Nosotras, nosotros, académicos, organizaciones, colectivos, movimientos de diversas partes del país, manifestamos nuestra profunda preocupación y rechazo contra la imposición de la autopista Toluca-Naucalpan y el decreto presidencial emitido el pasado 9 de julio por Enrique Peña Nieto, dando pie a la expropiación de 37,9386 hectáreas de tierras de “agostadero de uso común de la comunidad San Francisco Xochicuautla y su barrio La Concepción”, en el municipio de Lerma, Estado de México.

A todas luces, esta medida autoritaria busca garantizar la inversión multimillonaria para la construcción de la autopista Toluca-Naucalpan que actualmente realiza la Constructora Teya, una empresa subsidiaria del Grupo HIGA (la misma que ha participado en el escándalo de la Casa Blanca, la casa en Malinalco de Luis Videgaray, secretario Hacienda, el fallido tren México-Querétaro y el acueducto Monterrey VI).

Adicionalmente al decreto expropiatorio, el pasado 23 de junio arribó al territorio de Xochicuautla la maquinaria pesada acompañada de la fuerza policiaca para destruir cientos de metros de cultivos, casas, lugares sagrados y bosque, con el fin de continuar la construcción. A partir de esa ofensiva, la comunidad instaló un Campamento de la Paz y la Digna Resistencia, con el acompañamiento de defensores de derechos humanos y diversas organizaciones de la sociedad civil.

De modo que este decreto se impone y se suma a la larga lista de irregularidades para legalizar y consagrar el despojo. Pese a la oposición y una larga resistencia de 8 años de las comunidades indígenas de Xochicuautla agrupadas en el Frente de Pueblos en Defensa de la Madre, el gobierno desprecia la determinación de la gente y desconoce cada uno de los procedimientos jurídicos que han interpuesto los opositores a esta gran obra.

Por otra parte, en el decreto se plantea que la comunidad ha sido consultada, lo que no sólo no ha ocurrido, sino que además ha habido falta de información, imposición y utilización facciosa de la justicia, manipulación y la organización de una estrategia de intimidación, criminalización y represión sobre los habitantes de la región. Con lo que claramente se ha violado el derecho a la consulta libre, previa, informada, adecuada y de buena fe, consagrado en el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT). Además de la violación flagrante del derecho del pueblo otomí a decidir sobre su territorio y sus modos de vida.

Estas acciones de despojo, múltiples y sostenidas, han sido posibles por un tipo de política que, desde el Estado, ha asegurado las condiciones materiales para la reproducción del capital, para el enriquecimiento acelerado de algunos y el empobrecimiento generalizado de muchos. Así se han establecido y consagrado marcos jurídicos que garantizan privilegios a los menos y regulaciones legales que sancionan la apropiación privada de lo público y el despojo sistemático de lo común. La violencia sistemática, a veces difusa y cada vez con más frecuencia brutal y aplastante ha sido la vía para someter y subordinar cualquier resistencia social.

La premura y cinismo con la que se está imponiendo este multimillonario proyecto corresponde con el interés de conectar el norponiente de la Zona Metropolitana de la Ciudad de México con el Aeropuerto de Toluca, administrado mayoritariamente por la otra gran beneficiaria del gobierno de Enrique Peña Nieto, la española OHL. Todo esto acompañado de la destrucción de tierras de cultivos y bosques, para el desarrollo industrial e inmobiliario para el emprendimiento de un club de golf y fraccionamientos residenciales, con los que se ampliará la opulenta zona de Santa Fe, al poniente de la Ciudad de México.

Diversas voces han argumentado y cuestionado la utilidad pública de este gran emprendimiento, en tanto, existen suficientes rutas que conectan el valle de México con el de Toluca y su aeropuerto. Más bien, este proyecto es el anuncio de futuros despojos para abrir nuevos espacios de negocios para Peña Nieto con el Grupo HIGA y OHL.

Con esta nueva ofensiva y esta autoritaria medida nos encontramos en un momento de emergencia, se está fijando un grave precedente no sólo para las comunidades de Xochicuautla, sino en general para todas las luchas que en México están enfrentando algún megaproyecto de despojo de los bienes comunes naturales.

En particular, este megaproyecto está poniendo en grave riesgo la destrucción del bosque otomí- mexica y su significado para la captura de carbono, para la conservación de la biodiversidad, su cultura como pueblo indígena y la captura de agua, la cual es enviada, en parte, para el abasto urbano de la ciudad de México.

Por todo lo anterior, exigimos al gobierno del Estado de México y al Gobierno Federal, cancelen oficial y definitivamente el proyecto carretero Toluca-Naucalpan y deroguen el decreto expropiatorio en San Francisco Xochicuautla.

Condenamos la acción de las empresas constructoras, que favorecidas por la inversión gubernamental se convierten en las nuevas invasoras coloniales de los territorios indígenas.

Llamamos a la sociedad civil nacional e internacional a integrar la Plataforma de apoyo nacional e internacional a Xochicuautla y al Frente de Pueblos Indígenas en Defensa de la Madre Tierra, a conocer su digna resistencia y apoyar el Campamento que han instalado para detener la acción de la maquinaria que destruye el bosque, sus arroyos y a la propia comunidad, destrozada por el trazo carretero.

Hoy, a San Francisco Xochicuautla, les decimos: No están solos. Hermanos, hermanas del Consejo Supremo Indígena y del Frente de Pueblos Indígenas en defensa de la Madre Tierra. Su lucha es la nuestra, que cuida a la naturaleza, a los pueblos y a sus culturas. Que cuida el agua y los bienes que provee el bosque. Su lucha es la de todas y todos quienes vemos la catástrofe que está provocando la avaricia por la máxima ganancia, disfrazada con discursos de desarrollo. Su lucha es la lucha de todas y todos quienes en todo México y América Latina resisten a quienes extraen, despojan, contaminan, destruyen, privatizan. Su lucha hermanos y hermanas es la defensa de la vida contra los proyectos de muerte y esa lucha cada día se convierte en la prioridad de todas y todos. La suya es una lucha por la vida, y en ella, como en otros 200 lugares en todo el país, se defiende el territorio, los bosques, el agua, la tierra pero también la esperanza de detener esta larga noche del dinero y del poder. Hoy en San Francisco Xochicuautla, se defiende la vida y nosotras, nosotros, somos parte de esa lucha. La vida, siempre la vida, se abrirá paso frente al poder y el dinero. San Francisco Xochicuautla y su digna resistencia es la vida misma defendiéndose para construir un mundo nuevo.

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