El golpe de Estado organizado por la oligarquía peruana y el imperialismo estadounidense ha desatado una insurrección. Mientras escribimos estas líneas, centenares de miles de jóvenes, trabajadores y campesinos marchan hacia Lima exigiendo la dimisión de la golpista Boluarte y la disolución del Parlamento dominado por la derecha y ultraderecha que la apoya.
Después de perpetrar una masacre sangrienta con cerca de 60 trabajadores y jóvenes asesinados por el ejército y la policía y cientos de heridos, el Gobierno usurpador ha decretado el toque de queda en la región sureña de Puno y el estado de emergencia en varias zonas del país, incluida la capital.
Las masas resisten heroicamente
Como explicamos en anteriores artículos, el Gobierno estadounidense de Joe Biden, que ha sido decisivo en la organización de este golpe, en lugar de eligir como cara visible del mismo a ultraderechistas como Keiko Fujimori, José Williams (presidente del parlamento) o el alcalde de Lima, el fascista López Aliaga, utilizó a Boluarte, vicepresidenta del propio Castillo.
Poniendo al frente del Gobierno a esta renegada de la izquierda, esperaban no repetir fiascos como los de Venezuela y Bolivia, y disfrazar de “democrático” un Gobierno títere a su servicio. Apoyándose en la socialdemocracia internacional, con el presidente español Pedro Sánchez y el chileno Gabriel Boric al frente, presentaron a Boluarte como garante de la democracia frente al “golpista de izquierdas Castillo”. Era un buen plan, pero el levantamiento popular lo ha frustrado.
Este montaje solo ha engañado a algunos dirigentes de la nueva izquierda reformista internacional (e incluso del propio Perú), que respondieron pidiendo “diálogo” y “medidas sociales” a Boluarte. Las masas comprendieron inmediatamente de qué se trataba y tomaron las calles, con marchas y huelgas multitudinarias, exigiendo la salida del Gobierno y Parlamento golpistas y enfrentando heroicamente la brutal represión.
El 3 de enero la clase dominante, tras semanas denunciando “la actuación de grupos terroristas”, organizó movilizaciones “por la paz” y “contra la violencia” intentando agrupar a las bases de la contrarrevolución. El resultado fue un fracaso estrepitoso. El paro indefinido contra el golpe y las manifestaciones de masas se elevaron a un nivel superior, experimentando un salto cualitativo tras el brutal asesinato de 25 personas en Juliaca (Puno). El empuje del levantamiento ha sido tal que la rabia de la población se ha concretado en una marcha hacia Lima y mantener el paro nacional hasta la victoria.
Dos caminos, un objetivo: derrotar la revolución
Los gobernadores de las regiones se reunían el 12 enero para exigir a Boluarte la convocatoria inmediata de elecciones como única forma de “calmar la situación”. Uno de los principales medios de la clase dominante, el diario La República, tras haber justificado y apoyado el golpe abiertamente, daba un giro de 180º proclamando en sus editoriales: “paren la matanza”, “elecciones ya” y pidiendo “reformas constitucionales”. Paralelamente, un órgano de la clase dominante como el Instituto Peruano de Economía (IPE) hacía pública el 18 de enero una encuesta según la cual el 69% de la población apoya convocar una Asamblea Constituyente ya.
Boluarte y el primer ministro Otárola (impuesto por la embajada estadounidense) han rechazado hasta el momento cualquier propuesta que signifique salir del Gobierno antes de 2024, argumentando que dimitir llevaría el país a “la anarquía y el desgobierno”.
Como en otras crisis revolucionarias, un sector de la case dominante teme que ceder a la presión de las masas anime a estas a ir aún más lejos y la situación escape totalmente a su control. Otro empieza a dudar de que dispongan de la fuerza suficiente para aplacarlas con la represión y teme que intentarlo tenga el efecto contrario y pueda acabar en la toma del poder por las masas en lucha. Viendo lo sucedido en Chile y otros países, este sector está planteando cada vez con más insistencia convocar elecciones e incluso ha empezado a hablar de la posibilidad de organizar una Asamblea Constituyente.
En estos momentos las reivindicaciones de cerrar el odiado Parlamento, que se vayan todos los corruptos y asesinos y elaborar una nueva constitución que reemplace a la elaborada bajo la dictadura fujimorista, tienen un apoyo masivo. Pero debemos entender que lo que ha permitido las privatizaciones masivas, la destrucción de los servicios públicos y el saqueo de las riquezas del país, la extensión de la miseria, la opresión y la represión que sufre desde hace décadas el pueblo peruano, es la existencia del régimen capitalista: el orden social que garantiza el poder de los grandes bancos, de las multinacionales, la oligarquía terrateniente y la casta militar.
La idea de que una Asamblea Constituyente, es decir, otro Parlamento burgués, puede resolver los problemas que esta insurrección ha puesto sobre la mesa, tal como proponen los dirigentes de las organizaciones políticas y sindicales de la izquierda, es un callejón sin salida.
La Asamblea Constituyente es una estrategia a la que han recurrido las clases dominantes latinoamericanas en diferentes momentos para ganar tiempo y contener el empuje revolucionario de las masas. Una forma eficaz de neutralizar la posibilidad de transformar la sociedad mediante elecciones parlamentarias controladas de nuevo por las mismas instituciones corruptas y al servicio de los capitalistas.
Como ha ocurrido en Chile, utilizan los debates en la constituyente mientras la propiedad de la tierra, las fábricas, los recursos mineros, el petróleo y el gas, así como el control del estado, siguen firmemente en manos de los de siempre: los capitalistas y las multinacionales. Un juego hábil para frenar, dividir y desmoralizar a los oprimidos y preparar simultáneamente una nueva ofensiva contrarrevolucionaria cuando se den mejores circunstancias.
¡Por una Asamblea Revolucionaria para tomar el poder expropiando a la oligarquía! ¡Por el socialismo!
La situación en Perú está alcanzando el punto crítico. La insurrección ha puesto al Gobierno asesino de Boluarte contra las cuerdas. La derrota del golpe y la toma del poder por las masas trabajadoras es una posibilidad real. Para ello es imprescindible unificar todos los comités, asambleas populares y organismos de lucha que han surgido mediante la elección de delegados a nivel local, regional y nacional, formando una Asamblea Revolucionaria Nacional de los trabajadores y los oprimidos.
La elección de esta asamblea mediante los métodos de la democracia obrera, permitiría levantar un poder alternativo al representado por el Gobierno y Parlamento golpistas, o a cualquier otro Gobierno capitalista o Parlamento burgués que intente sustituirlo, como sería la Constituyente. Una tarea urgente e ineludible de los organismos de lucha que están creando las masas en cada pueblo es organizar la autodefensa armada y llamar a la tropa -formada por hijos de familias obreras y campesinas- a romper con los mandos corruptos y asesinos al servicio de la oligarquía y unirse a la insurrección.
Otra tarea clave de los comités y asambleas es extender la huelga general indefinida y ocupar las principales empresas y los latifundios. Solo la expropiación de las principales palancas económicas, los bancos, empresas, minas y explotaciones gasíferas y petroleras bajo el control democrático de los trabajadores puede garantizar condiciones de vida dignas al pueblo y hacer frente a la actual catástrofe.
Una Asamblea Revolucionaria con este programa y plan de lucha es el único camino para establecer un gobierno de los trabajadores y desmantelar el aparato estatal forjado por la clase capitalista que está masacrando al pueblo.
Las masas latinoamericanas han mostrado en un país tras otro su fuerza y disposición de llegar hasta el final. Una victoria en un país se extendería como la pólvora al resto. Pero lograr el triunfo exige un partido revolucionario con influencia y armado con el programa del socialismo internacionalista. Construir este partido en Perú y en todo el mundo es la tarea clave del momento.
