Bajo el sistema capitalista en el que prevalece la lógica del máximo beneficio para los empresarios y banqueros, y no los intereses de la mayoría de la población, seguimos enfrentando el despojo de los recursos naturales de las comunidades; la contaminación y destrucción de la flora y fauna; así como el riesgo de perder la vida. Esto es lo que sigue ocurriendo en nuestro país con la imposición de los “proyectos de muerte” promovidos por los gobiernos del PRI y el PAN en los últimos años.
Con la reforma salinista al artículo 27 constitucional se modificaron 14 leyes secundarias, la ley Minera, de Inversión Extranjera, la ley de Bienes Nacionales y la de Hacienda, convirtiendo los recursos naturales en una mercancía más. Estas fueron aprovechadas por Fox y Calderón para beneficiar a grandes empresarios nacionales y extranjeros sin restricciones, pagando solamente un máximo de 2 % de sus ganancias a la hacienda pública.
Hacia el final del sexenio de Felipe Calderón, por ejemplo, se habían programado 70 proyectos hidroeléctricos en 19 estados de la República, lo que se considera, desplazaría a más de 170 mil personas de sus comunidades. A nivel nacional existen más de 400 empresas mineras que acaparan el agua, contaminan el ambiente y los mantos freáticos, además de que evaden el pago de impuestos. Entre esas empresas se encuentran Grupo México, Goldcorp y Arcelor Mittal. La primera, propiedad del segundo hombre más rico del país, German Larrea, quien con la explotación de los recursos naturales ha generado una riqueza de 9 mil millones de dólares, según Forbes.
En Oaxaca, hasta el año pasado, se habían registrado 407 concesiones mineras en 220 municipios. En el estado de Puebla, Rafael Moreno Valle logró imponer 12 “proyectos de muerte”, entre minas a cielo abierto, hidroeléctricas y plantas eólicas y geotérmicas principalmente en la Sierra Nororiental de la entidad. Sólo la concesión de la minería, en el año 2013, superaba ya las 817 mil hectáreas, lo que equivalía a casi el 24% del territorio del estado.
El gobierno ha justificado dichos proyectos con el falso argumento de que se generarán grandes beneficios sociales, empleos y mejores condiciones de vida para los pobladores. Sin embargo, como fiel servidor de los intereses de las empresas transnacionales, el “gober bala” no sólo ha expropiado a las comunidades de la tierra para entregarla a las constructoras, sino que además les ha condonado impuestos, les ha creado infraestructura como caminos y redes de energía eléctrica, entre otros servicios.
Treinta por ciento del territorio mexicano, que representa casi 52 millones de hectáreas, esta concesionado a la minería y las empresas hidroeléctricas. Como no puede ser de otra forma, todas las grandes empresas nacionales y extranjeras, junto con el gobierno, han violando los derechos humanos de los pobladores en aras de imponer sus negocios. Entre los abusos cometidos están la falta de consulta previa, libre e informada de los pueblos para aprobar estos proyectos. Por esa razón y por las consecuencias negativas que traen los “proyectos de muerte” han surgido diversos frentes sociales para frenarlos en varias entidades del país. En los estados de Morelos, Puebla y Tlaxcala, existe, por ejemplo, el Frente de Pueblos en Defensa del Agua y la Tierra (FPDAyT) que ha venido luchando contra la imposición del “Proyecto Integral Morelos” que se extiende por las tres entidades. Este proyecto fue licitado por la Comisión Federal de Electricidad en junio de 2011 e incluye la construcción de termoeléctricas, un acueducto y gasoducto de 160 kilómetros, así como infraestructura carretera.
A mediados del mes de octubre, 180 organizaciones, pueblos, comunidades y barrios de todo el país iniciaron de manera coordinada la “Campaña Nacional en Defensa de la Madre Tierra”. De todas ellas, al menos la mitad se encuentra en lucha contra los megaproyectos de muerte. Esta campaña nacional es un paso al frente en la coordinación de las diversas luchas ambientalistas, sin embargo, hace falta la unificación con otras luchas igual de importantes que están desarrollando los maestros, los médicos, los estudiantes, las mujeres.
Formar un Frente Único de Lucha es el camino para frenar la embestida del sistema capitalista depredador y su gobierno que, en nombre del “progreso” –que no es otra cosa que la multiplicación de sus ganancias- despoja a los pueblos de sus territorios, contamina y destruye ecosistemas. La lucha contra los megaproyectos debe ser una lucha más amplia contra este sistema capitalista de muerte. Sólo con la mayor unidad y organización de los diversos movimientos sociales se podrá enfrentar también la fuerza represiva del estado que a sangre y fuego imponen sus intereses privados por encima de la mayoría de la población.
¡Viva la lucha de los pueblos del campo contra la depredación capitalista!
¡La tierra, el agua y los bosques son del pueblo y no de los empresarios!
