La aniquilación del campo
Peña representan la profundización de la política anticampesina impulsada por el PRI tras la crisis económica de 1982, cuando los capitalistas mexicanos junto con el imperialismo, decidieron que era necesario eliminar todas las conquistas logradas tras la revolución mexicana; para el campo ello significaría el poner al alcance del mercado capitalista a la tierra distribuida a lo largo de casi un siglo de luchas agrarias, desde el Plan de Ayala de 1911 impulsado por Zapata, después en 1915 a través de la primera Ley Agraria decretada por Villa, hasta todas las luchas campesinas que se desarrollarían desde el Constituyente de 1917 y varias décadas posteriores. Así, gracias a ello, iniciada la segunda década del siglo XX hasta principios de los años 90, en nuestro país serían repartidas más de 100 millones de hectáreas y se crearían más de 30 mil ejidos.
Tras la crisis de 1982 la cuenta regresiva para el campo iniciaría su marcha, empezando por un significativo repliegue del Estado como fuente de financiamiento, siendo así, por ejemplo, la inversión pública para el sector pasaría del 12% de 1981 al 2%, como lo es en la actualidad; además los susidios agrícolas, que en 1981 equivalían al 1.8% del valor de la economía nacional, se recortarían hasta el 0.5% en 1987.
El segundo golpe llegaría con la contrarreforma de Salinas de 1992 la cual eliminó la propiedad de la nación sobre la tierra y la facultad del Estado para distribuirla; además permitiría que la asamblea de ejidatarios pudiera transformar en propietarios privados a su integrantes; así la tierra quedaría al alcance del mercado, además de poder ser embargada por la banca ya que el ejido es inalienable. Y para consolidar el proceso de concentración de tierras, al igual que lo haría Porfirio Díaz por medio de las Compañías Deslindaras (gracias a las cuales entre 1905 y 1910 el 2% de los propietarios concentrarían el 80% de los suelos agrícolas del país) Salinas crearía las Sociedades Mercantiles, mismas que podrían tener bajo su usufructo 20 mil hectáreas.
El tercer golpe vendría con la integración del TLC en 1994, a través del cual el campo mexicano sería obligado a competir en condiciones extremadamente desventajosas contra las dos agriculturas más poderosas del planeta: la canadiense y la de los EEUU. Por ejemplo, mientras que los subsidios agrícolas yanquis en 2006 eran de 150 dólares por hectárea en promedio, en México dicha cantidad era dos tercios inferior.
La política de la derecha de las últimas tres décadas ha tenido efectos catastróficos para el campo, entre ellos la reducción del suelo de labranza (actualmente se cultivan tres millones de hectáreas menos que en 1980) y la caída de la producción a tal grado que en veinte años de TLC nuestro país tuvo que importar 250 mil millones de dólares en productos agrícolas y alimentos para cubrir la demanda interna. El 75% de esas importaciones fueron de origen yanqui. Además la industria minera, en su mayoría trasnacionales, ha logrado monopolizar tierras equivalentes al 25% del territorio nacional.
Así, en ese marco, actualmente el 80% de la población del campo vive en la miseria y otros 6.6 millones son campesinos sin tierra.
Contrarreforma agraria disfrazada
La política de Peña pretende ser el golpe final para el campo pues la leyes secundarias de la contrarreforma energética contemplan la “ocupación temporal” de tierras, hipócrita eufemismo introducido por los legisladores para sustituir el incómodo término de “expropiación”, tal como estaba planteado en el proyecto original de leyes; la “ocupación” le permitirá a las compañías petroleras echar mano casi sin estorbo alguno de manera “temporal” para su explotación de todas aquellas tierras en las que considere que existen mantos petroleros, poniendo ello bajo la mira millones de hectáreas de pequeños productores rurales; pero las cosas no paran ahí pues por otro lado, en abril de 2014 el PRI presentó en el legislativo una serie de incitativas para reformar la ley de Expropiación, la General de Bienes Nacionales y la Agraria, con el supuesto objetivo de fortalecer el Programa Nacional de Infraestructura; en esencia esas contrarreformas pretenden que cada que sea declarado un proyecto de infraestructura (carreteras, puentes, represas, etcétera) como de “utilidad pública”, el Estado y las constructoras puedan disponer prácticamente unilateralmente de las tierras de los campesinos para construir las obras al acotar en exceso los mecanismo legales de defensa de los núcleos agrarios afectados.
El otro paso que se pretende dar, mismo que ya ha sido anunciado por Peña, es el de impulsar una nueva reforma agraria, misma que, que de acuerdo a las organizaciones campesinas, pretende basarse en el proyecto entregada al legislativo por el expresidente Calderón en noviembre de 2012. Entre otras medidas dicho proyecto pretende eliminar el requisito definido en 1992 que establece que para que las tierras ejidales se transformen en propiedad privada tiene que ser acorado por la asamblea de ejidatarios; al eliminarse ese requisito constitucional el Estado entregaría de forma expedita la propiedad de las parcelas a los campesinos, facilitando con ello la compra y venta de tierras para la su concentración en pocas manos.
Unidad de acción
Como podemos ver, más que tratarse de contrarreformas aisladas, la política de Peña pretende dar marcha atrás a la historia llevando al campo a una situación similar a la existente antes de la Revolución Mexicana de 1910-1920, cuando un puñado de terratenientes eran prácticamente señores y amos de la mayor parte del país. Sin embargo, al actuar de esa manera, la derecha está atizando la llama de la lucha de clases, creando de esa manera condiciones favorables para profundos procesos de convulsión social.
En los últimos años las masas oprimidas de nuestro país han dado muestras muy serías de su disposición para transformar su amarga realidad, siendo un magnífico ejemplo de ello la estupenda lucha contra el fraude electoral de 2006, la cual estuvo a punto de arrebatarle a la burguesía y a la derecha, el control de la situación; pero más recientemente hemos visto las lucha del #YoSoy132 en 2012 expresando toda la vitalidad transformadora del estudiantado; también hemos atestiguado en 2013 al magisterio democrático oponiéndose con una tenacidad ejemplar a la mal llamada reforma educativa, y en ese mismo año vimos el fenomenal impulso de algunos sectores del campesinado pobre, especialmente en Michoacán y Guerrero, tomar las armas para enfrentar a las bandas de narcotraficantes, y poner se esa forma sobre las cuerdas al gobierno en diferentes oportunidades. Otro ejemplo lo encontramos en 2014 con el joven movimiento de los médicos defendiendo sus derechos movilizándose en a 50 ciudades de manera simultánea el pasado 22 de junio. Y en toda esa coyuntura ha destacado por su profundidad la extraordinaria lucha a nivel nacional en apoyo a los normalistas de Ayotzinapa.
Por su parte el movimiento campesino, se ha movilizado con energía desde que el panismo llegó al poder por primera vez hasta a la fecha, siendo la marcha campesina del último viernes de cada enero el mejor ejemplo de ello.
Lo anterior demuestra que la disposición a luchar sigue latente en el seno del pueblo trabajador, significando ello que ahora la tarea consiste en unificar a todas esas luchas en un sólo frente, mismo al que se tendrían que integrar las organizaciones campesinas, los sindicatos y los partidos de izquierda, en especial Morena, y el movimiento estudiantil. La defensa del campo empieza por la unidad en la acción impulsando iniciativas para golpear todos juntos, el mismo día y a la misma hora; pero para propiciar la unidad es necesario también un plataforma reivindicativa integrada por las principales demandas de los diferentes sectores en lucha: la defensa de la tierra, créditos blandos y subsidios para el campesinado pobre, salarios dignos, contra los despidos y a favor del empleo estable; educación pública, gratuita y suficiente desde preescolar hasta la universidad; por un sistema de salud público en condiciones dignas para pacientes pero también con salarios adecuados, además de con el disfrute de todos los derechos laborales y sindicales para médicos, enfermeras y demás personal de apoyo, etcétera.
En definida las contrarreformas implementadas desde 2012 a la fecha (la laboral, la energética, la fiscal, la educativa, además de la contrarreforma agraria oculta tras el telón de las leyes secundarias del sector energético) dejan en claro que el capitalismo está dispuesto a aplastar en su beneficio las condiciones de vida de los trabajadores de la ciudad y del campo; por ello es necesario que estas dos últimas clase marchen juntas defendiendo un programa de unidad en el que también se llame a expropiar a los empresarios, a los banqueros y a los terratenientes, como única condición para frenar definitivamente una política que solo ha significado más pobreza y desesperanza.
