Faltan menos de 90 días para que finalice el sexenio de Felipe Calderón. Al igual que el año pasado, este sigue vanagloriándose de supuestos “logros históricos” en combate al narcotráfico, salud, educación, inversión en infraestructura, y estabilidad económica con crecimiento y generación de empleo. Sin embargo, contrario a este discurso demagógico, un balance real de lo que ha significado el actual gobierno panista es: más violencia, crisis económica, deuda, precariedad laboral, informalidad, desempleo, carestía de la vida, corrupción, privatizaciones y pésimas condiciones de vida para la mayoría de trabajadores y jóvenes en nuestro país.
La “guerra contra el narcotráfico”: un fracaso total
El 1º de diciembre de 2006, en medio de protestas y un fuerte cerco de seguridad, Felipe Calderón tomaba posesión de su cargo en la Cámara de Diputados. Fue una rápida y tensa ceremonia, en la que el mismo Calderón tuvo que ponerse la banda presidencial, pues había llegado a ocupar la presidencia después de un fraude electoral más en la historia de nuestro país. Consciente de su debilidad política, decidió tratar de legitimar su gobierno declarando la “guerra contra el narcotráfico”.
A menos de tres meses de concluir su sexenio, ¿cuáles han sido los resultados de dicha “guerra”?. No sólo no se consiguió acabar con el narcotráfico, sino al contrario, se incrementó la violencia en nuestro país. De acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), en 2011 se cometieron 27 mil 199 homicidios en México. Esto significa que diariamente 74 personas fueron asesinadas, tres por hora o una cada 20 minutos durante el quinto año de este gobierno; proporción 160% superior al número de homicidios perpetrados en 2006, año en que concluyó la primera administración del Partido Acción Nacional (PAN). En total, de 2007 a 2011, según el INEGI, se perpetraron 95 mil 632 homicidios documentados (La Jornada, 21/08/12). Por las muertes que en promedio sucedieron a diario, la “guerra” de Calderón ha resultado ser más sangrienta que la de Irak y la de Afganistán.
Por estas terribles consecuencias de la supuesta “guerra contra el narcotráfico”, el año pasado un grupo de 23 mil personas interpusieron una denuncia contra Calderón ante la Corte Penal Internacional acusándolo de crímenes de guerra y de lesa humanidad, detallando al menos 470 casos de “abusos y violaciones a los derechos humanos” que se han cometido en el marco de su fracasada “guerra”. Antes de concluir 2012, la Corte resolverá si acepta la petición para enjuiciar a Calderón y a su gabinete de seguridad por los crímenes que se les imputan. De iniciarse el proceso judicial, el aún mandatario no podría alegar inmunidad presidencial por los “daños colaterales” de su principal política pública; se analizaría su responsabilidad de al menos 60 mil civiles ejecutados (de los cuales más de mil 300 eran niños y más de mil eran migrantes), 13 mil desaparecidos, 250 mil desplazados, centenas de heridos, decenas de torturados en cuarteles militares y de “falsos positivos”, es decir, inocentes asesinados por militares y policías federales presentados como delincuentes (Contralínea 299, 26/08/12).
La cantidad de desaparecidos es incluso superior a los que hubo durante la Guerra Sucia, y los actuales crímenes de lesa humanidad son 962.9% más que los cometidos en el periodo de 1962 a 1987. En este sexenio, 110 servidores públicos han sido procesados por el delito de desaparición forzada (Contralínea 285, 20/05/12). También han aumentado las quejas en contra de militares por su posible implicación en desapariciones forzadas de civiles. El caso más reciente, ocurrido en Tamaulipas, involucraría a marinos en la desaparición de 15 personas (Contralínea 245, 07/08/12).
A pesar de esto, Calderón sigue repitiendo lo que declaró en su Tercer informe de gobierno (2 de septiembre de 2009) sobre que: “La Estrategia Nacional de Seguridad no sólo ha permitido revertir la tendencia ascendente de la delincuencia y el narcotráfico, sino que ha debilitado las condiciones que hacen posible su reproducción y su ampliación. Por primera vez en mucho tiempo, el Estado está poniendo un límite a la acción de los criminales”. Sin embargo, según la tesis sustentada por tres mandos superiores de las Fuerzas Armadas Mexicanas en marzo pasado, la prioridad del actual gobierno fue sólo “mantener controlados los niveles de violencia y no la eliminación de los cárteles” (Contralínea 296, 05/08/12).
De manera tal que, en realidad la “guerra contra el narcotráfico” ha sido una completa farsa, pues, este negocio ilícito sigue floreciendo y goza de todas las garantías para su crecimiento y expansión funcional al capitalismo. Se ha documentado, por ejemplo, la presencia de cinco cárteles mexicanos, encabezados por el de Sinaloa, que se han extendido a más de 50 países, donde producen y trafican drogas, pero también lavan dinero y trafican seres humanos, maderas y piedras preciosas. La demanda mundial que contribuyen a satisfacer está calculada entre 155 millones y 250 millones de personas consumidoras de sustancias ilícitas (Contralínea 286, 27/05/12).
Crisis, deuda, crecimiento mínimo y corrupción
A mediados del mes de agosto Calderón presumía que el crecimiento económico de México, por segundo año consecutivo espera sea el doble (cerca del cuatro porciento) que el de la economía de Brasil, apenas del dos porciento (La Jornada, 20/08/12). Por su parte, el secretario de Hacienda y Crédito Público, José Antonio Meade Kuribreña, días antes pronosticó que incluso a pesar de un entorno internacional complicado y con signos de desaceleración en la economía estadunidense, México alcanzará la meta de crecimiento de 3.5% este año. Dijo que “la economía exhibe bastantes buenos datos, las exportaciones son vigorosas, el consumo y la inversión están creciendo; los datos marginales del consumo vienen bien soportados en un crecimiento robusto del crédito y el empleo” (La Jornada, 01/08/12).
Contrario a este optimismo ilusorio que mantienen Calderón y su equipo de trabajo, lo cierto es que el estado de salud de la economía mexicana sigue dependiendo fuertemente del comportamiento de la todavía mayor economía del mundo, la de los Estados Unidos (EEUU). Esto explica, por ejemplo, que en el año 2009, cuando EEUU experimentó una contracción del 2.6% en su Producto Interno Bruto (PIB), México haya sufrido una caída económica del -6.5%, la más grave en setenta años. Si hacemos un balance en términos del crecimiento económico, el resultado al final del sexenio de Calderón es el peor desde el gobierno de Miguel de la Madrid, con un promedio anual de 1.9%, asociado estrechamente al desarrollo de nuestro vecino del norte (La Jornada, 20/07/12).
Un dato que refleja muy bien la poca confianza que tuvieron los empresarios en la supuesta solidez de la economía mexicana que tanto pregona el titular del poder ejecutivo federal es el aumento de 266% en las transferencias de capitales de particulares y empresas de México hacia el extranjero en cinco años y medio del gobierno de Calderón (de diciembre de 2006 a junio pasado enviaron 145 mil 10 millones de dólares) en comparación con igual periodo de Vicente Fox (39 mil 614.8 millones de diciembre de 2000 a junio de 2006). Aunque este hecho, para el subsecretario de Hacienda y Crédito Público, Gerardo Rodríguez Regordosa, no es “un foco de preocupación” y sigue afirmando que la economía está más sana que nunca, sin ningún tipo de desequilibrios (La Jornada, 26/08/12).
Otro hecho a señalar es que mientras el crecimiento fue mínimo, la deuda del gobierno federal (interna y externa) se incrementó 130% (pasando de un billón 791 mil 500 millones de pesos en diciembre de 2006, a 4 billones 84 mil 125.5 en mayo pasado) y 165% en el caso del sector público federal (pasando de un billón 878 mil 114 millones a 4 billones 988 mil 227.7 millones de pesos en el mismo lapso). Esto significa que en los seis años de “para vivir mejor”, la deuda por habitante pasó de 17 mil 226 pesos en noviembre de 2006 a 35 mil 514 pesos en mayo de 2012 (La Jornada, 23/08/12).
Junto al elevado endeudamiento de su gobierno, la corrupción es otra de las características distintivas del sexenio Calderonista. Según indicadores nacionales e internacionales, bajo la actual administración, México se colocó como el país más corrupto entre los miembros de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) y el menos confiable y transparente, de acuerdo con diversos indicadores elaborados por Transparencia Internacional (TI), quien afirma que en los últimos 12 años México subió del lugar número 58 al número 100 en el Índice de corrupción (Contralínea 285, 24/05/12).
Precariedad, Informalidad y desempleo
A mitad del año, Calderón declaró que durante su gobierno se han creado un total de 1.7 millones de nuevos empleos, cifra que representa casi el triple de los que se generaron en el sexenio anterior, en el mismo periodo, a pesar de la situación de crisis mundial (La Jornada, 28/06/12). Sin embargo, hemos visto que México no es inmune a la crisis económica mundial capitalista y las consecuencias para la mayoría de los trabajadores y jóvenes en nuestro país, durante el sexenio de Calderón, han sido la precarización de sus condiciones laborales, la informalidad o el desempleo.
Durante el actual sexenio, la precariedad laboral de los trabajadores mexicanos se ha agravado más todavía de cuando se empezó a implementar la política neoliberal capitalista bajo los gobiernos del PRI en los años ochenta. Cifras del INEGI, al mes de abril de este año, indicaban que de los 47.8 millones de trabajadores ocupados que había, únicamente 17.5 millones contaban con seguridad social (15.3 millones en el Instituto Mexicano del Seguro Social, y 2.2 millones ante el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado). El resto se encontraba en la “precariedad”. Indica también que el 28% de la Población Económicamente Activa (PEA) subsistía en el sector informal, es decir 13.3 millones de personas. (Contralínea 282, 29/04/12).
A lo anterior se suma también la obtención de un salario miserable y la caída del poder adquisitivo. La más reciente encuesta trimestral sobre ocupación y empleo del INEGI indica que la quinta parte de los trabajadores ganan hasta un salario mínimo, lo que implica que pueden recibir menos que eso e inclusive nada. Se trata de 9.8 millones de mexicanos en dicha condición, es decir 20.2% de los 48.4 millones ocupados. Tal grupo se divide a su vez en 6.7 millones que reciben un minisalario y otros 3.1 millones que carecen de remuneración alguna, la mayoría porque trabaja con la familia (La Jornada, 16/08/12).
Con Calderón, a inicios de este año, el poder adquisitivo del salario mínimo de los trabajadores había caído en 42 por ciento. De diciembre de 2006 a febrero de 2012, el salario mínimo nominal diario pasó de 48.57 a 62.33 pesos; en tanto, el precio de la Canasta Alimenticia Recomendable se incrementó más del doble: de 80.83 a 197.96 pesos. Asimismo, mientras en diciembre de 2006 una persona tenía que laborar 13.19 horas diarias para poder adquirir la Canasta, al 13 de febrero de este 2012 tuvo que hacerlo durante 25.41 horas. En este contexto, para sobrevivir, los trabajadores mexicanos tienen que emplearse horas extra o incorporar a otros de sus miembros de la familia al trabajo asalariado (Contralínea 282, 29/04/12).
Pero ahí no termina el fracaso en materia laboral de Calderón. Además de la precariedad y la informalidad laboral, el autodenominado “presidente del empleo”, cierra su administración con más de ocho millones de mexicanos en el desempleo, pues a diferencia del INEGI que ubica la tasa de desempleo en el 4.8% de la PEA (2.5 millones de personas), el periódico La Jornada en su Reporte Económico: Ocupación y Empleo 2012, al cierre del segundo trimestre del año, considera que la población desocupada real se eleva a 8.6 millones de personas y es el 15.1% de la PEA, cifras mucho más realistas que las oficiales (La Jornada, 20/08/12).
Es tal el grado de desigualdad y explotación alcanzados durante el sexenio de Calderón que, mientras los trabajadores han visto precarizadas sus condiciones labores, caído en la informalidad o el desempleo, los 22 grupos financieros que operan en México, obtuvieron utilidades acumuladas a junio de 2012 por 52 mil millones de pesos, monto 23.4% superior a los 42 mil millones obtenidos en el mismo periodo de 2011. Esa cifra es casi seis veces el crecimiento estimado de la economía mexicana para 2012, que podría ser de 3.9 por ciento (La Jornada, 08/12).
Privatización de PEMEX y CFE
El sexto informe de gobierno de Calderón ha ido acompañado del noveno gasolinazo de este año y como legado de su administración, con la venia del Congreso de la Unión, seguirán los incrementos mensuales en el precio de los combustibles hasta 2014. Esto al mismo tiempo que, Petróleos Mexicanos (Pemex) incrementó su deuda total consolidada en lo que va del sexenio en 282 mil 300 millones de pesos, equivalente a un aumento de 56 por ciento. De 2007, primer año de gobierno de Felipe Calderón, la deuda de Pemex pasó de 500 mil 900 millones de pesos a 783 mil 200 millones al cierre del primer semestre de 2012 (La Jornada, 24/08/12).
Además de que se benefició con más de 110 mil millones de dólares a un limitado grupo de empresas petroleras trasnacionales como Shell, Exxon, la venezolana Sitgo (filial de PDVSA, pero que está constituida legalmente en Estados Unidos) y Valero, las cuales concentran alrededor de 75% de las compras de gasolinas que se consumen en México y por las que en 2011 se pagaron 29 mil 403.6 millones de dólares, la cifra más alta en la historia del país. Sólo dos petroleras, la estadunidense Exxon y la anglo-holandesa Shell, le venden a México más de la mitad de las importaciones de combustibles automotrices. Durante el actual gobierno la dependencia de las gasolinas producidas en el extranjero se incrementó 98%, al pasar de 204 mil 700 barriles al día en 2006, a 405 mil 200 toneles en 2011. El gasto de las importaciones creció 193% en la actual administración gubernamental, al pasar de 10 mil 28.8 millones de dólares en 2006, a 29 mil 403.6 millones en 2011 (La Jornada, 02/02/12). Esto porque Calderón tampoco terminó la construcción de la refinería Bicentenario, en Tula, Hidalgo, que prometió.
Por lo que se refiere a la Comisión Federal de Electricidad (CFE), su endeudamiento en lo que va del sexenio también se incrementó en 6 mil 223 millones de dólares, lo que significó un crecimiento de 73.3% respecto del saldo que tenía en 2007, primer año del actual gobierno, cuando se ubicaba en 8 mil 482.2 millones. De esta manera, la deuda de la autodenominada Empresa de Clase Mundial se ubicó al cierre del primer semestre de 2012, en un nuevo máximo histórico de 14 mil 705.2 millones de dólares, revelan informes oficiales de la paraestatal (La Jornada, 25/08/12).
También avanzó la privatización de CFE, mediante la entrega de contratos desventajosos a empresas trasnacionales, tales como Iberdrola, EDF International, Unión Fenosa, Mitsubishi, Intergen, Mitsui, TransAlta, EDFI y AES. Desde la llegada del PAN al poder, en 2000, hasta 2011, la Comisión Reguladora de Energía (CRE) otorgó un promedio de 772 permisos a productores independientes y externos de energía. El Gobierno Federal pactó con muchos de ellos la compra de su generación eléctrica mediante desventajosos contratos para el país con vigencias de hasta 25 años. Esto explica el porqué de la premura del gobierno de Calderón por desaparecer a Luz y Fuerza del Centro y mandar a la calle, de la noche a la mañana, a más de 44 mil trabajadores en octubre de 2009 (Contralínea 298, 19/08/12).
Rezago y privatización de educación pública
A mediados de agosto pasado, Calderón aseguró que durante su gobierno se alcanzará 33% de cobertura en educación superior, tres puntos más que su compromiso asumido en campaña, y nueve más de los que México tenía en 2006. Dijo que lo logrado por su gobierno, ha dado oportunidad a miles de jóvenes que han accedido no sólo a la educación, sino también a incorporarse a la vida productiva del país, y con ello se han obtenido beneficios en materia social y económica (La Jornada, 14/08/12). Nada más lejano de la realidad que esto.
Aunque el gobierno federal presume que durante el presente sexenio se ha alcanzado una cobertura de más de 30% en educación superior, esa cifra sigue ubicando a México muy por detrás de Cuba, con cobertura total; Venezuela, con el 79 por ciento. Cada año, las tres principales casas de estudio: las universidades Nacional Autónoma de México (UNAM), Autónoma Metropolitana (UAM) y el Instituto Politécnico Nacional (IPN) dejan fuera de sus aulas a miles de aspirantes. Este año, por ejemplo, se presentaron casi 300 mil solicitudes de ingreso, de las cuales 250 mil jóvenes fueron rechazados.
Mientras esto ocurre, desde los años noventa, con los gobiernos del PRI, y ahora los dos del PAN la educación privada universitaria ha experimentado un notable incremento. Datos de la Subsecretaría de Educación Superior de la Secretaría de Eucación Pública (SEP) muestran que de las 3 mil 159 instituciones universitarias existentes hasta el ciclo escolar 2011-2012, 2 mil 36 son particulares. En estos colegios se concentra un tercio de la matrícula total del nivel superior (33.25%), incluyendo posgrado. De acuerdo con la SEP, en lo que va de este sexenio se han creado 750 mil nuevos espacios en educación superior (La Jornada, 06/08/12)
Si evaluamos los avances en la educación básica, aunque Calderón declaró la cobertura universal de primaria, tenemos que hay 5.4 millones de personas analfabetas, y de estas más de medio millón son jóvenes de entre 15 y 29 años; 10 millones de mexicanos no tienen completa la primaria, y 16 millones y medio no concluyeron la secundaria. En educación superior siete de cada diez jóvenes en edad de estar en este nivel educativo no pueden hacerlo por falta de oportunidades y opciones (La Jornada, 14/08/12).
Junto al elevado número de jóvenes sin trabajo ni empleo (cuyo número podría llegar a 9 millones al cierre de este sexenio), la mayoría de los que sí tienen la oportunidad de estudiar lo hacen en condiciones adversas, pues al menos 40% de los jóvenes que estudian en escuelas y universidades públicas a nivel profesional se ven obligados a trabajar para sostenerse y dedican entre cuatro y ocho horas diarias a su empleo (La Jornada, 30/07/12).
Gobierno débil y quinta columna del reformismo
A todo lo anterior se suma también la crisis del régimen político de Calderón durante todo su sexenio. Por un lado estuvieron las presiones constantes de los empresarios, quienes lo impusieron en la presidencia mediante el fraude electoral para aplicar las tan ansiadas reformas estructurales que se tradujeran en mayores beneficios para ellos. Así, por ejemplo, en mayo del año pasado, mientras el subsecretario de Hacienda declaraba que el gobierno había cumplido con su aportación al crecimiento económico de “generar condiciones de estabilidad” y exigía al sector privado que se arriesgara a invertir. Al día siguiente, la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación, respondía que “la estabilidad macroeconómica no bastaba para hacer crecer la economía, y al gobierno federal le hacía falta cumplir otras condiciones necesarias para poder invertir y, sobre todo, para que las empresas sean rentables”, por lo que “el gobierno debe ser un ‘facilitador’ para que podamos avanzar como se requiere” (La Jornada, 20-21/05/11).
Por otro lado estuvo la veintena de cambios realizados en su gabinete hasta diciembre del año pasado, incluidos los cambios obligados por la muerte en “accidentes” aéreos de dos de sus secretarios de gobernación (Juan Camilo Mouriño en noviembre de 2008 y Blake Mora en noviembre del año pasado). Junto a estos ajustes en su equipo de gobierno, también estuvieron las divisiones internas en su partido, el PAN. Un primer enfrentamiento se dio por la política de alianza con el PRD defendida por Calderón; luego por la definición de su candidato presidencial rumbo a las elecciones de este año; y ahora, la disputa entre Gustavo Madero (presidente nacional del PAN) y Calderón, por el control del partido después de la culparse ambos por su bancarrota total en las pasadas elecciones presidenciales.
Si la crisis económica, política y social, marcaron el sexenio de Calderón y los resultados electorales del pasado 1º de julio demostraron la poca aceptación de su gobierno, ¿por qué razón está logrando terminar su mandato? No es por la fortaleza del régimen, sino más bien por las insuficiencias de los dirigentes que se encuentran al frente de los sindicatos y partidos políticos de izquierda de los trabajadores, quienes siguen pensando utópicamente que pueden reformar a este sistema, sin necesidad de cuestionar el poder económico de los capitalistas. Los errores e inconsecuencias de estos ha permitido a Calderón su política de miles de muertos, precarización e informalidad laboral, desempleo, carestía de la vida, avance en la privatización de PEMEX, CFE y la educación, entre otras tantas calamidades para los trabajadores.
Ahora, nuevamente son puestos a prueba los dirigentes sindicales y López Obrador, o se ponen a la altura del reto impuesto por la burguesía, forman un frente único de lucha de todas las organizaciones de los trabajadores y convocan a la huelga general de 24 horas contra la imposición de Peña Nieto, o bien, cargan con la responsabilidad de los ataques que la derecha pretende seguir dando a los niveles de vida de la los trabajadores y la juventud.
Al capitalismo no se le reforma, se le derroca con la fuerza organizada y consciente de la clase trabajadora. Sólo expropiando a los empresarios expropiadores y poniendo bajo el control democrático de los trabajadores los medios de producción, podremos aspirar a un presente y futuro dignos de vivir bajo una economía planificada.
