Repsol. Esta catástrofe, calificada como el peor desastre ecológico en la historia reciente del país andino, ha afectado ya a 112 kilómetros cuadrados de mar y litoral, incluidas dos áreas naturales protegidas. Los expertos de Naciones Unidas estiman que 600 toneladas métricas de crudo afectaron a la costa y han generado más de 40.000 toneladas métricas de residuos contaminados.
El intento descarado de Repsol de ocultar el alcance real del siniestro, que dejará a más de 3.000 personas sin fuente de trabajo de manera inmediata, causando daños incalculables a medio plazo, y eludir su responsabilidad, provocó indignación generalizada.
Este era un momento especialmente propicio para organizar y movilizar esa ira y, apoyándose en ella y su fuerza, nacionalizar el petróleo, el gas y la minería bajo control obrero y popular y de esta forma poder garantizar una explotación de estos recursos, racional, respetuosa con el medio ambiente y con los derechos de los pueblos originarios. En lugar de esto, Castillo se limitó a… ¡denunciar al Parlamento, dominado por la derecha, por no nombrar una comisión investigadora!
El fujimorismo rápidamente ha pasado a la ofensiva, le ha “tomado la palabra”, ha constituido esa comisión y ha aprobado una resolución acusando al presidente de negligencia e incapacidad para gobernar.
Pese a la enorme decepción que están provocando las políticas de Castillo, la clase dominante sigue vacilando. El 14 de Febrero, el Financial Times titulaba así su editorial: “Perú merece un nuevo comienzo político. El nuevo presidente Pedro Castillo ha demostrado su incapacidad para gobernar”.
No obstante, esta posición no es unánime. Hay divisiones en el seno de la burguesía peruana y el imperialismo sobre la conveniencia de apoyar la destitución que promueve la ultraderecha o seguir apostando por desgastar y desacreditar aún más a Castillo, para desmoralizar a las masas totalmente y en ese momento pasar al ataque.
Este sector de los capitalistas sí es consciente de la enorme fortaleza que hoy mantiene el movimiento obrero y popular. Además tienen muy presente la experiencia de levantamientos anteriores en el propio Perú y otros países latinoamericanos. En el contexto de una crisis profunda del capitalismo a nivel mundial, consideran, con razón, que existen todas las condiciones para un estallido revolucionario y que cualquier chispa podría desencadenarlo.
Construir una izquierda revolucionaria para acabar con el capitalismo y cambiar la sociedad
La elección de Castillo y la derrota de todos los intentos de fraude y planes golpistas de la clase dominante para impedirla fueron resultado de la movilización decidida de las masas en las urnas y la calle. Esto mostraba una correlación de fuerzas enormemente favorable para llevar adelante una política revolucionaria.
Durante sus primeros meses de mandato, cada acto que celebraba Castillo, especialmente en las regiones mineras y campesinas donde ganó con apoyos superiores al 70%, acababa con miles de campesinos y trabajadores llamándole a no ceder, a disolver el Parlamento y apoyarse en la movilización de masas para aplicar medidas revolucionarias.
Esta correlación de fuerzas favorable para la izquierda sigue estando muy presente. La oligarquía y los imperialistas pueden ser claramente doblegados, con una condición: un programa y un plan de lucha claros.
Los dirigentes de Perú Libre y del resto de fuerzas de la izquierda anticapitalista peruana tienen una responsabilidad decisiva en evitar que la oportunidad para la transformación revolucionaria de la sociedad que abrió la victoria electoral de junio, no acabe en una nueva y trágica derrota.
Los militantes de PL han estado en primera línea en la batalla por llevar a Castillo al poder y combatiendo su giro a la derecha. Pero la política de sus dirigentes oscila entre las denuncias generales de ese giro y la búsqueda de acuerdos para influir sobre Castillo, obtener posiciones en el Gobierno, etc.
Esta política lleva al desastre. Justificarla en nombre de una correlación de fuerzas supuestamente desfavorable, la falta de conciencia de las masas, etc., es totalmente falso.
El problema para quebrar la resistencia de la oligarquía no son las masas, es la política implementada por Castillo y su Gobierno.
A la renuncia a un programa socialista y una política de independencia de clase se une el mantenimiento de toda una serie de ideas retrógradas contra el movimiento feminista y LGTBI que impide a los dirigentes de PL conectar con miles de luchadoras y luchadores y facilita la estrategia capitalista de fragmentar y desmoralizar a la izquierda.
La tarea de la izquierda anticapitalista es plantear un plan de lucha que unifique las distintas reivindicaciones obreras, campesinas y populares, feministas y LGTBI, antiimperialistas y democráticas, impulsando comités de acción y asambleas. Así se podrá levantar un movimiento de masas contra la ofensiva golpista de la derecha, dotándolo además de un programa revolucionario que plantee la nacionalización de los recursos mineros, petroleros y gasíferos, de la banca, la tierra y las grandes empresas, bajo control obrero y popular. De esta forma sería posible planificar democráticamente la economía y resolver realmente los problemas sociales.
Si los dirigentes de PL y el resto de la izquierda, en lugar de supeditar su política a los acuerdos con Castillo o la convocatoria de una Asamblea Constituyente, planteasen esta estrategia y defendiesen este programa conquistarían un apoyo masivo y entusiasta.
Los acontecimientos en Perú encierran lecciones para otros muchos países. La crisis del capitalismo está provocando un malestar masivo y abriendo oportunidades revolucionarias. Lo único que impide aprovecharlas son las políticas de unidad nacional, pactos con la derecha y aceptación del capitalismo de los dirigentes reformistas y la ausencia de una izquierda revolucionaria con influencia de masas.
¡Hay que construir esa izquierda revolucionaria! ¡Esta es la tarea más urgente del momento!
