El pasado 20 de diciembre dio inicio la estrategia del Gobierno Federal, encabezado por López Obrador, contra el robo de gasolinas o huachicoleo. Este plan incluye a 15 dependencias federales, Marina y Ejército incluidos que ya han ocupado algunas instalaciones estratégicas, entre ellas seis refinerías, para evitar robo y sabotaje. Según datos dados a conocer por Andrés Manuel esto ha permitido la disminución del combustible robado. Pasando de 787 a 177 pipas diarias, es decir una reducción del 78% del robo de gasolina, que representa 2 mil 500 millones de pesos.
El plan ha incluido el cierre temporal de las válvulas donde circula el combustible, para la reparación de los ductos y el cierre de las tomas clandestinas por las que es extraído. Lo cual ha provocado un desabasto temporal en 7 entidades de la república, entre ellas Morelia, Jalisco, Estado de México, Hidalgo, Guanajuato y recientemente 10 gasolineras de la Ciudad de México. El desabasto temporal ha provocado una respuesta histérica de los medios de comunicación y la derecha contra el gobierno de Andrés Manuel, quienes cínicamente lo acusan de propiciar la escases. Incluso no ha faltado quien ha dicho que la repuesta del Gobierno Federal, la distribución de combustible en pipas a las gasolineras, resulta más caro que el combate al huachicoleo. En referencia al costo del transporte mediante pipas, que es aproximadamente 144 veces mayor que el transporte en ductos. Solapando el robo de combustible, al cual se encuentran vinculados no pocos personajes de las administraciones federales anteriores. Un ejemplo claro es la investigación contra de Eduardo León Trauwitz, Jefe de Escoltas de Enrique Peña Nieto cuando fue gobernador del Estado de México y Gerente de Servicios de Seguridad Física de PEMEX en el sexenio anterior.
López Obrador ha declarado correctamente que “es impensable la actividad del robo de combustibles, sin que estén involucradas las altas esferas directivas de PEMEX”. Esto por supuesto implica también a las administraciones anteriores del PRI y el PAN, no sólo a nivel nacional sino a nivel estatal. El robo de miles de litros de gasolina no pasa desapercibido, además de resultar un jugoso negocio para los huachicoleros que como los narcotraficantes, secuestradores y banqueros se asociaron con las administraciones anteriores para llevar adelante sus lucrativos negocios. Pero ello mismo pone en contradicción la política de no investigar y enjuiciar a las administraciones anteriores. El combate a fondo de la corrupción implica necesariamente el combate de la impunidad, y por tanto el juicio y castigo de los responsables del desfalco de los recursos públicos y eso incluye a gobernadores y presidentes anteriores.
Sin embargo el robo a combustible no es la fuga más importante de recursos públicos. Mientras el robo de combustibles representa aproximadamente 60 mil millones de pesos, la condonación de impuestos a grandes empresas como Grupo Herdez o América Móvil representa 272 mil millones de pesos. Es decir 450% más que el robo de combustibles. Por supuesto que hay que combatir el robo de gasolinas, pero al mismo tiempo ampliar la base fiscal en la que el 70% de los recursos los aportamos los trabajadores y pequeños propietarios, mientras las grandes empresas apenas aportan el 30% sino es que logran evadir legalmente impuestos. La corrupción y la impunidad no se pueden entender de forma aislada, por el contrario son parte del régimen que durante décadas ha promovido el enriquecimiento de unos pocos y la miseria de millones. Mientras no haya un cambio de fondo, que pasa necesariamente por romper con el capitalismo apoyándose en la fuerza organizada de trabajadores y jóvenes, la corrupción y la impunidad seguirán siendo cosa de todos los días.
¡Juicio y castigo a todos los implicados en el huachicoleo!
