El pasado mes de julio se cumplió un año de las fraudulentas elecciones por las que Enrique Peña Nieto (EPN) llegó a la presidencia de la república. Una vez que tomó posesión del cargo, demagógicamente anunció que tomaría “decisiones para el bienestar nacional”. Sin embargo, como fiel representante de los intereses de la burguesía nacional y extranjera, se ha propuesto consumar las contrarreformas energética (terminar de privatizar PEMEX y CFE), fiscal (imponer IVA a medicinas y alimentos) y educativa (continuar privatizando la educación pública).

Por cuanto a la reforma educativa se refiere, el pasado 14 de agosto fueron presentadas por el Ejecutivo federal ante la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, las tres Leyes Secundarias que reglamentaran la contrarreforma a los artículos 3º y 73 constitucionales (modificados en diciembre de 2012) y que podrían aprobarse en el próximo periodo extraordinario de sesiones de ambas cámaras, del 21 al 23 de agosto, o en el periodo ordinario de septiembre.

La principal Ley es la del Servicio Profesional Docente, donde se establecen los nuevos mecanismos de selección, ingreso, permanencia y promoción de profesores, directores y supervisores de educación básica y media superior. Las otras dos se refieren a la Ley del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (INEE) y la Ley General de Educación (LGE). De acuerdo con el proyecto de impacto presupuestal elaborado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SCHP), la implementación de dichas leyes reglamentarias tendrá un costo promedio de 28 mil millones de pesos, es decir, casi el doble del presupuesto anual que se debería destinar al crecimiento de la cobertura en educación superior (La Jornada, 15/08/13).

Además de la sangría de recursos que significaría la puesta en práctica de dichas leyes, como hemos explicado en artículos anteriores, la reforma educativa es esencia la aplicación de la nueva Ley Federal del Trabajo en el sector de la educación. Establecen un cambio en el régimen jurídico y laboral de maestros, directores y supervisores, desde prescolar hasta bachillerato, quienes podrán ser despedidos de no aprobar las evaluaciones de desempeño, sin responsabilidad para el Estado. Para los trabajadores de reciente ingreso hay nuevas reglas: evaluación permanente y periodos de "inducción" de dos años, y de no aprobar esta etapa, saldrán del servicio magisterial. También habrá nuevas sanciones para quienes incumplan con la obligatoriedad de participar en los procesos de evaluación, en los periodos de inducción y programas de regularización y formación docente, que llegan a la pérdida de la plaza de base, "sin responsabilidad para la autoridad y sin necesidad de que exista resolución del Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje o sus equivalentes en las entidades" (La Jornada, 15/08/13).

Lo anterior significa, sin duda alguna, un fuerte retroceso histórico en los derechos laborales del magisterio, como la estabilidad en el empleo. Lo que se busca es la medición de logros educativos mediante exámenes estandarizados, siguiendo parámetros de supuesta calidad empresariales, desaparecer el escalafón y sujetar a los profesores a exámenes de evaluación. Se trata de un "cambio radical en nuestro régimen laboral. Se pretende imponer un control férreo del maestro e impulsar una escuela que retoma el modelo de una fábrica, donde se contabiliza cada minuto, y se establecen criterios de calidad, eficacia y eficiencia", afirmó Francisco Bravo, líder del magisterio disidente de la sección 9 del Distrito Federal (La Jornada, 16/08/13).

Como recordaremos, esta contrarreforma educativa-laboral, que fue una de las primeras iniciativas con las que EPN declaró la guerra a los trabajadores y la juventud de nuestro país, vino acompañada con la detención de Elba Esther Gordillo Morales (EEGM), dirigente vitalicia del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, quien fue acusada por desvío de fondos, lavado de dinero y delincuencia organizada. En su momento explicamos que la detención de EEGM, tuvo varios objetivos. Uno de ellos, era un aviso para que todos los sectores de la derecha se alinearan, actuaran como una sola fuerza y se olvidaran de las fisuras y constantes peleas entre ellos, para enfrentar a la clase trabajadora. Otro de los objetivos era que EPN buscaba legitimar su gobierno, tratando de demostrar que no le temblaría la mano para detener a personajes corruptos como EEGM.

¿A caso Peña Nieto creía que los trabajadores somos unos niños ingenuos? Ante la aprobación de la reforma, los maestros democráticos agrupados en la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), no se han quedado de brazos cruzados. Desde finales del año pasado empezaron a movilizarse y a realizar paros parciales con la participación de miles de maestros, estudiantes y padres de familia; la toma de casetas en carreteras nacionales e internacionales y cerco a edificios públicos ha sido también parte de las acciones convocadas por la CNTE para echar atrás la reforma educativa, así como la entrega de miles de amparos ante la Suprema Corte de Justicia y la instalación de un plantón en el zócalo de la capital del país desde el mes de mayo. Los estados donde la CNTE ha actuado con una firmeza aplastante han sido Michoacán, Guerrero, Oaxaca y Chiapas.

Por supuesto, estás acciones no han pasado desapercibidas para el Estado Mexicano, que ha usado su brazo armado para reprimir y disuadir a los maestros en lucha. “El que argumenta que lucha por la educación violando los derechos de terceros carece de razón legal y, más aún, de autoridad moral”, así ha justificado el titular de la Secretaría de Educación Pública, Emilio Chuayffet la represión violenta al magisterio democrático. ¿Acaso tiene razón legal y autoridad moral, quién expide leyes que violan los derechos de los trabajadores, apoya a la iniciativa privada y a la iglesia para intervenir en la educación pública, recorta el gasto social en educación? Cuando sus intereses de clase se ven afectados, la burguesía no duda en violar sus propias leyes.

Es tal la bancarrota del estado burgués mexicano, que ni siquiera puede garantizar la más mínima seguridad de la población ante el crimen organizado. Esto explica la aparición de las Policías Comunitarias (PC) en Oaxaca, Michoacán y Guerrero, entre otros estados, que han decido armarse para defender sus pueblos de la amenaza del narcotráfico. En Guerrero, hemos visto el camino a seguir para defender nuestros derechos, la máxima unidad en la lucha de todos los sectores de la clase trabajadora. De una manifestación donde participan más de 100 mil personas, aunque el gobierno dijo que fueron sólo 40 mil, el pasado mes de abril surgió el Movimiento Popular Guerrerense (MPG). Entre las organizaciones que conformaban la movilización estaba la “Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias-Policía Comunitaria (CRAC-PC), Sindicato Mexicano de Electricistas, Frente Único Estatal de Representantes Sindicales Autónomo –que agrupa más de 12 sindicatos, entre ellos el de la Universidad Autónoma de Guerrero (UAG)– y del Consejo de Ejidos y Comunidades Opositores a La Parota, también participaron miembros del Movimiento Regeneración Nacional, del Sindicato Único de Servidores Públicos del Estado de Guerrero y del Frente Único de Normales Públicas” (La Jornada, 10/04/13)

Esta unión entre el magisterio, los campesinos y otras organizaciones obrero-campesinas, es el camino a seguir en la lucha contra las reformas estructurales que la burguesía mexicana e internacional trata de imponernos, bajo la administración de EPN. La creación de un frente único de lucha que aglutine a las diferentes organizaciones de izquierda del país es la única forma de revertir la reforma educativa y frenar las reformas energética y fiscal. Así lo han tenido que reconocer los propios dirigentes de la CNTE, quienes concluyen que "no se trata de una lucha sólo en contra de la reforma educativa, también de la energética y la hacendaria", pues dijeron que se trata de "dar un golpe fulminante no sólo al magisterio, sino a todo la clase trabajadora. Buscan reventarnos para que no lleguemos a las protestas sociales contra la reforma energética, por eso realizamos un llamado a todas las organizaciones sociales para formar un frente de lucha único" (La Jornada, 16/08/13).

El que se haya aprobado la reforma educativa y ahora estén por legislarse las Leyes Secundarias de la misma, no quiere decir que se ha perdido la guerra contra el gobierno de EPN, significa que tenemos un trabajo mayor que realizar. Este empieza por reconocer las limitaciones que han tenido las acciones (amparos, foros, mesas de diálogo, plantones, toma de carreteras y cerco de oficinas públicas) relativamente aisladas, impulsadas hasta el momento. "Quisimos construir un camino de diálogo, pero su respuesta es el verticalismo y la imposición", concluyen correctamente los líderes magisteriales Francisco Bravo, sección 9; Juan José Ortega, sección 18, y Rubén Núñez Ginés, de la sección 22 de Oaxaca, quienes coinciden en que para el gobierno federal, "la voz y las propuestas de miles de profesores, de padres de familia y de organizaciones sociales simplemente no vale nada" (La Jornada, 16/08/13). Y es que después de haber realizado nueve foros regionales y uno nacional durante los meses de junio y julio, y de haber presentado las propuestas alternativas del magisterio democrático, ninguna de ellas fue tomada en cuenta por el gobierno. Al contrario, ha seguido siendo criminalizada su lucha social por los medios de comunicación burgueses.

Esto demuestra, una vez más, que los trabajadores no debemos tener ninguna ilusión ni confianza en el gobierno e instituciones de la burguesía. Sólo debemos confiar en nuestras propias fuerzas. Los dirigentes deben ser consecuentes con las lecciones que el movimiento ha ido obteniendo a partir de su propia experiencia y actuar a la altura de las exigencias, llevando la lucha hasta sus últimas consecuencias. La convocatoria de una huelga general de 24 horas, tanto en el sector educativo como en todos los servicios y la producción del país, demostraría que sin nosotros no se mueve nada en la sociedad.

Los maestros de la sección 22 de Oaxaca han iniciado un paro indefinido desde los primeros días de clases del presente ciclo escolar 2013-2014 y la sección 9 del Distrito Federal, se ha sumado a la jornada de protesta con un paro de labores también. Ahora se debe extender el paro a todo el sector educativo y unificar la lucha contra la Reforma Educativa con la defensa de PEMEX, así como con la de las policías comunitarias y todos los sectores en lucha de la clase trabajadora de nuestro país. ¡Seamos como las partículas de luz que se concentran en un punto y al pasar a través de una lupa pueden incendiar una pradera entera! Debemos marchar y atacar todos al mismo tiempo, y en todo el país, bajo un programa de lucha que consideré las demandas particulares de cada sector de los trabajadores, pero también del conjunto nuestra clase: la emancipación de los trabajadores mediante la toma del poder y la transformación socialista de la sociedad.

¡Alto a la represión contra los trabajadores!

¡Por la liberación de los presos políticos!

¡Por un sindicalismo combativo y democrático!

¡Frente Único de lucha de todas las organizaciones de izquierda de los trabajadores!

¡Huelga General contra la reforma educativa, energética y fiscal!