La guerra perdida contra el narcotráfico

Los recientes asesinatos en Ciudad Juárez, tanto de jóvenes cómo de dos personas que laboraban en el consulado norteamericano de esta ciudad fronteriza, han puesto en evidencia la impotencia de Calderón y su gobierno. Apenas se habían anunciado nuevas medidas para mitigar la violencia de los carteles de la droga, éstos respondieron en lo que hasta ahora es uno de los desafíos más evidentes al gobierno y son un aviso de “quién manda en casa” para el propio gobierno de Obama.

La llamada “guerra contra el narcotráfico” cada vez es más catastrófica. En lo que apenas va de este año se ha igualado el número de muertes que se registraron durante todo el 2009. Los enfrentamientos directos entre el ejército y sicarios ha venido en aumento: en 2007, según información de la SEDENA, fueron 17; en 2008, 18 y en 2009, 22.

Estos resultados le han valido a Calderón el reproche del imperialismo norteamericano, mismo que ha reconocido su fracaso. "El presidente Calderón ha estado profundamente involucrado [en la lucha contra el narcotráfico] e incluso envió al Ejército a Ciudad Juárez. Pero, eso no ha ayudado…" fue la declaración de la secretaria de seguridad interna de EUA, Janet Napolitano.

Después del reproche ha habido contradicciones sobre qué hacer con el narcotráfico en México. Por un lado el gobierno de Obama ha ratificado la entrega de recursos del Plan Mérida hacia México, pero también hay sectores en el congreso norteamericano que han mostrado su desacuerdo y plantean la reducción del apoyo. En cuanto a la táctica a seguir el Departamento de Estado emitió el 1 de marzo un informe donde señalaba la desmilitarización de la lucha contra el narco, pero un oficial del Departamento de la Defensa posteriormente indicaba lo contrario: “El Ejército de México se mantendrá previsiblemente a futuro activamente involucrado en la lucha contra el narcotráfico” en un informe entregado al congreso de los EUA.

Divisiones entre el PRI y el PAN

A principios de marzo se dio a conocer un acuerdo suscrito por la dirección nacional del PRI y del PAN, teniendo cómo “testigo de honor” al secretario de gobernación, Francisco Gómez Mont. El acuerdo consistía en que el PAN se comprometía a no hacer una alianza electoral en el Estado de México con el PRD para el próximo periodo electoral de dicha entidad en 2011 y el PRI se comprometía a aprobar el presupuesto federal del 2010, que incluía el aumento al IVA y el ISR.

A partir del reconocimiento público del “acuerdo”, las acusaciones respecto a la responsabilidad del mismo fueron subiendo cada vez más de tono reflejándose de este modo las tensiones internas de la burguesía, su gobierno y sus partidos. El diputado del PRI Cesar Augusto Santiago, declararía: "Gracias a uno de esos acuerdos, Calderón está sentado en la silla", haciendo clara referencia al fraude electoral del 2006.

El saldo de este enfrentamiento ha sido el aumento de la vulnerabilidad del gobierno de Calderón ante el PRI, ya que requiere que éste le apoye con sus votos en la cámara de diputados y senadores para hacer pasar sus contrarreformas. Para que nuevas reformas vayan a ser aprobadas Calderón tendrá que ser más dócil ante los intereses del PRI, agudizando los conflictos internos en su partido. Ya los priistas han amagado con su falta de confianza en el PAN para negociar la reforma laboral.

La crisis del régimen ha provocado que por el momento hayan quedado en el pasado los días en los que priístas y panistas acordaban los ataques contra los trabajadores sin tantos sobresaltos: privatizaciones, endeudamiento del Estado, rescates bancarios, fraudes electorales, etcétera. En el pasado ambos partidos se repartían el botín y actuaban como un bloque en esencia homogéneo. Los intereses de clase de ambos partidos siguen siendo los mismos pero sus divisiones están alimentadas por la falta de claridad respecto a camino a seguir y el temor de que las cosas se salgan de control en un contexto en el que se combina una fuerte polarización social atizada por la crisis económica.

Cada facción de la burguesía y sus políticos buscan su propia salvación, haciéndose cada vez más complicado conciliar todos los intereses en una política homogénea. En la confrontación y la lucha por la salvación de sus respectivas cuotas en el mercado capitalista por parte de los diferentes sectores de la burguesía, esta evidencia su debilidad generalizada.

Alianzas PRD-PAN

La debilidad del gobierno de Calderón no parece tocar fondo. Incluso aunque ha hecho lo que ningún otro gobierno de la burguesía se había atrevido, dar el golpe contra Luz y Fuerza del Centro y el SME, no ha podido cohesionar a la burguesía tras de sí. El FMI ha elevado la perspectiva de crecimiento económico para México de 3.3 a 4% del PIB, pero pide a Calderón que se lance contra la Reforma Laboral.

En última instancia la inestabilidad y debilidad del régimen residen en la enorme capacidad de resistencia y movilización que ha demostrado el proletariado, que ante cada nuevo ataque ha demostrado que está dispuesto a combatir. Las lecciones y el espíritu revolucionario del 2006 siguen estando presentes y la burguesía lo sabe, es por ello que aunque sobre la superficie las movilizaciones no hayan alcanzado la envergadura del 2006 (salvo la del 15 de octubre del 2009), todos los factores para que ésta se desarrolle están presentes. Buscan atacar esperando que no haya respuesta, pero temen que producto de dicho intento la lucha de clases podría alcanzar niveles peligrosos para su régimen.

La burguesía ha perdido la confianza en que por su propia fuerza y con sus propios métodos puede seguir gobernando. El gobierno de Calderón y la burguesía en general necesitan del permiso, de la colaboración de los dirigentes que están al frente de los sindicatos y el PRD para seguir gobernando. El sector más conservador de la derecha (Fox, Espino y compañía) no puede más que gimotear en contra de las alianzas del PAN con el PRD pues jamás se hubieran imaginado que necesitaran de los dirigentes de derechas del dicho partido para gobernar.

Más allá de las aspiraciones burocráticas de los dirigentes en las elecciones presidenciales del 2010, las alianzas tienen el objetivo de “echar un balde de agua fría” sobre la clase trabajadora, desmoralizar y desacreditar particularmente al PRD y en seguida al PT y Convergencia cómo partidos de izquierda. El nivel de desprestigio también pretende ser proporcional a su nivel de arraigo entre las masas, por ello el PRD es el blanco más importante al que la burguesía busca desacreditar. La burguesía tácitamente reconocer su debilidad al optar por las alianzas con el PRD, PT y Convergencia.

No es la policía, el ejército, el narcotráfico, el desempleo y la enorme presión económica que se yergue sobre los trabajadores, si no la colaboración de las direcciones reformistas de derecha al frente de las organizaciones de masas del proletariado las únicas capaces de mantener a Calderón en la presidencia.

Es tanto más burda la estrategia de la burguesía en tanto revisamos los resultados que en el pasado han arrojado las alianzas PAN-PRD, en un artículo del periódico El Universal titulado “El fracaso histórico de las alianzas PRD-PAN” quedan expuestos los patéticos resultados:

“Así, panistas y perredistas han unido esfuerzos en San Luis Potosí en 1991 y en 1992 en Durango, siete años después en Coahuila y Nayarit, en 2000 fueron juntos en Chiapas al año siguiente en Yucatán y más recientemente, en 2004, en Oaxaca y Chihuahua. El saldo: cinco derrotas y tres victorias (…) Pero una vez que se concretaron los triunfos sobre el Partido Revolucionario Institucional en Chiapas, Nayarit y Yucatán los candidatos ganadores (Pablo Salazar, Armando Echeverría y Patricio Patrón) marcaron de inmediato distancia y marginaron a los partidos que se sumaron a su candidatura”.

Derrocar a Calderón

Las direcciones del PAN, PRD, PT y Convergencia, pretenden que sea la simple suma de los votos que éstos partidos obtendrían o han obtenido por separado las que les den la ventaja sobre el PRI, cómo si la clase trabajadora que se movilizó por millones hace poco más de tres años, no percibiera la magnitud de la farsa. Camacho Solís, dirigentes del DIA,  pueden tenerse por traidores pero no por tontos, así que el objetivó de las alianzas está perfectamente calculado, de lo que se trata no es de asegurar ninguna “equidad” en las elecciones presidenciales sino la desmoralización de la heroica clase trabajadora, frustrando sus ánimos de lucha desde dentro de sus propias organizaciones.

El factor más relevante no es si podrían o no ganarle al PRI la coalición PRD-PT-Convergencia-PAN, esta es sólo la forma que ha adoptado el sabotaje a la lucha de las masas por cambiar sus condiciones de vida. Más allá del resultado electoral, la simple coalición con el PAN es de por sí un paso atrás por parte de las direcciones de los partidos de izquierda frente a los intereses de la clase trabajadora y el campesinado pobre.

AMLO ha rechazado tajantemente la alianza con el PAN, pero no ha convocado a movilizaciones para impedirlas. A pesar del control de los chuchos en el PRD y de Camacho Solís en el DIA (que agrupa a PRD, PT y Convergencia), la correlación de fuerzas en la sociedad sigue estando a favor de los explotados, la alianza por muy denigrante que sea, no expresa si no la debilidad y la desesperación del régimen. La organización consecuente de la lucha por parte de AMLO y los dirigentes de izquierda en los sindicatos pueden cambiar radicalmente la situación. Las masas aun tienen un enorme potencial de lucha encarnado, que buscará expresarse. Si le bloquean el terreno electoral buscará otros causes, que pueden tornarse más explosivos.

AMLO, los sindicatos y el ala de izquierda del PRD deben llamar a rechazar con energía y movilizaciones las alianzas con el PAN y el PRI. Ese mismo llamado también debe ser por derrocar a Calderón y expropiar a los burgueses. Esta es la forma de actuar frente a la debilidad y crisis del régimen y no el establecimiento de alanzas del tipo que sea con los partidos de la derecha.