El final de 2010 y el inicio de 2011 han estado marcados por el desastre de las lluvias torrenciales de noviembre, que han dejado sin vivienda a más 150.000 familias; la aprobación de una nueva Ley Habilitante -que permite a Chávez legislar rápidamente para afrontar ésta y otras situaciones de emergencia-; y el inicio de una nueva y virulenta campaña de la oposición contrarrevolucionaria.
Tras las lluvias, el déficit habitacional (casi dos millones de personas sin vivienda o con vivienda en malas condiciones), que ya era una asignatura pendiente del gobierno, se convierte en clave para el futuro inmediato de la revolución. La movilización de Chávez apoyando a los damnificados, yendo a cada barrio afectado a conocer su situación y ordenando utilizar edificios públicos, hoteles de lujo e incluso instalaciones del propio Palacio de Miraflores para darles acogida ha demostrado, una vez más, el profundo vínculo que le une al pueblo. Al mismo tiempo, el hecho de que los damnificados tengan que acudir a Chávez cada vez que carecen de asistencia, o son incumplidas promesas realizadas por funcionarios del Estado, muestra el papel de freno y sabotaje que desempeña la burocracia.

La revolución a medio camino

El único modo de resolver éste y otros problemas es nacionalizando bajo control obrero la banca y las grandes empresas, creando una empresa pública de construcción que funcione bajo control de los trabajadores y usuarios, y poniendo en marcha un plan para construir viviendas para los damnificados y para todas las personas con viviendas en malas condiciones o sin ellas. Esto implica tomar medidas decisivas contra los capitalistas y la burocracia. Es lo que millones de personas esperan de la nueva Ley Habilitante. Si a lo largo de este año o año y medio no se producen avances significativos en éste y otros terrenos, las expectativas existentes podrían transformarse en frustración y desencanto.
Tras doce años de revolución -aunque ha habido avances importantes en la lucha contra la pobreza o la extensión de la salud y la educación, se han frenado las privatizaciones e incrementado los gastos sociales y varias empresas han sido nacionalizadas- la revolución permanece a medio camino. El 70% del PIB venezolano según el Banco Central de Venezuela (BCV) sigue en manos privadas. La propiedad capitalista de los medios de producción y el mantenimiento de la estructura burguesa del estado actúan como una camisa de fuerza que impide resolver los problemas sociales y hace que entre sectores de las bases aumente la frustración.

Crisis económica y sabotaje empresarial

Los responsables de la política económica del gobierno apostaron a que la recuperación de los precios del petróleo, unida a la devaluación del bolívar, aumentaría los ingresos del Estado y esto produciría un doble efecto: por un lado, posibilitaría mantener el gasto social y seguir aplicando reformas sin tocar la propiedad privada de los medios de producción; por otro, mediante una combinación de ayudas a los empresarios privados (Fondo Bicentenario y otros), medidas de control y amenazas (multas, intervenciones e incluso expropiaciones de algunas empresas) disciplinaría al sector privado y estimularía a los empresarios a mover sus capitales de la especulación a la inversión productiva.
Como pronosticamos los marxistas de la CMR en varios artículos a principios de 2010, un año después la diferencia entre el dólar paralelo y el oficial lejos de reducirse significativamente (uno de los objetivos de la devaluación) vuelve a moverse en niveles similares y los empresarios privados siguen dedicándose a especular y renunciando a invertir. Según el periódico financiero El Mundo, nada sospechoso de ser anticapitalista,  los empresarios sólo utilizan un 52% de la capacidad productiva instalada. Según el BCV, la Formación Bruta de Capital Fijo, que mide la inversión a futuro de los empresarios (nueva maquinaria, nuevas instalaciones...), en 2009 fue de 8,8% (cuando hace algunos años estaba en cifras de dos dígitos) y en 2010 batió un récord negativo: 4,8%.
Junto al sabotaje capitalista, la economía venezolana está siendo duramente golpeada por la crisis mundial. En 2009 el PIB cayó 3,3% y en 2010, el 1,9%. Esto es más grave si tenemos en cuenta que los precios petroleros se han recuperado y finalizaron el año por encima de 80 dólares. Otro aspecto preocupante es que, pese a la contracción de la actividad económica, la inflación sigue alta: en torno al 25% (31% en los alimentos básicos). Durante los tres últimos años la inflación acumulada en los alimentos y otros productos básicos supera el 100%. Esto golpea especialmente a los sectores más humildes, la base social de la revolución.
El propio Chávez, reconociendo implícitamente que las políticas de intentar convencer a los empresarios para que invirtieran no estaban funcionando, denunció en abril y mayo de 2010 que la burguesía le había declarado la guerra y acometió nuevas medidas de expropiación, como la de Aceites Diana y otras empresas alimentarias. Incluso amenazó al principal monopolio alimentario: el Grupo Polar. Posteriormente a esas expropiaciones, o las de los supermercados Cada y Éxito, se han decretado nuevas nacionalizaciones:Agroisleña, Owens Illinois, SIDETUR y Sanitarios Maracay, las dos últimas con el objetivo de acelerar la construcción de viviendas.
Los marxistas apoyamos estas nacionalizaciones pero el problema, tal como demuestra la experiencia de los últimos años, es que si no abarcan al conjunto de la economía y no van acompañadas de la gestión de cada una de estas empresas y de las palancas decisivas de la economía nacional (todos los bancos y empresas importantes) por los trabajadores y el pueblo, no servirán para conquistar la soberanía productiva y alimentaria y construir el socialismo. El sabotaje de los capitalistas y los burócratas está creando problemas en todas las empresas expropiadas y es utilizado sistemáticamente para desprestigiar la idea de las nacionalizaciones.

Sólo la clase obrera puede derrotar la nueva ofensiva contrarrevolucionaria

Aprovechando el avance que han tenido en la Asamblea Nacional y en distintas alcaldías y gobernaciones en las últimas elecciones, los contrarrevolucionarios están lanzando una nueva ofensiva en la calle y los medios de comunicación. La campaña mediática internacional también se ha agudizado. La nueva Ley Habilitante es utilizada por los medios de comunicación burgueses para repetir sus calumnias habituales sobre la supuesta existencia de una "dictadura" y demás. Aunque, por el momento, estas movilizaciones han sido un fracaso, seguirán utilizando el malestar ante todos los problemas comentados para intentar minar el apoyo social a la revolución y sacar a las calles a su base social, como hicieron en 2002. A medida que se acerquen las elecciones presidenciales de 2012 esta cínica y agresiva campaña arreciará con el objetivo de impedir la reelección de Chávez. Pero esto está incrementando la inquietud entre las bases del PSUV, del sindicato UNETE y del conjunto del movimiento revolucionario y las movilizará. La lucha entre revolución y contrarrevolución se agudizará y con ella también la lucha de la clase obrera por completar la revolución.
Los trabajadores ya están respondiendo a los ataques de los capitalistas y la burocracia. La magnífica lucha de Mitsubishi o la histórica marcha de trabajadores a Caracas el 9 de noviembre, convocada por la UNETE en apoyo a la revolución y por el control obrero, demandando una ley del trabajo socialista y la radicalización de la revolución, muestran el enorme potencial revolucionario existente y que la correlación de fuerzas todavía sigue siendo favorable.