El pasado 12 de agosto se ordenó la reapertura del caso Tlatlaya; una masacre cometida a manos del Estado mexicano en junio del 2014, donde en la comunidad de San Pedro Limón, Tlatlaya, fueron asesinadas 22 personas, de las cuales, según la CNDH, 12 - 15 de ellas fueron ejecutadas con tiro de gracia, a pesar de encontrarse desarmadas. 

El hecho causó un gran revuelo en la sociedad, pues se suma otro crimen perpetuado por el Estado a la historia del país. Además, tres meses después, ocurrió Ayotzinapa. 

Cabe recalcar que, para la PGR, no hubo realmente culpables o responsables: siete militares fueron aprehendidos pero, posteriormente y a “falta de pruebas”, liberados. 

La reapertura del caso significa muchas cosas, por un lado causa sorpresa que se busque darle continuidad al caso y más aún que haya sido un juez quien dictara la orden, puesto que se le había buscado dar carpetazo. 

No es un hecho aislado ni casual que se busque retomar la investigación del caso, más bien nos deja entrever las intenciones del gobierno que, como dicen, virtualmente se está dando paso a la toma de poder. El que se busca es muy difícil de descifrar, incluso podemos encontrar dos posibles escenarios por lo cual se quiere retomar el caso. 

Además, hay que reconocer el papel de la lucha en las calles, sin la cual no estaríamos (probablemente), divisando una decisión como lo es la re-apertura del caso.

En un primer escenario, resultaría en el actual gobierno busquando dar “solución” a este caso, a este problema, antes de la llegada de Obrador y las llamadas “Comisiones de la verdad”, las cuales podrían poner en aprietos a ciertos cargos, sobre todo militares, involucrados en el crimen de Tlatlaya.  Esto, aunque menos probable, nos abre la perspectiva para notar otra posibilidad. 

El segundo escenario, propone que la reapertura del caso va encaminada a juntar evidencias, testimonios y dar a la luz las pruebas que en su momento no salieron, todo para que sea tratado justamente por las “Comisiones de la verdad” que propone AMLO a su llegada al Palacio Nacional. 

Dichas comisiones tienen como objetivo, determinar hechos (impunes) que han acontecido en el país y dar resolución sobre los mismos, impartiendo justicia. Todo esto, encaminado a la tan nombrada “pacificación del país” que intentará llevar a cabo Andrés Manuel, lo cual es, en otras palabras, dar un “carpetazo progre” a los crímenes de Estado. Entre los principales casos que se propone a estudiar dicha comisión se encuentra el de Ayotzinapa. 

Es aquí cuando nos cuestionamos: ¿qué entiende por justicia la gente que está, virtual o realmente, en el poder? ¿Cuáles son los alcances reparadores, resilientes, que tiene un dictado de sentencia en el cuál, probablemente, se haga alguna pesquisa y, si acaso, se cambie superficialmente alguna ley menor? 

Por supuesto no hay que demeritar y desacreditar este escenario, somos conscientes de que hay luchas que intentan, antes que nada, visibilizar el crimen de Estado, hacerlo de interés nacional y así poder llevarlo a las cortes teniendo un gran apoyo de la población. Incluso, podríamos decir que es un logro encontrar a los (supuestos) culpables, tanto materiales como intelectuales de algún crimen de Estado, encerrarlos y más aún, rehacer o añadir contenido a alguna ley menor. 

Pero esto es lo que se nos da por entendido con justicia, un cuestionamiento vacío sobre lo ocurrido, un tratamiento estéril y aislado. De hecho, no se produce una resiliencia real, sino que, retóricamente hablando, se intenta tapar el hoyo en la pared con una simple tela que, a simple vista, no nos haga notar el problema de fondo. Así funciona la justicia burguesa. 

¿Qué se busca entonces? primero que nada, daros cuenta de que los sucesos no son aislados; Tlatlaya, Ayotzinapa, el caso de la CRAC-PC, Nochixtlán, la lista sigue…

Todos ellos demuestran y ponen en evidencia un funcionamiento tiránico de las fuerzas públicas, de cómo afectan las decisiones de algún alcalde o gobernador de dado lugar. Es decir, los órganos civiles son menospreciados en la toma de decisiones, y para remediar esto, no se cambian ni suman leyes. 

A esto nos referimos con resarcir los daños: si en realidad se buscara dar solución, se podría comenzar con identificar los aspectos de fondo que generalizan éstas situaciones, las cuales hacen que las masacres al pueblo ocurran de manera más o menos sistemática. 

Esto tampoco quita que, tenemos que aprovechar esta situación para pedir la reapertura de crímenes o impedir que se de carpetazo a los diferentes casos que siguen vigentes y ante los cuales el Estado no da resolución ni emite opinión alguna, sino que, como se comenta anteriormente, siguen teniendo un estéril tratamiento de “hechos aislados”

Mientras tanto, la propuesta de Andrés Manuel podría ser un paso adelante, pues plantear una serie de comisiones para analizar y “garantizar justicia” es obviar que existe un problema, problema en el cual el pueblo paga con sus muertos y sacrificios.  

Así mismo, es importante tener en cuenta que la conglomeración de las diversas luchas que se están llevando nos dará más fuerza en el terreno de la acción, pues al no ser aislados los crímenes que el Estado comete, tampoco debería ser aislada la lucha que como pueblo estamos dando, contra el perdón y el olvido. 

Mujeres, estudiantado, trabajadoras y trabajadores, maestras y maestros, somos víctimas de agresiones y por tanto, de una lucha conjunta contra las mismas.

Desde Izquierda Revolucionaria, sabemos que para poder lograr avances tanto jurídicos como sociales y políticos en el tratamiento de estos casos, hace falta una presión constante del pueblo organizado, exigiendo justicia real, cuidándonos siempre de los carpetazos, del olvido y la impunidad.