A 8 años del crimen perpetrado por el Estado mexicano en el municipio de Iguala, Guerrero, las madres y padres de los normalistas de Ayotzinapa no han cesado de movilizarse para exigir verdad y justicia. Esta lucha llevó a la 4T a conformar la CoVAJ-Ayotzinapa, quien presentó su informe el pasado mes de agosto, pero si bien es de reconocerse los avances aún quedan preguntas sin resolver para conocer la verdad y especialmente, sigue sin haber justicia. 

Inicialmente se abrieron más de 80 órdenes de aprehensión, sin embargo se han echado para atrás 20 y no hay más información de cómo va el proceso. Con el actual movimiento de la juventud, exigimos justicia ejemplar en este crimen de Estado y castigo a los responsables últimos de este ataque, que no pueden ser otros que Peña Nieto y Cienfuegos, además de todos los mandos medios, pero nada de esto hemos obtenido, al contrario, la investigación se sigue vulnerando una y otra vez con las recientes filtraciones que afectarán el proceso de justicia. Una vez más queda claro que esta justicia clasista, capitalista y patriarcal está al servicio de unos pocos.

Un crimen del narcoestado

Desde el mandato de Fox, el crimen organizado que hasta ese momento había estado supeditado a los gobernantes, empezó a consolidarse como un poder a la par del Estado mexicano, imposibilitando cada vez más su distinción; así, el narcoestado empieza a tomar fuerza, encontrando su epitome durante el periodo de Peña Nieto. Esta problemática es una consecuencia directa del imperialismo y políticas neoliberales derivadas del sistema capitalista, es la expresión desollada de la explotación del hombre por el hombre que llena las arcas de los burgueses dueños de los negocios más rentables: drogas, armas, minería, trata de personas, etc. La “Verdad Histórica” tuvo como objetivo esconder la realidad, el informe de la CoVAJ-Ayotzinapa explica cómo esquivaron el tema de desaparición forzada, catalogando el crimen como secuestro y homicidio por grupos criminales, y cómo para lograrlo alteraron y destruyeron las pruebas a base de torturas y participación directa de los tres órdenes de gobierno, quienes estuvieron al tanto de la situación de los normalistas desde que dejaron Ayotzinapa. Es decir, el Estado Mexicano reconoce que el caso es un Crimen de Estado.

¿Por qué el ataque en ese día? ¿A dónde se los llevaron? ¿Por qué es un caso tan turbio y con tanta saña? Para asegurar que se trató de una acción premeditada que expresa lo lejos que ha llegado la descomposición del Estado mexicano, basta con saber que los normalistas rurales son sectores combativos de tradición marxista y de la lucha campesina e indígena, que desde su origen se han confrontado cara a cara con el sistema capitalista, desde caciques locales hasta la gran burguesía. La juventud en lucha es un estorbo para el sistema y en Iguala hemos presenciado que la represión no es cosa del pasado. 

En el informe se desarrollan tres hipótesis no contrapuestas: por la mercancía del narcotráfico cargada en un camión, por una confusión de su identidad como estudiantes, y por infiltraciones del narcotráfico y ejército dentro de los normalistas,en cualquier caso se trata de un crimen del narcoestado con especial crueldad contra los jóvenes aún hoy desaparecidos.

Presentación con vida y castigo a los culpables

El informe recientemente presentado finaliza controversialmente: “no hay indicio alguno de que los estudiantes se encuentren con vida”, en parte por los testimonios que abordan cómo supuestamente se deshicieron de los cuerpos. Sin compartir posturas sectarias que al desestimar el informe, también desestiman el poder de la lucha organizada de los distintos componentes de la clase trabajadora, se ha organizado una jornada de movilizaciones entre Guerrero y la Ciudad de México, en dónde seguimos exigiendo la presentación con vida, justicia y la verdad, sólo así la investigación seguirá en proceso cubriendo las futuras tareas ya planteadas, y los culpables sabrán que seguimos pidiendo sus cabezas. Aquí no hay ningún caso cerrado.

¿Investigación privada?

Entre otras preguntas que hay que hacernos está: ¿Por qué el GIEI, uno de los principales colaboradores reconocidos en la investigación, no participó directamente en el manejo de las evidencias obtenidas? Ante dicha objeción declarada por el GIEI y respaldada por los padres, Obrador, apelando a la democracia y al derecho a la transparencia, sostuvo que se dará toda la información excepto la del proceso de  judicialización. 

Durante la presidencia de Peña Nieto, el GIEI fue clave en las investigaciones, era necesario que un órgano independiente al Estado, principal culpable a los ojos de la sociedad y la comunidad internacional, llevara el caso. Al verse que todas las evidencias indicaban que la “Verdad Histórica” sostenida por el gobierno priísta era una mentira, el gobierno del grupo Atlacomulco no dio prórroga para que el GIEI continuara con las investigaciones, terminando controversialmente el convenio en abril del 2016. Sin embargo, las innumerables presiones de la clase trabajadora no dieron descanso y el gobierno actual volvió a convocarlo, pero las condiciones aun no son claras, ¿Para la investigación presentada en el último informe de la CoVAJ-Ayotzinapa aún tenían contrato y si este continuará y porque monto? ¿Es el mismo que se dio para el periodo del 2014 al 2015, más de 1.2 millones dólares? Esta información tambien debe ser abierta y clara.

Si el GIEI es de nuevo parte de la investigación decidido así por el gobierno federal y pagado por el presupuesto público y si Obrador ha demandado la apertura de toda la información, se deberían tomar medidas contra quien esta siendo un obstaculo para tenerla, ya sea el Fiscal General, o la SEMAR, ¿o es que el presidente no esta por encima de estas figuras?

¡Basta de desapariciones! 

Al cambiar la situación de la investigación con el nuevo régimen, cabe preguntarnos ¿Hasta cuando el Estado Mexicano contratará investigadores privados? Al ser la Desaparición Forzada un asunto de emergencia nacional, es imprescindible que se desarrolle la formación de especialistas nacionales que cubran estos casos. Tan sólo durante esta investigación se recuperaron 245 cuerpos en fosas clandestinas entre Cocula e Iguala, a 191 fue posible hacerles identificación de ADN, mientras que sólo 16 se entregaron a sus familiares, entre ellos tres normalistas identificados. No son solo 43, el número de personas desaparecidas en México es incalculable, ronda los más de 100 mil desde la Guerra Sucia hasta ahora.

Ante un Crimen de Estado, las consecuencias deben ir más allá de preparar órdenes de aprensión en contra de 10 funcionarios federales de ese entonces, entre ellos Murillo Karam (ya en prisión) y Zerón (protegido por el Estado Israelí), y 83 mandos militares. Se debe escalar hasta los cabecillas: Chong, Peña Nieto y Cienfuegos; asegurándose la no repetición del daño. La salida es reestructurar las fuerzas armadas, considerar la historia represiva de la que han sido autoras, y virar hacia organizaciones de defensa comunitarias. Pero incluso eso no solucionaría el problema, se debe llegar a la raíz, el sistema político y económico: un Crimen de Estado se da porque ese Estado tiene capacidad y licencia para ejercerlo, el Estado Burgués es criminal por naturaleza, sólo derrocándolo es como acabará el infierno de las desapariciones forzadas. La organización de la clase trabajadora ya ha mostrado su fuerza, sólo debemos seguir adelante, no claudicar y pelear por un sistema socialista que abogue por una vida digna y plena.  

¡Vivos se los llevaron, vivos los queremos!

¡Castigo ejemplar a los culpables, la vida de la juventud importa y la defenderemos!