La Ley General del Servicio Profesional Docente es una de las tres leyes secundarias de la llamada reforma educativa aprobada por el Congreso de la Unión en diciembre de 2012 y promulgada por Peña Nieto en febrero de 2013. Según los 11 ministros de la SCJN la ley no viola el derecho a la estabilidad laboral de los maestros, pero debe prevalecer el principio del interés superior del menor y el respeto a su derecho fundamental a una educación de calidad, así que el despido de un docente estaría plenamente justificado cuando no acredite las evaluaciones o, en su caso, será reubicado en otras áreas si fuera definitivo.
De acuerdo con las normas y leyes la Secretaria de Educación Pública (SEP), bajo la autoridad del Instituto Nacional de Evaluación de la Educación (INEE), realizará cuatro tipos de evaluaciones: para el ingreso, la promoción, la permanencia y la promoción en la función por incentivos (antes carrera magisterial). De esta manera, 1.4 millones de maestros tendrían que ser evaluados cada cuatro años con exámenes estandarizados que no consideran la diversidad y heterogeneidad cultural que existe en el país. De ello depende su continuidad en el ejercicio de la labor docente.
Rabia de norte a sur
Contrario al falso argumento oficial de la supuesta mejora de la calidad de la educación pública en nuestro país, en realidad se trata de una reforma laboral que viola los derechos de los maestros a quienes se les presenta como los culpables de los problemas de la educación en México.
A pesar de la campaña de descalificación y criminalización por parte de la derecha y todos sus medios de comunicación, conscientes de las implicaciones reales de la contrarreforma educativa-laboral, decenas de miles de maestros han venido movilizándose de norte a sur del país para defender la educación pública y sus derechos laborales. Con leyendas como ‘‘Evaluación al secretario de Educación’’, ‘‘Se busca secretario con experiencia docente. Salario base’’ o ‘‘Solicito permuta con diputado. Ofrezco salones en pésimas condiciones y salario raquítico’’, y al grito de “¡Va a caer, va a caer, la reforma educativa va a caer!”, miles de profesores, tanto de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) como del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) han salido a manifestar su rabia contra el narco-gobierno de Peña Nieto.
La resistencia en Oaxaca
Oaxaca ha sido uno de los estados donde el plan del gobierno federal por aplicar la reforma educativa-laboral y la consiguiente evaluación docente, se ha enfrentado a una mayor resistencia y lucha consciente de miles de maestros, agrupados en la sección 22 de la CNTE. Por esta razón y para tratar de aparentar una fortaleza que no tienen, el gobierno de Peña Nieto junto con el de Gabino Cué, decidieron dar un golpe sobre la mesa el pasado 20 de julio, cuando se publicó en el Periódico Oficial de esa entidad, el decreto de desaparición del Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca (IEEPO) que estaba bajo el control de la CNTE.
Con dicho decreto, se da plena vigencia a la reforma educativa en Oaxaca y, según Peña Nieto, con el supuesto propósito de ‘‘asegurar la calidad de la educación’’, se ‘‘restablece la rectoría del Estado en materia educativa”. Por su parte, Gabino Cué ha declarado que así se pretende “desligar el fenómeno educativo de condicionantes políticas, sindicales y sociales, que durante las pasadas dos décadas y media han mantenido a la entidad en los últimos lugares de aprovechamiento escolar en la educación básica” (La Jornada, 22/07/15). Con ello se podrá “separar de su cargo” a aquellos maestros que falten tres días consecutivos sin justificación alguna en un plazo de 30 días, entre otras sanciones que permite la nueva ley.
Convertir la tormenta en huracán
La ‘‘tormenta se va a convertir en huracán si siguen agrediendo al magisterio’’, fue la declaración que hicieron miles de maestros que marcharon al día siguiente de que la SCJN avaló la reforma educativa-laboral (La Jornada, 25/06/15). Esta voluntad para luchar tiene que ser mejor organizada escuela por escuela y unificada a nivel nacional por parte de la dirección de la CNTE. No puede seguir haciendo llamados al diálogo a un gobierno asesino como el de Peña Nieto. Él representa al estado burgués descompuesto y vinculado al narcotráfico, que no duda en encarcelar, desaparecer o asesinar a jóvenes y trabajadores que desafían a su régimen, poniendo en riesgo los intereses de los empresarios y banqueros que lo impusieron en el gobierno.
Es necesario unificar la lucha magisterial con la de los jornaleros de San Quintín (Baja California), con los indígenas de Ostula y los grupos de autodefensa (Michoacán), los padres de los normalistas desaparecidos de Ayotzinapa (Guerrero), los trabajadores de la salud y todos los sectores explotados y en lucha de nuestro país, para revertir todas las contrarreformas (laboral, fiscal, energética, educativa) y frenar los ataques que pretende continuar dando quien representanta a un régimen bastante débil y en crisis, que defiende al sistema capitalista decadente: ¡derroquemos a Enrique Peña Nieto!
