A mediados del pasado mes de septiembre, dos huracanes azotaron al mismo tiempo buena parte del territorio nacional. Por el lado del Golfo de México, el estado de Veracruz ha sido uno de los más afectados por “Ingrid”; y por el lado del Océano Pacífico, Guerrero fue la entidad más golpeada por “Manuel”. Estos previsibles fenómenos naturales han provocado innumerables pérdidas humanas y materiales, las cuales hubieran podido evitarse o al menos reducirse considerablemente, de no ser por la negligencia e incapacidad del gobierno de Peña Nieto para actuar oportunamente y por la propia bancarrota del sistema capitalista para resolver las necesidades más básicas de la población.

Diez días después de la entrada de los huracanes a territorio mexicano se contabilizaban ya 139 muertos, 35 heridos y 53 desaparecidos, así como miles de damnificados, según reportó la Secretaría de Gobernación. También, hasta el miércoles 25 de septiembre, oficialmente habían sido declarados en situación de emergencia, 312 municipios de 14 estados del país. Y en cuanto a los daños materiales, la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros ha cuantificado el costo total en 75 mil millones de pesos. Esta cantidad que implica carreteras dañadas, puertos, edificios, automóviles, casas de lámina y micronegocios, aspira a ser cubierta tanto por aseguradoras (15 mil millones) como por el gobierno a través del Fondo de Desastres Naturales (12 mil 500 millones). Pero ambos sólo cubrirían el 36.6% (27 mil 500 millones) de lo que se necesita para restaurar, por lo menos, lo que había antes de los huracanes, y no para realizar alguna mejora sustancial en las condiciones de rezago y vulnerabilidad social en que se encuentran los municipios afectados.

Estos huracanes, como otros en el pasado, revelan claramente dos cosas. Una, la negligencia e incapacidad del gobierno y las instituciones burguesas para brindar seguridad a la población; y dos, el nivel de pobreza y marginación social que existen bajo el capitalismo. La pérdida de vidas humanas, heridos y damnificados, así como la destrucción de bienes materiales, hubieran podido evitarse o al menos reducirse, pues desde la mañana del 13 de septiembre el Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos informó que las lluvias de Manuel “muy probablemente resultarán en inundaciones repentinas y deslaves que ponen en riesgo la vida… especialmente en las zonas montañosas”. Pero ese mismo día el gobierno de Peña Nieto estaba más ocupado en desalojar por la fuerza a los maestros que protestaban contra la reforma educativa en el zócalo de la capital del país, para poder dar su primer grito del 16 de septiembre con acarreados, que en tomar todas las medidas de prevención y evacuación para evitar la tragedia.

Aunque el gobierno siga culpando a la naturaleza de los más de 150 muertos (reportados hasta el momento de escribir este artículo), más de un millón de damnificados y pérdidas crecientes en la economía y la infraestructura pública, desde hace tiempo se sabe que los huracanes o los sismos no son los causantes de tragedias como la actual. Se siguen ignorando las causas verdaderas de este y otros desastres anteriores (como el huracán “Paulina” en 1997): deforestación, azolve de cuencas hidrográficas, nula planeación urbana y rural, obra pública mal hecha, corrupción, descoordinación institucional, condiciones de pobreza y rezago social en que viven millones de familias trabajadoras en nuestro país. Y de todas estas condiciones, los únicos responsables son el gobierno de Peña Nieto y el sistema capitalista que defiende.

El estado de Guerrero, por ejemplo, que ha sido uno de más afectados por el huracán “Manuel”, ha revelado el rostro de la pobreza que existe en esa entidad. De acuerdo con el Consejo Nacional de Evaluación, es el tercer estado más pobre de todo el país (solamente superado por Chiapas y Oaxaca), pues mientas a nivel nacional la pobreza multidimensional (falta de trabajo, vivienda, salud y educación) afecta al 44% de la población, en Guerrero afecta al 68% de sus habitantes. Pues con todo esto, la Comisión Nacional del Agua, responsable de los cauces federales como los ríos “La Sabana” en Acapulco y “Huacapa” en Chilpancingo, que se desbordaron por el huracán “Manuel”, no hizo en ellos los trabajos de desazolve, control de erosiones y bordos de protección que se requerían desde 2011. Asimismo, la dependencia rechazó pagar los estudios y proyectos ejecutivos. El costo total de los recursos requeridos para la protección de los ríos mencionados representaba menos de 20% de los gastos estimados para reconstruir ahora la infraestructura y atender las afectaciones en Acapulco y en Chilpancingo (La Jornada, 26/09/13).

A la negligencia se suma la hipocresía del gobierno, los empresarios y las principales televisoras del país, con la entrega de despensas y míseros apoyos económicos. En realidad sólo buscan lucrar políticamente con la tragedia de miles de víctimas y hacer indignantes espectáculos mediáticos de las visitas a las zonas afectadas. Queda demostrada, una vez más, la incapacidad del gobierno y el capitalismo para brindar protección a la población y mucho menos resolver las necesidades sociales básicas. Si en sus inicios el capitalismo, jugó un papel progresista para la humanidad, desarrollando la ciencia, la técnica y la industria; ahora se ha convertido en un freno para el avance de la sociedad, pues condena a millones de personas a vivir en la pobreza, el desempleo y a ser las principales víctimas de fenómenos naturales que pueden prevenirse para evitar tragedias humanas.

Pero el capitalismo que atraviesa por una de sus mayores crisis, se ha convertido en un verdadero desastre social y no puede ofrecer ningún futuro digno de vivir para la población. Sólo la clase trabajadora, la única creadora de la riqueza social, puede también gobernar y administrar la sociedad; planificar la economía de manera democrática, producir racionalmente, para satisfacer la necesidad de vivienda, alimentación, vestido, salud, educación, etc. En suma, puede acabar con la desigualdad y construir una sociedad socialista, expropiando a los expropiadores capitalistas.

¡Frente Único de Lucha y Huelga General para derrocar a Peña Nieto!