En los últimos meses se han registrado asesinatos en contra de activistas en defensa del territorio y el agua, ejemplo de ello son los casos de Isidro Baldonegro, defensor de los bosques de la Sierra Madre Occidental; el de Julián Carrillo asesinado en octubre de 2018 quien defendio los territorios de la tierrra Tarahumara contra la tala, la mineria y la siembra de cannabis y amapola, y el del compañero Samir Flores Soberanes por ser opositor a la construcción de una termoeléctrica en Huexca, Morelos.

En todo este contexto, el ejército ha sido responsable de crímenes de los cuales hemos sido testigos a lo largo de la historia de México, el movimiento del 68, la masacre contra el EZLN, San Salvador Atenco, Tlatlaya, Ayotzinapa, por mencionar algunos, además de la criminalización injusta a civiles inocentes en la “guerra contra el narcotráfico”.

El uso del aparato militar es la característica mas ruin que tiene el gobierno para reprimir y asesinar quien este en contra de las decisiones de éste para salvaguardar los intereses de las empresas transnacionales.

Pero una de las paradojas del aparato militar es que la guerra contra el narcotráfico es una vil mentira ya que, se ha descubierto que altos mandos militares están inmiscuidos en negocios sucios, estando en nómina de los Carteles de droga más influyentes en México, existiendo en el aparato castrense infiltrados del crimen organizado, así como muchos soldados salva guardan al crimen organizado sirviendo de escoltas o incluso secuestrando gente para el crimen.

La relación que tiene el aparato militar y el crimen organizado no es sorpresa para el pueblo trabajador, ya que su forma de actuar son idénticas, esto se vio reflejado en los ataques recientes a las comunidades indígenas:

  • La comunidad de Zacualpan en el municipio de Cómala, Colima.
  • Las localidades de Rebollero y Río minas de la comunidad de bizzina San Pablo Cuatro Venados, Oaxaca.
  • Las comunidades de Chilapa y José Joaquín de Herrera, Guerrero.
  • San Pedro Cotzilnam, Chiapas.

Las dos primeras mencionadas atacadas por grupos narco militares en la madrugada del 31 de mayo. Y las dos últimas siendo hostigadas y asoladas por un cerco paramilitar que rodean la comunidad.

Además del alzamiento brutal que se perpetró por grupos de choque y granaderos al campamento de la comunidad otomí en la colonia Juárez en la CDMX.

A esto se suma que las comunidades indígenas se encuentran indefensas frente al aparato militar ya que sus policías comunitarias también han sido asesinadas tras su desarme.

Estas y demás comunidades son atacadas por la simple razón de defender sus territorios y sus ríos que son parte de su sustento y de su cultura e identidad, los bosque, las selvas y los ríos son los objetivos de las empresas transnacionales para poder operar sus proyectos de muerte en donde contaminan nuestros ríos y aires y poder convertir nuestros recursos naturales en materia prima para sus productos y seguir enriqueciéndose. Pero estos pueblos también se defienden y luchan contra el crimen organizado que expropia sus tierras o les obligan al cultivo de amapola y mariguana.

Además así como los crímenes cometidos por el aparato militar son solapados por la Secretaria de Defensa Nacional (SEDENA), los crímenes cometidos por el narcotráfico son impunes por la Procuraduría General de la República (PGR) y los megaproyectos de muerte son amparados por Secretaria de Economía y la Secretaria del Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT). Es por esto que no se puede tener confianza en las instituciones gubernamentales.

Una vez más, como siempre, se muestra que el aparato del Estado sirve a los intereses de la clase adinerada y a los empresarios, no a los trabajadores, campesinos pobres o indígenas.

La cuestión de las empresas transnacionales y los megaproyectos de muerte van ligados con los ataques a las comunidades indígenas ya que, al ser estas comunidades las que se organizan para defender su cultura e identidad y al encontrarse muchas veces aisladas, son las más reprimidas y hostigadas por parte del aparato militar al servicio del capitalismo, esto demuestra las características más notorias del capitalismo monopolico, racista y clasista.

La corrupción y el narcotráfico nacieron con el capitalismo y para acabar con ellos hay que organizarnos bajo un programa socialista.

Desde Izquierda Revolucionaria condenamos los crímenes cometidos por el aparato militar al servicio del capitalismo, exiguimos que cesen los ataques y asesinatos en contra de las comunidades indígenas y hacemos un llamado a la sociedad de que más que solidaridad a los movimientos en defensa del territorio, se sumen a ellos y nos organicemos para hacer frente al capitalismo en la forma de megaproyectos de muerte y narcotráfico.

¡Viva la autodefensa del pueblo organizado!


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