2009 ha sido un año trágico par el capitalismo mundial al ser este el año en el que se ha manifestado con mayor agudeza una crisis económica cuya profundidad se asemeja a la que estalló en 1929. Al igual que hace 80 años, la actual crisis se está traduciendo en quiebras y despidos masivos. Para el caso de México el dato más reciente al respecto es el ofrecido por la Asociación Latinoamericana de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa (ALAMPYME) según el cual en 2009 quebraron medio millón de pequeñas y medianas empresas y se destruyeron millón y medio de empleos (La Jornada 221209). Ya entre octubre del 2008 y mayo de 2009 habían sido aniquilados 700 mil empleos formales, dato por sí mismo superior a los despidos presentados durante las crisis de 1995 y 2001, años en que esa cantidad alcanzó a las 550 mil y 300 mil personas respectivamente. Esta comparación es suficiente para medir las repercusiones de la actual crisis sobre los trabajadores.
Según estimaciones del Banco de México (BdeM) la economía experimentó este 2009 una contracción del Producto Interno Bruto (PIB) del 7%. Este resultado está íntimamente ligado a la enorme e inevitable dependencia de México hacia los Estados Unidos (EU), el cual hasta antes del julio del 2009 mantuvo una dinámica de cuatro trimestres consecutivos sin crecimiento económica, provocando que para dicho año su PIB que apenas crecerá entre el 0.1 y 0.4%.
La crisis ha tenido un costo social muy altos pues, de acuerdo a la Secretaría de Desarrollo Social (SEDESO), durante 2009 se integraron a las filas de la pobreza otro millón y medio de personas. Según esta misma dependencia a lo largo de los tres primeros años del gobierno de Calderón, la pobreza patrimonial pasó de 46.1 a 50.6 millones de mexicanos.
Todo este panorama en su conjunto ha creado una situación de enorme polarización social que ha despertado serias inquietudes entre algunos representantes del régimen y de la propia burguesía: tanto Ernesto Cordero, entonces titular de SEDESOL y actual Secretario de Hacienda, el 29 de agosto, como el propio presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), Armando Paredes, el 25 de agosto, han hecho declaraciones públicas en el sentido de alertar sobre el riesgo de un estallido social en caso de que las cosas no mejoren. Por su parte, en un programa auspiciado por TV UNAM (Radiografía de la crisis) y transmitido a principios de octubre pasado en televisión de paga, Guillermo Ortiz, siendo aun Gobernador del BdeM, destacaría que México debe crear empleos para evitar un estallido social.
La burguesía siente que el suelo se está moviendo debajo de sus pies, sin embargo los empresarios y los banqueros no tienen otro camino más que el de cobrarle a los trabajadores los costes de la crisis, tal como sucedió con Calderón al lanzar el “sabadazo” del 10 de octubre para cerrar Luz y Fuerza del Centro (LyFC) y de paso tratar de aniquilar al SME.
No obstante el enorme costo social que ya ha tenido la crisis, para la burguesía aun no es suficiente. Además de nuevamente decretar un microaumento para el salario mínimo de 2010 del 4.85%, también las prestaciones laborales más básicas han sido puestas en la mira de los ataques. Con el microaumento el salario mínimo de la zona “A” pasa de 54.80 a 57.46 pesos, significando ello que los ingresos se sigan deteriorando significativamente en comparación al incremento de la canasta básica y la inflación. Sobre esta última si bien el BdeM pronostica que en 2010 acumulará los 4.86 puntos, por su parte el banco de inversiones Merrill Lynch señala que dicho índice se ubicará finalmente en 5.25%. De cumplirse este último vaticinio, el aumento a los mini salarios será nulificado totalmente.
En lo relacionado a los derechos laborales, ya en julio pasado, Salomón Presburguer, presidente del la Confederación de Cámaras Industriales (Concamin) señaló la necesidad de abaratar la mano de obra “para hacerla más atractiva para la inversión” y propuso que la patronal deje de pagar las cotizaciones del Infonavit, del IMSS y del SAT. Por su parte el PAN, en voz del Senador Javier Castelo, el 16 de diciembre hizo público su deseo de impulsar una reforma laboral para regular más aun las huelgas y limitar su duración a 60 días.
A pesar de que el gobierno ha echado las campanas al vuelo anunciando que México ha entrado al camino de la recuperación económica, la necesidad de la burguesía de recrudecer los ataques a pesar de sus serios temores ante un potencial estallido social expresa su falta de confianza en las expectativas de Calderón las cuales esperan que en 2010 el PIB crezca un 3%. La economía nacional ha entrado en una etapa de menor contracción a partir de julio pasado: en el primer trimestre el crecimiento fue del -8.0%, en el segundo del -10.3, en el tercero del -6.4 y se espera que el cuarto trimestre el resultado sea del -3.7%. Esta evolución es obra de la recuperación que ha experimentado los EU en los últimos seis meses. No obstante se trata de una recuperación frágil sobre al cual no se puede tener plena confianza pues se estima que la economía yanqui apenas crecerá entre 0.1 y 0.4% en 2009.
La cuestión es que, para las expectativas de recuperación de México, el imperialismo yanqui logró esa recuperación abatiendo sus importaciones y expandiendo sus exportaciones a tal grado que el déficit de su balanza comercial, el cual en total era a finales del 2008 de 692 mil 937 millones de dólares, pasó de, por ejemplo, los 60 mil 626 millones acumulados entre enero y mayo de ese año a los 25 mil 925 millones acumulados en el mismo periodo de meses del 2009. Para lograr ese resultado los EU implementaron diversas medidas proteccionistas, además de que se basaron en la debilidad del dólar el cual a nivel global perdió valor en un 7%, significando ello un abaratamiento respecto al euro del 20% y frente al peso mexicano del 13.4%, entre otras divisas. El imperialismo yanqui estima que podría crecer en 2010 entre un 2.5 y 3.5%, sin embargo para lograrlo tendrá que continuar por el mismo camino poniendo toda clase de obstáculos a sus importaciones, entre ellas a las de origen mexicano, para sanear sus enormes inventarios basándose no solo en su mercado interno sino también en el externo, tal como la ha venido haciendo en todos estos meses.
Las voces de alerta de importantes representantes de la burguesía sobre el riesgo de un estallido social no son otra casa más que un barómetro para medir el grado de presión de las tensiones sociales; no obstante sus temores, los empresarios no pueden renunciar a los ataques. Por otro lado los trabajadores ya se han encargado de demostrar que no están dispuestos a aceptar los ataques pasivamente, de ello hablan la movilización de medio millón de personas el 15 de mayo y el paro nacional del 11 de noviembre, ambas jornadas en defensa de LyFC y el SME. Esta reacción demuestra que cualquier medida que tome el régimen y la burguesía para tratar de generar equilibrio económico, generará más desequilibrio político entre las clases. Incluso esta aseveración es aplicable para la propia burguesía la cual, en el marco del debate de la propuesta de ley de ingresos públicos para el 2010, entró en plena confrontación con Calderón desacreditando sistemáticamente la iniciativa de la Secretaria de Hacienda; a cambio la patronal recibió como respuesta del presidente de México acusaciones como la de que aquellos empresarios que más tienen ganancias, “rara vez pagan impuestos”. Estas divergencias además de expresar la falta de claridad de la burguesía respecto al rumbo a tomar frente a la crisis económica, manifiestan también las serias divisiones que se padecen en las esferas más altas de la clase dominante. Estas divisiones también son un barómetro que ilustra la severidad de las tensiones sociales.
2010 no será fácil para los trabajadores por el potencial de ataques que existe, pero tampoco lo será para la burguesía la cual, hoy más que nunca, está desarmada para tratar de comprar la paz social y suavizar la polarización entre las clases. No obstante el régimen ha lanzado un importante ataque contra el movimiento obrero a través de la extinción de LyFC, este precedente y las presiones de la burguesía no hacen descartable la posibilidad de que en los próximos meses Calderón presente una iniciativa de contrarreforma laboral. Sin embargo el horno no esta para bollos, pues está lejos de estar dicha la última palabra sobre la lucha del SME la cual, de asumir consecuentemente los dirigentes el acuerdo de convocar a una huelga nacional en 2010, podría darle un vuelco total a la situación y no sólo frenar los intentos de mutilar a la Ley Federal del Trabajo sino incluso revertir el ataque contra LyFC. Otro síntoma que describe el grado de tensiones sociales es el desistimiento de los planes de Calderón para despedir a 10 mil empleados públicos por medio de la desaparición de tres secretarias de Estado (Función Pública, Turismo y Reforma Agraria) tal como se preveía en la propuesta original de egresos públicos presentada por la SHCP en septiembre pasado.
La marcha en reversa en los planes de este ataque contra los empelados públicos refleja el nerviosismo y el temor de la burguesía ante la posibilidad de que las cosas estén llegando a un punto límite. El próximo periodo estará marcado por el cumulo de contradicciones entre una burguesía que no tiene otra alternativa más que la de atacar y una clase trabajadora que ha dado muestras de que no dará su brazo a torcer sin antes luchar con firmeza, esta es la lección que podemos sacar también de los compañeros de Olympia de México quienes han sostenido una valerosa huelga por ya 12 meses y del los camaradas mineros de Taxco, Sombrerete y Cananea los cuales se aproximan a los 30 mese de huelga.
Contra los ataque de la patronal el camino a seguir es el de la lucha unificada del movimiento obrero y la adopción del programa de socialismo para eliminar de una vez por todas la propiedad capitalista y solucionar con ello los graves problemas de miseria y desempleo que padecemos los trabajadores y nuestras familias.
