El resultado del constante deterioro del IMSS y del sistema de salud público en su conjunto ha sido la privatización paulatina de los servicios médicos a costa del dramático incremento de la muerte de niños y adultos por enfermedades curables. Los grandes consorcios empresariales de la salud han transformado la vida y la muerte de millones de mexicanos en un jugoso negocio, ello al amparo del Estado burgués.
No obstante el deterior del IMSS y la situación límite a la que lo han llevado las políticas privatizadoras, la rapiña empresarial ha considerado que aún no es suficiente y que es necesario continuar con los recortes presupuestales y otra clase de contrarreformas para estrangularlo. Consecuente con esos objetivos, tanto Peña Nieto como el director general del IMSS, José Antonio González Anaya, están preparando una contrarreforma hacia la salud pública, la cual, de aprobarse, significaría el desahucio y en los hechos la condena a muerte para cientos de miles de pacientes que padecen alguna enfermedad crónico-degenerativa.
Por mencionar un ejemplo, nuestro país se encuentra entre los diez primeros del mundo con la mayor problemática en relación a la diabetes: el 15% de los mexicanos padece éste mal, mismo que se incrementa como factor de mortalidad en un 3% anual. La atención a la población que vive con diabetes tiene un costo anual para el sistema de salud de 85 mil millones de pesos; siendo ello así, de imponerse la contrarreforma sobre el IMSS, querría decir que en adelante esos millones de pesos tendrían que ser asumidos directamente por los derechohabientes, derivando en el incremento significativo de muertes por diabetes dada la pobreza en la que vive la mitad de los mexicanos. El ejemplo anterior es válido para todos los pacientes del IMSS que padecen alguna enfermedad crónica.
Los empresarios, de la mano del gobierno, se alistan para sacarle el mayor provecho a la contrarreforma de la salud. Las empresas de seguros ya han propuesto al gobierno federal “ofrecer la oportunidad” a los afiliados al IMSS, principalmente trabajadores de clase media y media alta, de pagar una póliza de seguro médico en vez de una cuota al Seguro Social para recibir atención en clínicas y hospitales particulares.
Por lo dramático de los resultados que podrían atraer esta contrarreforma, es necesario que todos, trabajadores y derechohabientes, impulsemos acciones para frenar los planes de Peña y los empresarios. Los inscritos en el IMSS podemos desempeñar un papel de primer orden: las cifras oficiales publicadas en junio de este año, señalan que los trabajadores afiliados a dicha institución ascienden a más de 17 millones, derivando ello en un universo de aproximadamente 60 millones de asegurados en esta institución. Se trata de un gigantesco ejército de hombres y mujeres que si se organizara, incluso de manera parcial, no habría poder humano capaz de frenarlo. Ese potencial ejército se tiene que hacer sentir por medio de la conformación de comités de derechohabientes en cada Unidad Medico Familiar del IMSS, guiados por un programa de lucha en el que se llame a la movilización unificada y en el que se demande el cese de todas las políticas privatizadoras de la salud, además de exigir el incremento sustancial del presupuesto para todo el sistema de salud pública.
Peña Nieto y los empresarios lucran con la vida y la muerte de los trabajadores y sus familias, nuestro deber ante ello es luchar por derrocar al actual gobierno y expropiar toda la red de atención médica privada para ponerla al servicio de la clase trabajadora.
