"El capital no tiene [...] más solución que la violencia, que constituye un método constante de acumulación [...] en el proceso histórico, no sólo en su génesis, sino en todo tiempo, hasta el día de hoy […]. Su otro aspecto es el militarismo creciente”.

Tal era la advertencia que, desde 1913, hacía Rosa Luxemburgo. Más de cien años después, sus palabras resuenan, fuertes y dolorosas, ante el último trastazo del Estado capitalista burgués contra las juventudes en resistencia, recientemente encarnadas por dos estudiantes de la Normal Rural Isidro Burgos de Ayotzinapa, quienes fueron baleados el 7 de marzo por policías de la Secretaría de Seguridad Pública de Guerrero, asesinando a uno de ellos: Yanqui Kothan Gómez Peralta, de 23 años.

Luego de casi 10 años de que el Estado priista cometiera el asesinato de 3 estudiantes normalistas y la desaparición forzada de 43 más, y después de prácticamente un sexenio en el cual el presidente –supuestamente– de izquierda López Obrador prometía –si no eludía– verdad y justicia a los padres y compañerxs organizadxs que no han cesado en tal lucha, hoy somos de nuevo testigxs de este vil ataque a nuestros compañeros por parte de las fuerzas de un estado actualmente gobernado por Morena.

A pesar de que se intentó criminalizar nuevamente a los normalistas y justificar la acción de los uniformados –responsables de un retén de revisión en un libramiento hacia el municipio de Tixtla, Guerrero– mediante alegatos de portación de armas por parte de los estudiantes, se han presentado evidencias que contradicen tal versión, entre ellas la grabación del sistema de videovigilancia C4, la cual muestra la agresión por parte de los agentes de policía desde afuera hacia adentro del automóvil donde viajaban los normalistas, sin que éstos pudieran defenderse.

No olvidemos la historia de las normales rurales, impulsadas durante el cardenismo, a la par de las luchas agrarias, y dirigidas a los sectores más pobres con el objetivo de empujar una educación, además de universal y gratuita, de corte crítico, colectivo y socialista, con la cual se formara a lxs estudiantes en la docencia y el trabajo rural, pero también en la conciencia social y política, de modo que se hicieran de herramientas para analizar y enfrentar la profunda desigualdad e injusticia social de que eran lxs más afectados, así como a una burguesía que detentaría el poder político y económico del país y que no dudaría en comenzar –al menos desde la segunda mitad del siglo XX, cuando entre sus intereses estaba una educación fundamentalmente privada y mercantilizable que contribuyera a llenar sus bolsillos–, procesos de criminalización y represión a lxs normalistas, cuya tradición organizativa anticapitalista suponía –y aún supone– una tremenda amenaza.

Al tratarse de escuelas a las que siempre se ha destinado un asfixiante presupuesto gubernamental, y que cuentan con una infraestructura insuficiente –cosas que sólo se han mitigado a partir del trabajo y boteos de lxs propixs estudiantes–, lxs normalistas tienen una historia de movilización política articulada especialmente alrededor de demandas para mejorar sus condiciones y conservar esos espacios suyos en donde otras personas indígenas, campesinas y de clase trabajadora continúen accediendo a la educación que, las más de las veces, sólo ha sido posible gracias a tales. Sin embargo, a esos reclamos se han sumado otros más urgentes: ¡mantenerse con vida!, verdad, justicia y garantías de no repetición alrededor de los casos de violencia, asesinato y desaparición de los cuales todas las instituciones del Estado, desde los aparatos policiales, militares y de inteligencia, hasta los gubernamentales, han sido responsables, como quedó más que claro en el caso de 2014.

Como decía Luxemburgo, este tipo de acciones brutales son inherentes al Estado burgués que no cuida otra cosa que sus intereses económicos e intenta limpiar y proteger, como lo ha hecho el gobierno actual, a sus aparatos represivos como el ejército, el mismo que históricamente ha perseguido y masacrado a estudiantes y resistencias, orilladas a responder por medio de protestas que se plantan en huelga frente al Palacio Nacional, que vuelcan su puerta y dañan su preciada propiedad privada, comprendiendo que sólo así son vistas y escuchadas.

La alianza entre gobierno y ejército, con la cual el primero espera ganar apoyo y protección del segundo, no puede ser menos que indignante, pues impide que se tomen medidas en su contra, continuando así una historia de absoluta violencia e impunidad que hoy nos tiene pidiendo justicia por otro compañero asesinado, por considerársele un riesgo para el abominable sistema capitalista y neoliberal.

Hasta ahora, dos de los tres policías implicados en el crimen han sido vinculados a proceso, pero sabemos que no basta y que sólo a partir de una lucha revolucionaria en contra del sistema naturalmente criminal acabaremos con la barbarie capitalista.

Te nombramos, Yanqui. La rabia crece y la lucha sigue. ¡Justicia!

Referencias:

•         Briseño, Héctor, “Vinculan a proceso a dos policías por el asesinato de normalista”, La Jornada, marzo 2024.
•         Luxemburgo, Rosa, La acumulación del capital, Edicions Internacionals Sedov, p. 180.
•         Navarro, César, “Ayotzinapa y la estirpe insumisa del normalismo rural”, en El Cotidiano n. 189, 2015.

·         Torres, Carla, “¡La alianza es con el pueblo, no con las fuerzas armadas!”, Izquierda Revolucionaria, octubre 2023.