A tan solo 6 días de iniciado 2023, miembros de la fuerza pública mexicana capturaron muy de mañana a Ovidio Guzmán, hijo del encarcelado Joaquín "El Chapo" Guzmán - provocando una situación similar a la de octubre de 2019, cuando pasó el fallido intento de captura a este mismo personaje - una oleada de ataques de represalia por parte de integrantes del cártel de Sinaloa en Culiacán. Al menos 29 personas murieron, entre ellas 10 militares y 19 presuntos miembros del cártel, y 35 soldados resultaron heridos. Con todo, esta vez el presidente no dio la orden de detener el operativo y liberar a Ovidio, para evitar una masacre, como lo había hecho antes. Ese mismo día, el chapito fue enviado a la Ciudad de México y se encuentra entre las rejas.
Aquí hay que recordar que el cártel de Sinaloa es la tercera organización delictiva más poderosa del mundo, que estuvo en aparente connivencia con una sucesión de administraciones panistas y priistas, que ahora está presente en más de 60 países con unas ventas anuales de once mil millones de dólares sólo a Estados Unidos. El aumento de las muertes por sobredosis en Estados Unidos, impulsado por el opioide sintético fentanilo, había aumentado la presión sobre México para combatir a las organizaciones responsables de la producción y el envío de la droga. El cartel de Sinaloa domina el tráfico de fentanilo a los EE. UU., por lo que el gobierno estadounidense ofreció años atrás una recompensa de 5 millones de dólares por información que condujera a la detención o condena de Guzmán, y periodistas aseveran que el intento en 2019 fue para cumplir con esa demanda del gobierno estadounidense.
Según académicos y expertos en seguridad, la captura de Guzmán era una victoria para la administración de AMLO, un triunfo que podría utilizar para quitarse la vergüenza sufrida por la fallida captura anterior, desmentir afirmaciones de que el Estado mexicano había sido superado por la capacidad bélica del narco, y más bien mostrar al mundo que las fuerzas armadas mexicanas eran capaces de asestar golpes efectivos al crimen organizado y así reafirmar que su política de seguridad de "abrazos no balazos" estaba funcionando y que no había impunidad.
Sabemos que la detención de un líder de estos grupos criminales perjudica limitadamente su accionar delictivo. Su padre El Chapo ya fue condenado a cadena perpetua en EE. UU. y ahora Ovidio se encuentra bajo responsabilidad de las autoridades mexicanas después de que un juez detuviera mediante un amparo su extradición inmediata. Sin embargo, un juicio que efectivamente pudiera tener repercusión en las operaciones del narco es el de Genaro García Luna en EE. UU., que está aconteciendo estos días, ya que de las pruebas que puedan surgir en este juicio, pudieran activar a varias instancias del gobierno federal a procesar los delitos en las administraciones anteriores por altos funcionarios, incluyendo expresidentes. Independientemente del resultado de este juico lo que resultara determinante será lo que el pueblo organizado y los militantes de izquierda podemos llevar a cabo para acabar con este lastre que afecta gravemente a las comunidades campesinas y proletarias de nuestro país, y otros países.
La detención de Guzmán pone de manifiesto la urgencia de pacificar México no siguiendo los dictámenes del gobierno de EE. UU., sino el de las organizaciones populares. Hay que oponerse firmemente a cualquier llamamiento a la militarización del país a través de estructuras militares como la Guardia Nacional. La pobreza, el hambre, la desigualdad y la explotación no se resuelven enviando soldados, sino más bien con empleos sindicalizados abundantes y bien remunerados, la educación y la sanidad universales, la alimentación asequible y la vivienda digna. Esto es más letal para el crimen organizado que cualquier cantidad de equipo militar.
Debemos crear estructuras de poder popular, incluyendo las autodefensas, para restar la presencia de las estructuras del estado burgués en los territorios, y así luchar por el desmantelamiento del narcoestado a través de la educación popular, sanidad pública y gratuita, vivienda digna con seguridad, arte y cultura, alternativas dignas al empleo en los cárteles y una redistribución urgente de la riqueza para hacer frente a la flagrante desigualdad de riqueza de la nación.
Asimismo, debemos presionar al estado mexicano para que siga persiguiendo las estructuras financieras que mantienen al crimen organizado, mediante la congelación de cuentas, la confiscación de activos y el desmantelamiento de los nexos que permiten a los cárteles blanquear dinero en el extranjero. Según el gobierno, ya se han congelado unas dos mil cuentas por valor de 260 millones de dólares, que es una cantidad muy pequeña. De igual forma, debemos exigir la cancelación del Tratado de Libre Comercio, el TMEC, que les da más protección a los derechos de propiedad de los inversionistas extranjeros que los derechos humanos de las comunidades, y que ha provocado estragos en los medios de vida de los trabajadores en ambos lados de la frontera.
Se debe de seguir denunciando que el Congreso de Estados Unidos destina más recursos a su presupuesto militar que a combatir la desigualdad, el hambre, la discriminación y la pobreza que llevan a muchos jóvenes marginados en los EE. UU., en México, en Centroamérica y otras partes del mundo a traficar con drogas y arriesgar sus vidas por los narcotraficantes.
Sólo la organización del pueblo nos permitirá combatir la delincuencia organizada y nos permitirá vivir en paz.
¡Cárcel y expropiación a todos los grupos delictivos y políticos, empresarios y militares coludidos!
¡Armar y adiestrar al pueblo bajo control asambleario en las comunidades!
