En Defensa de la libertad del Derecho a Huelga
En el marco de la discusión de la reforma del Código Orgánico Procesal Penal (COPP) se pretende limitar seriamente el derecho a huelga de los trabajadores sector público, usando como excusa para esta limitación el criminal sabotaje a la industria petrolera en Diciembre 2002. No es la primera vez que desde las filas del movimiento bolivariano se plantea tal exabrupto, aunque nunca antes nuestros derechos como trabajadores se habían visto amenazados tan seriamente. Ya a finales de Septiembre leíamos con asombro los “Propósitos de enmienda” que desde su espacio dominical en el diario Últimas Noticias publicaba el escritor y ensayista Luis Britto García, un intelectual de izquierdas que se identifica con el movimiento bolivariano. Lo que es cierto, es que estos intentos administrativo-legislativos de frenar la contrarrevolución reflejan la incomprensión de la relación dialéctica que hay entre la libertad del derecho a la huelga y la defensa de la Revolución.
¿Medidas Administrativas o Medidas Revolucionarias?
Desde un principio, el gobierno bolivariano intentó combatir los distintos males que aquejan al país, especialmente el de la burocracia, que en la actual etapa incluso es una de las tres consignas fundamentales del Presidente Chávez. Sin una propuesta alternativa para la estructura de Estado como tal, se intentó controlar al funcionariado público con meras medidas administrativas. Un ejemplo de esto, como muy bien lo explica nuestro camarada Ricardo Galíndez en su artículo “El papel del movimiento obrero en la revolución venezolana”, fue “el intento por parte del gobierno de eliminar la Ley de Carrera Administrativa, lo que solivianta los ánimos de los empleados públicos que ven en esta medida un ataque contra derechos fundamentales conquistados por ellos que se refieren entre otros a la estabilidad laboral, al fuero maternal y sindical.” (ETO #8, 3/Septiembre/2004). Además de crear un claro conflicto entre los intereses de los empleados públicos como parte de la clase trabajadora, este hecho permitió la vuelta a escena de la desprestigiada y desacreditada burocracia cetevista.
Así, vemos como tan siquiera el intento de corregir un problema estructural con una medida puramente administrativa no es capaz de resolver el problema de la burocracia, sino que se convirtió en su contrario, resucitando por un rato a la burocracia sindical. De hecho, estos tácticas empleadas por el Gobierno Bolivariano junto a la postura “gobiernera” de algunos sindicatos del sector público de la UNT es lo que explican, además de la propia inercia, que amplias capas de trabajadores y empleados públicos, incluidos sectores que apoyan el proceso bolivariano, sigan en sindicatos no afiliados a la UNT e incluso a la CTV.
Esto debe servirnos de clara lección: la revolución no puede avanzar por medio de meras medidas administrativas, o legislativas. Sólo la movilización revolucionaria de los trabajadores junto a los demás sectores explotados y oprimidos de la sociedad puede hacernos avanzar y defender la revolución de los ataques contrarrevolucionarios. Cualquier intento de atajo, por muy buenas intenciones que se puedan tener, significará un retroceso.
El problema de la burocracia no se debe a un asunto meramente de individualidades, sino a toda una estructura de Estado que no es posible reformar, sino que debe ser suplantado revolucionariamente por un Estado de los trabajadores y los sectores populares organizado en Asambleas Revolucionarias de delegados elegibles y revocables democráticamente a nivel local, regional y nacional. Ya lo explicaba Marx en su gran obra La Guerra Civil en Francia cuando señalaba que la revolución no puede simplemente usar el viejo aparato del Estado burgués, nacido a imagen del Estado feudal y monárquico, sino que debe destruirlo para que nazca un nuevo tipo de Estado, basado en el Poder Obrero.
Reforma Penal y Propósitos de enmienda
El Artículo 9 de la reforma del COPP indica que quien “ejecute una actividad tendente a interrumpir el correcto desempeño o la normal actividad de una, o varias de las Empresas Básicas o estratégicas del Estado, será sancionado con prisión de 16 a 18 años”. Desde el punto de vista formal y legal, la redacción vaga del articulado deja mucho margen de maniobra para que se permita con este maniatar a nuestra clase, en especial a nuestros batallones pesados como lo son los trabajadores metalúrgicos así como a los petroleros. Adicionalmente, dicho artículo entra en contradicción con el artículo 97 de la Constitución Bolivariana (CRBV), el cual indica que “todos los trabajadores del sector público y del sector privado tienen derecho a la huelga, dentro de las condiciones que establezca la ley”. Por ello, cuando se dio uno de los primeros pasos en esta discusión, el planteamiento se hacía directamente de enmendar la CRBV.
En aquel artículo del año pasado, Britto García indicaba que “toda huelga del sector público niega a los ciudadanos derechos que la Constitución les acuerda, tales como Educación, Salubridad, Seguridad, Justicia, Defensa”, queriendo reducir el problema de la lucha de clases a equivaler cualquier lucha de trabajadores cuyo patrón es el Gobierno Bolivariano como una acción reaccionaria. En este sentido, pareciera que se limita a pensar casos como el pasado sabotaje a la industria petrolera que llevaron adelante los gerentes y “meritócratas” reaccionarios. Pero, más grave aún, es que al no comprender el papel protagónico que debe jugar la clase obrera en un proceso revolucionario, no es posible ligar el hecho de que la lucha en defensa del proceso revolucionario debe estar vinculada en todo momento a la lucha por la defensa de los derechos de nuestra clase.
Cuando el compatriota Luis Britto nos plantea la eliminación del derecho a huelga de los empleados públicos y ahora los diputados plantean la penalización de cualquier intento de huelga en las “Empresas Básicas o estratégicas del Estado”, no entienden la relación dialéctica que existe entre los derechos a huelga, organización, nivel de vida, condiciones de trabajo y libertades democráticas. Nosotros los trabajadores tenemos capacidad de sobra para distinguir entre una huelga justa en defensa de nuestros derechos y un paro reaccionario que atente contra la revolución y nuestra propia clase. Esto lo hemos demostrado de sobra con como enfrentamos con métodos de clase el sabotaje a nuestra industria petrolera en Diciembre 2002 e impulsamos el Control Obrero en varias refinerías.
Pero es que además olvidan que en Venezuela, los empleados públicos en los años 1960 fueron puntal fundamental para alcanzar conquistas importantes, con acciones sindicales catalogadas en su época de ilegales, de las cuales precisamente el compatriota Luis Britto, como profesor universitario que es, ha gozado. Olvida que dichas conquistas se extendieron después de ser conquistadas en luchas legales e ilegales, por la vía de otras luchas sindicales y gremiales de carácter legal e ilegal, que afectaban derechos constitucionales de sectores de la ciudadanía, a decir del proponente de eliminar el derecho a huelga, a otros sectores de la población. Todavía recodamos la lucha por el derecho a contratar colectivamente en la década de los 60 por parte de los maestros y por la indexación salarial de los profesores universitarios en la década de los 80, luchas que además “negaban” el derecho a la educación de los millones de alumnos que asistían al sistema público.
Aclaremos para el que tenga alguna duda al respecto: no es el derecho a huelga el que niega derechos a la población entera. Al contrario, el derecho a huelga de todos los trabajadores manuales e intelectuales de la ciudad y el campo es lo que ha permitido la conquista de importantes reivindicaciones y espacios de libertades democráticas a los sectores explotados y oprimidos de nuestro país.
¿Leyes para frenar la Contrarrevolución?
Adicionalmente, es claro que cuando se proponen enmiendas a la CRBV o incluso penalizar con reformas al COPP se piensa que esta vía puede efectivamente solucionar los problemas que está enfrentando el proceso revolucionario. Pero hemos visto cómo la oligarquía y el imperialismo en ningún momento se han detenido, como no lo ha hecho la burguesía en ningún país en el que el movimiento revolucionario ha estado en alza, a respetar su propio sistema de leyes. No lo hicieron en otros procesos revolucionarios cuando impulsaron golpes de estados para implementar regímenes fascistas, ni cuando han utilizado paramilitares (o lo siguen haciendo, como es el caso de Colombia) para aplastar las fuerzas revolucionarios. En fin, así como no se detuvieron a plantearse la legalidad cuando intentaron el golpe de abril de 2002, modificaciones a la ley no les impedirán que igualmente intenten acciones desestabilizadoras.
La clase obrera y el movimiento revolucionario se encuentran en una dinámica ascendente luego de la serie de victorias obtenidas tanto en el terreno electoral como en nuestras luchas de clase. Los trabajadores estamos movilizándonos a lo largo y ancho del país y viendo como la burguesía está débil para resistirse a nuestra fuerza. Por ello la clase dominante se ha replegado e intenta negociar y conciliar, apoyándose en los sectores reformistas y burocráticos. Ante estas presiones, elementos pequeño burgueses o sin vínculos fuertes con la clase obrera pueden ceder a las presiones de la burguesía y plantear, incluso con la “mejor” de las intenciones, propuestas tan reaccionarias y antiobreras como siquiera limitar el derecho a huelga. Sería una volver a abrirle una ventana de salvación para fortalecer la burocracia cetevista como fue en el pasado la eliminación de la Ley de Carrera Administrativa.
La UNT debe pronunciarse decididamente
Los intereses de la clase obrera y los de la revolución son los mismos y cualquier intento de oponerlos atenta contra la propia revolución bolivariana. Es por ello que este proceso revolucionario sólo puede mantenerse y avanzar si la clase obrera se pone al frente de ella, que ésta se asuma como un proceso que está destinado a llegar hasta el final, a una economía nacionalizada y planificada democráticamente por los trabajadores y las comunidades a través de un Estado de los trabajadores estructurado desde las bases a través de asambleas revolucionarias de delegados elegibles y revocables democráticamente.
Los sectores clasistas y revolucionarios dentro de la UNT deben actuar decididamente y no atemorizarse ante los sectores reformistas y oportunistas que pretenden acusarnos a quienes defendemos la libertad al derecho a huelga como contrarrevolucionarios. Debemos explicar al resto del movimiento bolivariano que con esta limitación no estamos colocando un freno a la contrarrevolución, sino atando de manos y pies a la única clase que puede jugar el papel decisivo en el proceso revolucionario y la tarea de la construcción del “socialismo del siglo XXI”, a la clase obrera y sus batallones pesados. Se presenta como una tarea urgente para nosotros como dirigentes sindicales, particularmente para la Tendencia de Izquierda Socialista el iniciar una seria y consecuente campaña en defensa de la libertad al derecho a huelga.
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