Día tras día se suceden informaciones sobre las dificultades económicas y sociales en Venezuela y la amenaza de un golpe reaccionario para derrotar la revolución bolivariana. Los grandes medios de comunicación, el PP, Ciudadanos y los dirigentes del PSOE, ya han tomado partido: al lado del imperialismo estadounidense, al lado de los golpistas venezolanos de extrema derecha, junto a los grandes capitalistas que sabotean la economía y saquean el patrimonio del pueblo. ¿Los tenemos que creer? ¿Tenemos que creer a Rajoy, a Aznar, a Felipe González, a Albert Rivera?

Una hipocresía nauseabunda

Nuestra experiencia de lucha durante estos años nos advierte de que en este discurso hay algo que no cuadra. Quienes levantan la voz furiosamente contra la “falta de libertad” en Venezuela, son los mismos que aquí encarcelan a sindicalistas que luchan por los derechos de los trabajadores o aprueban una ley, bautizada popularmente como “mordaza”, que recorta brutalmente nuestro derecho a manifestación y a la libertad de expresión.

Mientras lloran lágrimas de cocodrilo por las dificultades del pueblo venezolano y nos hablan de “derechos humanos”, estos mismos políticos a sueldo de los grandes poderes económicos no tienen ningún escrúpulo en aprobar los desahucios de decenas de miles de familias empobrecidas por la crisis; de rescatar a los bancos a costa de recortes sociales sangrantes; de privatizar la sanidad pública y la atención a la dependencia, condenando a cientos de miles de personas a la enfermedad y el sufrimiento; de despedir a decenas de miles de profesores, reducir las becas y aprobar leyes franquistas, como la LOMCE y el 3+2, para impedir que los hijos de los trabajadores podamos acceder a una enseñanza de calidad.

Todos estos políticos y periodistas que protagonizan esta campaña de tintes goebbelianos contra la revolución bolivariana, guardan un silencio cómplice, y bien retribuido, ante el crimen que se está perpetrando contra decenas de miles de personas indefensas: los refugiados. Ahora mismo, hay miles de niños encarcelados dentro del territorio europeo tras las alambradas de los campos de detención que la Unión Europea (UE) ha construido en Grecia y otros países, y se cuentan por miles los muertos por ahogamiento en el Mediterráneo, porque quienes huyen de la guerra y la barbarie que el imperialismo provoca, lejos de ser tratados como víctimas son considerados criminales.

Los buenos gobiernos que al imperialismo y al PP les gustan

Los políticos europeos que levantan su dedo acusador contra el gobierno bolivariano que, recordemos, ha ganado elección tras elección de manera democrática, consideran un valioso aliado a Erdogan, el autoritario Presidente de Turquía que encarcela, tortura y asesina a los activistas de la izquierda y a los periodistas críticos. Es más, financian generosamente a este tirano para que haga el trabajo sucio con los refugiados, y siga armando hasta los dientes a los yihadistas del Estado Islámico, los mismos que luego masacran a cientos de inocentes en las calles de París y Bruselas.

Arabia Saudí es otro de los países amigos de estos defensores de los “derechos humanos” tan preocupados por Venezuela. Este régimen, bajo el cual las mujeres no pueden salir de casa sin la ‘compañía’ de un hombre, ejecutó a 157 opositores en 2015 e inauguró este año matando a otros 47 el 2 de enero. Pero no pasa nada: mantiene cordiales relaciones con el gobierno del PP y la Casa Real española, con los que hace jugosos negocios armamentísticos, y recibe todo el apoyo de Washington, a pesar de que está sobradamente documentado que, al igual que el de Erdogan, este régimen también financia abundantemente a los terroristas del Estado Islámico. ¿De verdad quieren que nos creamos que les preocupa la democracia y la pobreza en Venezuela o cualquier otra parte del mundo?

¿Con qué quieren acabar en Venezuela?

Estos políticos como Aznar y Rajoy, como Albert Rivera y Felipe González, con lo que realmente quieren acabar es con la revolución en Venezuela y toda América Latina. En febrero de 1999, aupado por millones de sus compatriotas, Hugo Chávez llegó al gobierno a través de unas elecciones democráticas. Desde entonces hasta su fallecimiento en marzo de 2013, apoyándose en la movilización popular, puso en marcha numerosos planes sociales gracias a los cuales se construyeron decenas de miles de viviendas, se llevó la atención sanitaria a los barrios humildes, se abrieron las puertas de las universidades a las familias trabajadoras y se sacó de la pobreza a millones de personas.

Esta política social en beneficio de la mayoría, que utilizó la riqueza proveniente del abundante petróleo venezolano —principal fuente de ingresos del país— para llevar a cabo reformas en beneficio del pueblo, rápidamente despertó la ira de los ricos y los poderosos, que sabotearon el gobierno legítimo de Chávez por todos los medios. En abril de 2002 organizaron un golpe militar y secuestraron al Presidente Chávez, colocando al frente del país al jefe de los empresarios. Este golpe de Estado contó con el apoyo de El País, de Aznar y del PP, de Felipe González y de numerosos cargos públicos del PSOE. En aquel golpe participó activamente Leopoldo López, ese supuesto preso político que tanto espacio ocupa en los telediarios y la prensa española. Este ‘héroe’ del PP y del PSOE, encabezó la detención del ministro de Interior y Justicia del gobierno elegido en las urnas y respaldó el decreto que disolvió el Parlamento y suspendió la Constitución durante el golpe. Afortunadamente, el pueblo salió a la calle y abortó estos planes.

Sin embargo, la oposición derechista y sus amos en Washington y Madrid, no han cejado en su empeño, y lo que todavía no han podido conseguir por la fuerza lo intentan alcanzar por otros medios: el sabotaje económico. Si bien es cierto que el gobierno chavista ha nacionalizado empresas importantes, todavía palancas fundamentales de la economía como los bancos o la importación, producción y distribución de alimentos siguen estando en manos de los grandes empresarios, completamente hostiles a la revolución bolivariana.

Como hicieron en 1973 en Chile contra el gobierno de Salvador Allende, la oligarquía venezolana ha puesto en práctica una campaña de desabastecimiento que impide que productos básicos como el pan, el arroz o el papel higiénico estén disponibles en los supermercados y, cuando los hay, tengan precios inalcanzables para la mayoría de la población. Los empresarios cierran fábricas, los capitalistas venezolanos se llevan el dinero fuera del país y hacen huelga de inversiones para ayudar a provocar el colapso. Esta situación, combinada con la bajada del precio del petróleo —que ha reducido dramáticamente las divisas de las que dispone el gobierno— y la especulación con la moneda, ha provocado también una inflación desbocada.

En defensa de la revolución bolivariana

Es cierto, la situación está llegando a un punto crítico en Venezuela. El pueblo sufre porque no puede cubrir sus necesidades. Pero la solución no es que llegue al gobierno la ultraderecha, los amigos de los Rajoy, de Aznar, de Felipe González y Albert Rivera, de los mismos que nos oprimen y nos reprimen en Europa. Ya conocemos sus recetas cuando gobiernan: cargar la crisis sobre las espaldas de los más débiles, para salvaguardar los privilegios de los que lo tienen todo.

No, la solución no está en estrangular a la revolución porque no ha llegado hasta el final, porque todavía no ha resuelto todos los problemas a los que se enfrenta. La solución es hacerla avanzar, corregir sus imperfecciones, enderezar lo que se ha torcido. Hace falta apartar a todos aquellos oportunistas que se sumaron al movimiento bolivariano con el objetivo de conseguir un buen cargo desde el que beneficiarse de la revolución y que hoy tienen más en común con los ricos que con los trabajadores. Hay que desechar a los arribistas y acabar con ese cáncer de la revolución que se llama burocracia, tal como señaló Hugo Chávez. Hace falta que todo el poder político y económico pase efectivamente a los trabajadores, a la juventud, a los oprimidos de Venezuela. Es el momento para que el gobierno bolivariano tome medidas socialistas efectivas para acabar definitivamente con el capitalismo. Ese es el camino para despertar el entusiasmo de la población, para resolver las graves carencias que hoy amenazan a la revolución, y para movilizar la solidaridad de todos los pueblos del mundo.

Venezuela es un país enormemente rico, por su petróleo, por su tierra fértil, por los millones de hombres y mujeres que llevan más de 15 años sosteniendo una revolución para acabar con la injusticia, con la desigualdad social, con la corrupción. Desde el Sindicato de Estudiantes reiteramos nuestro compromiso con la causa de los oprimidos, con la causa de la revolución bolivariana, con los trabajadores y los jóvenes que, aprendiendo de los aciertos y también de los errores, protagonizamos la lucha por un mundo sin pobreza y sin explotación.

Madrid, 24 de mayo de 2016