Este 26 de septiembre se cumplen 9 años del crimen de Estado contra los estudiantes de la Escuela Normal Rural Isidro Burgos de Ayotzinapa, Guerrero, donde 43 compañeros fueron víctimas de desaparición forzada y tres más asesinados.

Los hechos ocurridos en la noche del 26 y madrugada del 27 de septiembre en Iguala, Guerrero, han sido confirmados por el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) como un delito donde todas las corporaciones del Estado tienen implicación y responsabilidad, desde las policías locales, estatales, federales, ejército hasta los aparatos de inteligencia como el desaparecido Centro de Investigación y Seguridad Nacional (CISEN). Este último no sólo estuvo presente cuando transcurrieron los hechos, sino que participó en los interrogatorios, en las torturas y tienen información, por tanto, Osorio Chong ex secretario de gobernación de EPN - actual senador del Congreso de la Unión - estaba enterado de todo.

Las investigaciones realizadas por el GIEI desde 2020 no sólo confirman la colusión del Estado con el crimen organizado en la desaparición de los estudiantes sino que fortalece con clara evidencia que los que saben que ocurrió y dónde se encuentra el paradero de los 43, es el Ejército, deshaciendo “la verdad histórica” impuesta por Peña Nieto a través de su ex procurador Jesus Murillo Karam (detenido y bajo proceso penal), el ex Secretario de la defensa Nacional Salvador Cienfuegos (libre e impune) y el director de la Agencia de Investigación Criminal, Tomás Zerón, prófugo y protegido por el Estado de Israel, y de quien se tiene evidencia “interrogando” a personas usando la tortura como método de confesión y obtención de información.

Una disposición insuficiente y la evasiva autodestructiva  

Si bien el gobierno actual ha tenido otro precepto político como se ha visto con la creación de nuevos mecanismos como la fiscalía especial o la comisión de la verdad del caso, la convocatoria al GIEI, y la respuesta positiva por parte del Presidente a la demanda del grupo y de los familiares a la apertura de archivos militares, y otras gestiones claves frente a altas autoridades del Estado desde SEDENA o Marina, no ha sido suficiente y ha llegado a su límite permitido por parte de las fuerzas del Estado en la investigación.

La madres y padres junto con el GIEI han insistido en avanzar en la investigación, pero hay información falsa o adulterada en los archivos, y ante solicitudes claves de información el Estado está respondiendo con claras mentiras, como es el caso del Centro Regional de Fusión de Inteligencia (CRFI) que asegura fue creado en 2015 cuando el GIEI tiene archivo físico y real que demuestra que están activos desde marzo de 2014.  

También los familiares están denunciando que la información entregada por los militares ha sido parcial, que está habiendo ocultamiento y clara obstrucción, un ejemplo es el papel de la FGR cuando se giraron 16 órdenes de captura con pruebas y estas no se llevaron a cabo, denunciando que el Fiscal General Alejandro Gertz Manero está protegiendo a los responsables. En los hechos se ha tratado de obstaculizar o desviar la investigación. Se ha presionado a autoridades gubernamentales y de la fiscalía, para no seguir adelante o dejar de investigar a personas sobre cuya responsabilidad hay evidencias significativas.

Ante estos cuestionamientos AMLO plantea que no comparte dichos señalamientos, que se terminaron los tiempos de la impunidad, del narco estado y las desapariciones forzadas, sin embargo, esto corresponde a una óptica muy cerrada y alejada de la realidad que viven las familias de los 43, desde su concepción muy personal e individual no existe esa actuación por parte de su régimen, no obstante las Instituciones del Estado que él preside no han sido depuradas, el Estado sigue con esas prácticas porque son inherentes a él.

En aras de seguir limpiando el prestigio del ejército, AMLO se excusa en que son algunos elementos los que ocultan la verdad, y no las instituciones en su totalidad, debido a que en él está basando gran parte de su gobierno y su proyecto, esperando con ello contar con su apoyo y protección. Sin embargo, el ejército ha usado y profundizado esta relación de dependencia para su beneficio, lo que representa un gran peligro en el presente no sólo para conocer el paradero de los jóvenes de Ayotzi sino también para el futuro.

La burguesía, el crimen y los altos mandos de las FFAA tienen muy claro lo que se están jugando el mostrar parte de la verdad ya los ha puesto en una situación muy difícil, llegar al fondo y por tanto obtener justicia significa el suicidio de estas instituciones y sus representantes. La 4T también es parte de esto al no querer romper sus vínculos con gente que ahora mismo está en el gobierno.

Dar justicia sería un suicidio por parte de este Estado que intenta mostrarse como diferente y que se puede gobernar con rostro humano, por tanto, no puede más que otorgar disculpas y discursos sentimentales de autoflagelación.  

La justicia bajo el sistema capitalista se arrebata  

Estamos hablando de un delito pluriofensivo, una violación de múltiples derechos. Estas investigaciones también demuestran qué hay un patrón sistemático, una práctica tolerada y extendida en donde participan agentes del Estado en total impunidad.

El reconocimiento de que fue un crimen de Estado ha sido un avance, pero no es justicia, ni mucho menos reparación y garantía de no repetición, jamás se podrá resarcir el daño a las familias y el sufrimiento vivido hasta el momento. Con esto se quiere apaciguar el caso y convencer a los padres de desistir de la búsqueda. La asistencia supuestamente más oportuna y sensible, la creación de la comisión, las diversas atenciones, no son sustitutos ni de la verdad ni de la justicia. Las madres y padres de los 43 siguen siendo agredidos por el actuar del Estado.

La justicia es dar con los responsables y que sean castigados por sus crímenes, la justicia es dar con el paradero de los compañeros que faltan, la justicia es que nunca más vuelva a pasar esto, sin embargo, no hay caso en México que se haya resuelto, nunca ha habido justicia, tenemos la verdad, pero nunca hemos tenido castigo a los responsables ¿por qué? Nuestra lucha debe llegar a la raíz del sistema político y económico, un crimen de Estado se da porque este tiene capacidad y licencia para hacerlo. El Estado capitalista es criminal por naturaleza, sólo transformando de raíz es cómo acabará el infierno de las desapariciones forzadas y arrebataremos justicia. Sólo tomando en nuestras manos esta sociedad, podremos tener una verdadera transformación.    

Exigimos a la 4T ser congruente con el humanismo que pregona y depurar de inmediato al ejército y todas las fuerzas armadas, basarse en la organización del pueblo para combatir al narcotráfico y a los criminales y procesar con sentencias ejemplares a todos los implicados en el caso Ayotzinapa.

¡Verdad y justicia en todos los crímenes de Estado!

¡Porque vivos se los llevaron, vivos los queremos!