Desde el derrocamiento de Sánchez de Lozada, la clase dominante y el imperialismo se sienten con una mano atada a la espalda, resultándoles imposible llevar a la práctica su agenda de gobierno. Cada medida decretada en el último año por el gobierno de Mesa para depositar la carga de la crisis sobre las espaldas de los obreros y campesinos bolivianos y asegurar los negocios de las multinacionales se enfrentó con movilizaciones de masas que obligaron al gobierno a dar marcha atrás, retrasar, paralizar o llevar a medias la mayoría de estas medidas.

La dimisión de Mesa

En marzo las protestas populares empezaron a adquirir un carácter muy radicalizado, sobre todo a raíz de la aprobación por el parlamento, el 3 de marzo, del proyecto de Ley de Hidrocarburos favorable a las transnacionales. Dicho proyecto ratificaba los contratos de las transnacionales alcanzados durante el mandato de Goñi y establecía regalías de sólo el 18% sobre los beneficios de las compañías, frente al 50% exigido por el MAS, liderado por Evo Morales.

Esta situación no dejó otra opción al MAS que anunciar su incorporación a las movilizaciones, lo que potencialmente empezaba a dar al movimiento de protesta una amplitud desconocida desde la caída de Sánchez de Lozada. La clase dominante entró en pánico. La perspectiva de que el MAS pasara de la mera oposición parlamentaria a la oposición en la calle es un hecho altamente significativo. No debemos olvidar que el MAS, enfrentando el sentir de sus bases y a la COB, fue el principal soporte de Mesa en el último año, concediéndole una tregua y avalando el referéndum tramposo sobre los hidrocarburos celebrado en julio de 2004.

En este contexto Mesa maniobra y el 6 de marzo dimite como presidente de la república. En una clásica maniobra bonapartista lanzó al país el siguiente desafío: “Yo o el caos”. El objetivo era desactivar la protesta social, criminalizando al MAS y la COB y concitar el odio de las capas medias contra la movilización popular, sus dirigentes y sus organizaciones. El otro objetivo de Mesa, con su amenaza de dimisión, era disciplinar a los diferentes sectores de la clase dominante, particularmente a la oligarquía santacruceña, que con sus provocaciones “autonomistas” no hacía más que azuzar la inestabilidad social.

Esta mascarada terminó en un “pacto nacional” en el Parlamento —impulsado por la Iglesia, las organizaciones empresariales y el imperialismo— de todos los partidos patronales y oligárquicos (MNR, NFR y MIR) en torno a cuatro puntos:

1.- Ratificar la Ley de Hidrocarburos que sanciona la propiedad privada de estos recursos a cambio de unas regalías del 18% sobre los beneficios de las compañías multinacionales.

2.- Elecciones de los prefectos (gobernadores) por sufragio universal.

3.- Celebración de un referéndum sobre las “autonomías” para dar satisfacción a las oligarquías locales. En las últimas semanas, sectores de la oligarquía, descontentos con la “blandura” de Mesa, amenazaron con la secesión; en Santa Cruz o Tarija (las zonas más ricas del país y donde se concentran los principales yacimientos de petróleo y gas), exigieron “autonomía” con plenas competencias. Esta reivindicación es totalmente reaccionaria ya que está pensada para asegurar a las multinacionales extranjeras que la propiedad de los campos de petróleo y gas sigan firmemente en sus manos ante la eventualidad de la toma del poder en La Paz por los obreros y campesinos.

4.- La convocatoria de una Asamblea Constituyente para elaborar una nueva Constitución. Esta reivindicación, defendida por todo el espectro político boliviano, es tan inofensiva para la burguesía boliviana y el imperialismo que hasta Mesa la defiende. Pretende derivar a una solución parlamentaria lo que sólo se puede resolver de una forma revolucionaria con las masas en la calle, y crear ilusiones en que una nueva constitución pudiera resolver los problemas sociales sin la expropiación previa de la tierra, los monopolios y los bancos en poder de la oligarquía, la burguesía nacional y las multinacionales extranjeras. Esto sólo será posible con la toma del poder por la clase obrera y los campesinos pobres. Mesa va a utilizar la convocatoria de la Asamblea Constituyente para engañar una vez más a las masas como ya hizo con el referéndum tramposo del gas hace unos meses. Cuando la situación social esté a punto de desbordarse nuevamente exigirán a las masas que se detengan y aguarden unos meses a la convocatoria de tal organismo.

La reacción mide sus fuerzas en la calle

La dimisión de Mesa no fue admitida por el parlamento, Mesa acepta mantenerse como presidente y llama a la población a movilizarse el 10 de marzo contra el bloqueo de caminos y carreteras decretado por la COB, el MAS y otras organizaciones populares. También pidió al fiscal general de la nación iniciar procesos penales contra quienes participen en los mismos.

Hasta ese momento la reacción no se había atrevido a sacar a su gente a la calle para enfrentar las protestas de obreros y campesinos. Las personas que acudieron a vitorear a Mesa en el palacio presidencial tras la firma del “pacto nacional” gritaban a todo pulmón: “mano dura”. Sin embargo, las concentraciones pro Mesa no tuvieron la masividad esperada, apenas 5.000 personas en La Paz, y cifras similares e incluso menores en el resto de ciudades importantes. Como respuesta a la provocación de Mesa, el 9 de marzo la COB, las FEJUVES, los campesinos de la CSUTCB, el MAS y otras organizaciones acordaron formar un frente único para mantener y extender las movilizaciones y bloqueos. Esta presión obligó al gobierno de Mesa a aceptar nuevamente la rescisión del contrato con Aguas de Illimani.

Mesa erró en el cálculo. Ilusoriamente pensaba que sería fácil engañar a la mayoría de la población, denunciando a las organizaciones obreras y populares como lunáticas y “radicales”, soñando con movilizaciones de cientos de miles arropándolo en las concentraciones. No solamente no movió ni la décima parte de esa cifra sino que provocó una mayor unidad entre dichas organizaciones y mayor determinación en la prosecución de la lucha. Las bases sociales de la reacción, particularmente en el Altiplano y el occidente del país demostraron ser enormemente débiles.

El 18 de marzo el parlamento aprueba una nueva Ley de Hidrocarburos (modificable por el Senado durante su discusión en el mes abril), a través de la cual se plantea un camino intermedio con el claro objetivo de intentar aplacar al movimiento obrero y campesino. Se mantendrían las regalías del 18% y se crearía un nuevo impuesto, no deducible, de un 32%. La patronal boliviana no la acepta ya que es “la ley que quiere el MAS”, Repsol-YPF amenaza con “abandonar algunos de sus campos de gas” y reconsiderar “las inversiones que tenía previstas si el Senado ratifica la nueva Ley de Hidrocarburos”. Mesa, representante de estos sectores, la califica de “inviable” e “irracional” y plantea el adelanto de las elecciones. De no aceptarse sus planteamientos amenaza con una nueva dimisión, que una vez más no se materializa. La crisis de la clase dominante boliviana es tremenda y no es más que el reflejo del agudo enfrentamiento entre las clases, de la situación explosiva entre las masas y, en definitiva, del callejón sin salida del capitalismo.

El problema que tiene Mesa es que no puede hacer ninguna concesión seria en el tema de hidrocarburos porque eso irritará a las compañías, pero los trabajadores y campesinos no están dispuestos a aceptar otra cosa que la nacionalización de los recursos que pertenecen al pueblo. Los dirigentes del MAS y de la COB no pueden contentarse con simples migajas para ofrecer a sus bases. Por lo tanto, una agudización en el enfrentamiento es inevitable.

Revolución o contrarrevolución

En la medida que la lucha del último año no condujo a ningún resultado decisivo, contándose en innumerables los bloqueos, cortes de ruta y movilizaciones, muchas de ellas aisladas, descoordinadas y desconectadas entre sí, esto permitió dar un respiro a la clase dominante para agrupar a sectores importantes de las clases medias tras de sí. El peligro a medio plazo es que esta situación de indefinición se prolongue demasiado en el tiempo, se extienda el cansancio y el escepticismo entre los obreros y campesinos y la crisis siga golpeando, debilitándose la lucha popular. Si llegara ese momento la reacción no dudaría en intentar descargar un golpe decisivo contra el movimiento de masas por medio de un levantamiento militar, basándose en el apoyo más o menos activo de sectores las capas medias de la sociedad.

Mesa jamás atenderá los reclamos populares. Sólo un gobierno obrero y campesino que expropie a las multinacionales y la oligarquía estará en condiciones de hacerlo. La principal debilidad de la revolución boliviana es la ausencia de una dirección audaz que, dotada de la táctica, el programa y las consignas adecuadas dirija las energías revolucionaria de las masas hacia la toma del poder.

Las movilizaciones tienen que servir para implicar en las mismas a la mayor cantidad posible de obreros y campesinos que combine las demandas parciales por salario, empleo, contra la suba de tarifas, por más impuestos a los ricos, etc. con las demandas más generales por la nacionalización de los hidrocarburos, la reforma agraria, la nacionalización de los bancos y de los principales sectores productivos del país. Se trata de elevar el nivel de conciencia de los trabajadores explicando que sólo la toma del poder por los de abajo podría solucionar los problemas que tenemos. Al mismo tiempo, se deberían organizar comités de lucha y asambleas populares en cada pueblo y ciudad, barrio, lugar de trabajo y comunidad campesina que sean un cauce de participación consciente de millones en la lucha. Junto a esto, deberían formarse Comités de autodefensa para defender nuestras comunidades, barrios y movilizaciones de los ataques de las bandas reaccionarias y de la policía. Una verdadera estrategia revolucionaria para la toma del poder debería basarse en estos comités y asambleas locales para que se vayan transformando de organismos de lucha en auténticos organismos de poder obrero en Bolivia.

La revolución obrera y campesina es la única alternativa para acabar con el hambre, la desocupación y los salarios de miseria, para terminar con la opresión a los pueblos originarios y para cortar de raíz los planes reaccionarios de la clase dominantes y el imperialismo. Una Bolivia revolucionaria y socialista tendría un enorme impacto en toda la región, acelerando el proceso que se está gestando en Perú, Ecuador y en toda Latinoamérica. El imperialismo norteamericano quedaría paralizado e incapaz de intervenir porque se enfrentaría a insurrecciones en todas partes y con un movimiento de masas dentro de sus propias fronteras. Lo único que hace falta es una dirección audaz armada con una política y un programa correctos.