Si queremos entender el fenómeno del narcotráfico, vale la pena observar su accionar completo, que incluye trata de personas, piratería, tráfico de armas, robo de minerales, servicios de protección armada, contrabando de bienes legales y delitos cibernéticos. De hecho, el tráfico de drogas ilegales hace mucho tiempo que dejó de ser la mayor fuente de ingresos del crimen organizado.

Pero hay algo en lo que coinciden. Tal parece que, tanto el consumo de sustancias psicotrópicas como la organización de los hombres para cometer crímenes, han acompañado a la humanidad desde sus inicios. En la llamada “cuna de la civilización”, Mesopotamia, hay vestigios de producción de cerveza. También hay datos suficientes para suponer que las primeras comunidades humanas sufrieron ataques y saqueos por parte de otros grupos. Más aún, en la Odisea se glorifica que Ulises inicie su retorno a Ítaca, saqueando ciudades y tomando mujeres.

Sin embargo, las bandas de criminales de la prehistoria y de los primeros registros históricos no se iniciaron con el tráfico de drogas, sino con el saqueo de bienes de comunidades y el secuestro y violación de mujeres. Los grupos de saqueadores prehistóricos evolucionaron a los primeros ejércitos de conquista; lo que les dio legitimidad o, al menos, el poder vicario de reyes y caciques.

No son pocos los delincuentes organizados que consiguieron apoyo de los gobiernos. Un ejemplo notable son los corsarios, piratas que asaltaban de manera impune barcos españoles en el Atlántico, gracias al patente de Corso que les había conferido la corona inglesa. Nuevamente, los delincuentes adquirían legitimidad o impunidad si ejercían su violencia contra los enemigos del poder establecido.

Y este es el pilar central de los grupos criminales. Si sirven al poder, sobreviven y, como en el caso de algunos corsarios, llegan a ostentar títulos nobiliarios o a convertirse en respetables empresarios. Este uso de los delincuentes para ejercer violencia sobre los enemigos del poder ha ocurrido generalmente cuando el poder necesita reprimir sin ser visto. Como fue el caso de los corsarios.

En Latinoamérica y otras regiones pobres del planeta, la violencia contra el pueblo era ejercida directamente por los oligarcas o por el gobierno, como una forma de demostrar su poder. Caciques, reyes y algunos dirigentes religiosos querían que los débiles supieran quien mandaba, para que no se les ocurriera sublevarse. Para aumentar su efectividad y disuadir intentos de oposición, esta violencia se ejercía no sólo contra los opositores y enemigos, sino contra quien fuera sospechoso, a los ojos de la autoridad, de contravenir cualquier regla emitida; así ese supuesto quebrantamiento no afectara sensiblemente el esquema de dominación y de explotación. Así, la historia ha visto a judíos, homosexuales, mujeres y pensadores, castigados de manera injusta y desproporcionada.

En el caso particular de México, las estructuras de dominación heredadas de la invasión española permitían a hacendados, caciques, jefes políticos y militares, ejercer su violencia contra enemigos y pueblo sin mayor problema. En la posrevolución, dentro de la creación del estado mexicano actual, se buscó remplazar estos ejércitos particulares con fuerzas armadas oficiales. En algunos casos funcionó y en otros estos cuerpos armados fueron convertidos en guardias pretorianas de los funcionarios oficiales y caciques locales. Por ejemplo, a cambio de proteger al presidente municipal, la policía local podía ganar dinero robando y extorsionando a los pobladores. En zonas más alejadas o con mayor tradición de armas, el ejército era el que “cuidaba” el orden y tenía permitido cometer algunos delitos contra la población. Estos abusos servían, como en al caso de la violencia ejercida décadas antes por hacendados y caciques, para mantener controlada a la población. Tal como antes, no hacía falta levantarse o protestar contra el orden establecido para ser víctima de esa violencia. En un esquema de dominación, el dominador debe demostrar y ejercer su poder de manera continua e indiscriminada sobre el dominado, para que éste no olvide su condición y no se atreva a levantar su voz.

Frente a los movimientos sociales de los cincuentas y sesentas, el gobierno mexicano no dudó en usar al ejército para reprimirlos, como fue el caso en otros países latinoamericanos. Sin embargo, las bestialidades cometidas por muchos ejércitos latinoamericanos, llamaron la atención de un mundo en vías de globalización, por el tema de los derechos humanos. Para evitar esta exposición ante las “buenas consciencias” del imperio gringo y de los banqueros internacionales, los gobiernos latinoamericanos y de otros países subdesarrollados empezaron a echar mano de los grupos paramilitares, cuyo origen nos regresa a los ejércitos particulares de hacendados y caciques.

Cuando por diversas razones los paramilitares fueron ineficaces en la represión del pueblo (porque se descubrían sus nexos con el gobierno, o porque se salían de control), las oligarquías voltearon hacia grupos muy similares: los narcotraficantes.

En el caso mexicano, la venta local de drogas ilegales fue un negocio marginal durante décadas. Su consumo era mínimo. El negocio era la exportación a Estados Unidos, tanto de marihuana como de amapola, la planta que se empezó a cultivar extensamente en Sinaloa a pedido del gobierno gringo cuando la guerra de liberación de Vietnam les cerró la ruta de la heroína para sus soldados. Los narcotraficantes de entonces eran grupos armados, pero no más que los asaltantes de bancos y, para mover su producto hacia la frontera norte, pagaban sobornos al ejército, a la policía y a funcionarios. Sus disputas eran internas, por rutas y cargamentos de drogas robados. Sin embargo, ante del auge de las exportaciones de drogas ilícitas a Estados Unidos, su poder económico creció y con ello su capacidad de fuego.

Extrañamente, o no tanto, el gobierno mexicano no hizo mucho por limitar su poder. Más aún, se les permitió tomar control territorial de algunas zonas del país; rurales primero y urbanas después ¿Por qué habría el estado de ceder lo primero que le interesa a un gobierno, el control territorial? Porque los narcotraficantes estaban armados y eso los hacía útiles al gobierno represor. Ya no necesitaban ejercer la dominación sobre el pueblo a través del ejército nacional o de las policías locales. Había cuerpos armados que podían aplicar la violencia sobre la población sin llamar las miradas al imperio o a los banqueros internacionales, sin mancharse las manos.

Se les permitió crear sus propios ejércitos, incluso a partir de los elementos armados del estado, como los Zetas (no existe prácticamente un seguimiento de los que abandonan el ejército o las policías, aunque es muy probable que se enrolen en el crimen organizado). El gobierno mexicano no es el único que opera una puerta giratoria entre el crimen organizado y las fuerzas armadas oficiales. Al caer la Unión Soviética, muchos de los espías cibernéticos de la KGB fueron contratados por la mafia rusa para atacar redes de empresas y extorsionarlas. Al llegar Putin al poder, recontrata a sus compañeros hackers y ejecutan la primera guerra cibernética contra Ucrania, hace unos diez años.

A los narcotraficantes mexicanos se les cedió control territorial incluso en colonias de las ciudades más importantes. En Sedesol nos comentaron hace unos 6 años que, en algunas zonas del país, se tenía que pedir permiso al crimen organizado para que los promotores de esta secretaría hicieran su trabajo en las comunidades. También se permitió que algunas empresas depredadoras del ambiente los “contrataran” como grupos de seguridad y de choque. Por ejemplo, muchos ambientalistas han muerto a manos del crimen organizado, cuando la afectada era una minera. A cambio, cerca del puerto de Lázaro Cardenas, enormes jales de mineral robado esperaban el momento apropiado para ser exportados ilegalmente.

Poco a poco, se les permitió extender sus líneas de negocio a otros delitos, en asociación con grupos criminales de otros países. Pronto, las ganancias por el tráfico de estupefacientes fueron superadas por las del tráfico de personas. Los grupos criminales se trasnacionalizaron, y comenzaron a operar una gran variedad de delitos en los que los narcóticos son cada vez menos importantes.

Se calcula que las ganancias del crimen organizado representan al menos el 10% de los activos monetarios del sistema financiero mundial ¿Cómo se pudo llegar a esto? Porque el crimen organizado es una expresión más del capitalismo: son empresas trasnacionales que generan plusvalía. Si Philip Morris hace dinero a costa del enfisema pulmonar, el crimen organizado lo hace a costa de los migrantes, de las mujeres e infantes víctimas de prostitución, de los consumidores de drogas ilegales, de inundar los mercados pobres de productos de mala calidad, de extorsionar, de secuestrar, de robar dinero en Internet. La penalización de las drogas les da ganancias, pero cada vez menos representativas.

Y tienen una ventaja sobre Coca-Cola o las farmacéuticas. Los grupos criminales también sirven para afianzar los esquemas de dominación y de control, a través del uso indiscriminado y dirigido de violencia, según la oligarquía y el capitalismo lo necesiten. Esto debe preocuparnos, pues su poder se ha incrementado por la diversificación de delitos y de su asociación con los Estados y las oligarquías.

El crimen organizado comparte al menos dos intereses con el capitalismo: la acumulación de riqueza y la dominación de los otros. Por eso, no es anulado por el estado; al contrario, el poder ha buscado negociar con ellos.

En México hemos vivido un crecimiento del poder de los grupos criminales desde la crisis de los ochenta. El Estado no ha limitado este crecimiento porque se ve beneficiado y no sólo a nivel individual con sobornos, sino con el dinero que los criminales han vertido en la economía, tanto en la informal como en la bancarizada; y, no olvidemos, con el ejercicio de violencia sobre la población, con el refuerzo del esquema de dominación.

Según los expertos en esta materia, el crimen organizado se apoya en 4 pilares: capacidad financiera, capacidad de fuego, corrupción y base social.

Indudablemente, la capacidad crucial es la financiera, pues les permite comprar armas, pagar sicarios, policías y funcionarios, así como presentarse como salvadores de poblaciones marginadas para reforzar e incrementar su base social. Los estados nacionales han fallado en limitar su capacidad financiera, a pesar de que el mayor porcentaje del dinero del crimen organizado se mueve en la economía bancarizada; o quizás por eso mismo. Sacar de la circulación entre el 10 y 20 por ciento de los recursos financieros causaría un colapso en los sistemas de pagos, tanto en el internacional como en los de los países capitalistas.

Un pilar que los expertos capitalistas no mencionan es la delegación del ejercicio de la violencia por parte de los gobiernos; particularmente los de países subdesarrollados con movimientos sociales importantes. Esta suerte de simbiosis los hace útiles, necesarios para el sistema. Forman parte de la estructura de dominación y de control del capitalismo.

Desde la Izquierda Revolucionaria demandamos eliminar las estructuras financieras del crimen organizado para quebrantar su poder de fuego, de corrupción y su atracción social. Pero también debemos luchar contra la violencia que ejercen contra la población. Alentar la autogestión en las comunidades y barrios marginados, así como mostrar al pueblo que los criminales organizados no son benefactores, sino todo lo contrario, parte importante, la más violenta, del sistema de opresión. Es fundamental cubrir las necesidades más básicas de la población, así como entornos de desarrollo personal y comunitario que hagan innecesario el “apoyo” del crimen organizado, es por eso que la lucha contra el narcotráfico va intrínsecamente relacionada con la lucha contra el capitalismo, cualquier esfuerzo menor se verá totalmente aplastado.

Cerraré comentando una anécdota: antes de la pandemia, convoqué a los vecinos para acopiar firmas y buscar la pavimentación de las calles del barrio. Mientras esperaba, llegó un viejo enjuto en bicicleta preguntando por alguien que no vivía allí. Como pude lo corté para que se fuera. Traía una gorra que decía “Sinaloa” y una hebilla con una hoja de marihuana y dos AK-47 enmarcándola. A diferencia de mis años mozos, no llegó la policía municipal ni los judiciales a disuadirnos de cancelar la asamblea. Ni siquiera taloneros a espantar a las señoras. Hoy, eso lo puede hacer el crimen organizado.