A principios de marzo Obama afirmaba que la situación en Venezuela era “una amenaza inusual y extraordinaria para la seguridad nacional y la política exterior de EEUU”, declarando una “emergencia nacional”. Días después, el parlamento europeo aprobaba una resolución exigiendo la liberación de los “represaliados políticos” venezolanos, como así se caracteriza a los ultraderechistas Leopoldo López y Antonio Ledezma, involucrados en varias tentativas de golpe de Estado. El texto —rechazado por Izquierda Unida y Podemos— contó con el apoyo de la derecha y de la socialdemocracia. Estos hechos suponen un recrudecimiento de la campaña del imperialismo y la derecha internacional contra la revolución venezolana.
En esta campaña está teniendo un papel protagonista el PP y Felipe González. La primera entrevista de la mujer de Ledezma en su gira por el Estado español se celebró en la sede de la FAES, con Aznar, cuyo gobierno apoyó abiertamente el golpe de Estado contra Hugo Chávez en 2002. Su periplo continuó con Botella, Cospedal, Rajoy, etc. Por su parte, la dirección del PSOE, cuyo vínculo con la oposición reaccionaria venezolana ha quedado aún más en evidencia al conocerse la participación de Felipe González en la defensa de López y Ledezma, no se queda a la zaga. Esta última iniciativa ha sido respaldada públicamente por Pedro Sánchez, quien afirmó que es “una decisión que cuenta con el apoyo rotundo de la Ejecutiva del PSOE”, haciendo frente común con el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel García-Margallo, quien le ha deseado “suerte en esa noble tarea”.
Esos son los ‘demócratas’ cobijados por el PP y el PSOE
Felipe González, como siempre, no tiene inconveniente en utilizar los argumentos más abyectos para disfrazar de progresista un posicionamiento absolutamente reaccionario. En una entrevista concedida a la Cadena Ser, el 24 de marzo, comparó a sus defendidos, enemigos furibundos de la izquierda y del movimiento obrero, ¡con los presos políticos bajo la dictadura de Pinochet!
Hay que recordar la trayectoria política y las acciones de los defendidos por Felipe González. Antonio Ledezma era diputado cuando el gobierno del partido al que entonces pertenecía, Acción Democrática, aplicó las medidas de ajuste del FMI y ordenó, el 27 de febrero de 1989, la represión sangrienta de la explosión social conocida como Caracazo. Entre 400 y 3.000 jóvenes y trabajadores fueron asesinados por orden del partido a cuya dirección pertenecía Ledezma. Designado gobernador del Área Metropolitana de Caracas en 1992 por Carlos Andrés Pérez (el mismo presidente que ordenó la matanza, y amigo de Felipe González), bajo su mandato fueron duramente reprimidas movilizaciones estudiantiles y obreras. Como alcalde del Municipio Libertador (1996-2000) fue acusado de numerosas irregularidades y reprimió a trabajadores de la economía informal y jubilados que reclamaban pensiones justas. En abril de 2002 respaldó el golpe de Estado que, tras secuestrar e intentar asesinar a Chávez, suspendió las garantías constitucionales y persiguió a militantes de izquierda. El golpe fue derrotado por una gigantesca movilización de masas. En diciembre de 2002 del mismo año apoyó el cierre empresarial, derrotado también por la acción de los trabajadores y el pueblo, cuyo objetivo era paralizar la economía y forzar la salida de Chávez. Desde entonces, Antonio Ledezma ha seguido implicado en conspiraciones golpistas, como la reciente operación Jericó.
Leopoldo López fue militante de la secta fascista Familia, Tradición y Propiedad. Siendo alcalde del municipio Chacao impulsó desahucios y otras medidas neoliberales. Se rodeó de asesores del expresidente colombiano Álvaro Uribe para desarrollar estrategias contrarrevolucionarias en Venezuela y varios colaboradores suyos han sido procesados por vínculos con el narcotráfico y los paramilitares. Durante el golpe de abril de 2002, López organizó bandas fascistas para perseguir a militantes y dirigentes de izquierda. Dos imágenes retratan a este “demócrata”: una turba de partidarios suyos apaleando a Rodríguez Chacín, ministro del Interior de Chávez, y su discurso en una asamblea opositora llamando a desconocer la victoria electoral chavista y promover la violencia. La causa del encarcelamiento de López ha sido, precisamente, la organización, hace poco más de un año, de la campaña de violencia fascista conocida como guarimba, saldada con 43 muertos. Esas acciones, que la prensa internacional presentó como protestas pacíficas de estudiantes reprimidas por el gobierno, consistieron en realidad en ataques a activistas y sedes del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) y atentados con cócteles molotov y piedras contra centros de estudio y trabajo, instituciones públicas e incluso algunas empresas nacionalizadas, con grave peligro para los estudiantes y trabajadores que se encontraban dentro. Cuando finalmente se investigó a los detenidos por esas acciones, sólo una minoría eran estudiantes (provenientes en su gran mayoría de universidades privadas y de élite). La mayoría de participantes y organizadores eran militantes de grupos fascistas, probándose conexiones con la ultraderecha colombiana y de otros países.
Les mueve el odio a la revolución, no la defensa de la democracia
La actitud del PP y la cúpula del PSOE hacia Chávez, y ahora hacia el gobierno de Maduro es puro odio de clase. Sus ataques al gobierno venezolano no contienen el más mínimo rastro de defensa de los derechos democráticos. No hacen más que expresar su ansiedad por poner fin, como sea, a un gobierno que no es sumiso a los dictados del gran capital, y al desafío de las masas venezolanas (y latinoamericanas) a la política de recortes y privatizaciones con la que tanto la derecha como la socialdemocracia están profundamente comprometidas. ¡Cuánta hipocresía!
Los mismos que se rasgan las vestiduras por la “dictadura venezolana” —durante estos dieciséis años de revolución, Venezuela es el país del mundo que más elecciones ha celebrado: ¡veinte!, el pueblo ha apoyado masivamente una y otra vez la revolución bolivariana en esos procesos electorales, y la única ocasión en que la oposición ganó una votación nacional (el referéndum de la reforma constitucional de 2007) el resultado fue acatado por Chávez y su gobierno— no tienen ningún empacho en presentar al presidente colombiano, Juan Manuel Santos, como el adalid de la libertad y la democracia, cuando este señor es la cabeza visible de un régimen que masacra a los campesinos que luchan por sus derechos y se resisten a la voracidad de los terratenientes o que asesina impunemente a miles de sindicalistas. Lo mismo se puede decir del gobierno de Peña Nieto en México. Un régimen reaccionario, brutal y fundido con el narcotráfico, que ha permitido el asesinato de más de 70.000 personas y 23.000 desaparecidos en ocho años, y la masacre de 43 estudiantes de magisterio quemados vivos en el Estado de Guerrero. ¿Qué han dicho Rajoy o Pedro Sánchez ante estos hechos y de estos gobiernos que lo permiten? Loas y alabanzas. Y eso por no hablar de la ley Mordaza contra la libertad de expresión y manifestación, las multas indiscriminadas contra las organizaciones que luchan o el encarcelamiento de sindicalistas por su participación en huelgas, señas de identidad del régimen de Rajoy.
Comos señalábamos en el editorial de marzo, la campaña contra la revolución venezolana tiene también una clave interna. Tanto el PP como la dirección del PSOE vinculan a Podemos con esta falsa imagen de Venezuela, a la vez que agitan con la llegada del apocalipsis si la formación liderada por Pablo Iglesias gana las elecciones. Todo en el más puro estilo del eslogan franquista “que vienen los rojos”. Pero también hay que decir que el silencio que mantiene la dirección de Podemos ante este ataque brutal a Venezuela, ante estas mentiras y calumnias, poniéndose de lado para que no “interfiera” en los resultados electorales, es una táctica errada y que se volverá contra ellos. No es suficiente con votar en contra de la resolución contra el gobierno de Maduro en el parlamento europeo, hay que defender las conquistas y las realizaciones positivas de la revolución bolivariana, y responder a las maniobras golpistas contra el pueblo de Venezuela. Mañana, estas mismas acciones se desatarán contra un gobierno de Podemos y de la izquierda que lucha por los mismos oligarcas y reaccionarios, que emplearán todos los medios para sabotear y derribar a cualquiera que ponga en entredicho sus privilegios. Esta campaña no va a remitir, antes al contrario; a medida que se vayan acercando las diferentes citas electorales de este año, sobre todo cuando se aproximen las elecciones generales, la histeria se incrementará y se volverá mucho más intensa y ruidosa. Sólo hay una forma de enfrentarla y es pasando a la ofensiva.
Sabotaje económico y conspiración golpista
Tras la muerte de Chávez y las elecciones presidenciales ganadas por Maduro, el imperialismo y la burguesía venezolana han intensificado su campaña de acoso a la revolución, que combina diferentes métodos. Uno de ellos es el sabotaje económico. La burguesía venezolana es una clase completamente parásita que prefiere especular con el dólar y comprar barato fuera y vender caro dentro a producir dentro del país. Esto genera inflación y escasez y una masiva fuga de capitales a manos de los capitalistas. El sabotaje económico tiene el objetivo es desmoralizar a las masas, socavar la base social de la revolución.
La otra vía, que se combina con la anterior, es la golpista. La última intentona fue la operación Jericó, por la que fueron detenidos varios militares de baja graduación y que tuvo como instigador precisamente a Antonio Ledezma. Las conspiraciones no son falsas alarmas por parte del gobierno. Estos “demócratas” que defiende Felipe González no cesan en su objetivo de derrumbar el gobierno, y no tienen inconveniente en asesinar trabajadores, estudiantes y dirigentes de la izquierda. El 1 de octubre de 2014, por ejemplo, sicarios colombianos asesinaron al diputado del PSUV Robert Serra. Compraron con centenares de miles de dólares a los guardaespaldas del diputado, entraron en su domicilio, lo maniataron y lo apuñalaron con saña hasta matarlo. A la muerte de Serra se une la de cientos de trabajadores y campesinos que han sido asesinados por la derecha estos años de revolución. Esto es lo que le espera a la clase trabajadora y al pueblo venezolano si la derecha triunfa: la venganza fascista y criminal contra ellas.
¡Derrotemos la nueva ofensiva del imperialismo! ¡Todo el poder político y económico a los trabajadores venezolanos!
El primer punto es hacer frente a la ofensiva del imperialismo defendiendo incondicionalmente la revolución venezolana. La caída del gobierno de Nicolás Maduro sería el primer paso para instaurar de hecho una dictadura fascista en Venezuela, a pesar de que el imperialismo norteamericano y europeo trataría de embellecerla dándole credenciales democráticas. Es lo que han hecho en el pasado y ahora hacen con el régimen criminal de Al Sisi en Egipto (recientemente el ministro de Industria Soria viajó a El Cairo a dar un apoyo entusiasta a sus reformas) o el régimen ucraniano. Es por ello que los trabajadores y jóvenes del Estado español debemos posicionarnos en contra de esta campaña y señalar la verdad de lo que sucede en Venezuela.
La declaración de Venezuela como una amenaza para la seguridad nacional de EEUU por parte del gobierno de Obama a la que hacíamos referencia al principio no es un tema baladí. El imperialismo está a la ofensiva en todo el continente, como se está viendo con la también creciente hostilidad hacia el gobierno de Cristina Kirchner. El peligro de la contrarrevolución es muy real y el debate sobre el programa a adoptar para hacerle frente adquiere en estos momentos un carácter urgente. Para combatir de manera eficaz y contundente el peligro del golpismo y el sabotaje económico es fundamental expropiar a los capitalistas y entregar el poder político a las masas, extirpando todos los focos de reacción existentes en el apartado estatal. Y para avanzar por este camino, para completar la revolución, es necesario romper la resistencia de la burocracia reformista que anida en el seno del aparato del estado y del PSUV, y que constituye la otra pata sobre la que se sostiene la contrarrevolución capitalista. Esta naciente burocracia corrupta, que tiene miles de negocios y contactos con la derecha y los capitalistas la socava desde dentro y amenaza con pudrirla. Se llena la boca hablando de socialismo y revolución, se golpea el pecho cada vez que se menciona a Chávez, al mismo tiempo que se hace millonaria y trata de elevarse por encima del pueblo para frenar la revolución, preparando su derrota.
¡Ni impunidad con los golpistas ni concesiones o acuerdos con otros sectores de la burguesía! La experiencia está demostrando que no hay terceras vías, que la revolución no puede quedarse a medias. Las concesiones que el gobierno bolivariano ha hecho a la oposición durante el último periodo lejos de apaciguarla le ha dado nuevos bríos y más seguridad en sí mismos para acometer un nuevo asalto al poder. Y la revolución tiene que aprender esta lección. Todos los golpistas, corruptos y especuladores deben ir a la cárcel. Pero, además, para acabar con la especulación, expoliación y el sabotaje económico, y resolver los problemas que sufre el pueblo (inflación, desabastecimiento, corrupción, burocratismo…) hay que expropiar al conjunto de los capitalistas. Al mismo tiempo es imprescindible acabar con la quinta columna de burócratas y corruptos que sabotean la revolución desde dentro, minando la moral de las masas. El conjunto de la economía y el Estado deben estar bajo administración directa de los trabajadores. Sólo así derrotaremos definitivamente a los contrarrevolucionarios y haremos realidad el socialismo.
¡Cárcel para los golpistas, especuladores y corruptos!
¡Defender la revolución exige que todo el poder político y económico pase a manos de los trabajadores!
