Desde su llegada al gobierno, hace apenas dos semanas, el Gobierno del neofascista Javier Milei, integrado por representantes directos de las altas finanzas y la oligarquía terrateniente e industrial, no ha parado de aplicar a golpe de decreto medidas que representan el mayor ataque a la clase obrera argentina y los derechos democráticos desde el fin de la dictadura militar.
Hasta un medio tan poco sospechoso de izquierdismo como El País definía el “decreto de necesidad y urgencia” (DNU) como "un desguace del Estado". El texto, que fue presentado el 20 de diciembre pasado, elimina más de 300 normas y da vía libre al despido de miles de trabajadores públicos.
A este mega decreto se une la presentación al Parlamento de la llamada Ley Ómnibus (“Ley de Bases y Puntos de partida para la libertad de los argentinos”) que aumentaría las competencias y poder en manos de Milei. Este atropello legal da un fortísimo impulso a la privatización de empresas públicas y servicios sociales, además de reforzar legal y judicialmente el poder patronal con el objetivo de poner de rodillas al movimiento obrero argentino y dar un salto cualitativo en la precarización de las condiciones de trabajo.
Esta ofensiva descarada para llenar los bolsillos de la oligarquía, y las medidas represivas salvajes para llevarla a cabo con éxito, han desatado la euforia entre los capitalistas y disparado al alza la bolsa.
Y todavía algunos decían que Milei no era el candidato de la burguesía
Entre los controles eliminados destacan el de la obligación de garantizar el abastecimiento interno de alimentos de primera necesidad y señalizar los precios mínimos; la ley de alquileres, reduciendo los derechos de los inquilinos a la nada y concediendo poder absoluto a los especuladores, y aquellos que impedían a los seguros médicos privados fijar libremente los precios y aumentar su poder y extensión, sustituyendo a una red pública cada vez más golpeada y sometida a recortes.
Pero el punto que más ansiaban los empresarios, y que han aplaudido con más euforia, es la brutal contrarrevolución contra los derechos laborales y el poder de los sindicatos en los grandes y pequeños centros de trabajo.
El decretazo del Gobierno Milei elimina las multas a empresarios que no registren a sus trabajadores, legalizando así la explotación a la carta y la vulneración de las leyes laborales. También aumenta el periodo de prueba de 3 a 8 meses y elimina la obligación de pagar horas extras, permitiendo extender la jornada laboral hasta 12 horas. El DNU establece limitaciones a la ultraactividad de los convenios y modifica leyes que regulaban la subcontratación y el teletrabajo en la misma línea de garantizar libertad absoluta en la contratación y explotación de la fuerza laboral.
El despido libre prácticamente queda legalizado. Los empleadores podrán despedir sin indemnización ni traba legal alguna a aquellos trabajadores y trabajadoras tercerizados o externalizados, que representan un porcentaje cada vez mayor de la clase obrera. En las pequeñas empresas se legaliza la posibilidad de registrar como autónomos hasta 5 trabajadores, dejándoles fuera de cualquier protección laboral. A ello se unen más facilidades para despedir a la mano de obra de las empresas públicas o contratada directamente por grandes empresas del sector privado. El decreto ya ha supuesto el despido de 5.000 empleados públicos con contratos realizados durante el último año. Como establece el decreto y han denunciado los sindicatos, estos despidos serán continuados por muchos más.
Para garantizar la aplicación de estas medidas, el DNU establece unas leyes antihuelga que buscan doblar el espinazo del movimiento obrero y sindical argentino, estableciendo servicios mínimos obligatorios que afectan a más del 60% de la producción, incluidas áreas hasta ahora no reguladas ni limitadas, impidiendo el derecho a huelga de los trabajadores externalizados y considerando ilegales formas de lucha que el movimiento obrero argentino ha desarrollado desde hace décadas como el bloqueo de las puertas o las tomas de empresas.
Esta legislación antihuelga se une al neofascista y antidemocrático protocolo contra manifestaciones y cortes de carretera que ya fue presentado por la ministra de Seguridad Patricia Bullrich, como denunciamos en artículos anteriores, y que castiga con multas estratosféricas, eliminación de subsidios e incluso penas de cárcel a quien participe en huelgas y manifestaciones que el Gobierno declare ilegales o contra el interés público. La cosa llega a tal extremo que las reuniones de más de tres personas deberán ser autorizadas por el Ministerio de Seguridad, y la policía dispondrá de un amplio catálogo de motivos por los que poder disparar sin preguntar, amparados por el argumento de que lo hacen en defensa propia.
Un Gobierno de oligarcas encabezado por un fascista
La brutalidad de estas medidas, y la velocidad de vértigo con que están siendo aplicadas, no es casualidad. Como venimos señalando desde Izquierda Revolucionaria, y millones de oprimidas y oprimidos comprenden instintivamente, era un grave error infravalorar el peligro que representaba Milei y negarse a caracterizarle como lo que es: un elemento neofascista, que cuenta con el respaldo de la burguesía argentina para imprimir un giro hacia el totalitarismo utilizando los mecanismos de una democracia capitalista muy degradada.
Que sectores de izquierda, incluidos algunos que se denominan revolucionarios, trotskistas o comunistas, despreciaran a este individuo como un outsider que no representaba a la burguesía argentina (la alternativa de la burguesía era Massa, decían), o insistieran en que la clase dominante le metería en vereda y controlaría sus excesos, muestra lo estúpido que es el doctrinarismo y arrogancia de esos “teóricos” de salón que una y otra vez recurren a fórmulas vacías para justificar sus errores.
¡Que lamentable manera de despreciar el método marxista! Seguir insistiendo en que Milei es un “elemento accidental” y que no representa a la clase dominante, o que esta no quiere un enfrentamiento social, solo contribuyen a paralizar la respuesta y facilitar que siga avanzando.
La realidad es muy clara. Milei está actuando con una decisión y audacia que recuerdan a la mostrada en otros momentos históricos por diferentes dirigentes fascistas. Los sectores decisivos de la clase dominante, presionados por la profundidad de la crisis del capitalismo argentino, son conscientes de que el enfrentamiento es inevitable. Y, viendo el empuje y ascendencia que ha conseguido Milei sobre las capas medias, e incluso sobre sectores desmoralizados y lumpenizados de la población trabajadora duramente golpeados por la crisis, han apostado por ir a por todas y apoyarse en este elemento neofascista para aplicar una agenda de recortes y ataques por la que llevaban años suspirando y que Gobiernos de derecha anteriores no habían podido aplicar hasta donde necesitaban.
Y a esto se añade que el descrédito y la pasividad de los dirigentes peronistas más a la derecha y los titubeos de la burocracia sindical a la hora de responder lo está envalentonando todavía más.
La ofensiva reaccionaria y represiva de Argentina está sirviendo de ejemplo y punto de referencia a la ultraderecha y la derecha tradicional, cada vez más radicalizada, en otros países. De ahí la presencia de una caterva de dirigentes, a cuál más reaccionario, en la toma de posesión de Milei, y las declaraciones posteriores de todos ellos mostrando su entusiasmo por la motosierra de recortes sociales y ataques a la clase obrera que está lanzando la burguesía argentina.
Por una huelga general masiva y una política revolucionaria de frente único
A pesar del shock que produjo la derrota electoral, y de la ausencia de un llamamiento y un plan de lucha claro y decidido por parte de los dirigentes de los sindicatos, la clase obrera argentina, el movimiento piquetero y feminista y la izquierda militante están entendiendo el peligro mortal al que se enfrentan y dando un ejemplo de valentía y decisión.
Los piqueteros y los movimientos de base más combativos desafiaron el protocolo antiprotestas en la calle con varias manifestaciones masivas. A pesar de la represión y las detenciones, las protestas han seguido prácticamente a diario desde que se anunció el DNU. Y en estas manifestaciones crece el clamor exigiendo a los dirigentes sindicales de la CGT y las dos centrales en que se dividió la CTA que convoquen una huelga general ya. Increíblemente, estos dirigentes todavía llaman a la calma y se resisten a plantear la huelga general, insistiendo en que es posible sentarse a negociar con Milei y las organizaciones patronales un ajuste y recortes menos duros.
La magnitud del ataque y la presión desde abajo ha obligado ya a la dirección de la principal central sindical, la CGT, a convocar huelga general el 24 de enero coincidiendo con el inicio de la discusión de la ley ómnibus en el Congreso y es previsible que las otras centrales se sumen.
Este es un primer resultado de las manifestaciones impulsadas por las bases sindicales más combativas los últimos días, donde miles de manifestantes exigían a gritos a los dirigentes sindicales poner fecha ya a la huelga general. Ahora la clave es que esta convocatoria no se quede en una medida aislada organizada desde arriba para soltar presión como ocurrió en el pasado con otras huelgas convocadas por la burocracia sindical. Para impedirlo la clave es la organización y movilización desde abajo, desde las bases obreras y piqueteras, con asambleas y comités de huelga elegidos democráticamente en cada centro de trabajo y por barrios, que además de organizar la huelga, impulsen la movilización de desempleados, vecinas y vecinos, incluida la autodefensa de las manifestaciones y huelgas contra la represión de la policía, infestada de elementos fascistas.
Para impulsar estas políticas, los dirigentes de la izquierda anticapitalista argentina, cuya principal expresión electoral en estos momentos es el FIT-U, deben participar codo con codo con las bases peronistas en todas las manifestaciones y huelgas, llamando a sus dirigentes y militantes a combatir juntos, en unidad de acción, los ataques del movimiento neofascista de Milei y al Gobierno de la oligarquía presidido por este elemento.
Los oprimidos en Argentina, como en el resto del mundo, tenemos fuerza, memoria histórica, coraje y valentía para derrotar esta brutal ofensiva y dar un giro de 180º a la situación. Pero esa fuerza, si quiere desplegarse plenamente y vencer, necesita una política revolucionaria de frente único y un programa socialista.
Argentina vuelve a estar en el ojo del huracán, y lo que allí ocurra en los próximos meses tendrá enormes consecuencias para la clase obrera mundial.
