El 21 de diciembre el Congreso de la Unión aprobó la iniciativa que presentó Peña Nieto para reformar los artículos 3° y 73 de la Carta Magna y elevar así a rango constitucional transformando en obligatorios algunos ataques implementados por Calderón y Esther Gordillo contenidos en la ACE signada en 2008 contra el magisterio, iniciativa en la que se inspiraría la OCDE (Mejorar las escuelas: estrategias para la acción en México de un marco 2010 y Establecimiento para la evaluación e incentivos docentes: consideraciones para México de 2011) y que es fundamento de la contrarreforma educativa. Dicha acción es parte del “Pacto por México” firmado por el PRI, el PAN y el PRD el pasado 2 de diciembre.
En adelante gozará de autonomía al Instituto Nacional de Evaluación de la Educación para transformarlo en la máxima autoridad en la materia en los niveles básicos y de enseñanza media (exceptuando en éste último caso a universidades e instituciones autónomas) haciendo obligatorias sus evaluaciones; ello a raíz del fracaso del Examen Universal de Calderón. También se crea el Servicio Profesional Docente.
Así, en adelante los profesores estarían sometidos a un sistema de promociones y ascensos sujetos a “méritos” personales, aniquilándose con ello el escalafón que norma las relaciones laborales de docentes. En la práctica la contra reforma educativa es una contrarreforma laboral diseñada particularmente contra el magisterio nacional pues a través de las nuevas modalidades de ingreso, permanencia y ascensos por la vía de los hechos serán eliminados todos los derechos de carácter colectivo del profesorado, reduciendo sus vínculos laborales a una relación individual con el patrón, en este caso con la Secretaría de Educación Pública.
De ese modo la estabilidad laboral sería destruida pues la permanencia estaría determinada por los resultados de la evaluación; la misma medida también aplicará para los ascensos. Además, por su parte las nuevas plazas estarán sujetas a concurso tal como se hace ya desde hace dos años en algunas entidades de la República. Todo ello esta vez por mandato constitucional, adquiriendo de esta forma las nuevas relaciones laborales que regirán al magisterio un carácter de obligatoriedad las cuales formalmente no estarán sujetas a ninguna clase de negociación en su aplicación.
En la exposición de motivos de la iniciativa presentada por Peña Nieto el 11 de diciembre, éste hipócritamente reconoce el papel de los maestros y lanza loas para la educación pública, sin embargo el proyecto de reforma no dice nada sobre el hecho de que entre 2003 y 2011 la tasa de crecimiento real del gasto público en educación haya pasado del 7.6 al -1.2%, tal como se reconoce en el apartado de la SEP del V Informe de Gobierno de Calderón; y también omite los diagnósticos de la OCDE según los cuales México ocupa el último lugar en gasto por alumno en nivel básico, además de ser el 5° país con los peores salarios para sus profesores, en ambos casos respecto a las 34 naciones que integran dicho organismo. Ya en los planes del Peña Nieto se nota toda la intención de continuar con los recortes, así lo demuestra la propuesta de egresos para 2013 que enviaría la SHCP al Congreso de la Unión en la que planteaba una partida para educación un 3.6% menor respecto a la de 2012.
Para legitimar la contrarreforma, los medios informativos ha optado el truco barato de insinuar que las medidas van dirigidas contra la gánster Esther Gordillo, sin embargo se trata de una pantalla pues Peña retoma en esencia los planteamientos de la charra sindical. Gordillo es una aliada del régimen ya que 2006 personalmente organizó el apoyo de algunos gobernadores priítas para asegurar el fraude electoral que le dio el triunfo a Calderón; además en 2012 ejecutó el operativo “Ágora” a través del SNTE por medio del cual, con una inversión de 151 millones de pesos y con el apoyo de 27 mil 473 profesores vinculados a los charros, movilizaría 3.5 millones de votos en favor de Peña. Desde 1989, cuando la Gordillo fue impuesta por Salinas al frente del SNTE, esta sistemáticamente ha apoyado todas las contrarreformas educativas que se han presentado desde entonces a la fecha; y más recientemente uno de los éxitos más importantes del gobierno de Calderón fue la contrarreforma a la Ley del ISSSTE para la cual el principal ariete fue Elba Esther.
Ya en 1992, tras el impulso del Acuerdo Nacional Modernización de la Educación para la Básica, fueron no pocas las voces, desde intelectuales hasta los medios informativos, que interpretaron dicha medida como una arremetida del Régimen contra Elba Esther y pronosticaron su declive; sin embargo el resultado ha sido otro pues los servicios de la maestra siempre ha sido bien pagados por el Estado, viéndose su poder sumamente fortalecido: por mencionar los casos más recientes, en el sexenio pasado la Gordillo fue premiada, entre otros cargos, con Miguel Ángel Yunes, Francisco Yáñez y Roberto Campa, todos ellos del grupo íntimo de la dirigente del SNTE, con las direcciones del ISSSTE, de la Lotería Nacional y del Sistema Nacional de Seguridad Pública, respectivamente, además de su yerno, Fernando González, fue nombrado subsecretario de Educación. Y ahora, en el caso de la administración de Peña Nieto, fueron integrados Emilio Zebadúa, Presidente de la Fundación SNTE, como oficial mayor de Sedeso. José Reyes Baeza, ex gobernador de Chihuahua, fue nombrado director del Fondo de la Vivienda del Instituto de Seguridad Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado.
Más allá de caretas, Peña Nieto representa a un gobierno débil; la añeja maquinaria de control social priista está más que oxidada y nunca volverá a desempeñar el papel de antaño; y además el PAN, aliado natural del PRI, padece la peor crisis en su historia (en un abrir y cerrar de ojos perdió al 70% de sus militantes, por ejemplo) Bajo esas circunstancias ¿qué sentido tendría para el Régimen atacar, e incluso deshacerse, de un aliado que ha demostrado ser más que leal y eficiente para los planes de la burguesía, tal como ha sido el caso de la Gordillo? ¡Ninguna ilusión en que desde la derecha emanarán las medidas que darán al traste con una de las maquinarias de charrismo sindical más destacadas de las últimas décadas! La democratización del SNTE no puedes ser obra de nadie, más que de la clase trabajadora, empezando por el magisterio.
Un elemento más sobre la contrarreforma es su contenido privatizador: en el inciso A del artículo 73 de la Constitución se establece “la autonomía de gestión de las escuelas, con el objetivo de mejorar su infraestructura, comprar materiales educativos, resolver problemas de operación básicos y propiciar condiciones de participación para que alumnos, maestros y padres de familia, bajo el liderazgo del director, se involucren en la resolución de los retos que cada escuela enfrenta” (La Jornada 18/12/2012) Con esa medida se formaliza en los hechos el cobro de cuotas para cursar la educación básica, factor que estará siendo impulsado con más fuerza ahora por la ultraderechista Asociación de Padres de Familia y por Mexicanos Primero, auspiciada por Televisa, pues cuando en dicho punto de la reforma se habla de la participación de padres de familia, en realdad se refieren a esta clase de organizaciones que agrupan a los elementos más retardatarios de la sociedad. De este modo se le está dando carta abierta al Clero y al empresariado para que puedan influir con mayor fuerza en la definición de las políticas educativas e incluso en los contenidos de la enseñanza. Más que “recuperar la rectoría del Estado” como ha argumentado Peña Nieto, la reforma significa profundizar el repliegue del Estado respecto a sus responsabilidades sobre la educación para continuar por la línea marcada por Salinas de Gortari tras la reforma al artículo 3° Constitucional de 1991.
El que el PRI y sus aliados ya hayan aprobado la contrarreforma educativa no debe frenar la lucha en las calles para lanzar a fondo movilizaciones y paros laborales en los que la CNTE tiene que ir al frente acompañada de los sindicatos, de Morena y del ala de izquierda del PRD y su base de apoyo. Sin esta clase de acciones reforzando la lucha legal, es muy probable que los amparos sean derrotados.
A esa lucha se tienen que unir los profesores del Colegio de Bachilleres, de los Cetis, Cebetis, Conalep, y de todas aquellas escuelas de enseñanza media no autónomas, pues la contrarreforma también atenta contra sus derechos. Del mismo modo los universitarios tienen que ser llamados a cerrar filas al lado de los sindicatos pues en los casos de la UNAM y de la UAM, tan sólo por mencionar un par de ejemplos, las autoridades ya han anunciado sus intenciones de impulsar algunas contrarreformas. ¡Es necesaria una huelga general en defensa del conjunto de la educación pública!
Los planes de Peña ratifican la intención de la burguesía por pulverizar a la educación pública para trasformar a la enseñanza un botín más jugoso aún para el gran capital, es por ello que al mismo tiempo que luchamos en defensa de esta conquista histórica de la clase trabajadora, también debemos pugnar por expropiar a los capitalistas bajo un programa socialista.
