Mujer

El martes 27 de agosto de 2024, fue celebrada la última audiencia del juicio laboral de la compañera Sam contra de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM), juicio donde la UAM pretendió fundamentar una rescisión laboral cuando ni siquiera llevó a cabo el debido proceso estipulado en el Contrato Colectivo de Trabajo de la UAM, que también rige a las y los trabajadores de confianza. En los hechos se trató de una arbitraria separación del puesto, sólo porque Sam se atrevió a denunciar el clima de hostigamiento y acoso sexual y laboral al interior de la Contraloría de la misma Universidad que afectaba a decenas de trabajadores y especialmente a las trabajadoras.

Este título, esta enunciación, no tiene nada de silencioso o de discreto. Es una declaración enérgica y contundente del concepto de feminismo que desean que domine la escena política de uno de los movimientos más importantes, sino el más irruptivo de la última década.

“El aborto […] se llevará a cabo gratuitamente en los hospitales del Estado, donde las mujeres gozarán de la máxima seguridad en la operación”.

Con este decreto de 1920 se había anulado la criminalización del aborto por primera vez en el mundo. ¿Quiénes lo hicieron? Las mujeres, específicamente las trabajadoras soviéticas, esas que apenas tres años antes habían alcanzado –junto a sus compañeros de clase– el triunfo de su revolución. Como nosotras ahora, las proletarias –oprimidas por su género, pero también por su clase– sabían que una liberación sólo sería tal si conseguían recuperar el control de sus cuerpos.

En el actual gobierno de la 4T, la educación básica del país ha tenido cambios en su planteamiento técnico-pedagógico llamándose actualmente Nueva Escuela Mexicana. La cual plantea que el proceso educativo sea por fases, que son 6: de los 0-3 años de edad son la fase 1; los 3 grados de preescolar son la fase 2; la fase 3 es 1º y 2º de primaria; 3o y 4o de primaria fase 4; 5o y 6o de primaria fase 5 y por último los tres grados de secundaria son la fase 6.

Desde el siglo XV, con el advenimiento del capitalismo, el control de la capacidad reproductiva de la mujer ha sido la principal herramienta del capital para garantizar la reproducción de la fuerza de trabajo. Para el capital el cuerpo es una máquina y, como tal, debe servir para producir. Las mujeres siempre hemos sido responsables del bajo o alto crecimiento poblacional; por lo tanto, bajo juicios moralistas se nos dice cuándo y cuántos hijos tener, se criminaliza el aborto, se castra a mujeres racializadas, etc., y más recientemente ha entrado al plano del control del cuerpo de la mujer la renta de vientres, los vientres de alquiler.

El caso de María Elena Ríos es uno de los muchos ejemplos que demuestran la terrible violencia de género que sufren muchas mujeres en México, en especial las que viven en situaciones vulnerables por condiciones de desigualdad, es un ejemplo más de que vivimos en un sistema de justicia patriarcal y en donde tenemos que alzar la voz para que esta violencia machista se detenga, pero es claro que en este sistema patriarcal y capitalista no se detendrá y la justicia no llegará sino arrebatando.

El próximo 28S, Día de Acción Global por el Acceso al Aborto Legal y Seguro, el movimiento feminista anticapitalista y revolucionario se organiza rumbo al Encuentro Feminista, con el puño en alto, en la lucha por la legalización del aborto en México y todas nuestras demandas urgentes pendientes.

En julio de este mismo año, por fin fue aprobada la Ley Paola Buenrostro, que en lo general tipifica los transfeminicidios y los castiga con una pena de 35 a 70 años de prisión. Esta ley fue impulsada por la activista trans y defensora de los derechos humanos Kenia Cuevas, y nació del trágico transfeminicidio de su amiga Paola Buenrostro en 2016. Kenia ha luchado durante estos últimos años por la consumación y aprobación de esta ley, la cual no solo establece un castigo severo para los perpetradores, sino que también tipifica el transfeminicidio, que es, entre otras cosas, el asesinato violento de una mujer trans ya sea por motivos de odio, discriminación o transmisoginia.

De acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), en 2022, 66 mil 581 mujeres renunciaron a su empleo como consecuencia de la violencia en el ámbito laboral.