Acusado de vínculos con el narcotráfico, el pasado 25 de mayo fue detenido y encarcelado el empresario Greg Sánchez, candidato a gobernador de la alianza Todos por Quintana Roo (PRD, PT, Convergencia). Así, tras habérsele dictado auto de formal prisión el 1 de junio, el candidato de dicha coalición perdería sus derechos políticos, cuestión que forzó a dicha alianza de partidos a finalmente nombrar este 14 de junio a Gerardo Mora, quien fuera coordinador de la campaña de Greg Sánchez, como candidato para sustituir a éste último y contender en las elecciones del próximo 4 de junio.

Independientemente de la inocencia o no de Greg Sánchez no cabe duda de que las acciones legales de la Procuraduría General de la República (PGR) contra el candidato de la alianza Todos por Quintana Roo forman parte de una provocación, fríamente calculada por parte del gobierno de Calderón, con claros objetivos políticos. Son varias las aristas y tantas las casualidades que al momento de considerarlas salta a la vista el hecho de que el golpe contra el PRD (partido que, de entre los que forman la alianza quintanarooense, ha sido blanco de todos los ataques lanzados por los medios informativos a partir de esta problemática) ha sido montado con todo el objetivo de favorecer al PRI no sólo con miras a las elecciones en dicho Estado del sureste mexicano sino incluso en otros aspectos de la vida de dicho partido. De paso, con el asunto Greg Sánchez, Calderón se hace un favor a sí mismo.

Con dedicatoria para el PRI y para Peña Nieto

Las alianzas electorales entre los partidos de izquierda y el PAN, orquestadas por Jesús Ortega, Camacho Solís y los dirigentes del PT y Convergencia, junto con Cesar Nava, fueron diseñadas con la intención de lanzarle un chaleco salvavidas a dichos partidos de derecha ante sus reiterados descalabros electorales: el PAN perdió aproximadamente 6 millones de votos entre las elecciones fraudulentas del 2006 y las intermedias del 2009. Con esta medida, diseñada para detener la caída libre electoral del PAN, además dichos dirigentes pretendían brindarle un tanque de oxigeno a Calderón que suavizara la crisis en la que está hundido su gobierno.

Sin embargo dichas alianzas para contender contra el PRI se trasformaron en su contrario al provocar una reacción colérica por parte de éste partido, provocando inmediatamente fuertes choques entre las dirigencias de los dos partidos de derecha, traduciéndose en una crisis que llevó al nivel mas bajo las relaciones entre Calderón y los priístas. Un efecto de dicha crisis fue la renuncia pública en febrero pasado del Secretario de Gobernación, Fernando Gómez Mont, a su militancia en el PAN. Dicho funcionario, que meses antes y de cara a la reforma fiscal había gestionado con serias dificultades el apoyo de los priístas para la iniciativa de Calderón, ahora se veía desarmado para poder negociar con el añejo partido de la revolución institucional.

Así pues, lo que se pretendía como una medida para darle estabilidad al régimen se tradujo en una nueva crisis y más inestabilidad que a la fecha está teniendo un serio costo para Calderón. Ejemplo de ello es que la tan sonada reforma política, que tenía como objetivo restar en algo la dependencia de la presidencia de la República hacia el Congreso de la Unión para impulsar reformas, ha quedado en el olvido y ha sido mandada a la congeladora. Y ahora este mismo peligro se cierne sobre la contrarreforma laboral presentada por el PAN en marzo pasado y para la cual aún no se presenta el más mínimo avance en las cámaras.

Con 143 diputados del PAN en la actual legislatura, Calderón necesita el voto de los 237 diputados priístas para obtener mayoría y poder impulsar las contrarreformas. La dependencia del gobierno hacia el PRI es mucha y Calderón busca desesperadamente congraciarse con dicho partido. En los hechos, frente a esta realidad, es obvio que el ataque de la PGR contra el candidato de la alianza Todos por Quintana Roo es parte de un montaje desesperado de Calderón por tratar de recuperar el apoyo del PRI al prácticamente aniquilar las posibilidades electorales de dicha alianza, despejándole el camino al candidato priísta a la gubernatura. Y los resultados ya saltan a la vista; mientras que el 10 de mayo, tan sólo unos días antes de la detención de Greg Sánchez, las encuestas le daban al candidato del PRI una preferencias electorales del 46.1%, seguido del aliancista con un 22.4%y por la candidata panista con un 13.1%, ya en una encuesta reciente de este mes de junio los porcentajes se presentaron de la siguiente forma: 51.1% para el PRI, 18.1% para el PAN y 17.2% para la alianza PRD-PT-Convergencia.

Pero las cosas no paran ahí. Casualmente la detención de Greg Sánchez se dio en un momento en el que toda la atención pública tenía puestos los ojos en el escándalo que estalló en el gobierno del Estado de México dados los resultados de la investigación hecha por la Procuraduría General de Justicia (PGJEM) sobre la trágica muerte de la niña Paulette Gebara Farah. Tras un espectáculo mediático que se extendió por varias semanas, primero se especuló sobre un supuesto rapto de la niña y después, tras la localización del cuerpo en su propia habitación, la posibilidad del asesinato a cargo de alguno de sus padres. El titular de la PGJEM, Alberto Bazbaz, haría público el desenlace de las investigaciones hechas por la corporación a su cargo; de acuerdo a la PGJEM la niña Paulette habría muerto de manera accidental, dictaminó dicha dependencia el pasado 21 de mayo. El resultado de la investigación no satisfizo a nadie, poniendo inmediatamente en el ojo del huracán a Peña Nieto, gobernador del Estado de México, viendo éste empañada como nunca su imagen e impactando negativamente sus aspiraciones presidenciales por parte del PRI para el 2012.

Dada la magnitud del escándalo y la forma en que estaba afectando éste a Peña Nieto, el cual cuenta con importante apoyo dentro del PRI, Alberto Bazbaz renunció a su cargo el día 25 de mayo, casualmente el mismo día en que fue detenido Greg Sánchez por la policía federal. La detención del candidato aliancista por Quintana Roo inmediatamente atrajo todos los reflectores de los medios informativos, sepultando inmediatamente el escándalo de Paulette y aliviando la presión sobre Peña Nieto.

…y de paso un auto favor: silencio sepulcral sobre el secuestro de Diego Fernández

Otra casualidad que fundamenta la maniobra de Calderón es el caso del rapto del connotado panista Diego Fernández de Cevallos, pieza política clave del grupo de poder del ex presidente Carlos Salinas y mismo al cual está ligado Peña Nieto. Tras el secuestro del panista el pasado 1 de mayo, la presidencia de la República se esforzó por silenciar a los medios y mantener un férreo hermetismo en torno a dicho acontecimiento.

El secuestro de Fernández de Cevallos nuevamente evidenció la extrema debilidad de Calderón y el fracaso de su política contra la inseguridad. El que esta vez un acontecimiento de esa naturaleza afectara a un miembro de casa y connotado representante del régimen le daba una especial relevancia al problema de la seguridad, significando ello puntos de menos para un gobierno que se agarró de un clavo ardiente en la búsqueda de legitimidad para la lucha contra el crimen organizado y en la cual ha ido de fracaso en fracaso. Por ello era importante hacer todo lo posible para evitar que la noticia del secuestro sonara los menos posible; incluso hasta se les impuso el silencio a prácticamente todos los panistas.

Pero la búsqueda del silencio no sólo obedece al problema del desprestigio del gobierno de Calderón por su fracaso ante la inseguridad, también tiene que ver con el hecho de que el rapto de Fernández de Cevallos se presenta como algo obscuro y del que se sospecha que es obra de las pugnas en las más altas esferas del poder. El secuestro de Diego Fernández tiene una serie de similitudes con el rapto acontecido en diciembre de 1997 contra la figura del exsecretario de gobernación, el priísta Gutiérrez Barrios, éste último figura con mucha influencia al interior del PRI y del gobierno, además de tener un fuerte distanciamiento con el presidente Zedillo; mientras que por su parte Fernández de Cevallos también posee fuerte influencia al interior del PAN y en el propio gobierno (el secretario de gobernación, Fernando Gómez Mont, pertenece al grupo político de Fernández de Cevallos y de Salinas) además de estar distanciado de Calderón. También en ambos casos los respectivos gobiernos impusieron un silencio sepulcral.

Siendo ello así, nuevamente en este caso también la captura de Greg Sánchez se transformó en un manto negro que cubrió el caso de Fernández de Cevallos, minimizando de esta manera, por ejemplo, el que la PGR haya anunciado tres días antes que se retiraba de las pesquisas sobre el secuestro. A un mes del secuestro del panista no se sabe nada de él ni se menciona ninguna sola palabra en los medios acerca de este rapto.

Mas casualidades…

La pregunta es por qué el PAN, convencido de que las alianzas con el PRD son la fórmula mágica para derrotar al PRI en las diferentes contiendas electorales del 4 de julio próximas, no se condujo de esa manera para el caso de Quintana Roo, Estado en el que presentó a su propio candidato a la gubernatura. Pareciera que ello fue obra de la falta de acuerdo entre ambos partidos para postular un candidato común, sin embargo no hay que olvidar que originalmente el PAN quitanarroense pugnó por Greg Sánchez como candidato en alianza con el PRD, sin embargo de última hora, el 28 de abril, llegó la directriz del panismo nacional para no proceder postulando al hoy excandidato en prisión. Ello sin mediar ninguna clase de explicación sobre la marcha hacia atrás emprendida por el panismo.

Además hay que tomar en cuenta que a pesar de ello el PAN y el PRD postularon a candidatos comunes a seis alcaldías y ocho distritos locales. Entre las candidaturas destaca la de Julián Ricalde Magaña, hermano de la candidata panista a la gubernatura de Quintana Roo Alicia Ricalde Magaña, para el ayuntamiento de Benito Juárez (Cancún). Las alianzas que sí se concertaron a estos niveles también demuestran que no fue un desacuerdo entre ambos partidos lo que impidió la candidatura común de Greg Sánchez, sino la directriz del PAN nacional el cual ya sabía de antemano que la PGR procedería sobre el candidato de Todos por Quintana Roo.

La justicia de Calderón y las elecciones

La detención y encarcelamiento de Greg Sánchez se logró tras una orden de arresto emitida por el Juez Segundo de Distrito de Procesos Federales con sede en Tepic, Nayarit, Carlos Alberto Elorza. Cabe destacar que dicha orden fue gestionada y obtenida por la PGR tras haber sido rechazada el pasado 7 de mayo por el Juez Sexto de Distrito del Estado de México, Roberto Hoyos Aponte, quien consideró que dicha dependencia no podía acreditar la existencia de los delitos contra la salud ni de lavado de dinero por parte del candidato aliancista. Siguiendo con las casualidades resulta necesario destacar que Carlos Alberto Elorza es el mismo juez que emitió las órdenes de captura que derivaron en lo que se ha dado a conocer como el michoacanazo.

El michoacanazo fue desarrollado el 26 de junio del 2009 a cargo de la PGR y en él la policía federal arrestó a 34 personas, entre altos funcionarios del gobierno de Michoacán y presidentes municipales de esta misma entidad, por presuntos vínculos con el narcotráfico. Este hecho se perpetró a escasos nueve días de que se desarrollarán las elecciones intermedias en las que además se elegirían diputados federales, el 5 de julio de ese mismo año.

Considerando la proximidad entre ambas fechas y tomando en cuenta que Michoacán es un estado gobernado por el PRD, resulta demasiado fácil concluir que el michoacanazo fue un acto artero de Calderón y el PAN con claros tintes electorales con el fin de golpear y dañar severamente al partido del sol azteca. Y esta conclusión ha sido demostrada por los resultados: a la fecha ya han sido liberados 20 de los 27 funcionarios del gobierno michoacano, mismos a los que no se les pudo comprobar ninguna clase de delito.

Otro ejemplo que demuestra el uso faccioso de la justicia por parte de Calderón, pero en un sentido inverso al de Greg Sánchez y al del michoacanazo, es el del candidato panista a la gubernatura de Aguascalientes, Martín Orozco. Para dicho candidato se dictó un auto de formal prisión por fraude contra el ayuntamiento de la ciudad de Aguscalientes cuando este fungió como alcalde de la capital hidrocálida entre los años 2005-2007, sin embargó a éste se le otorgó un amparo y mantuvo sus derechos políticos pudiendo mantener su candidatura. En Aguascalientes, entidad en la que no contienden en alianza el PAN y el PRD, Martín Orozco, a diferencia de Greg Sánchez, continúa su campaña por la gubernatura del Estado sin ningún obstáculo legal de frente.

Otra razón más para romper con el PAN

A todas luces es evidente que las provocaciones legaloides de Calderón y el PAN (el michoacanazo y Greg Sánchez) tienen como objetivo golpear al PRD y forman parte de la campaña por destruir a dicho partido.

Como una forma de lavarse las manos, el gobierno de Calderón señala que desde enero pasado informó a la dirección nacional del PRD que la PGR le seguía la huella a Greg Sánchez, cuestión que no fue negada por el dirigente nacional del perredismo Jesús Ortega.

Conociendo la trayectoria de Jesús Ortega resulta fácil señalar que ante el aviso de la PGR, éste negoció con el gobierno de Calderón para obtener el compromiso de que no se procedería legalmente contra el ahora excandidato Todos por Quintana Roo. Ortega pensó que se trataba de un acuerdo justo dado sus innumerables favores y serviles servicios de éste y el conjunto del ala de derecha del PRD para con el régimen. Seguramente el gobierno se comprometió a no proceder, sin embargo desde el principio las cosas ya estaban decididas: el caso Greg Sánchez se presentaba como una magnifica oportunidad de Calderón para continuar con la campaña que tiene como objetivo destruir al PRD y como una opción para tratar de congratularse con los priístas.

Para Calderón eso era más importante que cualquier clase de compromiso a favor del traidor Jesús Ortega. De hecho, si esto no fuera así, no se podrían entender el comunicado oficial del Comité Ejecutivo Nacional del PAN emitido el 30 de mayo en el que defiende y justifica la detención por parte de la PGR contra Greg Sánchez.

Si hay un hecho más que aberrante es el de que ante la extrema notoriedad de que Calderón y el PAN han empleado dolosamente el caso de Greg Sánchez para golpear al PRD de manera despiadada, Ortega y la dirección perredista se mantengan en toda la disposición de mantener las alianzas electorales con el panismo. Tal realidad refleja el nivel extremo de servilismo y arrodillamiento ante el régimen por parte de Jesús Ortega y el ala de derechas del PRD, pero también ratifica una idea para la que no hay ninguna clase de duda: la tarea más importante de los Chuchos es destruir al PRD desde adentro.

Los Chuchos en su afán por colaborar con el gobierno se han transformado en los principales y más efectivos aliados de la burguesía y su proyecto de destruir al PRD. Las alianzas electorales con el PAN son a contra natura, pues representan una contradicción directa con las aspiraciones de la inmensa masa desposeída y explotada que trata de utilizar al PRD para transformar su dura realidad de desempleo, hambre y pobreza. Esta razón por sí sola es suficiente para romper con toda clase de alianzas con el PAN y cualquier otro partido de derecha; sin embargo eso no le interesa a Jesús Ortega y sus secuaces ni tampoco les importa que el PRD esté siendo blanco sistemático de los ataques de la derecha y de la burguesía, como lo han sido el michoacanazo, el caso de Greg Sánchez y muchos más.

Jesús Ortega y su pandilla no romperán con el PAN y por el contrario se mantendrán fieles a su política de colaboración con el régimen, por consecuencia los únicos que pueden llevar a fondo una política de cero colaboraciones con la burguesía, sus partidos y su gobierno, somos los militantes y simpatizantes de base del PRD. Debemos organizarnos en comités de base e impulsar métodos y políticas que rescaten la democracia interna del partido, que los vinculen programáticamente de manera más clara y definida con las demandas de los trabajadores del campo y de la ciudad para transformarlo además en un partido de lucha y movilización dejando atrás su perfil electorero.

Por consecuencia, para lograr todo ello necesariamente se impone la tarea de luchar para expulsar del PRD a Jesús Ortega, los Chuchos y todo aquel que apoye una política de colaboración con Calderón y la burguesía. Los militantes y simpatizantes de base tenemos que asumir esa clase de retos para rescatar al PRD de las garras de la derecha, pero ese mismo reto tiene que ser asumido firmemente también por López Obrador y el ala de izquierda del partido. AMLO y todos estos dirigentes tienen la responsabilidad de organizar y convocar a un movimiento que tenga como objetivo rescatar al PRD para transformarlo en una herramienta de lucha.

Compañero joven y trabajador, únete a Militante y lucha por un PRD democrático, combativo y con un programa socialista.