El 4 de junio se inició la Caravana Ciudadana por la Paz con Justicia y Dignidad, también llamada “del consuelo por la ruta del dolor y la sangre”. Se formó aproximadamente con 600 personas; su recorrido fue de una semana y pasó por 11 ciudades del país.

En su camino, la caravana hizo evidentes las profundas heridas de las víctimas conformando una parte de la geografía negra de México. Atrás quedan los cinco años del gobierno actual que han costado 40,000 asesinatos y un sinfín de violaciones a los derechos humanos de los mexicanos; especialmente a los jóvenes. Considerando únicamente a las personas entre 16 y 30 años de edad los masacrados alcanzan aproximadamente 10 mil 600 personas, el 27 por ciento del total (1). Este fenómeno se relaciona con la crisis que impera en el país y que se ha cebado particularmente en la juventud; la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo de 2009, señala que más de la mitad de los desempleados del país, el 57.8 %, se encuentran en este grupo. La consecuente exclusión social propicia que los jóvenes que no cuentan con un trabajo tengan que tomar las únicas ofertas a su alcance, que son las que les ofrece el crimen organizado.

El resultado de la caravana cristaliza en un documento denominado Pacto Nacional Ciudadano y consta de seis puntos fundamentales: verdad y justicia desde las víctimas, fin de la estrategia de guerra, desmilitarización del país, combatir la corrupción y la impunidad, política social para los jóvenes y perfeccionamiento de la democracia del país con mayor participación ciudadana. La discusión del documento provocó polémica entre las personas en las mesas que lo discutieron, incluso algunas amagaron con no firmarlo. Por su parte Javier Sicilia expuso su posición, señalando que si bien Felipe Calderón es un presidente débil y que llegó al cargo con muchas dudas de legitimidad, no es el único responsable, habría que culpar también al congreso y a los partidos que lo han permitido y agregó “aunque no nos gusten las autoridades que están al frente de las instituciones, es con ellas con las que tenemos que discutir”. No obstante la posibilidad de un diálogo se encuentra congelada debido a la postura asumida por el gobierno federal y el presidente Felipe Calderón de enviar más tropas a Ciudad Juárez e insistir en la estrategia de militarización del país.

La caravana realzó las heridas pero también revela las raíces profundas en las que se engendra esta tragedia. Desde sus orígenes el capitalismo se ha sustentado en la violencia para apoyar la ganancia que necesita para  prevalecer. Este proceso se ha acelerado desde la segunda guerra mundial lo cual se ha manifestado en el incremento de los gastos en armamento, que en 2011 alcanzó el 3.4%  del Producto interno Bruto (PIB) del mundo (2), dentro de este gasto, el país que más invierte es Estados Unidos (EU) con el 5.2 % en relación a su PIB. En este contexto, los grandes monopolios armamentistas estadunidenses se ven en la necesidad de desencadenar conflictos en todo el mundo con el fin de crear mercados para realizar sus productos.

Se estima que este momento hay 70 conflictos en el orbe cuyos beligerantes son abastecidos de armas principalmente por EU. En oriente, su avidez por los recursos petroleros de los países árabes ha desatado guerras como las de Irak y Afganistán y Libia, en donde se cuentan por miles los civiles que  han muerto. Otra estrategia que no ha dejado de funcionarles ha sido la de imponer gobiernos totalitarios en donde ha establecido empresas que explotan el petróleo de esos países como en Arabia Saudita o Qatar. En América Latina, pretextando terrorismo y narcotráfico, ha logrado que sus ejércitos penetren en Centro América y en Sur América; en Colombia, apoyados por el gobierno han establecido siete bases militares con lo que muestran su estrategia a largo plazo para dominar los recursos de la región. 

La espiral armamentista que persiste en el mundo nos arrastra; el imperialismo estadounidense exige la ganancia sin que le importe cómo obtenerla. En México se beneficia por partida doble; abastece a los cárteles de la droga con el 90% de las armas que usa y lo mismo al ejército mexicano que los combate. En lo que va del sexenio, la Secretaría de la Defensa ha comprado 4 mil 690 millones de pesos en armamento para el combate el narcotráfico, sin embargo en 2011 este gasto podría alcanzar 8 mil 691 millones de pesos. El Banco Nacional del Ejército, Fuerza Aérea y armada, en su papel fiduciario, resguarda 4 mil 690 millones de pesos disponibles para contingencias de la milicia en el contexto de esta guerra. El principal beneficiario de este comercio es la industria armamentista de EU.

La guerra contra las drogas tiene su epicentro en el propio territorio estadounidense; este país es un gran productor de mariguana y los 8 millones de adictos con los que cuenta forman el mayor mercado de drogas del mundo; este negocio, de acuerdo con el reporte de United Nations World Drug Repor de 2005, en  el año 2003 se estimó en 13 mil millones de dólares al nivel de producción, a 94 mil millones de dólares al nivel precio de mayoreo, y a un billón 322 mil millones de dólares basado en los precios del menudeo. Este dinero es lavado en su sistema financiero y las mafias que operan en su territorio se quedan con el 90% de las ganancias que produce.

Lo señalado por Felipe Calderón a funcionarios de la embajada estadounidense en México, en el sentido de que las violaciones a los derechos humanos cometidas por funcionarios de su gobierno así como los más de 40 mil muertos, constituyen un precio colateral a pagar por su guerra contra el narco, ha provocado una irritación en el país por el carácter fascista de la afirmación y el desprecio que conlleva (3). Con esta estrategia lo que ha logrado el gobierno es crear una pesadilla de terror para que el miedo y el pánico nos obnubile y pueda continuar entregando los recursos de los mexicanos a la oligarquía del país al imperialismo. Esto sólo se podrá evitar con la acción conjunta de la sociedad en una lucha sin cuartel contra la burguesía y el Estado que sustenta sus intereses.

La campaña anti-drogas que ha impuesto EU al gobierno de México es en realidad un proyecto de intervención y ocupación que, debido a su debilidad política, el presidente Felipe Calderón instrumenta y acata sin restricción. En este panorama los puntos expresados en el documento denominado Pacto Nacional Ciudadano están muy lejos de ser alcanzados dentro de los márgenes del capitalismo. Lo que se requiere es unificar la lucha con el resto de las luchas que existen en el país, integrando a organizaciones sociales y sindicatos para establecer un plan con el cual alcanzar las metas y concretar las acciones para lograrlo; la única manera de detener la barbarie que ha significado la “guerra contra el narco” es mediante la lucha por una sociedad socialista.

1)            30mil 913 personas entre diciembre de 2006 y diciembre de 2010  aproximadamente el 27 %  Estadísticas de la República. Periódico La Jornada (120611)

2)            Instituto Interamericano de Investigaciones para la Paz (SIPRI)

3)            La jornada (80611)