La noche del pasado 26 de septiembre se cumplieron 7 años de la desaparición forzada de nuestros compañeros normalistas de la Escuela Normal Rural “Raúl Isidro Burgos” de Ayotzinapa, Guerrero.

El “Caso Iguala” fue un ataque armado, perpetrado en contra de los compañeros normalistas durante el sexenio de Enrique Peña Nieto, en el cual participó la Policía municipal, el Ejército y el crimen organizado, terminando con la vida de, al menos, 3 normalistas, 40 personas lesionadas y la desaparición forzada de los 43 normalistas.

Nuestros compañeros no habían cometido ningún delito, luchaban por el derecho y defensa de la educación pública. Su lucha se debía y debe a que las Normales Rurales son las que más reciben represión estatal y federal, reducción de presupuesto, privatización, acoso, disminución de las matrículas, desmantelamiento y cierre de planteles, lo que se traduce a tener cada vez menos estudiantes y por consecuencia, menos docentes.

La “verdad histórica”, una mentira más del gobierno de Peña Nieto

El caso Ayotzinapa, fue un hecho que conmocionó al país y expuso, una vez más, la podredumbre, represión y corrupción del PRI y de Enrique Peña Nieto en su sexenio, trayendo consigo el repudio de millones de trabajadores, campesinos y estudiantes por todo el país.

“Esta es la verdad histórica de los hechos, basada en las pruebas aportadas por la ciencia, como se muestra en el expediente, y que ha permitido ejercitar acción penal en contra de los 99 involucrados, que han sido detenidos hasta hoy”, dijo Jesús Murillo Karam, el 28 de enero del 2015 en un reporte de la extinta PGR, cuatro meses después de la desaparición y en medio de una fuerte presión tanto en el país como en el extranjero, luego de que un informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos indicara que no había evidencia de que 43 cuerpos hubieran sido incinerados en el basurero de Cocula, Guerrero.

En aquella conferencia se aseguró que las pruebas eran contundentes y no dejaban lugar a duda que el ex presidente municipal de Iguala, José Luis Abarca Velázquez, su esposa María de los Ángeles Pineda Villa y Sidronio Casarrubias Salgado eran los líderes de la organización criminal “Guerreros Unidos” y ordenaron a los policías de la localidad entregar a los estudiantes a un grupo de sicarios.

Tras años de lucha y resistencia, de movilizaciones mes tras mes, el movimiento que encabezan los Padres y Madres de los 43 obligó al gobierno de AMLO a crear la “Comisión para la verdad y el acceso a la justicia”, en la cual el presidente se comprometió a esclarecer los hechos ocurridos, obtener la verdad, saber dónde se encuentran los 43 normalistas y castigar a los responsables.

La lucha por la presentación con vida de nuestros compañeros ha sido muy combativa y acogida a lo largo de estos 7 años, pues en cada marcha, encabezada por las madres y padres de los normalistas, se han unido contingentes estudiantiles, el magisterio, trabajadores, campesinos, indígenas y demás pueblo pobre.

A través de ello hemos desenmascarado la ineficiencia, mentiras y complicidad de la extinta PGR y del gobierno de EPN, dejando impunes a los agresores, colaborando con ellos y demostrando que, sin duda, se trató de un crimen de Estado.

Sólo a través de esta presión política sale a la luz lo que ya todos sabíamos: “la verdad histórica” fue confeccionada con pruebas fabricadas, falsificación de telefonemas anónimos, la tortura se utilizó de manera generalizada y se manipuló evidencia para que cuadraran las supuestas investigaciones y se trató de cerrar el caso en días, todo esto para frenar la caída estrepitosa del gobierno de EPN y sosegar el levantamiento político dentro de la juventud que rápidamente se extendía a otros sectores.

Las investigaciones recientes, dejan clarísimo que los compañeros no tenían nada que ver con el crimen organizado como se difundió en muchos medios bajo dominio del Estado. Exigimos limpiar su nombre y castigo a los medios que difundieron tan atroz desinformación con el objetivo de desacreditar y criminalizar su lucha.

A pesar de estos avances medios y que, de un total de 89 órdenes de aprehensión que se han girado, 49 ya han sido cumplimentadas; sectores del gobierno de AMLO siguen sin romper los acuerdos de silencio y complicidad con las Fuerzas Armadas, un sector clave en lo ocurrido. Ejemplo al respecto es la liberación del General Cienfuegos, una y otra vez el Estado se ha rehusado a hacer las averiguaciones correspondientes al Ejército, y funcionarios de alto rango siguen sin ser detenidos como Tomas Cerón de Lucio que sigue prófugo.

Exigimos destituir y sancionar a todo funcionario público y militar que participó y obstaculizó la justicia, cometiendo violaciones a derechos durante la investigación, demandamos la aceleración de las entregas de datos a las instituciones de seguridad e inteligencia, basta de encubrimientos y de limpiarle la cara al Ejército ¡Ellos también son culpables!

No estamos todos, nos faltan 43 y más

Sabemos que el cambio de gobierno por sí solo no resolverá el caso, se debe seguir haciendo presión y continuar en pie de lucha para que no haya omisión, complicidad y abandono en el caso nuevamente.

El caso de nuestros compañeros normalistas es una muestra más de la represión a la que nos enfrentamos la juventud que nos organizamos en contra de la privatización de nuestras escuelas y en defensa de la educación pública. La criminalización y ataque hacia las normales rurales persiste, los casos de represión en Mactumactzá, Chiapas; Teteles, Puebla y las de Cherán, Arteaga y Tiripetío en Michoacán son muestra de ello.

Lamentablemente AMLO se ha dirigido al movimiento normalista criminalizando. Reclamamos que se recapacite, que no se voltee a ver otro lado, el movimiento normalista exige audiencia para que de viva voz de sus protagonistas y afectados, escuche sus demandas y ponga un alto a los ataques sufridos desde los gobiernos estatales y se comprometa a: aumentar el presupuesto, mejorar la infraestructura, contratar plantilla docente completa, aumentar la matrícula, eliminar exámenes de selección y proporcionar de plaza de docente al término de sus estudios.

Como dicen los padres de los 43 ¡No bajemos la guardia! No creemos en su justicia, ni en sus instituciones. Este caso, sin duda, es una prueba para el gobierno de la 4T, para que se deje de discursos y buenas intenciones pasando a los hechos concretos, de lo contrario, su destino será el mismo que el de los gobiernos anteriores.

Desde el Sindicato de Estudiantes estamos convencidos que sólo con la lucha del pueblo trabajador y la juventud se podrá lograr un cambio verdadero, verdad y justicia para nuestros compañeros normalistas y demás desaparecidos, ¡Porque vivos se los llevaron, vivos los queremos!

In memoriam  

Julio César Ramírez, presente, ahora y siempre 

Julio César Mondragón, presente, ahora y siempre

Daniel Solís Gallardo, presente ahora y siempre

Alexander Mora, presente ahora y siempre

Jhosivani Guerrero de la Cruz, presente ahora y siempre

Christian Alfonso Rodríguez, presente ahora y siempre

¡Ayotzinapa vive, la lucha sigue!

¡No es un hecho aislado, es un crimen de Estado!