Durante las últimas semanas, se ha llevado acabo un debate en el Senado, sobre el outsourcing que significa “fuente externa de contratación”, subcontratación o tercerización, si trabajas para una empresa, pero tu contrato está firmado por otra, seguramente este es tu esquema y eres de los cinco millones de trabajadores en el país bajo este régimen que se enfrentan a falta de prestaciones laborales, jubilaciones dignas, carencia de seguro de vivienda, derechos por antigüedad, etc.
La monopolización de la mano de obra
En el contexto del debate sobre las restricciones al outsourcing, la revista Forbes publica en su portada la “hazaña” de su nuevo vicepresidente del consejo, al convertirse en un gran empresario al frente de la cuarta compañía más grande de subcontratación en el país: Raúl Beyruti presidente de GINgroup investigado por sospecha de “defraudación fiscal” y quien tiene a su cargo las contrataciones de personal de Walmart, FEMSA, Inditex, Comex, HSBC y Mapfre, con una nómina total de 180 mil trabajadores.
Este esquema de contratación permite a los patrones evasión fiscal y de cuotas al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), además de que no declaran lo que realmente ganan los trabajadores por lo que las cuotas al Seguro Social están basadas en salarios todavía menores, lo que provoca precariedad del servicio, afectando las jubilaciones y pensiones.
La evasión fiscal en un año asciende a 324 mil millones de pesos, que no recibe el Estado para ser utilizado en gasto público: alumbrado, infraestructura, mantenimiento, etc. De esta manera los trabajadores pagamos un alto precio al ser contratados por estas empresas, no sólo los salarios y las condiciones laborales son precarias, también nuestra vida cotidiana por falta de inversión estatal en los barrios, transporte y zonas por las que nos trasladamos.
¿A dónde va todo ese dinero que los patrones se “ahorran” (roban) bajo este esquema? a sus bolsillos. Beyruti es uno de los ejemplos emblemáticos de esta forma de contratación transformada en un verdadero monopolio de mano de obra barata, los beneficios son multimillonarios. Ha construido un patrimonio con énfasis en los medios de comunicación, que incluye la adquisición del periódico El Economista, acciones en Forbes, dos canales de televisión de paga, la revista Mundo Ejecutivo PlayBoy, estaciones de radio, entre otras, además no podría ser un empresario moderno sin la pretensión de invertir en China y crear su propio banco. Todo esto a costa de miles de trabajadores precarizados.
El senado mexicano debate al respecto del outsourcing pues se ha convertido en un engendro delictivo que actúa creando empresas factureras falsas, evade pagos del Impuesto Sobre la Renta (IRS), y llega al absurdo de crear empresas falsas para contratar a su personal y recontratarlo como si fueran entes diferentes. Otra cuestión preocupante son los números rojos del IMSS, la evasión de cuotas ha alcanzado los 21 mil millones de pesos anuales, recursos con los que podrían comprarse el 55% más de medicamentos o construir 14 hospitales de 2o nivel y 210 clínicas familiares ¡cada año! Sin hablar de lo que se podría hacer con los recursos no reportados a hacienda.
Según los datos del INEGI de 2004 a 2014 el empleo en México creció 3.7%, mientras que el outsourcing aumentó 48%, este esquema no ha conseguido elevar sustancialmente las tasas de empleo, lo único que ha conseguido elevar es el grado de trabajo mal pagado y en malas condiciones, sin prestaciones ni seguridad social o estabilidad laboral, es decir: empleo precario. Entre el 2013 y el 2019 el 33% de los empleos formales fueron subcontratados y es especialmente importante en sectores de la maquila electrónica y el aeroespacial que dependen casi en su totalidad de él.
¿Outsourcing bueno?
En el transcurso del debate actual entre los políticos, se habla de un outsourcing bueno y uno malo ¿Realmente es posible un outsourcing bueno? Con las cifras anteriores queda claro que el outsourcing sólo beneficia a unos pocos empresarios. La lucha en el senado ha sido intensa, en un contexto de huelgas y luchas de nuevos sindicatos democráticos que pretenden arrebatar los contratos colectivos de trabajo al rancio charrismo priista, varios se quieren adjudicar un cambio progresista en la “regulación” del outsourcing, pero un esquema tan salvaje no puede ser regulado, es necesario acabar totalmente con él.
Morena está interesado en levantar esta batalla para ganar credibilidad y cumplir con parte de sus compromisos laborales con sus votantes poner como medidas regulatorias sanciones de hasta 20 años de prisión para los contratistas “malos” y 14 años para las empresas que los contratan. Se estiman 6 mil las empresas dedicadas a la contratación ilegal. Tan sólo el año pasado 14, 553 empresas dieron de baja a todo su personal para recontratarlo posteriormente, la mayoría, empresas grandes con plantillas laborales de 101 a 500.
Los empresarios en defensa propia
Ante estas propuestas, el Comité Coordinador Empresarial (CCE), pide “no criminalizar a los empresarios”, como si no fueran auténticos rateros de cuello, todavía se indignan y llaman al equilibrio y la razón, con la misma soltura que este 9 de marzo se suman a un paro de mujeres, como lo ha hecho Bancomer, sin tomar medidas de dignificación laboral para los miles de mujeres que están bajo estos esquemas de contratación. Tan sólo en la Ciudad de México hay 300 mil mujeres laborando bajo este esquema de precariedad laboral, causándoles mayor vulnerabilidad.
Existen al menos 10 iniciativas de modificaciones al ambiguo artículo 15-A que regula la subcontratación, pero lo que se necesita no son las posiciones laxas de la CROC o la CTM, ni tampoco las posiciones consensadas con algunas empresas y la Secretaria del Trabajo, lo que urge es dignificar el trabajo, desde el salario hasta las prestaciones laborales, queremos trabajo digno y la única forma de conseguirlo será con la lucha organizada de los trabajadores, arrebatando no solo en las leyes sino en los hechos mejores condiciones de vida.