Preocupados por la represión y la persecución política contra aquellos que disienten del orden gubernamental, un conjunto de organizaciones y personas coincidimos en alzar la voz para exigir que se detenga la monstruosa estrategia estatal de sembrar el terror y el miedo en la población, en la inminencia de la cancelación de las garantías y la creación del estado de excepción que a lo largo del País ya se está viviendo. El Estado mexicano ha dispuesto de un entramado que conjuga en la actividad persecutoria a las fuerzas policíacas y militares, a los jueces que actúan por consigna y a los medios de información oficiosos que producen y reproducen, una deliberada “realidad de inestabilidad y violencia”, logrando las condiciones para que el Estado oriente su brazo represivo contra el movimiento social.

Los trabajadores de la educación no han cometido ninguna falta que amerite castigo. En el fondo, se está discutiendo el derecho de disentir y la continuidad de las maltrechas garantías constitucionales que ya son objeto de persecución por parte del poder. Se cuestiona si aquellos maestros que defienden el carácter público y gratuito de la educación, tienen o no razón en su firme idea de resistir al agresivo orden mercantil que está trasformando, entre otras cosas, a la educación y a la cultura en objeto inalcanzable para las clases populares.

Exigimos que el gobierno federal se desista de todas las consignaciones penales contra los profesores: Mario Olivera Osorio, Lauro Grijalva Villalobos, Sara Altamirano Ramos, Leonel Manzano Sosa, Damián Gallardo Martínez; al igual que para estudiantes y luchadores sociales; así como la libertad absoluta e inmediata a todos los presos políticos que mantiene en las cárceles y que detenga la represión y persecución política contra las organizaciones sociales.