En México la crisis del coronavirus inició a finales de febrero, por lo que se decretó el periodo de Sana Distancia del 23 de marzo al 30 de mayo. Sin embargo, los momentos de mayor dinámica de la epidemia en el país iniciaron justo en mayo y continúan a la fecha, en el denominado periodo de “nueva normalidad”. Según las cifras oficiales, van más de medio millón de casos y más de 62 mil muertes, por lo que México, ocupa desde el mes de julio el tercer lugar en muertes por COVID 19 a nivel mundial.

Hoy se sabe que los niveles alcanzados en México, no dependen únicamente de la llegada del virus, sino que hay todo un antecedente ligado a la corrupción por parte de empresas de alimentación insalubre que ha permeado por décadas en la sociedad mexicana y que han llevado a índices muy altos las enfermedades crónico-degenerativas como diabetes, hipertensión y obesidad en población de todas las edades. México ya registraba desde antes de la pandemia estadísticas muy altas de demanda de atención y muertes por este tipo de enfermedades, sin que los sistemas de salud pública pudieran hacer frente a esta crisis. De hecho, durante el lapso de esta crisis sanitaria, se ha descuidado la atención a estos padecimientos agravando aún más la vida del pueblo pobre. 

En ese sentido, un factor relevante de riesgo es la calidad de vida que llevamos millones de oprimidos, misma que depende del nivel de ingresos, labores o trabajos realizados, acceso a la educación y salud. Sin duda, la clase trabajadora nos llevamos la peor parte. Así, más de 80 millones de mexicanos son más vulnerables a contagiarse por la necesidad de salir a laborar a la maquila, fabrica, taller, supermercado o servicios que no han parado actividades.

El gobierno ha acertado en denunciar el papel del deterioro alimenticio y del sistema de salud, incluso haciendo mención a empresas y prácticas de corrupción, además de crear medidas para fortalecer la atención médica en general. Sin embargo, esto es insuficiente, se deben eliminar de inmediato los permisos y acuerdos a las empresas que afectan directamente la salud de los mexicanos con sus productos, expropiarlas y hacer una transferencia de sus sistemas productivos en beneficio de la sociedad.

Según un estudio del BBV México del mes de julio, en el país hay más de cuatro millones de micro, pequeñas y medianas empresas que están siendo las más afectadas. Estas generan el 70% del empleo que tenemos en México y aportan arriba del 50% del PIB. Aquí se agrupan todo tipo de comercios, restaurantes, transportes y turismo. En cuanto a la difícil situación económica de estos sectores, se han dado apoyos económicos que son miserables en comparación con las necesidades de la población y las familias que han disminuido o perdido sus ingresos.

La derecha hipócritamente critica la situación. Sus políticos y medios de información generan campañas de miedo, calumnias y desprestigio a las medidas del gobierno −incluso la OMS ha denominado fenómenos de infodemia−. Sabemos que esta gentuza, de haber estado en el poder, no hubiera movido un dedo para el embate de la enfermedad y cómodamente nos hubiera visto morir sin ningún remordimiento, como lo ejemplifica el caso de las maquilas en la frontera norte.

Es urgente, atacar de manera firme las afectaciones sanitarias, sociales y económicas de la pandemia en México. No con paliativos ni migajas, sino adoptando un programa contundente de rescate que signifique el 10% del PIB al sector salud y un subsidio de desempleo igual al monto de la casta básica a todo el pueblo que requiera. Generar un sistema de salud digno, equipado, preventivo, gratuito y universal. Garantizar un empleo y salario digno, educación y salud al pueblo. Para lograr todo ello debemos romper con la política de conciliación y pasar a tomar los recursos de la sociedad y ponerlos bajo nuestro control, de lo contrario esta crisis se seguirá cobrando la vida la clase trabajadora.