El 11 de noviembre fue aprobado el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) 2021 en la Cámara de Diputados, por el bloque de MORENA, PES, PT y PVEM, con mucho descontento de la sección opositora. Dentro de los programas más beneficiados se encuentran la Secretaría del Bienestar, que suma un presupuesto de 191 mil 724 mdp; la Secretaría de Gobernación, con un aumento de 53 mdp y la Secretaría del Medio Ambiente, que tuvo un incremento de 400 mdp. Por su parte, la instancia más afectada fue el Poder Judicial, que operará con mil 130 mdp menos, lo cual recorta presupuestos para la FGR, la SCJN, la CJF, entre otros. También se registró una disminución importante a la SEP, que reajustará sus actividades con 200 mdp menos. Ante este nuevo escenario, cabe preguntarse a qué lógica responde, quiénes serán los más afectados, y cuáles serán sus consecuencias.
Desde inicios de la administración de la 4T, la “austeridad republicana” resuena como parte de la estrategia de reorientación de recursos hacia quienes más lo necesitan, en palabras del propio gobierno[1]. Sin embargo, ¿es esto realmente lo que sus acciones denotan? ¿De verdad los recortes al presupuesto solucionan los problemas estructurales de desigualdad económica y social? Es cierto que la oposición muestra su rechazo ante esta iniciativa porque con ella se reducen drásticamente los recursos disponibles para su bolsillo, pero ello no quiere decir que no se deban tomar en cuenta las implicaciones hacia la clase trabajadora, la cual subsiste en la línea de fuego y sufre las primeras bajas en las dependencias afectadas: reducciones de salario, pérdidas de empleo, resignación a condiciones inhumanas de empleo y precarización laboral.
Eso, sin mencionar las afectaciones que conlleva un reajuste de presupuesto al sistema educativo, ya de por sí enfrentado a una crisis gestada desde hace décadas, pero acelerada recientemente por la pandemia de Covid-19. Estudiantes, maestras y maestros se ven obligados a adaptar sus métodos de enseñanza y aprendizaje a la modalidad virtual, en la que se ponen de manifiesto las extremas desigualdades a las que se enfrenta el país, mientras el rezago educativo, la deserción y la desaparición de programas escolares siguen al alza. Sumar carencias a un sistema ya empobrecido imposibilita el derecho a una educación digna e integral, y sólo fortalece al sector empresarial que hace de este derecho un privilegio de clase.
Por otra parte, la eliminación de los 109 fideicomisos que albergaban programas de cultura, arte, ciencia y derechos humanos bajo el pretexto de suprimir la corrupción dentro de ellos se traduce en la pérdida de miles de empleos y la suspensión indefinida de incontables investigaciones y proyectos. López Obrador ha declarado que estas modificaciones son necesarias para cortar de tajo la malversación de fondos que propiciaban, y ha puesto su mira en la entrega directa de dinero a las instancias beneficiadas. Sin embargo, la lenta y poco clara transición deja a la deriva a millones de trabajadoras y trabajadores en el contexto de una crisis económica global. Se debe enfatizar, sobre todo, que el problema de la corrupción no puede ser combatido con medidas como éstas, sin un planteamiento de clase que priorice a las y los trabajadores. La corrupción se favorece a nivel estructural en un sistema económico que no ofrece crecimiento si no es a través de la explotación, por lo que una agenda reformista no resulta suficiente para eliminarla.
Entonces, ¿los recortes garantizan el mejoramiento de las condiciones sociales? Claramente no, pues mientras los asalariados asumen el golpe económico primario que conllevan, la gran burguesía permanece intocable, a salvo en contratos y concesiones que el mismo gobierno fomenta con sus megaproyectos, como el Tren Maya o la Refinería de Dos Bocas. La alianza entre AMLO y el poder empresarial no resulta nueva, como se ha visto en su relación con Salinas Pliego y Carlos Slim, pero sí denota un duro golpe a la base social cuyos intereses proclamaba defender. La Secretaría del Bienestar, gran beneficiada en el presupuesto 2021, promueve programas que sin duda facilitan el acceso de recursos a sectores empobrecidos, pero sería un error pensar que esta inyección económica representa la solución a los problemas de fondo que propician la descomposición social. Lo único que puede garantizar una mejora de nuestras condiciones materiales es la organización social como herramienta para exigir el cumplimiento de nuestros derechos, y la implementación de un programa revolucionario que tome como base las necesidades de la clase trabajadora.
Es por ello que alentamos la disminución de salarios a los funcionarios públicos y la eliminación de prácticas de explotación laboral como el outsourcing, y exigimos el incremento de presupuesto para el sector educativo, de salud y de cultura, así como la dignificación de los trabajos ya existentes, con derechos y prestaciones laborales garantizados para todas y todos.
