Hasta no hace poco Chile era considerado uno de los países más estables de América Latina, con una relativa estabilidad política y social tras la caída de la dictadura de Pinochet, crecimiento económico sostenido a lo largo de los años que se llegó a calificar como el “milagro chileno”, los economistas capitalistas se referían a Chile como el “jaguar latinoamericano” y era presentado como el paradigma del neoliberalismo, un ejemplo del buen funcionamiento del sistema de libre mercado, sin la interferencia del Estado en una economía que se debía basar exclusivamente en la ley de la oferta y la demanda.
Chile se convirtió en el laboratorio de las teorías económicas neoliberales de Milton Friedman. Como escribía un columnista en The Wall Street Journal: “Milton Friedman murió hace más de tres años, pero seguramente su espíritu aleteaba protector sobre Chile (…) Gracias en buena medida a él, este país ha resistido una tragedia que, de otra manera, habría provocado un apocalipsis”. (1/3/2010)
El gobierno pinochetista inició un programa de privatizaciones y desregulación que comenzó con el sistema sanitario. “Entre 1952 y 1981, el sistema nacional de salud contaba con cobertura universal, gratuidad y era completamente financiado por el Estado. En la madrugada de la década de los 80, en plena dictadura militar y promovido por José Piñera, hermano de Sebastián [el actual presidente], Pinochet fragmentó el sistema sanitario, contrajo brutalmente la inversión pública en salud y creó los Institutos de Salud Previsional (Isapres)”. La privatización ha alcanzado un punto en que la atención que se recibe en los hospitales públicos es privada, la inversión en sanidad se ha reducido al mínimo posible y la mayoría de la población sólo puede acceder a la sanidad si tiene dinero para costearla.
“Más o menos en la misma época comenzó la privatización de la seguridad social con la creación del régimen de las Administradoras Privadas de Pensiones (AFP). Paulatinamente el Estado fue desmontando su régimen de pensiones y dejando en manos del propio trabajador el ‘ahorro personal’ que consistirá en su jubilación. Las empresas descuentan obligatoriamente al trabajador un 10% de su salario, los empresarios no aportan nada. Las pensiones están en manos de las AFP que controlan unas cantidades de dinero que equivalen a dos tercios del PIB chileno”, como hemos visto en otros casos, aprovechan estos recursos para especular en bolsa y poner en riesgo las futuras pensiones de los trabajadores chilenos.
Finalmente, también en esa misma temprana fecha comenzó el proceso de la privatización en Chile. “… No queda hoy prácticamente educación gratuita en el país. La educación pública, desde la escolar (a base de concesiones a instituciones privadas, se regula con el mismo código: para estudiar hay que pagar. Ni que hablar de las instituciones de elite a todo nivel educativo, solamente accesibles a los hijos de la clase alta. Un cálculo conservador establece una media de 40.000 dólares como costo de la carrera profesional de un estudiantes cualquiera”. (La chispa que enciende la mecha. Miguel Guaglianoqueda. www.aporrea.org).
En total privatizó 212 empresas y 66 bancos públicos. Eliminó todos los derechos políticos y laborales, suprimió los impuestos sobre el patrimonio y los beneficios empresariales, eliminó el salario mínimo. Para llevar a cabo esta política de privatizaciones sin ningún tipo de restricción, la dictadura de Pinochet se valió de una feroz represión del movimiento obrero en la que murieron miles de personas. Como decía uno de los arquitectos del programa económico pinochetista: “La libertad económica proporciona un régimen duradero, da a las autoridades un grado de eficacia que no era posible obtener en un régimen democrático; hizo posible la aplicación de un modelo desarrollado por expertos y que no dependía de las reacciones sociales producidas por su implantación”. (Sergio Castro, arquitecto del programa económico de Pinochet).
¿Un “milagro económico?
Durante estas últimas décadas se ha hablado mucho sobre el “milagro económico chileno, el argumento han sido las tasas de crecimiento económico conseguidas por la economía chilena, una media del 6,6% anual entre 1978 y 1981.
Pero el auténtico significado del “milagro económico chileno” fue el enriquecimiento de una minoría a expensas del empobrecimiento de la mayoría de la población. En 1980 el 10% más rico había aumentado su parte de la renta nacional del 36,5% al 46,8%, mientras que el 50% de la población que menos ganaba reducía su parte del 20,4% al 16,8%. Como explicaba un economista: “El sistema chileno es fácil de comprender. Durante los últimos veinte años se han transferido 60.000 millones de dólares de los salarios a los beneficios”. (Chile: Anatomy of an economic miracle. 1/10/2011. www.libcom.org)
El “milagro” fue un castigo para los trabajadores chilenos. En 1976 los salarios reales representaban un 35% el nivel de 1970 y hasta 1981 no alcanzarían el 97,3% del nivel salarial de 1970. La tasa de desempleo del 14,8% de 1976 se transformó en un 20,3% en 1982. Otros indicadores representaban una situación similar, por ejemplo, el consumo per cápita era un 11% inferior al de 1970. Tras casi quince años de libre mercado los salarios reales no habían superado el nivel previo a los años setenta. La realidad es que el “milagro económico” representó un gran trasvase de riqueza de la clase obrera a los bolsillos de los capitalistas, como demuestra que la parte de la renta nacional dedicada a los salarios pasara del 52,3% al 30,7% entre 1970 y 1989. La política de libre mercado sin restricciones no evitó que en 1982 Chile se enfrentara a una crisis económica que en términos de caída del PIB y aumento del desempleo fue mayor que la crisis de 1975.
Los años posteriores de crecimiento económico tampoco han representado un alivio ni una mejora de las condiciones de vida para las masas chilenas. Como explica a la BBC Andrés Zhaler Torres, un economista del Instituto de Políticas Públicas de la Universidad Diego Portales: “El 60% del país vive con ingresos promedios peores que los de Angola (…) el 20% gana lo mismo o más que en EEUU, Singapur o Noruega, pero dos tercios de la población debe comparar sus ingresos per cápita con naciones africanas muy pobres (…) Tenemos una sociedad que en promedio le va bien pero hay un grupo grande de gente que está muy por atrás en alcanzar niveles aceptables de ingresos”. (24/6/2011)
“Si comparamos a Chile con Uruguay por ingreso per cápita, Uruguay es más pobre. Pero la mayoría de los uruguayos vive mejor que los chilenos. Porque al incluir el ingreso de los más ricos en Chile el promedio sube, pero no rebela que buena parte de la población no se ve beneficiada (…) Chile está mal y no va en el camino correcto. Hay dos países: uno con muchos recursos y otro que sufre para parar la olla (ganarse la vida)”.
Según el informe último de la OCDE, Chile presenta el mayor índice en desigualdad de ingresos y de oportunidades entre los países miembros de este organismo. Ocupa el tercer lugar en el ranking de pobreza, con un 18,9%, y el 38% de la población dice que con sus ingresos no alcanza para sus necesidades básicas. Incluso el propio presidente Piñera tuvo que reconocer la profunda desigualdad que caracteriza a Chile, “admito que la brecha de desigualdad en el país es escandalosa” (vtv.gov.ve. 20/9/2011)
Aunque con la caída de la dictadura se recuperaron derechos democráticos, aún siguen vigentes muchas leyes aprobadas durante el régimen militar. Un ejemplo es la Constitución chilena que es la misma aprobada por el gobierno de Pinochet, pero también siguen vigentes las leyes laborales que entre otras cosas permiten a los empresarios despedir libremente a los trabajadores que quieren organizarse en un sindicato.
Los jóvenes y trabajadores entran en acción
Las movilizaciones estudiantiles de estos últimos cuatro meses son las más grandes desde los años ochenta contra el régimen militar y que supondrían el principio del fin de la dictadura pinochetista. Este movimiento forma parte de una toda una serie de luchas que se iniciaron a principios de este año y que son un reflejo del enorme descontento que existe entre los jóvenes y trabajadores chilenos.
Este enorme descontento se intensificó ante la ineficacia del Estado chileno con el terremoto que asoló el país en febrero de 2010, que provocó más de 300 muertos y unas pérdidas económicas superiores a los 24.000 millones de dólares. Casi un año y medio después la mayoría de los afectados por el seísmo siguen durmiendo en casas prefabricadas. El gobierno fue incapaz de suministrar la ayuda e infraestructura básicas, en muchas zonas la población tuvo que subsistir durante diez días con comida para uno o dos días. Los supermercados estuvieron cerrados durante días y el gobierno no organizó ningún tipo de distribución de alimentos, los bancos cerraron dejando a miles de chilenos sin la posibilidad de sacar dinero de los cajeros automáticos. La privatización de sectores como el agua y la electricidad agravó aún más la situación, además de los cortes de electricidad, las empresas privadas del agua tardaron días en distribuir algo tan vital para la supervivencia como es el agua. El terremoto también sacó a la luz la mala calidad de los edificios y la ausencia de supervisión por parte del gobierno.
Como ya es habitual en este tipo de catástrofes, los empresarios aprovecharon la oportunidad de hacer negocio. Muchos aplicaron el artículo nº 159 del Código de Trabajo, un vestigio de la dictadura que permite en situaciones catastróficas despedir a los trabajadores sin pagar ningún tipo de indemnización y sin previo aviso, pero no sólo fueron los empresarios privados, también algunos alcaldes de las zonas afectadas aprovecharon para despedir a miles de profesores, sólo en marzo en Santiago y Concepción despidieron a casi 9.000 profesores. Otro recurso de los empresarios ha sido obligar a sus plantillas a trabajar más por menos salario, bajo amenaza de despido.
La ineficacia del gobierno, la destrucción masiva de puestos de trabajo, el problema de la vivienda y de subsistencia provocaron en los meses siguientes al terremoto una oleada de protestas en las zonas más afectadas, sobre todo en la región del Gran Concepción. En San Vicente los trabajadores cortaron el acceso al Puerto de Talcahuano, lo mismo sucedió con la termoeléctrica Bocamina II en Coronel. Los profesores de Huelpen se manifestaron frente al ayuntamiento por los despidos y los bajos sueldos. Los trabajadores de la forestal de Santa Elena ocuparon las instalaciones después de que la empresa se declarara en quiebra. En Penco los profesores se movilizaron contra las reducciones salariales. En Dichato jóvenes y trabajadores cortaron la carretera a Tomé para protestar contra los retrasos en la construcción de las viviendas, estos son sólo unos ejemplos de la oleada de protestas que estalló tras el terremoto y como consecuencia del mismo.
La insurrección popular en Magallanes
Enero de 2011 comenzó con el movimiento de masas que tuvo lugar en Magallanes (una de las regiones más frías de Chile) contra la subida del gas decretada por el gobierno, un 16,8%, que provocó una huelga general de 7 días. La población entera se levantó y creó su propio organismo que dirigió la lucha desde el principio, la Asamblea Cívica de la Región de Magallanes, formada por jóvenes, trabajadores, sindicatos, asociaciones de vecinos, pequeños comerciantes, etc., Miles de personas participaron en las manifestaciones, en los bloqueos de carreteras, cerraron y ocuparon el aeropuerto de Punta Arenas. Detrás de esta subida de precios se oculta la intención del gobierno de privatizar Enap (Compañía Nacional de Petróleo), con la subida de precios pretende aumentar los beneficios de la empresa y así hacerla más rentable para los posibles compradores privados. Finalmente la lucha terminó con una vitoria, el gobierno sólo subió los precios del gas un 3% y aceptó aumentar las ayudas a las familias más pobres.
“¡Se va a acabar, se va a acabar, la educación de Pinochet!”
Aunque durante estos últimos años ha habido protestas y movilizaciones importantes, como la lucha de los estudiantes de secundaria en 2006, conocido como la “rebelión de los pingüinos” por el color negro de sus uniformes, aunque la lucha terminó en una derrota para los estudiantes, sí marcó el punto de partida para la lucha actual. También hubo huelgas importantes en el sector del cobre, pero la lucha de los estudiantes y obreros de estos últimos meses son las más grandes que ha vivido Chile desde los años ochenta. Además de la lucha educativa hay que sumar huelgas en otros sectores, como la huelga de 72 horas en el sector sanitario a principios de septiembre, o la huelga el pasado mes de julio de las minas del cobre de Escondia, la mayor mina de cobre del mundo. La huelga se inició el 21 de julio con los 2.700 mineros de la mina, cinco días después se unieron más de 9.000 trabajadores de las subcontratas. Lo mismo sucedió unos días después con la mina Collahuasi, la tercera más grande del mundo.
La actual movilización estudiantil comenzó el 13 de mayo con decenas de miles de estudiantes en las calles, desde ese día se han sucedido las manifestaciones cada vez con mayor participación, otros sectores como los profesores, mineros del cobre hicieron huelgas para apoyar a los estudiantes. A esto hay que añadir huelgas en otros sectores, como la huelga de 72 horas en el sector sanitario a principios de septiembre o la huelga en la minería del cobre. Desde entonces, hace ya cinco meses, ha habido 37 grandes manifestaciones en las que han participado cientos de miles de jóvenes y trabajadores. En este período también se han ocupado más de 100 institutos y docenas por todo el país.
La presión de los trabajadores obligó a que finalmente la CUT, el principal sindicato chileno, convocara una huelga general de 48 horas los días 24 y 25 de agosto para apoyar las reivindicaciones estudiantiles, ese día cientos de miles de chilenos se manifestaron por todo el país. Una de las consignas más coreadas era: “¡Se va a acabar, se va a acabar, la educación de Pinochet!”, ya que como ocurre con tantas otras leyes, por ejemplo, la Constitución chilena o el Código Laboral, el sistema educativo es el mismo que instauró la dictadura.
Unidad de obreros y estudiantes
El 60% de los alumnos de primaria y secundaria asisten a escuelas privadas o concertadas. No existe ninguna universidad pública gratuita, todas, públicas y privadas, cobran matrículas elevadas. Menos del 25% del sistema educativo está financiado por el Estado y más del 75% restante depende de las aportaciones de los estudiantes. La educación primaria y secundaria se regula por la oferta y la demanda, los colegios y liceos públicos reciben ayudas dependiendo del número de alumnos provocando así una feroz competencia entre los distintos centros de estudio. En Chile hay 60 universidades, la mayor parte privadas, el coste medio es de 250 a 600 dólares mensuales, el salario medio en Chile es inferior a los 800 dólares mensuales y el salario mínimo se encuentra en los 320 dólares mensuales, eso significa que muchos estudiantes tienen que recurrir al crédito para poder costear sus estudios universitarios, concretamente un 70% de los estudiantes universitarios estudia gracias a créditos bancarios. Según un estudio de la Fundación Ricardo Lagos entre 1990 y 2010 el número de estudiantes universitarios pasó de 250.000 a un millón, ¿cómo? Gracias al crédito. El año pasado el 63% del dinero destinado a universidad por el gobierno fue destinado a créditos. Una situación totalmente insostenible ya que estudiar una carrera equivale a comprar una vivienda y se tarda entre 15 o 20 años en saldar la deuda.
Los estudiantes y profesores exigen educación pública y gratuita. La respuesta del gobierno Piñera es que no hay dinero, ante este argumento los estudiantes y trabajadores han respondido que sí lo hay, basta con subir los impuestos a los ricos, reducir el gasto en defensa (uno de los mayores del continente) y renacionalizar el cobre, del que Chile es el primer productor mundial y sólo con los enormes beneficios que genera este sector se podrían financiar la educación y otros gastos sociales. El 7 y 8 de octubre varias organizaciones sociales, estudiantiles y la CUT organizaron un referéndum (que exigen sea vinculante) para que la población expresara su opinión sobre la gratuidad de la enseñanza. Han participado más de un millón de chilenos y el 93,2% apoya la gratuidad de la enseñanza. Durante estas semanas se han publicado distintas encuestas de opinión que demuestran que un 70% de la población apoya las reivindicaciones de los estudiantes.
El gobierno ha intentado enfriar el movimiento con una mesa de diálogo y ha ofrecido becas de un 40% sobre el coste total de los estudios para los estudiantes más pobres y de un 20% para los de clase media, el resto se compensaría con créditos bancarios. Al final, seguiría siendo un trasvase de dinero desde los bolsillos de los trabajadores a los empresarios de la enseñanza privada y los bancos, no cambiando nada un sistema educativo heredado de la dictadura. Los estudiantes y profesores han abandonado el diálogo y han hecho un llamamiento a radicalizar el movimiento. Los estudiantes después de romper las negociaciones con el gobierno convocaron un paro nacional para el 18 y 19 de octubre, finalmente la CUT lo ha convertido en una nueva huelga general de 48 horas. Los estudiantes y profesores amenazan con no comenzar las clases el segundo semestre. Uno de los dirigentes universitarios al salir de las negociaciones dijo que: “Hay que prepararse para tiempos difíciles” (El País, 10/10/11).
La represión del gobierno ha sido brutal, cargas policiales salvajes, balas de goma, cañones de agua y gas lacrimógeno, en agosto un joven de 16 años murió de un disparo de los carabineros cuando empujaba la silla de ruedas de un compañero, los detenidos se cuentan por miles, sólo en agosto hubo más de 4.800 detenidos. El gobierno ha presentado un proyecto de ley que permite condenar a tres años de cárcel a todo aquel que altere el orden público. Ha prohibido el recorrido habitual de las manifestaciones de estudiantes para el 19 y 20 de octubre, dando otro recorrido alternativo que era más favorable para la intervención de la policía militar contra los manifestantes. Estos últimos días la Universidad de Chile se ha convertido en un campo de batalla entre los estudiantes y las fuerzas especiales. Los dirigentes estudiantiles han denunciado esta táctica del gobierno premeditada destinada a provocar un enfrentamiento con la policía y así poder criminalizar el movimiento. Se han levantado barricadas en varias universidades e institutos. La represión sólo ha servido para aumentar la combatividad y determinación del movimiento. Las manifestaciones son diarias, en Valparaíso, en Valdivia y en otras ciudades del país. Diariamente también hay caceroladas en multitud de barrios.
Los estudiantes, apoyados por el movimiento obrero chileno, han mostrado su decisión de llegar hasta el final. El conflicto dura ya cinco meses y el sistema educativo está prácticamente paralizado. El gobierno está contra las cuerdas, la popularidad de Piñera ha caído hasta el 22%. Como estamos viendo en otros países, existe un profundo cuestionamiento del sistema de “mercado”, sobre todo entre la juventud, que comienza a desafiar un sistema movido única y exclusivamente por el beneficio. Los próximos días serán decisivos y uno de los elementos más decisivos es la unidad que existe entre trabajadores y estudiantes, y que será determinante en la lucha.
