Crisis del capitalismo: “horror sin fin para la juventud”

La peor crisis económica que el sistema capitalista ha experimentado en los últimos 80 años (desde la década de los años 30), sigue profundizándose en cada uno de los países a nivel mundial, aunque se diga que Estados Unidos, Japón o China, por ejemplo, supuestamente empiezan a recuperarse. Desde el otoño pasado, cada vez que uno revisa los indicadores económicos, estos han aumentado pero negativamente. La crisis que empezó en el sector financiero norteamericano, rápidamente se trasladó a las economías nacionales de todo el mundo y está teniendo terribles consecuencias en los niveles de vida de la clase trabajadora mundial.

Como explica el marxismo, política es economía concentrada, y eso es lo realmente importante al momento de analizar los datos económicos, que por sí mismos pueden parecer áridos a ojos de un observador superficial. Tarde o temprano, la economía se refleja en la vida de las personas. Aunque se puedan considerar “apolíticos”, los trabajadores o hijos de trabajadores, se ven obligados a enfrentar la dura escuela de la vida, luchar por obtener los satisfactores imprescindibles para subsistir e intentar mejorar. En este intento de mejorar, la educación se posiciona como una esperanza para las futuras generaciones, “si mis hijos estudian, vivirán mejor que yo”. Así piensan los trabajadores generalmente. ¿Pero qué sucede en la realidad? Dado que el capitalismo tiene el objetivo de la máxima apropiación individual al menor costo y está basado en la propiedad privada de las principales palancas de la economía, cercena a la educación y por tanto coarta el futuro de los trabajadores. La ausencia de futuro es lo que obliga a los trabajadores a entrar a la lucha; es así como la política toca la puerta de la vida de los trabajadores y sus hijos, porque por más esfuerzos individuales que hagan, la economía capitalista restringe su calidad de vida, reduce el horizonte del futuro y el panorama se pone cada vez más negro.

Así, la crisis capitalista está teniendo efectos en la conciencia de los trabajadores y la juventud que, aunque en distintos niveles y ritmos, a nivel general, empiezan a participar más en la lucha social y política a través de sus organizaciones tradicionales o espontáneamente. En los últimos meses se han dado movilizaciones y oleadas huelguistas en España, Italia y Alemania, por ejemplo. Y en nuestro continente, la revolución latinoamericana sigue avanzando en países como Venezuela, Bolivia, Ecuador, El Salvador, Honduras y México, que desde el año 2006 entró en este proceso revolucionario.

Indicadores económicos

En México, las perspectivas económicas hacia el final del 2009 y para el 2010 no son nada favorables para los jóvenes y trabajadores, como no lo eran tampoco desde inicios del año. Todos los pronósticos para la economía nacional, no sólo los hemos visto cumplidos sino, además, se han superado negativamente. Veamos algunos de los principales indicadores económicos.

Exportaciones petroleras y remesas

De acuerdo con informes del Banco de México (Banxico), durante el primer semestre del año (entre enero y junio pasado), el ingreso de dinero al país por exportación de petróleo crudo –que hasta entonces era la principal fuente de divisas para la economía nacional–, se situó en 10 mil 605 millones de dólares, 41.3% menos que en el mismo periodo de 2008, y las remesas enviadas por los mexicanos que trabajan en Estados Unidos sumaron 11 mil 78 millones de dólares, 11.94% menos de los 12 mil 580 millones de dólares que se recibieron en el mismo lapso el año pasado[1]. En el caso de Puebla, las remesas enviadas al estado fueron sólo de 680 millones de dólares, 12.2% menos de los 774.70 millones de dólares recibidos en 2008[2].

Desempleo

En el tema del empleo —condición de vida para más de 45.5 millones de mexicanos que constituyen la Población Económicamente Activa (PEA) —, la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, preveía el despido de por lo menos 380 mil mexicanos durante este año, sin embargo, de acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), sólo de diciembre a junio pasados, más de 12 mil empresas formales cerraron sus puertas y 514 mil 835 personas se quedaron ya sin empleo[3].

La situación es mucho más grave, si consideramos el lapso de un año. Siguiendo con datos del INEGI, de junio del año pasado al mismo mes de 2009, unos 733 mil mexicanos más, mayores de 14 años, se incorporaron a las filas de desempleados. Con esta cantidad, la cifra llegó en ese mes a 2 millones 350 mil personas, pasando de 3.55% a 5.17% de la PEA, y según los pronósticos, en lo que resta de este año alcanzará una tasa promedio anual de 5.8%, mientras para 2010 llegará a 6%, niveles muy por arriba de los que había antes de la crisis (3.97% en 2008). Además, hay otras 6 millones 500 mil personas en México, que cuentan con edad y condiciones para trabajar, pero que no buscan empleo por considerar que no tienen posibilidades de encontrarlo, o bien que han desistido de buscarlo. De tal manera que entre los desocupados que buscan y no encuentran empleo, y quienes perdieron la esperanza de encontrar trabajo, aproximadamente 8 millones 850 mil personas, la mayor parte jóvenes, que representa alrededor de 19.45% de la PEA.[4]

Como vemos, uno de los sectores de la población que ha resultado terriblemente afectado por el creciente desempleo en nuestro país, corresponde a los jóvenes de menos de 20 años, pues, en 2008 de cada diez puestos de trabajo que se perdieron, 8.8 correspondieron a hombres y mujeres en edad escolar, así como entre quienes apenas alcanzaron la mayoría de edad. Esto significa que, de un total de 660 mil 959 adolescentes y jóvenes de entre 14 y 19 años de edad, que tenían trabajo en 2007 lo perdieron el año pasado. Si se considera que, oficialmente, de 2007 a 2008 se perdieron 749 mil 987 empleos en el país entre todos los grupos de edad, significa que el 88% correspondió a esos adolescentes y jóvenes en edad de estudiar la secundaria y la preparatoria. De acuerdo con las estadísticas de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo, en el último trimestre de 2007 se contabilizaron 4 millones 433.5 mil jóvenes de menos de 20 años entre la población ocupada del país. Sin embargo, la cifra se redujo a 3 millones 772.5 mil jóvenes trabajadores para finales de 2008, lo que implica que 14% de este sector de la población ocupada perdió su fuente de trabajo.[5]

De acuerdo con el subsecretario de Educación Superior de la Secretaría de Educación Pública (SEP), Rodolfo Tuirán Gutiérrez, el 45% de los más de 7.8 millones de profesionistas nacionales no realizan actividades relacionadas con su carrera y se han tenido que conformar con trabajos de taxistas, comerciantes o empleos marginales. Los profesionales tienen que conformarse con empleos de bajos salarios, pues cuatro de cada 10 perciben un sueldo equivalente a menos de cuatro salarios mínimos; 29% no cuentan con prestaciones sociales y 23% no tienen ni contrato. Alrededor de 550 mil profesionistas mexicanos actualmente residen en Estados Unidos en búsqueda de oportunidades de desarrollo en el mercado laboral de esa nación; sin embargo, de éstos sólo 75 mil, el 13.6%, trabajan en actividades ligadas a su área de estudios, mientras que el resto, 475 mil, se dedican a labores que no están relacionadas con lo que estudiaron en la universidad.[6]

En el estado de Puebla, al mes de julio pasado, había unos 64 mil jóvenes desempleados, quienes representan aproximadamente el 60% del total de personas que no tienen trabajo en la entidad, pues de las 107 mil personas que perdieron su empleo, el 20% tiene entre 14 y 19 años, el 36% tiene de 20 a 29 años, el 36% tiene de 30 a 49 años y el 7% tiene entre 50 y 59; el salario promedio mensual de los profesionistas entre 20 y 26 años es de 4 mil 617 pesos, es decir, únicamente tres salarios mínimos, según informó la Secretaría de Trabajo y Previsión Social (STPS) del Estado[7]. En este contexto de profundización de la crisis e incremento del desempleo, resulta significativo también el siguiente dato: de acuerdo con el estudio de Colocación de Egresados 2008, que la Universidad De las Américas (una de las universidades burguesas en la entidad), realiza cada año, alrededor del 30% de sus estudiantes con estudios concluidos estaba desempleado a inicios del segundo cuatrimestre del año.[8]

Las previsiones optimistas del gobierno en el estado de que “se recuperarán los empleos perdidos” en el segundo semestre del año, en realidad son poco realistas, pues la perspectiva es que, por el contrario, el desempleo se incremente más todavía, dado que la crisis capitalista aún no ha tocado fondo y se sigue profundizando. Si el índice de despidos se mantuviera en la misma cantidad durante el resto del año, la cifra de desocupados a fines del 2009 ascendería a 155 mil personas, lo que representaría el 6.5% de la PEA en la entidad, siendo los jóvenes los más afectados, como hemos visto.

Inflación y carestía de la vida

Las perspectivas para el cierre del año no son nada alentadoras. Se prevé que el nivel de inflación será de 4.13%, particularmente se esperan incrementos en los precios de servicios educativos y en electricidad[9], lo que significa un agravamiento mayor en el costo de la vida. Según el Banxico, durante los primeros dos años y medio (de diciembre de 2006 y junio de 2009) del gobierno espurio de Calderón, el incremento en el nivel general de precios al consumidor fue de 11.94%.

Este índice de inflación, de por sí bastante elevado, se incrementa más todavía cuando analizamos el rubro de los alimentos, donde la carestía fue de 20.49% en el mismo periodo de referencia. Por productos específicos el alza fue de 39.08% en el precio del maíz, de 74% en el del arroz, de 56.31% en el de aceites y grasas comestibles, y de 40.90% en el del pan de caja, entre otros. Con esto, la pobreza alimentaria aumentó 35.4% en México hasta abarcar a 19.5 millones de personas.[10]

Por lo que respecta al estado de Puebla, la capital, se ha mantenido entre las primeras ciudades más caras del país, con un índice de inflación cercano al siete por ciento. De diciembre de 2006 a junio de este año, la canasta básica en la entidad aumentó en 47.85%, mientras que el salario mínimo de los trabajadores sólo ha aumentado en 13.4% en el mismo lapso, al pasar de 45.81 a 51.98 pesos, lo que corresponde a sólo seis pesos, mientras que el aumento de la canasta básica fue de 367.64 pesos.[11]

Haciendo caso omiso de esta situación, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) del estado, dejó latente la posibilidad de aumentar hasta en un 20 ó 30% la tarifa del transporte público en la capital poblana, con lo que el pasaje podría aumentar de 5 a 6 ó 6.50 pesos. En cuanto se comenzó a discutir este tema, los padres de familia manifestaron ante los medios de comunicación su desacuerdo, pidiendo correctamente que se incremente también, en la misma proporción, el salario mínimo, que en Puebla es de 51 pesos con 95 centavos. De concretarse el incremento, debido al incremento del precio de las gasolinas anunciado para el próximo año[12] y las consiguientes presiones de los empresarios del transporte, muy probablemente veríamos salir nuevamente a las calles a protestar a los jóvenes estudiantes, como lo hicieron en marzo del 2008, cuando se dio el último aumento al pasaje, bajo la justificación del incremento del diesel y refacciones. En ese entonces los concesionarios se comprometieron a modernizar sus unidades, sin embargo, aún pueden verse unidades en deplorables condiciones circulando, mal servicio e inseguridad laboral para los trabajadores del volante.

Todo lo anterior, expresa el contexto de desigualdad en la distribución del ingreso que se ha seguido profundizando durante los dos primeros años y medio del gobierno de Felipe Calderón. De acuerdo con estudios del Consejo Nacional de Evaluación de la Política Social, ha habido un aumento de la pobreza extrema en México, pues señala que, existen en el país 31 millones de pobres cuyos ingresos no alcanzan para satisfacer necesidades básicas como alimentación, transporte, vivienda o servicios públicos, mientras que 50.6 millones más viven en pobreza patrimonial dado que las condiciones de las viviendas que habitan son deplorables[13]. De tal manera que, ahora el número de pobres abarca alrededor del 76% de la población nacional calculada en 107.4 millones de mexicanos.

Decrecimiento

Con todo lo anterior, el crecimiento económico, según la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico, la economía en nuestro país se perfila a desplomarse este año hasta ocho por ciento. Con esta caída, el Banxico, al igual que el grupo Bancomer, estima que se perderán unos 700 mil empleos y la tendencia seguiría en 2010[14]. Durante el primer semestre del año el Producto Interno Bruto (PIB) tuvo una caída anual de 9.2%, con lo que los tres primeros años del régimen de Calderón son ya los peores de los últimos 27 años, con una contracción que acumulada de 3.6 por ciento[15]. A nivel estatal, de acuerdo con la Secretaría de Desarrollo Económico (Sedeco) de Puebla, se estima que la caída del PIB en la entidad será en promedio del 5.5% en 2009.[16]

II. Privatización de la educación

La política educativa es sólo parte de la política económica capitalista aplicada por los gobiernos del PRI y el PAN ahora. Estos, como fieles representantes de los intereses de la burguesía nacional e internacional, han venido impulsado, desde hace casi tres décadas, medidas tendientes a privatizar la educación pública en nuestro país. De acuerdo con el Compendio Mundial de la Educación 2008, de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), México se encuentra a la zaga, en el lugar 33 de 42 naciones, en el gasto educativo que realiza por alumno al invertir desde su enseñanza primaria hasta el nivel profesional un total de 32 mil pesos anuales (2 mil 405 dólares), lo que contrasta con los 93 mil 669 pesos que gasta España o los 170 mil pesos que destina Estados Unidos, país que encabeza el listado.[17]

Esta tendencia en la reducción del gasto educativo, con la actual recesión económica, está siendo “cuestionada” (demagógicamente) incluso por los rectores de diversas universidades del país que desde hace años han venido implementando internamente las “recomendaciones” de los organismos financieros internacionales en materia educativa. Advirtieron al nuevo titular de la SEP, Alonso Lujambio, que la estabilidad de esas instituciones es un factor de gobernabilidad en el país, por lo que si la aportación que éstas realizan no se corresponde con el financiamiento, se corre el riesgo de la "descomposición social"[18]. De ahí que, la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior (ANUIES), exhortó al gobierno federal y a los nuevos legisladores para que no se recorten los fondos económicos a las universidades y se establezca una política de Estado en defensa de la educación superior, pues no aceptará “ni un peso atrás”.[19]

El titular de la SEP, por su parte, ha declarado que “el sistema educativo en su conjunto (…) tiene que contribuir al recorte (presupuestal), (…) para que todos metan el hombro” y en cuanto a las cuotas que se piden en las escuelas, dijo que “se trata de donativos estrictamente voluntarios” sin los cuales las instituciones no podrían sobrevivir[20]. Recientemente, el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) otorgó a la SEP un préstamo por 100 millones de dólares que supuestamente se destinará a infraestructura y becas para el nivel medio superior[21], pero por supuesto con la condición de aumentar la recuperación de costos a través del pago por los “derechos de matrícula”, es decir, bajo un perfil bancario de brindar apoyos financieros a quien mejor rendimiento presente. Pero, a pesar de este préstamo, se ha anunciado un recorte de uno por ciento a las universidades en el presupuesto aprobado para 2009, lo que representa un monto de 800 millones de pesos.[22]

Nivel Básico

En lo que a la educación básica se refiere, en el estado de Puebla, existe actualmente un millón 476 mil 624 alumnos estudiando el nivel básico. Del total, 134 mil 313 pertenecen a colegios privados; mientras un millón 305 mil 476 jóvenes acuden a escuelas públicas de la entidad. El resto –36 mil 853 estudiantes– estudian en instituciones públicas federales. En cuanto a escuelas, hay 11 mil 817 escuelas de educación preescolar, primaria y secundaria en los 217 municipios de la entidad, de las cuales 9 mil 626 corresponden a instalaciones públicas, mientras el resto, mil 683, son de colegios privados. La subsecretaria de educación básica de la SEP, informó que esperaban que en este ciclo escolar al menos 13 mil 500 alumnos de colegios privados migrarán sus estudios a instituciones públicas a consecuencia de la crisis económica. Es decir, al menos 10% de los 134 mil alumnos de colegios particulares cambiarán su esquema para integrarse a la educación pública que proporciona el estado.[23]

De acuerdo con el Índice Estatal de Cumplimiento de los Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), Puebla es una de las 10 entidades del país que registran mayores atrasos en materia educativa por la numerosa población analfabeta (15%) y el bajo promedio de escolaridad, pues sólo 13% de las personas en edad de cursar ese nivel educativo se encuentran en la escuela.[24]

Nivel Superior

En cuanto a cobertura educativa nacional en el nivel superior, según el propio subsecretario del sector, Rodolfo Tuirán, la cobertura en nuestro país es de 27.6%, muy baja, si se compara con la de Chile, que llega a 45%, o la de Argentina, de 60%, índices que "serían a los que aspiraríamos alcanzar en 2020 y 2030"[25]. En Puebla, de acuerdo con el titular de la SEP estatal, durante el ciclo escolar 2008–2009, se alcanzó el 31.2% en la cobertura de educación superior, por arriba del promedio nacional, pero que no alcanza a cubrir la demanda.[26]

El estado de Puebla, es la segunda entidad con mayor cantidad de IES con cerca de 13 mil profesores y apenas 150 mil 630 alumnos que asisten a 188 escuelas distribuidos entre privadas y públicas. Cerca del 45.7% de la matrícula total de educación superior, es decir, 68 mil 908 alumnos, se encuentra en las 151 escuelas privadas de educación superior (en su mayoría, propiedad de autoridades educativas y gubernamentales). En tanto, en las 35 instituciones públicas se encuentra el 54.24% de los alumnos. De estos, 17 mil 963 jóvenes estudian en los 14 centros de Institutos Tecnológicos; 7 mil 484 lo hacen en las cinco sedes de la Universidad Tecnológica; 800 alumnos en el centro de la Universidad Politécnica de Puebla; mientras que 5 mil 950 lo hacen en los tres institutos de la Universidad Pedagógica Nacional. Además, 3 mil 184 poblanos estudian en las 10 Universidades del Estado de Puebla; 429 en el Instituto Nacional de Astronomía, Óptica y Electrónica (INAOE); 293 en la Universidad Intercultural del Estado de Puebla como órgano descentralizado, 95 en el Colegio de Posgraduados y 45 mil 524 en la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla.[27]

Las estadísticas anteriores son una muestra más de la bancarrota del sistema capitalista y la burguesía mexicana que ha tenido casi 100 años para haber cumplido una de las tres principales demandas por las cuales lucharon y murieron obreros y campesinos en 1917: educación pública y gratuita para todos los hijos de los trabajadores.

III. El caso de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP)

El pasado 15 de agosto se dieron a conocer los resultados del examen de exclusión a la BUAP. En esta ocasión sólo 16 mil 675 jóvenes de más de 39 mil aspirantes lograron un lugar en la universidad.[28] Aunque según las autoridades universitarias, la matrícula se incrementó en 7% (500 estudiantes) con respecto al año pasado, en realidad, es una cantidad mínima comparada con los más de 22 mil jóvenes a quienes se les negó la posibilidad de estudiar la educación media superior y superior, en una de las preparatorias y alguna de las licenciaturas de la institución.

Los resultados anteriores son parte del mismo proceso de privatización de la educación pública en México que impide el acceso a la educación media superior y superior a hijos de los trabajadores. En la Universidad Nacional Autónoma de México, el Instituto Politécnico Nacional y la Universidad Autónoma Metropolitana (las tres principales instituciones de educación superior del país), por ejemplo, en el reciente “proceso de admisión” alrededor de 200 mil jóvenes fueron rechazados también.

En el caso de la BUAP, que durante el periodo 1975-89 se reconocía como crítica, democrática y popular, a partir de los años noventa se inicio una etapa de transformación en la universidad que marca una ruptura con dicho modelo y se apega al proyecto oficial de “modernización”, durante la gestión de los rectores José Doger Corte y Enrique Doger Guerrero. El primero, con la implementación del Proyecto Fénix, entre 1993-94, se ajusta a los nuevos tiempos de la globalización económica neoliberal; el segundo, adecuando las funciones de la universidad a una economía de mercado, es quien se encarga de consolidar dicha política, al igual que Enrique Agüera, con el nuevo Modelo Universitario Minerva (MUM) acorde, también, a la “demanda del mercado laboral”.

Con el argumento de impulsar la excelencia académica se empezó a restringir el ingreso. Esto implicó la cancelación de la política de puertas abiertas a los jóvenes que deseaban acceder a la universidad, mediante la instrumentación de un “examen de admisión” o, más correctamente, de exclusión. El crecimiento vertiginoso de instituciones particulares en la entidad ocurrió precisamente con las reformas implementadas por el dogerismo que desde entonces han llevado a la reducción de la matrícula a la mitad (50.6%), pues mientras que en 1990 el número total de estudiantes era de 89 mil 975, actualmente la cantidad tan sólo asciende a 45 mil 524 alumnos en todos los niveles y 2 mil 6 docentes, lo que representa el 30.2% de la población escolar en el nivel superior de la entidad[29]. Sólo de 2004 a este año, la cantidad de rechazados suma 111 mil 500, más de la mitad de los 212 mil 500 jóvenes aspirantes.

Como en años anteriores, para evitar cualquier movimiento de protesta que pudiera organizarse por parte de los miles de jóvenes rechazados, la táctica del gobierno y de las autoridades universitarias fue llevar a cabo nuevamente un convenio en el que se otorgaron este año 18 mil becas académicas (descuentos de 20 a 80% en todos los gastos escolares durante el primer año de su permanencia) en 75 universidades e institutos privados de educación superior (12 de ellas de dudosa calidad, incorporadas a la BUAP y propiedad de los altos directivos, incluido el rector) para los más de 22 mil jóvenes rechazados esta ocasión.[30]

El aumento de los rechazados y la proliferación de instituciones privadas son sólo una parte del proceso de privatización de la educación superior pública; la otra parte implica a los estudiantes que logran ingresar, pues al interior de la “universidad pública”, se da un traslado del gasto a los estudiantes a través de cobros ilegales por servicios como exámenes, seminarios, credenciales, constancias, laboratorios, etc. Todos esos recursos propios que genera la institución, por supuesto no son para mejorar las condiciones laborales de los trabajadores académicos y administrativos y elevar la calidad académica como se dice. En cuanto a becas de estudio, por ejemplo, solamente cuatro de cada 10 estudiantes que solicitan una a la BUAP la consiguen, pues cada año 6 mil estudiantes inician los trámites para ser apoyados económicamente, de los cuales sólo 2 mil 500 consiguen la beca que va de entre 400 y 800 pesos mensuales durante un año.[31]

Los recursos, por supuesto, se utilizan para corromper a “representantes” estudiantiles, académicos y administrativos que integran el Consejo Universitario para sólo avalar cada una de las propuestas de la administración central. Aquellos que no se alinean a la política de las autoridades, pues simplemente se les reprime; para eso se ha venido invirtiendo en “vigilantes” (porros) y la compra de cámaras de televisión (de circuito cerrado); no para garantizar la “seguridad” de los universitarios, como se dice, sino como parte de la política represiva y autoritaria que trata de controlar cualquier intento de organización por parte de los estudiantes y trabajadores conscientes y críticos.

Aunado a lo anterior, también tenemos que el estado capitalista mexicano, antes representado por los gobiernos del PRI y ahora por el PAN con Calderón al frente, no puede dejar de cuidar los intereses y privilegios de la burguesía nacional e internacional, finalmente sigue siendo un aparato al servicio de la clase capitalista para mantener en su situación de explotados a los trabajadores. Así que para preservar las ganancias de los empresarios, desde los años 80 se ha venido reduciendo el gasto público en diferentes ámbitos como son la seguridad social, la salud, la alimentación, la vivienda y la educación. Todo ello como una salida para resolver la actual crisis por la que atraviesa el sistema capitalista desde la segunda mitad de la década de los años setenta.

Hay dinero para rescatar a los banqueros y a las grandes empresas, pero no para las necesidades de la población incluida la educación. El recurso federal, por ejemplo, que se había destinado este año para la BUAP sería 6% más grande que el manejado en 2008, sin embargo, ese aumento que de por sí era menor que el de los tres años anteriores, ni siquiera será entregado completamente, pues recordemos que se ha anunciado un recorte presupuestal más para la educación este año.[32]

Vemos, pues, que bajo el capitalismo no tenemos ninguna alternativa, es horror sin fin para la juventud. La única forma de preservar y ampliar nuestros derechos como jóvenes es luchar por una sociedad diferente, donde la economía se planifique de manera democrática bajo el control de los trabajadores y se produzca para satisfacer las necesidades de la población en su conjunto, esa es una sociedad socialista. De seguir las cosas como van, por un lado, cada vez será más y más complicado acceder a la educación y por otro, aunque un joven hijo de la clase obrera y el campesinado pobre acceda a la escuela pública, eso no significará ninguna garantía para un puesto de trabajo digno. Es decir, la olla de la incertidumbre en el futuro seguirá calentándose y sin duda hará crisis en la educación, en donde asistiremos a movilizaciones en defensa de la escuela pública, porque defender el futuro, necesariamente pasa por defender a la educación. Es necesaria una alternativa de lucha y esa es precisamente la que ofrecemos a los estudiantes poblanos a través del CLEP-CEDEP. No sólo es necesario saber lo que no se quiere, sino, asimilar lo que se quiere en un programa que se pueda convertir en una guía para la acción.

IV. ¡Por una organización estudiantil nacional, permanente, democrática, combativa y con un carácter de clase!

Para transformar de manera radical las bases de este sistema por una nueva sociedad necesitamos un instrumento de lucha. Los marxistas aglutinados en torno al Comité de Lucha Estudiantil del Politécnico-Comité Estudiantil en Defensa de la Educación Pública (CLEP-CEDEP) consideramos que es una prioridad y necesidad, la construcción de una organización estudiantil nacional, permanente, democrática, combativa y con un carácter de clase. Por ello te invitamos a organizarte en el CLEP-CEDEP, como la base sobre de la cual aspiramos a construir un Sindicato de Estudiantes de dimensión nacional.

A la par de la organización es necesario tener un programa de lucha que enfrente los problemas en conjunto y que dé claridad acerca de la orientación del movimiento estudiantil. En este sentido, los marxistas organizados en torno al CLEP-CEDEP luchamos, entre otras cosas, por:

• Una educación pública gratuita, científica, de calidad, democrática y laica.
• Que un porcentaje del dinero que se destina al pago de la deuda externa sea invertido en educación. Gasto mínimo del 10% del PIB en educación.
• Un aumento del presupuesto a la investigación hasta un 3% del PIB.
• Una educación pública obligatoria, desde 0 hasta los 23 años.
• No a la saturación de las aulas. Por un plan de creación de 6 millones de plazas nuevas en la educación.
• Reducción del número de alumnos por aula hasta un máximo de 25.
• Sistema de becas para los estudiantes hijos de trabajadores, con un monto igual al salario mínimo y otorgamiento sin discriminación por razón de edad, sexo, raza, etc.
• Gratuidad del transporte, material escolar y comedores para los hijos de los trabajadores.
• La creación de casas-residencia para estudiantes fuera de su lugar de origen, a cargo del presupuesto federal, dignas y con todas las condiciones y medios.
• Apoyo especial (promoción, oportunidad de ingreso, becas, residencia, etc.) a los jóvenes indígenas para realizar estudios en los centros universitarios en todas las áreas (cultura, arte y ciencias).
• El equipamiento del 100% de los centros de estudio con aulas, talleres, laboratorios, bibliotecas, salas de cómputo, auditorio, gimnasio, etc.
• Un fondo especial para la enseñanza técnica. Por un plan de inversiones cada seis años para la renovación y ampliación de la infraestructura.
• Un Servicio Social donde no se nos utilice como mano de obra barata. Por la existencia de prácticas en empresas, controladas por estudiantes, profesores libres de horario de clase, comités de empresa y sindicatos obreros, pagándose el 100% del salario mínimo diario.
• El pase automático a la universidad y a toda enseñanza Superior. Rechazo a los exámenes de selección y departamentales. Contra la privatización de la educación. Contra la reducción de la matrícula. Abolición de las cuotas y pagos de servicios.
• La democratización de la enseñanza. Representación paritaria de los alumnos en todos los órganos de gobierno y Consejos (Generales, Técnicos, Académicos, etc.).
• Los plenos derechos democráticos de los estudiantes. Derecho a huelga, asamblea y reunión en horas de clase y a la constitución de instancias de delegados por carreras, departamentos ó consejos de representantes en las Escuelas donde no los exista.
• Proporcionar a la organización estudiantil locales bien dotados para realizar sus actividades.
• Erradicación de todo tipo de cuerpos represivos y de control o coerción política.
• Por un puesto de trabajo digno al acabar los estudios o un subsidio de desempleo, a cargo del gobierno, mientras se consigue ocupación.
• Nacionalización de la Banca, la Tierra y las grandes compañías constructoras, sin indemnización y puestas bajo control de los obreros, como única posibilidad de llevar a cabo una campaña urgente de creación de nuevos puestos escolares, escuelas infantiles, de educación básica, media superior y superior para satisfacer las necesidades reales.

¡Afíliate al CEDEP y lucha con nosotros por este programa desde tu escuela!

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