El año que recién terminó representó una auténtica y larga pesadilla para Felipe Calderón, pues a lo largo del mismo se desarrollaron acontecimientos que por su contenido se transformaron en un serio predicamento para el régimen tanto en la arena política, en la social, así como en la económica. Para el presidente espurio, 2008 el cual arrancó calientito con la movilización campesina contra el TLC del 30 de enero y en la cual participaron 200 mil personas, fue un año para olvidar por las implicaciones que todo ello tuvo y tendrá en la lucha de clases.
Criminalidad
El pasado 8 de diciembre los medios informativos publicaban un balance oficial expuesto por el titular de la Procuraduría General de la República (PGR), Carlos Medina Mora, el cual arrojó los siguientes datos: en 2008 los narcoasesinatos se incrementaron 118% en comparación al saldo de 2007; mientras que entre el 1 de enero al 2 de diciembre del 2007 este tipo de asesinatos alcanzó el número de las 2 mil 477 muertes, ya para el año pasado, y durante el mismo periodo, esta cifra roja escaló hasta las 5 mil 376 ejecuciones.
Para Calderón este sombrío resultado es un revés para su política anticrimen. Sabedor de la impopularidad y su falta de legitimidad a consecuencia de la forma en que llegó al poder, el fraude electoral del 2006, el presidente se colgó de un tema muy sentido por la ciudadanía, los tremendos niveles de inseguridad pública a consecuencia de un desarrollo sin precedentes de la criminalidad en México, para lanzar acciones que favorecieran su imagen y que lo ilegitimizarán. En esa idea es que el presidente espurio, como primer paso, se agarró del clavo ardiente del combate a los cárteles de la droga, para arrancar su lucha contra la delincuencia. El despliegue de tropas del ejército en el estado de Michoacán a principios del 2007 marcaría el inicio de lo que el propio Calderón llamó como la “guerra contra el narcotráfico”.
Esta medida que pretendía ser espectacular y crear una enorme admiración hacia la valentía y decisión del señor presidente, ya resultó una catástrofe desde el propio año en que se puso en marcha no sólo porque en los hechos las actividades fundamentales del narcotráfico no fueron replegadas, ni tampoco por el número de narcoejecuciones, sino además por los abusos de todo tipo cometidos por soldados y policías participantes en esa “guerra”; abusos que en varios casos derivaron en muertos y heridos de inocentes a cargo de las fuerzas del gobierno.
Durante el 2008 el rosario es el mismo, pero con una dimensión mucho mayor a lo acontecido un año antes, no obstante otra diferencia respecto a 2007 es que durante el año que apenas terminó se une a los predicamentos de Calderón el hecho demostrado de sobra respecto al grado de infiltración que han logrado los cárteles de la droga en las esferas más altas del aparato de seguridad de Estado. Presionado por el gobierno yanqui, Calderón se vio obligado a lanzar la Operación Limpieza, la cual dejó en descubierto las relaciones que mantenían algunos altos funcionarios con la mafia de la droga. Entre los nombres destacan los de Fernando Rivera Hernández, quien fungía como director general adjunto de Inteligencia en la Coordinación Técnica de la SIEDO, el del ex fiscal antidrogas Noé Ramírez Mandujano y el de Mario Arturo Velarde Martínez, ex secretario particular del titular de la Secretaría Seguridad Pública federal (SSP). Estos altos directivos del aparato de seguridad recibían salarios de los capos del narco por cantidades que incluso llegaban a los 50 mil dólares mensuales. Las pesquisas estuvieron a punto de alcanzar al propio Genaro García Luna, titular de la SSP, el cual es señalado por sus vínculos con el narcotráfico desde que laboraba en la administración del entonces presidente Vicente Fox. Para evitar más daños y desprestigio al sistema, el propio Calderón junto con Medina Mora de la PGR, cada uno por separado, tuvieron que salir al paso haciendo declaraciones públicas determinado por decreto, y sin que medie ninguna investigación, inocente de toda culpa al mando máximo de la SSP.
No obstante esta última maniobra el daño ya estaba hecho, provocando esta problemática de paso otra secuela: las divisiones se profundizaron aún más al interior del aparato de seguridad del Estado, dados los constantes y cada vez más fuertes desencuentros entre Genaro García Luna y la cúpula del ejército los cuales, estos últimos, se ven fuertemente presionados porque la mayor carga del combate al narco la lleva esta institución armada la cual ha visto afectado su prestigio en esta guerra a consecuencia de los magros resultados (un ejército que no es capaz de inspirar respeto y temor entre la gente, especialmente entre las masas proletarias, sirve de muy poco) y misma que tiene que pagar con soldados muertos el costo de estar en la primera línea de este combate, presentándose situaciones verdaderamente aberrantes como la del fin de semana de los pasados 20 y 21 de diciembre en el que ocho soldados fueron raptados y decapitados en el Estado de Guerrero.
A consecuencia del las sobradas sospechas de que Genaro García Luna trabaja para el narco y la protección que le ha proporcionado Calderón a éste, el descontento entre los generales del ejército se manifiesta a flor de piel, teniendo como consecuencia que la cúpula de las fuerzas armadas le hayan impuesto al presidente de la República un mayor control sobre el responsable de la SSP al lograr el nombramiento del General del Estado Mayor Javier del Real Magallanes como subsecretario de Estrategia e Inteligencia Policial de la SSP. Con esta iniciativa los generales del ejército logran en los hechos el control operativo de la SSP al quedar bajo el mando de Real Magallanes 38 mil 340 policías, es decir, la inmensa mayoría de efectivos que conforman esta dependencia.
Por lo mientras, factor que representan una enorme mancha para el gobierno de Calderón, los cárteles de la droga ya dieron una dolorosa y preocupante muestra de qué tan lejos están dispuestos a llegar en la defensa de sus intereses. Nos referimos al atentado terrorista del 15 de septiembre en la ciudad de Morelia, Michoacán, que dejó un saldo de ocho muertos en pleno festejo del Día de la Independencia. Lamentablemente tenemos que admitir que dicho acto terrorista, que tuvo como blanco a gente inocente y totalmente ajena al conflicto del narco, no será el último que cometerán las mafias de la droga.
Ante los descalabros en la guerra contra el narco, una nueva maniobra de Calderón fue el Acuerdo Nacional por la Seguridad, la Justicia y la Legalidad firmado por el presidente y los diferentes gobernadores, además de diferentes representantes de la burguesía, el 22 de agosto. A la par de signar el acuerdo, la burguesía pretendió prepararle el terreno al presidente espurio convocando y desarrollando en la ciudad de México el 30 de ese mismo mes una movilización, la Marcha Blanca, “demandando” mayor firmeza contra la delincuencia.
Ahora sí, ésta es la buena, diría Calderón tras frotarse las manos. Sin embargo el hampa, esta vez la industria del secuestro cuyas ganancias anuales en México se calculan en 600 millones de dólares (El País 040109), se encargó de echar a perder la fiesta: primero porque, entre los casos más sonados, a finales de diciembre pasado es encontrado sin vida, tras más de un año de haber sido raptada, Silvia Vargas, la adolescente hija del empresario Nelson Vargas; y segundo porque dicho acuerdo y las medidas adoptadas no impidieron que el número de secuestros en 2008, que llegaron a los 943 en todo el país, se incrementaran respecto a los acontecidos en 2007 año en el que el saldo fue de 785 raptos. No obstante esas cifras, como lo señala Mario Garza Salinas, titular del diplomado en Seguridad Pública de la Universidad Iberoamericana, la cantidad de secuestros reconocidos oficialmente tiene que ser, ante la falta de denuncia, multiplicado por 3.5 para poder conocer la cantidad real.
Calderón, para tratar de ganar puntos a favor, vio oportunistamente en el asesinato de Fernando Martí, adolescente hijo de otro empresario, Alejandro Martí, y cuyo cuerpo sin vida fue encontrado a finales de julio pasado algunos días después de haber sido secuestrado, una nueva oportunidad para tratar de legitimizarse lanzando el Acuerdo Nacional por la Seguridad, la Justicia y la Legalidad como la punta de lanza para ello y comprometiéndose a cumplir una serie de acuerdos signados en el mismo en un plazo de cien días. Pero las cosas fueron del gozo al pozo, para finales de noviembre, cien días después de haber sido firmado el acuerdo, las cosas en materia de seguridad pública no sólo no habían mejorado, sino que empeoraron, traduciéndose todo esto en más desprestigio para el aparato de seguridad y menos credibilidad para las acciones lanzadas por Calderón en este terreno acarreando para su gobierno un mayor desgaste.
Lo peor de todo para el presidente espurio es que la crisis económica, la cual se recrudecerá en este 2009, augura un panorama mucho más hostil y complicado para la política de seguridad pública del Estado.
La defensa del petróleo
Para Calderón, como un pago de factura por el apoyo recibido por la burguesía y el imperialismo yanqui para llegar a la silla presidencial, la privatización del petróleo se tradujo en una prioridad de gobierno. Con dicho objetivo es que el presidente espurio envió al Congreso de la Unión una iniciativa que pretendía asegurar por mucho una mayor participación del capital privado en actividades sustanciales de PEMEX, las cuales están reservadas constitucionalmente para esta empresa paraestatal.
Las intenciones de Calderón se vieron inmediatamente respondidos por un férreo movimiento de masas en las calles encabezado por Andrés Manuel López Obrador (AMLO) del PRD y los partidos que junto a este último, el PT y Convergencia, integraron el Frente Amplio Progresista (FAP). Las movilizaciones y el plan de acción acordado en la concentración del 18 de marzo en el Zócalo capitalino (el cual además de tomas de bancos, cierre de carreteras y aeropuertos contenía, entre otros, la realización de un paro nacional) seguido de la huelga legislativa de los diputados y senadores del FAP tomando las tribunas de ambas cámaras, impidieron el albazo legislativo que pretendían el PAN y el PRI para aprobar la contrarreforma. Acto seguido el Senado tuvo que aceptar la demanda del FAP de desarrollar los llamados Foros de Debate de la Reforma Energética, los cuales se desarrollaron del 13 de mayo al 22 de julio, antes de ser sometida a debate en el pleno del Congreso de la Unión la propuesta privatizadora del presidente.
Y no sólo eso, la contundencia del movimiento en defensa de PEMEX a la postre obligó gradualmente a Calderón a ceder en parte de sus iniciativas a tal grado de que fue eliminada de la propuesta original de la contrarreforma la intención de modificar el artículo 3º de la Ley Reglamentaria del Artículo 27 Constitucional por medio de la cual se permitiría la privatización de refinación, ductos, transporte y almacenamiento de petrolíferos. Lo mismo sucedió con la propuesta añadida por el PRI para que PEMEX pudiera tener empresas filiales, misma que mordió el polvo gracias a las masas movilizándose en las calles.
Además se logró que los legisladores del PAN y del PRI aceptaran las demandas del FAP en el sentido de que se construyera una nueva refinería de PEMEX y que la deuda de la paraestatal en Pidiregas se transformara en deuda pública (por cierto, cuestión esta última con la que no estamos de acuerdo pues implica oficializar el que este tipo de deuda de PEMEX, 155 mil millones de pesos, ahora tenga que ser cubierta por los trabajadores a través de las arcas del Estado cuando dicho dinero tendría que ser empleado para más escuelas y hospitales públicos por ejemplo. La política correcta hacia las Pidiregas de PEMEX, cuestión que aplica también para el caso de la Comisión Federal de Electricidad y la totalidad de la deuda pública, debió ser la de cancelarla sin ninguna clase miramiento). La verdad es que la fortaleza del movimiento de las masas incluso daba para más que eso, pues la lucha dirigida por AMLO estaba en condiciones para terminar imponiéndole totalmente su voluntad a Calderón, no obstante esto no fue así ya que finalmente la contrarreforma que se aprobó en el Senado (23 de octubre) y en la Cámara de Diputados (28 de octubre) dejó intactas, salvo el caso de las Pidiregas, todas las anteriores modificaciones que se han hecho a leyes secundarias de energía desde los gobiernos de Salinas, Zedillo y Fox que le han ido abriendo gradualmente las puertas al capital privado en la participación de actividades que tendrían que ser exclusivas de PEMEX, además de que no fue eliminada la propuesta de Calderón de colocar “bonos ciudadanos” de PEMEX lo que permitirá que por este medio la burguesía obtenga jugosas ganancias acaparando y especulando con los mismos. A todo esto se agrega que fue rechazada la demanda del movimiento en defensa del petróleo y expuesta por el FAP, en el sentido de agregar a la iniciativa un párrafo en el que se prohibiera expresamente a PEMEX otorgar áreas exclusivas o bloques de exploración y producción a un solo contratista.
Si bien lo aprobado en octubre pasado por el poder legislativo no es exactamente lo que Calderón esperaba tras presentar su inactiva original de contrarreforma, factor que provocó la rabieta de prácticamente todas las plumas pagadas de la burguesía la cual le apostaba a todo el pastel y no a unas cuantas rebanadas, es necesario señalar que con lo logrado basta y sobra para continuar y profundizar la privatización silenciosa del petróleo que la clase dominante ha desarrollado desde Salinas hasta nuestros días. Particularmente la negativa de aceptar la prohibición expresa para otorgar áreas exclusivas, pavimenta el camino de muy buena manera para fomentar aún más la participación y beneficios del capital privado a partir del petróleo mexicano.
Esta realidad quedó inmediatamente evidenciada por la propia Georgina Kessel, titular de la Secretaría de Energía, días después de ser aprobada la contrarreforma, cuando en una reunión con empresarios desarrollada el 10 de noviembre en la ciudad de Monterrey reconoció que el 70% de las actividades constitucionales de PEMEX en producción y exploración ya estaban en manos de empresas privadas para, acto seguido, destacar que las modificaciones a ley que regula el artículo 27 de la Constitución favorece y facilita ese proceso. Además, poco después, por su parte el director de Pemex Exploración y Producción (PEP) anunció que para 2009 ya se preparaban 35 contratos para licitar áreas de entre 200 y 400 kilómetros cuadrados en el Golfo de México y Chicontepec. De acuerdo a este funcionario las empresas que están en la lista de espera para recibir dichos contratos son Station Hydro, Chevron, Nexen, Exxon Mobil, Maersk y la British Petroleum. ¿Acaso esto no es poner a PEMEX y al petróleo mexicano bajo un control aún mayor de los inversionistas privados y las trasnacionales? ¿A qué se refiere Carlos Navarrete, líder de la fracción parlamentaria del PRD en el Senado, cuando señaló que el movimiento en defensa del petróleo tendría que salir a festejar a las calles por lo aprobado en octubre por las Cámaras ya que, según él, esto representaba un triunfo? Las declaraciones de Navarrete no son otra cosa más que las patrañas de siempre de su funesta y degenerada corriente, Nueva Izquierda (NI), encabezada por Jesús Ortega.
Hundido en toda clase de dificultades y fuertemente presionado por las masas en las calles, Calderón fue puesto en un lugar para el cual sólo bastaba una acción decidida de la dirección del movimiento, en particular de parte de AMLO, para echar por suelo a la contrarreforma petrolera desde la primera hasta su última letra. Sin embargo esto no fue así y sucedió lo ya describimos unos cuantos reglones más arriba.
¿Qué fue lo que impidió que no fueran totalmente derrotadas las intenciones privatizadoras del régimen? Por supuesto que un factor de especial relevancia que explica este resultado fue la traición del ala de diputados y senadores del PRD pertenecientes a la corriente Nueva Izqueirda de Jesús Ortega, Ruth Zavaleta, Acosta Naranjo, René Arce y Carlos Navarrete entre otros. Estos sujetos, vividores de la política, junto con el PAN y el PRI le dieron a Calderón el oxígeno que necesitaba para mantenerse en pie en los momentos decisivos de esta batalla. La derecha del PRD organizada en Nueva Izquierda, a pesar de que no se aceptó la demanda de prohibir expresamente el otorgamiento de áreas exclusivas de exploración y producción, no sólo votó a favor a lado del PAN y el PRI la contrarreforma presentada en ambas Cámaras sino que antes, durante y después de la votación desplegó una brutal campaña apoyada por prácticamente todos los medios informativos masivos hablando de las supuestas virtudes de la contrarreforma e insistiendo obsesivamente en que la misma era todo un “triunfo” para el movimiento encabezado por AMLO.
Definitivamente, reiteramos, la traición del ala de derecha del PRD fue determinante para auxiliar a los partidos tradicionales de la burguesía y aprobar la contrarreforma, sin embargo existe otra razón de mucho peso que también es un factor que explica el resultado de octubre: la dirección del movimiento en defensa del petróleo, particularmente AMLO, debió ser totalmente consecuente con el plan de acción que fue acordado y aprobado masiva y democráticamente en la concentración del 18 de marzo. La toma de bancos junto con la de instalaciones de PEMEX y aeropuertos, además del cierre de carreteras, pero en especial el paro o huelga nacional, tal como se aprobó ese 18 de marzo a propuesta del propio AMLO, habrían hecho que Calderón, la burguesía y sus partidos, el PAN y el PRI, sintieran que el suelo se les moviera debajo de sus pies, viéndose obligados a archivar su contrarreforma privatizadora. Pero eso no se hizo y ahora tenemos que pagar el costo.
Los miles de trabajadores, amas de casa, colonos, campesinos, indígenas y estudiantes que participaron en la concentración del 18 de marzo acogieron y apoyaron con entusiasmos el plan de acción que AMLO sometió a votación para defender a PEMEX, sin embargo tras ese día en las sucesivas movilizaciones y mítines ninguno de los dirigentes volvió a mencionar ni una sola palabra sobre las medidas acordadas por abrumadora mayoría. La omisión del plan de acción no sólo es un factor de peso que explica la aprobación de la contrarreforma petrolera, sino que además contraviene el carácter democrático del movimiento, factor también indispensable para sacar adelante esta y otras luchas.
La oportunidad de enderezar el camino y recuperar la iniciativa se presentó durante los días decisivos para la aprobación de la contrarreforma, entre el 23 y el 28 de octubre, cuando todo el país tenía puesta la mira en lo que sucedía en esos momentos tanto en las Cámaras legislativas como en las calles. En esos momentos, cuando los trabajadores veían que sin una acción decidida pasaría la contrarreforma, un llamado a la huelga general habría capitalizado la atención de las masas en dicha problemática. Los trabajadores había demostrado ya durante meses su disposición de ir hasta las últimas consecuencias en la defensa de PEMEX, esta voluntad de nuevo quedó demostrada cuando, al calor de la campaña lanzada por Nueva Izquierda apoyando las supuestas virtudes de la contrarreforma, AMLO llamó al movimiento a votar el miércoles 22 de octubre para pronunciarse a favor o en contra de continuar las movilizaciones. La respuesta de miles de trabajadores asistentes fue un rotundo “Sí” a seguir luchando por la defensa del petróleo. AMLO y el resto de dirigentes del FAP debieron confiar en los enormes ánimos de lucha y la fortaleza de los trabajadores y convocar a la huelga general, pero no lo hicieron y el resultado es el que ya todos conocemos.
Tras la aprobación del 28 de octubre en la Cámara de Diputados, AMLO se reunió nuevamente con miles de trabajadores en un mitin para formalizar el cierre de esta etapa de lucha y abrir una nueva, la tercera, en la cual además se levanta la bandera de la defensa de la economía popular.
Son diversas las lecciones que tenemos que sacar de la lucha en defensa del petróleo, entre ellas la de que, cuando se trata de problemas de esa magnitud, la burguesía y su gobierno no juegan; para ellos este tipo de medidas son vitales para su reproducción como clase dominante, aunque ello implique empujar al pueblo trabajador a una situación de mayor desesperanza. Se trata de ustedes o nosotros, es la lucha de clases en la cual entre los burgueses propietarios de las empresas y los bancos y los trabajadores desposeídos existen intereses antagónicos e irreconciliables. Siendo esto así nuestra actitud en la defensa de nuestros intereses frente a los intereses de los burgueses, debe ser decidida y sin ninguna clase de titubeos. La historia demuestra que la burguesía sólo da marcha atrás cuando siente que sus privilegios están en peligro y este es el resultado que se habría logrado si se hubiera aplicado de cabo a rabo el plan de acción aprobado en la movilización del 18 de marzo. Estas medidas acompañadas de una enérgica y seria convocatoria de AMLO a los sindicatos a unirse a la lucha, cuestión ésta última que muy probablemente habría roto el papel de costra de freno y conservadurismo que están desempeñando los dirigentes sindicales, seguramente habrían parado en seco las aspiraciones privatizadoras de Calderón.
Esta lección la debemos tener muy en cuenta para las siguientes luchas. Por ejemplo, esto que aplica para el caso de la defensa de PEMEX también es valido para el de la Ley Federal del Trabajo (LFT) la cual, ante este contexto de seria crisis económica que estamos padeciendo, se pone como el plato más antojadizo para la burguesía. Antes esta perspectiva debemos presionar como nunca a todos los dirigentes y al propio AMLO para que organicen y lancen una ofensiva de lucha como no se ha visto en décadas en este país, la cual tenga como centro neurálgico a lado de la movilizaciones en las calles, a las huelgas en cada centro de trabajo, en cada escuela y a nivel nacional. Si los dirigentes no se ponen a la altura de las circunstancias organizando demoledoras demostraciones de fuerza de los trabajadores, estos últimos y sus familias terminarán pagando con un precio muy alto los costes de la crisis económica, además de ver cómo se esfuman las conquistas obreras que aún hoy en día perduran en la LFT.
Por otro lado, debemos asegurar que los acuerdos de organización y lucha se tomen de manera democrática y que de esta misma manera sean respetados para ser llevado a la acción. De cara a la nueva etapa de lucha, en la cual la crisis económica tendrá un verdadero peso específico, el movimiento encabezado por AMLO, los sindicatos, el FAP y demás organizaciones de lucha tanto de colonos como de campesinos, indígenas y estudiantes, deben formar un Frente Único contra la política de Calderón y los ataques de la burguesía. Se tiene que convocar a una asamblea para conformar dicho frente, a la cual acudan delegados democráticamente electos en cada sindicato, en cada fábrica y centro de trabajo, en cada colonia, poblado y ejido, en cada escuela, además de los comités del PRD y el PT ahí donde existan y del mismo modo en el caso de los comités de redes ciudadanas aún existentes como los creados por la Convención Nacional Democrática (CND) y de las brigadas en defensa de PEMEX. Los círculos de estudio que se han integrado en diferentes puntos del país también tendrían que elegir y enviar delegados.
En esa asamblea los delegados tienen que definir democráticamente un plan de acción, así como el programa de lucha que aglutine las demandas de todo el movimiento en su conjunto. También tiene que determinar mecanismos de organización que aseguren una adecuada coordinación de la lucha a nivel local, municipal, estatal y nacional. La dirección del movimiento, la cual tiene que ser electa por los delegados, debe asegurar que los acuerdos de la asamblea se cumplan cabalmente. Los dirigentes no pueden unilateralmente modificar o archivar los acuerdos sustanciales aprobados por delegados. Por consecuencia, y paralelamente a las diferentes movilizaciones y acciones de masas, los delegados y la dirección electa deben reunirse con la regularidad necesaria para que, en asamblea, se hagan balances sobre los acontecimientos, que se revisen y fortalezcan los acuerdos y además se determine el rumbo a seguir ante los diferentes derroteros de la lucha. Un acuerdo más para asegurar la democracia interna en dicho Frente Único debe ser el de que cualquier integrante de la dirección electa pueda ser destituido en cuanto aplique una política que entre en contradicción con las aspiraciones del movimiento.
El PRD y el FAP
La traición de la corriente perredista Nueva Izquierda en la lucha de defensa del petróleo, inmediatamente se vio recompensada por Calderón cuando el 12 de noviembre el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) le otorgó el triunfo a Jesús Ortega sobre tortuoso proceso de elecciones internas por la dirección nacional del PRD realizadas el 16 de marzo del año pasado. De esta manera el TEPJF se impuso sobre las instancias internas del partido las cuales, después de un reñido estira y afloje de varias semanas, declararon ganador de dicha contienda a Alejando Encinas de Izquierda Unida y cercano colaborador de AMLO.
La traición de Nueva Izquierda en la defensa de PEMEX y la imposición del TEPJF de esta izquierda de terciopelo como dirección en el PRD, marcaron un nuevo punto de inflexión en la vida interna del partido. Durante años las diferentes corrientes al interior del PRD, a pesar de las pugnas internas, siempre pudieron llegar a acuerdos para continuar cohabitando, sin embargo esta cuestión a partir de las elecciones del 2006, especialmente durante la larga batalla contra el fraude electoral, empezó a cambiar gradualmente hasta llegar al momento actual en el que las complicadas relaciones entre la izquierda y la derecha perredista han provocado lo que hasta el momento ha sido la peor crisis del partido a lo largo de su historia.
En esencia, fundamentalmente lo que provocó ese cambio fue la irrupción de las masas desposeídas en la vida del partido como no había pasado antes, a consecuencia de la enorme polarización social que se vive en el país en los últimos años y cuya expresión se mostró de una manera especialmente formidable en los acontecimientos revolucionarios del 2006, años en el que millones de mexicanos se sacudieron de encima la rutina para salir a las calles a tratar de tomar su destino en sus manos. Los ejemplos de la lucha contra el fraude electoral que sacudió a todo el país y la insurrección revolucionaria de Oaxaca ya hablan perfectamente de ese proceso.
Los acontecimientos de la lucha de clases en el 2006 marcarían un antes y un después para el país en general y para el PRD en particular al encontrar las masas proletarias en este partido, en contra de la voluntad de la mayor parte de sus dirigentes, un canal para expresar luchando toda la rabia y la tensión acumulada durante años de ataques de todo tipo contra los derechos laborales y los niveles de vida. El resultado que derivó de esta situación se expresó de una doble manera: por un lado la derecha del partido, cuya representación más emblemática tiene a Jesús Ortega y Nueva Izquierda, se aferraron más al aparato para tratar de asegurar sus privilegios y dar la batalla para inmunizar al PRD de lo que ellos consideran la molesta presión del pueblo trabajador y mantener a este dentro de los límites permisibles de lo que ellos llaman una “izquierda moderna” (eufemismo que no es otra cosa más que palabrería barata para ocultar los verdaderos objetivos de esta clase de izquierda, los de ser una oposición sumisa, adaptada y subordina al régimen); por otra parte el otro efecto fue el de el ala de izquierdas que tiene como principal referente a la figura de AMLO que ante las presiones desde abajo, se vio obligada a ponerse al frente del movimiento y encabezar la lucha contra las políticas del gobierno de Calderón.
A pesar de esa diferenciación, ambas vertientes todavía pudieron caminar juntas durante un tiempo, primero por medio de la conformación de la CND y después a través del FAP. Sin embargo ésta era ya una cuestión meramente formal pues la derecha del PRD en los hechos ya estaba tirando duro en dirección contraria al movimiento. El décimo congreso nacional del PRD de agosto de 2007, en el que por medio de trampas y maniobras Nueva Izquierda pretendió forzar el reconocimiento oficial del partido hacia el gobierno espurio de Calderón, ya habla de ello. Otro caso es el de Ruth Zavaleta la cual, al frente de la presidencia de la Cámara de Diputados, se comportó de la forma más cínica y descarada como agente al servicio del PAN y del PRI.
La traición de los “chuchos” (que es otra forma en que popularmente son conocidos los integrantes de Nueva Izquierda y que, por cierto, en Chiapas, cuando menos sus poblaciones costeras, dicho término es empleado como sinónimo de “perros”) y la intromisión del TEPJF para imponer a Jesús (“chucho”) Ortega en la dirección nacional del PRD, terminaron por colmar y derramar el vaso provocando la ruptura del FAP y un mayor distanciamiento entre la izquierda y derecha del partido, además de la renuncia a militar en las filas perredista de algunos dirigentes cercanos a AMLO, entre ellos Fernández Noroña y Ricardo Monreal, este último renunciando a seguir perteneciendo a la fracción parlamentaria del PRD en el Senado. Por su parte los otros dos partidos que integran el FAP, el PT y Convergencia, han anunciado que no establecerán ninguna clase de alianza electoral con el PRD para los comicios de 2009.
Al respecto de esta clase de renuncias y la postura de las direcciones del PT y Convergencia es necesario hacer la siguiente acotación: el ánimo que los mueve no es un genuino deseo de fortalecer al movimiento con estas decisiones, sino el de buscar una alternativa que les permita continuar reproduciéndose gracias a los cargos y los curules. Los Noroña, los Monreal, los Dante Delgado, los Alberto Anaya, etcétera, ven en el control de los “chuchos” sobre el PRD un freno para las aspiraciones de sus carreras políticas. Los chuchos quieren el pastel para ellos solos y no están dispuestos a compartirlo con nadie al interior del partido, ni tampoco por medio de alianzas electorales con el PT ni con Convergencia. Así que lo mejor es saltar del barco y tratar de postularse a una candidatura por medio del PT o Convergencia y estos últimos partidos colgarse de la popularidad de AMLO (quien ha recibido fuertes presiones para romper con su partido y ha declarado que la decisión de seguir o no en éste la tomará tras los comicios intermedios de este 2009) para tratar de lograr los votos que no pueden lograr solos como partido ni sin la alianza con el PRD.
Si estos individuos, especialmente los que se han ido del PRD, verdaderamente estuvieran actuando poniendo por encima de sus intereses individuales o de grupo los del movimiento, en estos momentos deberían estar llamando a organizar a los millones de seguidores de AMLO y el PRD para desarrollar una lucha franca y abierta para arrebatarle el partido a los chuchos. Lo único que puede frenar a la derecha del PRD e impedir que este partido sea puesto al servicio del régimen es el pueblo trabajador organizado en comités de base luchando de manera sistemática contra la degeneración burocrática de sus dirigentes, vinculando al partido con todas las luchas sociales y teniendo como otro objetivo un programa que llame a expropiar a la burguesía. Este es el camino y no otro. Optar por una vía distinta es pavimentar el camino para que la derecha fortalezca su dominio sobre el PRD. Las medidas organizativas que debe tomar la clase trabajadora deben estar subordinadas a los intereses del movimiento obrero y no a los de su capa dirigentes. Los argumentos para mantenerse o escindirse de un partido de masas tienen que estar subordinada al criterio de qué tanto la medida que se adopte sirve para fortalecer y desarrollar la organización de la clase trabajadora. Si éste principio no es tomado en cuenta se corre el riesgo que la decisión tomada sólo sirva para debilitar y dispersar a los trabajadores.
El 18 de noviembre, tras la imposición del chucho Ortega, Alejandro Encinas llamó a crear el Movimiento por la Renovación del PRD. Esta decisión es adecuada, pero se necesita que se le dote de contenido pues de lo contrario se corre el riesgo de que dicho llamado, a la postre se transforme en palabras huecas. Los millones que siguen a AMLO comparten enormes simpatías por Encinas pues los ven como una expresión y principal referente de lucha contra Nueva Izquierda, factor que tendría que ser utilizado y trasformado en un fuerza para echar del PRD a los traidores.
Rescatar al PRD de las garras de la derecha es vital para impedir que termine siendo estéril como un instrumento de lucha de los trabajadores, sino además porque la estela de errores lo está perfilando hacia una catástrofe electoral que hará del PRI el principal beneficiado de las elecciones parlamentarias del 2009. De esto ya son un serio aviso los resultados de las elecciones municipales del pasado 5 de octubre en Guerrero en las cuales, a la par del 65% de abstencionismo que se presentó, el PRI fue el ganador.
Lo que estamos viendo en estos momentos en el PRD es una crisis que aún no toca fondo y todavía tiene un trecho más por recorrer. La lucha de clases ha penetrado al PRD provocando divisiones cada vez más marcadas entre derecha e izquierda, los primeros movidos por las presiones de la burguesía y los segundos por las presiones de las masas trabajadoras. Ambas clases sociales están en pugna por sus diferentes intenciones para el PRD. La burguesía está empeñada en lograr una oposición sumamente domesticada y un partido que en caso de que no le quede otro remedio y llegue a la presidencia, asegurarse que aplicará la política que le convenga. Contrario a ello, el pueblo trabajador insiste en usar al PRD para combatir la política de la burguesía y su gobierno.
En esencia esta última es la contradicción que le da contenido a la actual crisis que se vive en el PRD y que de esta forma se está expresando por medio de las confrontaciones entre la derecha de Jesús Ortega y la izquierda perredista que se aglutinan en torno a AMLO y a Alejandro Encinas. Ortega y su gente tienen la tarea de neutralizar a la izquierda partidaria, pero eso es sólo es la primera parte de la tarea. La segunda parte consiste en tratar de deshacerse de las presiones y el peso de los trabajadores sobre el PRD para romper toda clase de vínculos con el movimiento de las masas en las calles. Pero sucede que el principal vínculo del PRD con el movimiento de las masas es AMLO. Los burgueses no se pudieron deshacer de AMLO como adversario político por medio del desafuero de 2005 y ahora tratan de hacerlo desde adentro del propio PRD delegando ese trabajo a Jesús Ortega. Por ninguna razón la clase dominante está dispuesta a permitir un nuevo susto como el del 2006 siendo AMLO candidato a la presidencia; temen que ante una nueva experiencia, las elecciones presidenciales del 2012, la presiones de los trabajadores ahora sí termine por desbordar a este dirigente perredista y lo obligue a hacer cosas que puedan afectar los intereses de los capitalistas.
Lo mejor, para Jesús Ortega y la burguesía, es no tomarse ninguna clase de riesgo, implementar medidas para cerrarle el paso de una vez por todas a AMLO e ir paralelamente perfilando a alguna otra personalidad de renombre que pueda ser usada para lanzarlo por la candidatura del PRD para las presidenciales del 2012. Un caso pude ser el de Ramón de la Fuente, ex rector de la UNAM, quien mantiene relaciones estrechas con Jesús Ortega (no olvidemos el desayuno público a principios de septiembre pasado del ex rector y parte de la plana mayor de Nueva Izquierda), pero tampoco podemos descartar el que en un momento dado el propio Marcelo Ebrard pretenda ser utilizado con dicho fin. Esta hipótesis no resulta descabellada si tomamos en cuenta que el titular del gobierno del DF de última hora, y como un guiño para los empresarios, terminó apoyando la contrarreforma energética argumentando que el tendría una actitud institucional ante lo de aprobara el Congreso de la Unión; además con su asistencia y declaraciones al primer acto formal y público de Jesús Ortega como presiente del PRD del 3 de diciembre en el Teatro de la Ciudad, en los hechos también terminó avalando la imposición del TEPJF.
Ante esta perspectiva, si AMLO no retrocede cediendo a las presiones y se mantiene firme seguramente los millones que lo siguen responderán trazando una clara senda, como nunca antes, para transformar al PRD y sacudirse de encima a la derecha partidista. Todo está en que AMLO llame a lo trabajadores a acometer esta tarea.
Está más que lejos de haberse dicho la última palabra en el PRD, la polarización social provocará más y nuevas confrontaciones entre derecha e izquierda ayudando este proceso a la base militante y a los millones que simpatizan con este partido a sacar una serie de importante lecciones sobre la política y los métodos que necesitan para trasformar a sus organizaciones en genuinas armas de de lucha social, creando esto al mismo tiempo un espectro particularmente favorable para la intervención de los marxistas llamando a la lucha por un programa socialista.
Movimiento sindical
La experiencia del año pasado en este frente ratifica una contradicción que sigue marcando al movimiento obrero: los trabajadores por medio de sus ánimos de lucha expresan claramente sus deseos por transformar su realidad, aspiración que no es correspondida por una actitud consecuente por parte de las direcciones sindicales. Salvo escasos casos, los dirigentes obreros se siguen comportando como la capa más conservadora del movimiento obrero. Muestras de ello es el que solamente el Sindicato de Tranviarios participó de principio a fin apoyando la lucha en defensa del PEMEX; en lo que corresponde al SME su participación se limitó sólo a apoyar la concentración del día 28 de octubre en las afueras de la Cámara de Diputados. Pero el resto de sindicatos, especialmente los agrupados en la UNT, simplemente no hicieron nada para luchar contra la reforma privatizadora de Calderón. Esto no es responsabilidad de nadie, más que de los dirigentes sindicales.
Sobre esta última cuestión las palabras de Benito Bahena, secretario general del Sindicato de Tranviarios, son muy elocuentes: “la UNT, en lugar de alentar la protesta, detiene la inconformidad de los trabajadores, manda cartas a amor al secretario del trabajo, pero no hay acciones ni señalamientos fuerte al gobierno” (La Jornada, 091208). Un ejemplo acerca de lo que se refiere el líder tranviario es el reciente llamado de Hernández Juárez, dirigente telefonista e integrante de la dirección colegiada de la UNT, a Calderón pidiéndole, ante los efectos de la crisis, el impulsar un plan emergente de empleo. Esperar esta reacción de Calderón es como pedirle peras al olmo, ello lo sabe muy bien el propio Hernández Juárez quien en todo caso tendría que estar convocando a los trabajadores a movilizarse contra los despidos, por la reducción de la jornada laboral a seis horas sin reducción de salarios, a hacer huelgas y a tomar bajo control obrero todas las fábricas cerradas por lo patrones. Ésta, y no los exhortos a Calderón, es una verdadera forma de combatir los despidos y el desempleo.
A pesar de que en el 2008 atestiguamos acciones de lo más aberrantes por parte de algunos dirigentes sindicales (por ejemplo, la cínica y descarada traición de la entonces secretaria general del Situam, Hermelinda Hurtado, contra su sindicato y la huelga que desarrolló éste a lo largo de 64 días), también por otro lado vimos el caso de los trabajadores mineros que han mantenido una defensa feroz de su sindicato durante ya casi tres años. En 2008 fueron diversos ataques del Calderón contra el movimiento minero: por su parte, el 8 de diciembre, la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje (JFCA) declaró inexistente (ilegal) la huelga de la mina de Cananea (siendo ésta la cuarta oportunidad en que dicha instancia emite esta declaratoria desde que el paro de labores arrancó el 30 de junio del 2007) mientras que por otro lado la PGR, a principios del últimos mes del año pasado, detiene y encarcela a Carlos Pavón y Juan Linares, los dos dirigentes mineros más influyentes dado el exilio de Napoleón Gómez Urrutia en Canadá. Además, un mes antes de esto, en noviembre, la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada (SIEDO) ordenó el congelamiento de las cuentas bancarias del sindicato.
Pero a pesar de todas esas vicisitudes la lucha minera sigue pujante pues junto con Cananea en Sonora, también están los casos de de Sombrerete, Zacatecas, y Taxco, Guerrero, minas todas ellas en las que se mantiene un movimiento huelguístico que ya se extendió por más de 18 meses. Además la movilización de los mineros del 8 de diciembre en la ciudad de México y apoyada por contingentes de la UNT, ya logró la liberación bajo fianza del secretario de Acción Política del sindicato minero, Carlos Pavón. Juan Linares continúa en prisión.
Durante el año pasado también el magisterio democrático hizo una estupenda contribución. Tras la firma de la reaccionaria Alianza por la Calidad de la Educación (ACE) el 15 de mayo por el gobierno de Calderón y los charros del SNTE encabezados por Elba Esther Gordillo, los profesores reaccionaron con movilizaciones y paros protestando por la imposición de dicho acuerdo. Las protestas se extendieron a Guerrero, Oaxaca, Michoacán, Morelos, Tlaxcala, Baja California Sur, México, Puebla, Veracruz, Guanajuato y el Distrito Federal, entre otros estados del país.
La lucha fue de las movilizaciones hasta los paros laborales, caso este último de entidades como Morelos, Guerrero, Campeche y Quintana Roo. En Morelos el paro, que puso en jaque al gobierno estatal y al federal, se extendió del 18 de agosto al 6 de noviembre, siendo esta la medida de este tipo de mayor peso en los últimos 20 años del movimiento del magisterio disidente de todo el país.
En el Estado de Guerrero la terquedad y las maniobras del gobernador perredista Zeferino Torreblanca para desatender las demandas del magisterio democrático, el cual exige que ese gobierno rechace la ACE, obligó al movimiento a tomar y bloquear totalmente del 17 al 22 de noviembre la zona turística del puerto de Acapulco, cosa que jamás había sucedido.
El recuento de las acciones del movimiento del magisterio en contra de la ACE es largo, por ejemplo también hay que destacar la lucha de los profesores poblanos realizando marchas como la del 18 de noviembre en la cual participaron 50 mil mentores, demostrando todas ellas la importante y trascendencia de esta fuerza en la lucha gremial del país. Cuando Esther Gordillo y Calderón firmaron la ACE pensaron que para su aplicación, todo sería un camino tapizado por pétalos de rosas, no obstante se han llevado un palmo en la nariz y ahora dicho acuerdo pende de un hilo en todos aquellos estados que se movilizaron los profesores. Es más, en Michoacán, el gobernador Leonel Godoy del PRD, sabedor de las enormes tradiciones de lucha del magisterio de esa entidad y consciente de que en su Estado se pueden repetir las mismas escenas que en Morelos, reiteradamente se ha negado a firmar dicho acuerdo a pesar de las presiones del Congreso Local y de los charros del SNTE.
Las iniciativas del magisterio democrático no sólo significan un serio obstáculo para la ACE, sino que además, que es un factor de especial trascendencia, se están transformando en toda una escuela de lucha revolucionaria para el resto del movimiento de los trabajadores. En nuestra opinión en esto radica el aspecto más relevante de la actual lucha de los profesores, los cuales, por cierto, también han sido un peso especifico muy importante para, al lado del resto de trabajadores al servicio del Estado, poner en un serio atolladero a la contrarreforma del 2007 que derivó en la nueva Ley del ISSSTE, pues a pesar de la imposición resulta que después de todo ese tiempo, de acuerdo a la CNTE, para mediados de noviembre pasado sólo el 15% de los 2.5 millones de trabajadores del gobierno federal respondieron al llamado para definir si aceptaban o no el PENSIONISSSTE y de éstos, únicamente el 5% respondieron favorablemente firmando el nuevo régimen de jubilaciones. Este resultado por sí mismo ya habla de la confianza que sienten los trabajadores de sus propias fuerzas, al mismo tiempo que refleja las enormes dificultades de Calderón y de charros como Esther Gordillo del SNTE y Joel Ayala del la FSTSE para imponerle su voluntad a los trabajadores. Este fenómeno es un de los sellos que caracteriza el momento actual de la lucha de clases. Mientras tanto los profesores ya han anunciado el arranque de una nueva etapa de lucha contra la ACE, teniendo como punto de arranque una movilización en la ciudad de México el próximo 30 de enero.
El año 2009 representa un importante reto para el movimiento sindical y una prueba de fuego para los dirigentes gremiales. A estas alturas los efectos de la crisis ya son bastante palpables, de acuerdo al Consejo Coordinador Empresarial (CCE) a lo largo del año que terminó, se destruyeron 350 mil empleos; pero ésta se trata de la cifra oficialmente reconocida por la patronal, lo cual quiere decir que la cantidad real es mayor y no debemos descartar que se ubique en los 500 mil despidos. Además, por otra parte, empresas de ramos importantes como el automotriz no sólo han anunciado despidos sino que además han iniciado los paros técnicos los cuales se traducen también en recortes salariales.
Por su parte el año pasado los ingresos de los trabajadores continuaron cayendo pues el aumento a los salarios mínimos en 2008 fue del 4% (2.2 pesos diarios) cuando la inflación acumulada a lo largo de todos esos meses superó los 6.23% cuando el objetivo de Calderón era que ésta llegaría sólo a los 3 puntos porcentuales. Para este 2009 que arranca ya la burguesía y los charros sindicales decidieron el pasado 18 de diciembre que el aumento a los mini salarios será del 4.6% (2.4 pesos diarios) pues según ello y de acuerdo a las estimaciones del Banco de México la inflación llegará sólo al 4%. Se cumpla o no este presagio inflacionario, el incremento otorgado no deja de ser ya un agravio contra los niveles de vida de las familias trabajadoras.
Ante el contexto de crisis económica el cual se profundizará en este 2009, en el cual se espera que la economía mexicana sólo crezca en un 0.4%, los charros del Congreso del Trabajo y de la CTM ya han definido su postura firmando junto con empresarios el 12 de noviembre el Pacto por el Empleo y la Paz Laboral, en el que dichos dirigentes sindicales aceptan que su agremiados no reciban repartos de utilidades en este año en curso y se comprometen a apoyar sin cortapisas los paros técnicos que determinen los empresarios.
Frente a esta clase de arreglos, los trabajadores no pueden aceptar pasivamente los ataques de la patronal. A pesar de estos dirigentes, y por encima de ellos, es necesario organizar comités de trabajadores en defensa del empleo, el salario y los derechos laborales. No obstante este acuerdo entre charros y patrones, es más que probable que la Paz Laboral se quede en un simple anhelo, pues los dirigentes no pueden indefinidamente estar frenando al movimiento obrero. Todo apunta, máxime considerando el incuestionable asenso que ha experimentado en los últimos años el movimiento de masas en general, a que este año será de una importante agitación sindical.
Además durante dos años Calderón ha pospuesto la contrarreforma a la Ley Federal del Trabajo (LFT) sin embargo seguir así se presenta como algo muy difícil pues la burguesía necesita de manera urgente reducir sus costes de producción y tener un mayor control político sobre los sindicatos y el derecho a huelga. Los ataques a la LFT se presentan como una posibilidad más que seria ante este panorama de crisis, esto les plantea un problema también a los dirigentes del sindicalismo independiente: bajo el pretexto de que se trataba de cuestiones que no competen a la lucha sindical la UNT, por ejemplo, se ha mantenido al margen de varias de las principales luchas que se han desarrollado en estos últimos años tales como el fraude electoral, la insurrección oaxaqueña, la defensa de PEMEX y en contra de la ACE, por mencionar algunos casos. Sin embargo, llegado el momento ¿con qué falsa excusa los dirigentes de este tipo de sindicatos van a contener a los trabajadores en cuanto se plantee la contrarreforma de la LFT?
De no reaccionar los dirigentes correrán el riesgo de ser echados a un lado por los trabajadores ante la búsqueda desesperada de una alternativa para defender sus derechos. Más que reunir condiciones que permitan la Paz Laboral, las condiciones para el 2009 son más afines a la convulsividad obrera y la indisciplina sindical, esto último tanto en los sindicatos del CT y la CTM como en el caso de la UNT y todos aquellos sindicatos independientes en los que los dirigentes no quieran ponerse al frente de la lucha. Incluso a nadie le deberá extrañar si bajo esta coyuntura de crisis económica, tal como ya sucedió hace muy pocas semanas en los Estados Unidos con la fábrica Republic Window & Door de Chicago, los trabajadores mexicanos pasan al terreno de la toma de fábricas como medida para defender su empleo.
Se recrudece la crisis del régimen
Para el régimen las cosas están lejos de marchar bien. El gobierno de Calderón nació en medio de confrontaciones contra los trabajadores y desde entonces a la fecha, ésta sigue siendo la constante. Además, paralelo a ello, la crisis y divisiones en el seno del régimen han empeorado. La muerte del entonces secretario de Gobernación, Mouriño, de la cual se tiene serias y firmes sospechas de que se trató de un atentado (por ejemplo la Operación Limpieza no sólo dejó en claro los vínculos de las altas esferas del aparato de seguridad del Estado con el narco, sino que además permitió visualizar que este aparato, por supuesto fuertemente vinculado por con la Secretaría de Gobernación, dependencia esta última en la que además se desarrollan las principales acciones de inteligencia nacional, protege no a un cártel sino a diferentes cárteles con serias disputas entre sí) catalizó aun más esta crisis.
La muerte de Mouriño el 4 de noviembre no sólo significó para Calderón la pérdida de su principal operador político y mano derecha sino además implicó que tuviera que aceptar en el segundo cargo más importante del gobierno a Fernando Gómez Mont, siendo este un hombre subordinado totalmente a la voluntad y las ordenes de Diego Fernández de Cevallos quien es uno de los panista mas hostiles al actual presidente. Perder el control de la Secretaría de Gobernación por parte de Calderón, significa perder mucho. Este factor por sí mismo ya es suficiente para agudizar la crisis del régimen, pero las cosas no para ahí. En su columna México S.A. de La Jornada del 11 de noviembre del 2008, Carlos Fernández-Vega destaca lo siguiente: “Las cartas de presentación del nuevo heraldo en Bucareli hablan por sí solas: Fernando Gómez Mont fue abogado defensor de cuando menos los siguientes personajes de la siempre nítida e incorruptible clase política y empresarial del país: Carlos Cabal Peniche, El Rey del Amparo, presidente de Banco Unión y del Grupo Financiero del mismo nombre, el “empresario modelo” de Carlos Salinas de Gortari, quien en México nunca pisó la cárcel no obstante el cúmulo de denuncias en su contra, en especial la relativa a defraudación fiscal por algo así como 4 mil millones de pesos; Jorge Lankenau Rocha, presidente de Abaco Grupo Financiero (Banca Confía, en la que también participaron, entre otros, Fernando Canales Clariond, Eduardo Leaño, Alejandro Junco de la Vega y José Maiz García, suegro de Natividad González Parás, gobernador de Nuevo León), preso ocho años por los delitos de fraude, defraudación fiscal y violación a la Ley de Instituciones de Crédito; Óscar Espinosa Villarreal, ex regente del Departamento del Distrito Federal, acusado de peculado y desvío de 420 millones de pesos del erario capitalino.”
A lo descrito por este periodista hay que añadir que la mafia del narco también ha ganado mucho con el nombramiento del nuevo secretario de Gobernación, pues como lo retrata la revista Proceso del pasado 7 de diciembre, el primo de éste, Felipe Gómez Mont, quien labora para el despacho jurídico regenteado por Fernández de Cevallos, es abogado de los empresarios Héctor Sotero, Carlos Magaña y Jorge Muñoz Arvizo, todos ellos dedicados al lavado de dinero.
Gómez Mont, aliado a Fernández de Cevallos y Carlos Salinas, representa el reposicionamiento de uno de los grupos más oscuros y sobre el cual Calderón no tiene ninguna clase de autoridad ni control. En la práctica este grupo es un gobierno paralelo que tiene su propia agenda política, sus propias prioridades y que tienen a la Secretaría de Gobernación como una especie de residencia de Los Pinos Bis. A tal grado llega la debilidad de un Felipe Calderón cada vez más solo.
Pero, como en el caso de Mouriño, hay muertes que resucitan a otros muertos. Éste es el caso de Manuel Espino, aliado de Fox y quien cuando fue presidente nacional del PAN se presentó como el principal adversario al interior de este partido ya siendo Calderón precandidato y después candidato a la presidencia del país, así como durante un periodo de éste ya instalado en Los Pinos. Esta situación terminó hasta que Espino fue sustituido por Germán Martínez, hombre de entera confianza de Calderón, en la presidencia nacional del PAN en diciembre del 2007. Sin embargo tras la muerte de Mouriño quedó atrás el largo periodo de nula participación activa en política que se le impuso a Espino el cual se vio obligado a operar durante un tiempo por medio de otras personas, José Luis Luege Tamargo de la Comisión Nacional del Agua por ejemplo, para tratar de influir sobre el PAN.
Espino regresa al CEN del PAN y las razones que los motivan son claras: “estoy interesado en que ya no se siga la línea derrotista del partido”, declararía este personaje el 4 de diciembre pasado. Espino, quien por cierto junto con Fox no asistió al funeral de Mouriño ni al homenaje que el PAN le hizo al extinto secretario de Gobernación, representa el resentimiento del llamado panismo duro que no se resigna a ver cómo Calderón le ha otorgado la iniciativa electoral al PRI, siendo éste el partido que ha logrado mejores resultados en los diferentes procesos electorales que se han desarrollado desde que se instaló el actual gobierno y que en muchos casos ello ha significado graves descalabros para el PAN.
Esa clase de panistas teme que de seguir las cosas así a consecuencia de que Calderón no termina por asumir electoralmente al PAN como el partido en el poder, todo, y en espacial los privilegios, termine yéndose por la borda al regresar el PRI a la presidencia en el 2012. Pero Calderón no ha tenido otro remedio, el PAN no tiene fuerza para gobernar solo y al presidente espurio no le ha quedado otra más que depender del apoyo del PRI el cual ha vendido muy caro su amor. ¿Pero qué más puede hacer Calderón sino es seguir dependiendo de este apoyo? Para que esto ya no siga siendo así, Calderón necesita que tras las elecciones legislativas de este año el PAN emerja como una fuerza política que le dé una mayoría legislativa abrumadora que no lo obligue a pedirle nada a nadie, pero esta posibilidad ya está descartada de antemano. Calderón se sentó en la silla presidencial en una coyuntura en la que la economía fue del estancamiento a la crisis, la cual se agudizará en los próximos meses. El costo político de esto lo tendrá que pagar el PAN por medio de los resultados de las elecciones.
La enrome necesidad de Calderón respecto al apoyo del PRI ya no solo para aprobar contrarreformas, sino que además para tratar de mantenerse en el cargo en caso de que la crisis económica y la polarización social se acentúen, está en contradicción con el fuerte bloque de panistas dirigidos por Espino y Fox los cuales no están dispuestos a renunciar por ninguna razón a los espacios de poder sobre los que avanzaron a lo largo de las dos últimas décadas hasta llegar a la presidencia. La verdad es que viéndolo bien y distancia, pareciera que en su momento Salinas y Zedillo hicieron más que Calderón para que el PAN conquistara posiciones políticas de todo tipo. Esta contradicción no puede augurar más que mayores disputas y divisiones en el seno del actual partido en el poder.
Mientras tanto los priistas gracias a la anterior realidad, pero también en mucho por el alto costo electoral que tendrá que pagar el PRD por su estela de errores de todo tipo y la traición de los “chucos”, ya se frotan las manos y esperan con ansias las diferentes elecciones que se desarrollarán este año. El PRI, que gobierna en 18 estados de la República, se siente confiado; de acuerdo a su presidenta nacional, Beatriz Paredes, se en encuentran en condiciones de ganar el 44% de los votos. La verdad es que, salvo que pase una situación especialmente extraordinaria y si en el PRD no se da un giro inmediato y radical en su política que sólo genera confusión entre las masas, no debemos descartar la hipótesis de que las elecciones venideras sean mejor capitalistas por el PRI. Formalmente este ambiente de mayor polarización social en un contexto de crisis económica, tendría que expresarse mas nítidamente en una orientación mayor hacia el voto al PRD, pero las elecciones de Guerrero en octubre pasado y que se desarrollaron en un contexto como el descrito demuestran que no existe una relación mecánica entre dicho panorama y el voto por los partidos de izquierda. Los errores cuestan y se pagan caros. Ese es el costo no sólo de desviaciones como los “chuchos” avalando la contrarreforma petrolera, sino también el de llevar a los gobiernos de estados perredistas a empresarios como Zeferino Torreblanca en Guerrero, a priistas como Juan Sabines en Chiapas, etcétera, etcétera. Un efecto de mucho peso a partir de todo esto será el abstencionismo el cual, al igual que en Guerrero recientemente, terminará beneficiando a la derecha. Y de ello nadie podrá responsabilizar a las masas desposeídas las cuales han dejado la piel en la lucha callejera.
Nuestra alternativa
Como no se veía desde hace décadas, el capitalismo mexicano se encuentra hundido en una descomposición que se ha extendido a todos los terrenos: hoy en día vivimos de manera sincronizada una profunda crisis social al lado de una importante crisis política, ambas coronadas por una crisis económica que amenaza en ser la más grave en los últimos 80 años. Todo esto en medio de una cada vez más aguda polarización social, para la cual la contrarreforma petrolera en vez de trasformase en un golpe para la moral y la combatividad de las masas como lo esperaba Calderón, sólo ha servido como más gasolina al fuego.
Los trabajadores debemos prepararnos de la mejor manera posible para enfrentar este periodo; debemos frenar a Calderón y a la burguesía. El monopolio del poder político y de la economía que estos ejercen sólo puede derivar en una barbarie de desempleo masivo y hambre, así como en acciones represivas contra los trabajadores. A este respecto, ya habla de esta clase de intenciones el empleo del ejército los pasados 7 y 9 de octubre en los poblados de Tres Marías, Amayuca y Xoxocotla para tratar de sofocar la lucha del magisterio morelense contra la ACE.
Por eso es necesario, a la par de luchar por derechos como el empleo por medio de la toma de fábricas y organizando huelgas generales por ejemplo, lanzarnos contra el poder de la clase dominante expropiando sus riquezas y derrocando a su gobierno. La bancarrota económica, política y social del capitalismo no nos deja otro camino. Los burgueses ya han tenido 200 años de oportunidades y han arruinado todo, haciendo de México un lugar que muy poco o nada le puede ofrecer a la inmensa mayoría para la cual el único destino seguro bajo el capitalismo es la miseria y la desolación.
Los burgueses han desperdiciado su oportunidad de ofrecerles a los trabajadores mexicanos una sociedad digna de ser vivida, pero a cambio ellos sí han amasado cuantiosas fortunas. Y no puede ser de otra manera, la concentración de riquezas en pocas manos es una ley que domina al capitalismo. ¿O de qué otra manera se puede explicar que al lado de millones de mexicanos que viven en la pobreza más atroz, haya un hombre como Carlos Slim que es una de las personas más ricas de todo el mundo? Pero esas leyes que posibilitan el que un puñado de banqueros y empresarios posean gigantescas fortunas, son las mismas que empujan al capitalismo a sus crisis económicas recurrentes las cuales siempre terminan por arrebatarnos lo poco que tenemos.
Otra expresión más de la decadencia capitalista y que ha abierto un nuevo frente de inestabilidad política es el paro nacional de los pescadores que tras su estallido el pasado 1 de enero, conforme pasan los días gradualmente éste se ha extendido a más puertos. Este sector de pequeños productores que ha visto como diariamente son devorados por las grandes empresas de la pesca, ahora han tenido que padecer más complicaciones a raíz de los altos precios de los combustibles y la política de Calderón de ir eliminando los subsidios a las gasolinas. El capitalismo está llevando a la extinción a estos productores pero las cosas han llegado a su límite y para tratar de sobrevivir y poder seguir alimentando a sus familias, se han visto forzados a saltar a la lucha, sentando al mismo tiempo un importante precedente sobre la forma en que se desarrollaran los acontecimientos en lo que resta del 2009.
Debemos deshacernos del lastre y cáncer social que representa la burguesía parasitaria, transformando a nuestras organizaciones en sólidas herramientas de luchando proletaria y socialista basándonos en los principios políticos de Marx, Engels, Lenin y Trotsky. Es el momento de abrazar estas ideas y dar la lucha a toda costa para influir con ellas sobre el resto de la clase trabajadora y sus organizaciones tradicionales.
La crisis del capitalismo mexicano no es otra cosa más que la expresión nacional de la crisis del capitalismo en todo el mundo, es por ello que en nuestra lucha tenemos que retomar las banderas del internacionalismo proletario y unirnos a los trabajadores de otros países para, hombro con hombro, luchar para derrotar a los burgueses hasta en el último rincón del planeta y construir sobre bases firmes el socialismo. De ahí es que para nosotros otra tarea que se desprende es la de luchar por una Federación Socialista de América Latina.
Compañero trabajador, compañero estudiante, únete a la Tendencia Marxista Militante y lucha por es socialismo.
