El capitalismo no perdona y en su afán de obtener la mayor tasa de ganancia posible es capaz de trasformar en un jugoso negocio la vida y muerte de la clase trabajadora, misma que estruja todos los días en las fábricas para obtener plusvalía.

En ese marco se explica el proceso de privatización gradual y firme del sistema de salud pública, por medio de diferentes reformas a las leyes del IMSS e ISSSTE, y mediante el recorte del presupuesto. Tan solo entre 2011 y 2013 se recortó un tercio del gasto destinado a esas instituciones.

El boquete abierto al gasto público en salud generó un déficit en la capacidad de atención de instituciones como el IMSS y el ISSSTE que favoreció la creación de un mercado para la salud privada con un valor de 24 mil millones de dólares anuales según cifras del 2011. Cientos de miles de familias que no pueden acceder a los servicios de salud pública se ven obligados a llevar sus escasos recursos a las arcas de los servicios privados.

Otra forma con la que han beneficiado a los empresarios, es mediante la subrogación de servicios médicos. Alegan que es un recurso para tratar de compensar la escases de infraestructura y equipamiento médico de la red sanitaria pública. El negocio que de ello es resulta es más que rentable. El IMSS erogó por este concepto en 2014 unos 6 mil 500 millones de pesos y se espera que esa cantidad al finalizar 2016 sea de ¡10 mil 500 millones de pesos!

Y el negocio ahí no para, tan solo las compras al sector privado de medicamentos y materiales de todo el sector salud público en 2011, fue de 300 mil millones de pesos.

Sus eufemismos no nos engañan

Si bien es cierto que los operadores políticos para la aplicación de todas esas medidas han sido los gobiernos del PRI y del PAN, ellos solo han sido los esbirros al servicio de los magnates del sector agrupados en la Fundación Mexicana para la Salud (FUNSALUD). Esta agrupación fue creada a principios de los años 80 del siglo pasado, para impulsar acciones tan profundas como la descentralización del sector salud en 1985. Esta “…mutiló los presupuestos de las instituciones de salud, cuyas repercusiones fueron la disminución de unidades, servicios, personal y consultas médicas, lo que provocó un debilitamiento de la atención médica y la precarización de las condiciones laborales” (Proceso en línea, 4 de julio de 2016).

El objetivo sobre el que ahora están trabajando es la creación del Sistema Universal de Salud, mismo que ya cuenta con el aval de Peña Nieto a través del “Acuerdo Nacional Hacia la Universalización de los Servicios de Salud”, signado el 8 de abril pasado.

La medida consiste en homologar los servicios de las diferentes instituciones públicas de salud para que toda la población, asegurados y no asegurados, tengan acceso a los servicios que estas ofrecen, derivando en un fondo único para el presupuesto de todo el sector de salud pública y en la creación de un impuesto generalizado de salud. Así, dada la incapacidad del IMSS, del ISSSTE, etcétera, para atender a los millones de mexicanos no asegurados (el 40% de la población del país) esa medida forzaría la canalización de millones de pacientes a clínicas y hospitales privados los cuales recibirían miles de millones de pesos anuales de parte del estado por “brindar” sus servicios.

De ese modo la universalización de los servicios de salud se traduciría en una nueva y generosa derrama de recursos públicos para los grandes consorcios hospitalarios privados, los cuales provendrían del bolsillo de las familias trabajadoras a través del impuesto generalizado que se crearía para fondear esa iniciativa.

Expropiar la medicina privada

La política de salud del estado a lo largo de las últimas tres décadas se ha traducido en el desmantelamiento, parcial pero grave, del sistema de salud pública a costa del bienestar de las familias trabajadoras; a cambio los empresarios ha hecho jugos negocios.

De aplicarse la “universalización”, el IMSS y el ISSSTE quedarían en una situación todavía más precaria, pues el presupuesto que deberían de recibir, incrementado año con año, ahora se fugaría a los hospitales privados. De ahí que tengamos casos tan aberrantes como hospitales sin jeringas, alcohol y gasas.

Es por ello que levantar una resistencia tenaz contra la privatización de la salud pública, exigiendo el incremento significativo del presupuesto, junto con el respeto pleno de los derechos laborales y sindicales de todo el personal médico, técnico, admirativo y de apoyo de esas instituciones. Debemos pugnar por la expropiación, bajo el control de los trabajadores, de las grandes corporaciones farmacéuticas y hospitalarias que han lucrado por años a través de las privatizaciones y subrogaciones, con la vida y la muerte de las familias trabajadoras. Sólo de esa manera será posible asegurar una cobertura médica universal en condiciones dignas y de calidad para los trabajadores, el campesinado pobre y sus familias.