Después de 82 años de gobierno de partidos de derecha, este es el primer año en el poder del partido considerado de izquierda en nuestro país y hoy por hoy argumentan falta de recursos a un grado de colapso en universidades públicas.

La Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior (ANUIES) ha informando que “experimentan problemas financieros críticos que ponen en riesgo su operación” nueve universidades públicas del país: Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, la Autónoma Benito Juárez de Oaxaca, la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, las universidades autónomas del Estado de México, Morelos, Nayarit, Sinaloa, Zacatecas y Chiapas, que enfrentarán a finales de año un pasivo superior a los 16 mil millones de pesos, lo que impediría pagar la nómina y prestar servicios básicos como la impartición de clases. Estas nueve instituciones cuentan con una nómina de alrededor de 60 mil trabajadores – entre investigadores, académicos y personal administrativo-, así como una matrícula de 212 mil 582 estudiantes.

Según el informe de la ANUIES, la principal causa externa del déficit es la insuficiencia financiera y la reducción de los fondos extraordinarios que se eliminaron del presupuesto federal por la política anticorrupción. Las autoridades de estas universidades aluden: el aumento de la matrícula sin incremento presupuestal, el estancamiento de los subsidios otorgados por el gobierno federal, recortes en los recursos estatales, pagos de pensiones a trabajadores y maestros, adeudos al SAT, deudas bancarias y plantillas de profesores no reconocidas tanto por la Secretaria de Educación Pública como por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

Sin embargo, esta no es la causa real, en primera instancia no se destinan suficientes recursos a la educación y los que se destinan no son administrados con el fin de garantizar las necesidades reales e estudiantes y trabajadores, son consumidos por una parasitaria burocracia y políticos que han visto la educación como un jugoso negocio. Aunado a ello no podemos reducirlo a un conflicto de nueve universidades.

El problema es estructural, la realidad es concreta, el robo y la falta de recursos a la educación afecta a millones de jóvenes  que aspiran a una vida digna y a trabajadores de estas  instituciones, privándolos de un derecho ganado con años de lucha como son los aguinaldos y otras prestaciones, mientras un puñado de ricos que poseen los medios de producción con millones de recursos para beneficios individuales,  sumando además un puñado de funcionarios burócratas constituidos como una casta de privilegiados con altísimos salarios en las universidades púbicas que se aferran a puestos gozando de beneficios millonarios con los insuficientes recursos destinados a la Educación.

La 4T reduce el presupuesto argumentando corrupción, lo cual consideramos un grave error, exigimos se aumente a un  10 % del PIB,  pero garantizando que se aplique a las necesidades reales de los jóvenes, profesores y trabajadores, para lo cual  se requieren mecanismos eficaces de control y apertura de cuentas. Exigimos la reasignación de recursos financieros mediante asambleas locales por escuela donde integremos a toda la comunidad escolar, no más asignación de presupuesto por la burocracia. ¡Bata de robos!

Estas asignaciones deben considerar que la ampliación de la matrícula es una urgente necesidad, bienvenidas las Universidades del Bienestar iniciativa del gobierno de AMLO, pero no a costa del detrimento de las universidades públicas existentes, queremos la creación de más espacios educativos dignos con todo el equipamiento necesario. Es hora de alzar la voz y organizarnos, no compraremos el falso argumento que intenta justificar un ahogo financiero, ¡hay dinero, pero lo tienen los ricos!

AMLO y su gabinete aun cuenta con la credibilidad y apoyo de una parte del pueblo trabajador, pero esto y la contención de las luchas tendrá un tope, ya no son oposición ahora es gobierno y de manera real puede apoyarse en el pueblo trabajador que lo puso ahí y tomar medidas congruentes que nos beneficien o mantener una política reformista de traición que tendrá consecuencias históricas. Desde el Sindicato de Estudiantes e Izquierda revolucionaria exigimos:

¡Una educación pública digna generalizada!

¡Se destine el 10% del PIB a la Educación!

¡Democratización del presupuesto y apertura de los libros de contables a toda la comunidad!

¡No más sueldos privilegiados  a los altos funcionarios!