La nacionalización de los hidrocarburos

En diciembre de 2005, como resultado de las profundas aspiraciones de cambio de los trabajadores y campesinos bolivianos,

el MAS de Evo Morales ganó las elecciones por mayoría abrumadora. Durante los tres años anteriores la clase trabajadora y las masas pobres bolivianas protagonizaron varios episodios revolucionarios, tres insurrecciones armadas en febrero y octubre de 2003 y mayo-junio de 2005, en las cuales la clase obrera podría haber tomado el poder en sus manos, solo faltó una dirección revolucionaria a la altura de las circunstancias. Estos precedentes están marcados en la conciencia de las masas y condicionan tanto la actual política del gobierno de Evo Morales, muy presionado por abajo y con un margen de maniobra limitado, como también la actitud de la oligarquía y el imperialismo.

El primero de mayo, el gobierno nacionaliza los hidrocarburos por decreto. Aunque la medida crea una fuerte conmoción en las multinacionales, lo cierto es que se trata más bien de una semi nacionalización, ya que solo cancela los contratos con las multinacionales para renegociarlos aumentándoles los impuestos a pagar. Pero lo que más preocupa a las multinacionales sin duda es el como se llevó a cabo la nacionalización, con el ejército ocupando los campos e instalaciones petroleas y colgando en la entrada pancartas que decían: “nacionalizado, propiedad de los bolivianos”. Esa fue una de las reivindicaciones centrales durante los acontecimientos revolucionarios de 2003 y 2005, y es el resultado de esa lucha.

Pero rápidamente se han visto las deficiencias de esta nacionalización. En el mes de agosto, el gobierno paralizó la actividad de YPFB (la empresa de gas y petróleo estatal) en “todo el proceso productivo por falta de capacidad técnica y financiera”. Además se destituyó al director de YPFB, muy beligerante en el lenguaje contra las multinacionales y cercano a Evo Morales, y otros altos cargos del gobierno relacionados con el gas, por la firma de un contrato que va en contra del decreto de nacionalización y por corrupción. En su lugar han puesto a tecnócratas de la derecha. A esto hay que sumar la “ineficacia e inoperatividad” de YPFB, la empresa estatal.

La prensa burguesa y las multinacionales se han afanado a decir que esto es por culpa de la nacionalización, el fracaso de la nacionalización. En realidad se trata de lo contrario, esta crisis es consecuencia de no haber llevado la nacionalización hasta el final, y así poder tomar medidas contra el boicot de las multinacionales al proceso.

En Venezuela, durante el paro patronal de diciembre 2002 - enero 2003, la “nomina mayor” de PDVSA (también pública) boicoteó la industria petrolera. Entonces fue la clase obrera la que, con sus propias manos puso a funcionar la industria al margen de empresarios, gerentes y burócratas estatales. Ahora en Bolivia, el aparato del Estado sigue siendo el mismo que durante décadas ha facilitado la expoliación del país. No se puede reflotar YPFB sobre esta base. La nacionalización se debería haber llevado hasta el final, expropiando sin indemnización y bajo el control democrático de los trabajadores y las comunidades. Sólo así será posible poner al servicio de la mayoría los recursos naturales de Bolivia.

En su intento de disciplinar a las multinacionales dándoles un toque de atención, Evo Morales ha conseguido todo lo contrario. Las multinacionales están saboteando con todos los medios a su alcance el proceso de nacionalización, tanto en el aspecto financiero como técnico. No están dispuestas a ceder ni un milímetro en sus privilegios. Durante décadas han estado expoliando el país sin invertir en la región. Si nunca lo han hecho, ¿porque lo iban a hacer ahora? Para poner a funcionar la industria estatal es necesario dinero y medios técnicos. Eso no lo proporcionarán las multinacionales ni la banca privada. Para obtener esto es necesario controlar y gestionar la economía, haciendo un plan que combine cumplir las necesidades de las masas con desarrollar el país, cumpliendo así una de las demandas de octubre, la industrialización del país para sacarlo del atraso histórico en el que lo han hundido la burguesía local y el imperialismo. Eso no se podrá hacer mientras se mantenga la propiedad privada de los medios de producción. En especial la expropiación de la banca se convierte en una necesidad para afrontar la financiación de los planes sociales y de desarrollo. Es decir, hay que romper con el capitalismo y desarrollar un plan socialista de la economía, estrechando aún más los vínculos con la revolución bolivariana y cubana, estableciendo una Federación Socialista de Bolivia – Venezuela – Cuba.

La reforma agraria

La situación en el campo para millones de campesinos pobres es desesperante. Mientras dos millones de familias campesinas (casi todas indígenas) poseen cinco millones de hectáreas, 100 familias son propietarias de 25 millones de hectáreas, el 95% de las cuales no se trabajan y solo se utilizan para especular. Este desigual reparto de la tierra hace que 250 mil campesinos sin tierra, deambulen en los barrios más pobres de las ciudades.

Así, la promesa de Evo Morales de “acabar con los latifundios” ha despertado la ilusión e imaginación de millones de campesinos. El pasado 2 de agosto el gobierno presentó el proyecto de modificación de la Ley INRA (Instituto Nacional de Reforma Agraria). Miles de campesinos e indígenas venidos expresamente de toda la geografía boliviana se citaron en el municipio de Cliza, a 40 kilómetros de Cochabamba, para escuchar a Evo Morales presentar la Reforma Agraria.

Se repartirán “2,5 millones de hectáreas fiscales saneadas y disponibles (para los campesinos e indígenas). Son casi todas ellas tierras forestales y no para uso agrícola y pecuario, son de difícil acceso y poco uso, alejadas de los centros urbanos, anegadizas. En lo inmediato no pueden ser utilizadas, pero más adelante sí". Esto es claramente insuficiente. Mientras no se expropie a los cien clanes familiares que poseen la mayoría de la tierra, no se podrá solucionar los problemas de los campesinos, el 90% de los cuales se encuentran por debajo del umbral de pobreza. Por otra parte, esta es la clave de la cuestión indígena.

Eso si, la oligarquía latifundista ha interpretado las palabras del gobierno como una declaración de guerra, ya tiembla ante una posible reforma agraria, y sobretodo ante un aumento de las ocupaciones de tierras por parte de los campesinos pobres, para lo que están rearmando a los grupos de pistoleros y mercenarios.

Ofensiva reaccionaria contra el gobierno

En este contexto se da la actual pugna en la Asamblea Constituyente (A.C.). Los medios de comunicación burgueses, en una nueva demostración de cinismo e hipocresía, han puesto el grito en el cielo sobre el autoritarismo de Evo Morales, igual que plantean que Chávez es un dictador y afirman que las elecciones mejicanas han sido ejemplares. Pero veamos los datos. En las elecciones del pasado 2 de julio a la A.C., que es un nuevo parlamento burgués que redactará una nueva Constitución, el MAS obtuvo 1.322.656 votos en todo el país, más del triple que la ultra reaccionaria alianza Poder Democrático y Social (Podemos), que obtuvo el segundo puesto. Así, el MAS tiene 137 asambleístas, equivalente al 53,7 por ciento del total de los 255 integrantes que tendrá la Constituyente.

Pero el quid de la cuestión está en el programa de los dirigentes del MAS. Plantean llevar a cabo la “refundación” de la nación, estableciendo una asamblea constituyente que pueda desarrollar el “capitalismo andino”, una especie de capitalismo de rostro humano. Para ello intentan contar con la colaboración de la oligarquía local. Pretendiendo que la derecha “petrolatifundista” colabore con el proceso, los dirigentes del MAS vuelven a conseguir lo contrario, que se envalentonen más en su ofensiva contra el gobierno y cualquier medida en favor de los pobres. Así, los partidos de la reacción, con Podemos a la cabeza del ex presidente Quiroga, han boicoteado todas las medidas de la A.C., paralizándola porque son necesarios los dos tercios de los votos para aprobar cualquier medida. Para ellos la democracia significa que el gobierno haga exactamente la misma política burguesa de siempre, en pro de dialogar y consensuar con la oposición, que perdió las elecciones. En Bolivia es imprescindible para la democracia los dos tercios de los diputados mientras que en México es suficiente con el 0’58% fraudulento del PAN por encima del PRD. Qué cinismo e hipocresía cuando los imperialistas hablan de democracia!

Los dirigentes del MAS, en parte presionados por su base, para salir del atolladero decidieron aprobar un reglamento que estableciera que se aprueban las leyes por mayoría, no por dos tercios. Este hecho ha sido la excusa de la reacción para lanzar una campaña histérica contra el gobierno. En la sesión en la que se decidió, los diputados de la derecha asaltaron el estrado agrediendo al jefe del grupo de diputados del MAS, Román Loayza, causándole un traumatismo encéfalo craneal severo que ha provocado un edema cerebral y una inflamación de la masa encefálica, estando en la actualidad en el hospital en coma. Nótese el mayúsculo escándalo que generan las protestas del 1 de septiembre en la Asamblea Nacional en México al ser protagonizadas por la izquierda y el pálido eco de la reyerta donde la derecha boliviana casi mata a un diputado del MAS.

El viernes 8 de septiembre la oligarquía ha convocado un paro patronal y movilizaciones contra el gobierno. Utilizando demagógicamente la consigna de la autonomía local de oriente la oligarquía pretende movilizar a su base social con fines reaccionarios. Para eso se agrupa en torno a el Comité ProSantaCruz, CAINCO (la asociación empresarial de Industria y Comercio), CAO (Cámara Agropecuaria del Oriente), Federación de Empresarios Privados y la temible banda fascista de la Unión Juvenil Cruceñista, un grupo armado que extienden el miedo entre la población tal y como hacen los grupos fascistas, atacando a jóvenes, sindicalistas,... contando con la total complicidad de las autoridades locales y departamentales.

La clase dominante en los departamentos de Oriente (Santa Cruz,...), los más ricos en recursos naturales, han recurrido al autonomismo al calor del proceso revolucionario para tratar de dotarse de una base social y ante la perspectiva de segregar el país para evitar el contagio de la revolución. Este es el patriotismo de la oligarquia boliviana, dispuesta a romper la nación para mantener sus privilegios. Su defensa del autonomismo, como destacan las organizaciones de izquierda bolivianas, no tiene nada que ver con la defensa de los derechos indígenas ni nada parecido. Aquí toma especial relevancia analizar la cuestión nacional desde el punto de vista de los intereses de la revolución y de la clase obrera. La división de Bolivia seria un acto absolutamente reaccionario.

Frente al paro del viernes, los dirigentes del MAS intentan seguir negociando con la oligarquía para evitar el enfrentamiento, lo que no hace otra cosa que reafirmarles en sus pretensiones. Por otra parte, varios dirigentes campesinos cercanos al MAS, como la CSUTCB, están haciendo llamamientos a que Evo Morales no ceda ante la oligarquía y están organizando movilizaciones y bloqueos de carreteras para el 20 de septiembre.

La revolución boliviana ha entrado en una nueva fase. Es inevitable un choque entre las clases. La oligarquía y el imperialismo han pasado a la ofensiva. Millones de trabajadores y campesinos ven atacado su gobierno por parte de la oligarquía, y saldrán a la calle a defenderlo. Por otra parte las aspiraciones de las masas no pueden ser resultas con el programa del “capitalismo andino” de los dirigentes del MAS, que pretenden conciliar los intereses irreconciliables de clases antagónicas. En los futuros enfrentamientos jugará un papel central lo que haga la COB, que lideraron los acontecimientos revolucionarios y agrupa a lo mejor de la clase obrera boliviana. Sólo el programa del marxismo, de la revolución socialista, explicado de manera paciente a las masas, podrá resolver la contradicción fundamental de la sociedad actual: las aspiraciones de las masas por solucionar sus problemas más acuciantes y la incapacidad absoluta del capitalismo para resolverlas.