El presente escrito es una aportación que pretende sugerir lo que podría ser adoptado como el programa reivindicativo del movimiento de padres de familia en defensa de la educación pública surgido en el marco de la lucha de la CNTE contra la mal llamada reforma educativa de Peña Nieto. Como se podrá notar, sin extendernos mucho, exponemos la problemática general de la educación y la explicación respecto a los factores que han provocado el fracaso educativo de nuestro país, seguido de un marcado deterioro de infraestructura. Así mismo, por tanto, también proponemos toda una serie de demandas que en nuestra opinión engloban los principales factores generales a ser abordados para la solución de los problemas de fondo de la educación, sin que ello  entre en contradicción con las demandas particulares por cada Estado, región, zona o escuela en particular; por el contrario el programa de lucha que proponemos pude servir de guía y eje de trabajo que cohesione las demandas particulares de todas las escuelas entre sí. Siendo así, de estar de acuerdo, un programa de esta naturaleza puede ser empleado para fortalecer y reagrupar al movimiento de padres de familia escuela por escuela, zona por zona y estado por estado. Ponemos a consideración del movimiento de padres de familia las siguientes ideas.

 

Un estudio elaborado por la UNAM en 2012 señala que en México, de cada 100 niños que ingresan a la escuela primaria sólo la mitad concluirá la enseñanza media superior; de estos últimos tan sólo 21 egresarán de alguna licenciatura y de ellos nada más 13 se titularan. Por otro lado, de acuerdo al Programa para la Evaluación Internacional de Alumnos (PISA) en 2012 de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), bajo las desastrosas condiciones actuales de nuestro sistema educativo, México necesitaría 25 años  para alcanzar el nivel promedio de los 34 países que forman dicho organismo en rendimiento para las matemáticas y 65 años para el caso de lectura.

 

Los anteriores resultados por sí mismo son ilustrativos del franco deterioro que experimenta el conjunto del sistema educativo nacional. Lejos ser un accidente, dicha realidad es resultado directo de las políticas públicas impulsadas por años por parte de los gobiernos priístas y panistas, para los cuales la educación pública es una pesada y estorbosa carga.

 

A pesar de que la United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization (UNESCO) en 1946 definiera al 8% del Producto Interno Bruto (PIB) como el porcentaje mínimo aconsejable para la asignación del gasto público en educación, el gobierno mexicano, cuando menos en las últimas tres décadas, siempre ha destinado porcentajes que oscilan entre el 3.9, el 4 y el 4.1 % del PIB nacional; más aún, incluso, por tan sólo considerar el anterior sexenio, entre 2006 y 2012 el gasto nacional en educación se contrajo en 0.1% de acuerdo al Centro de Estudios de las Finanzas Públicas (CEFP) de la Cámara de Diputados.

 

Pero tampoco la existencia de un pobre presupuesto público en educación no es un hecho circunstancial, por el contrario se trata de un política que tiene como objetivo favorecer a los empresarios; de ello habla el que desde 1982 a la fecha la educación privada haya transitado del 5% al 30% en cuanto cobertura de la matrícula escolar. En consecuencia el desarrollo de la educación pública ha sido a la inversa, pasando durante ese lapso del 95% al 70%.

 

Otra secuela más sobre el abandono del Estado a buena parte de sus responsabilidades con la educación pública es el hecho de que nuestro país ocupe el 5° lugar entre los que peor pagan a sus maestros de las 34 naciones que integran la OCDE; además los profesores tienen que someterse a programas de formación y actualización docente deficientes, burocratizados y amañados por los charros del SNTE. Bajo esas condiciones laborales el rendimiento del profesorado necesariamente se ve mermado. 

 

Por si fuera poco el deterioro de la infraestructura escolar es otro problema que tiene que padecer nuestros hijos al momento de ir a la escuela: de acuerdo a la investigadora de la Universidad Pedagógica Nacional (UPN) Teresinha Bertussi “…los espacios escolares que no guardan una condición mínima de dignidad para sus alumnos los impacta de forma negativa e incide en un factor que ha sido poco estudiado en México: la deserción.”(La Jornada 12102012) Se trata de una realidad tan avasallante que ni las propias autoridades pueden negar pues, tal como lo publicó la prensa nacional, “El deterioro de la infraestructura y del mobiliario escolar, la precariedad de los servicios básicos, la carencia de áreas verdes y los patios pequeños para los recreos e, incluso, la falta de higiene en las instalaciones sanitarias son factores que afectan el aprendizaje de los alumnos de primarias y secundarias públicas del país, revela el Informe nacional sobre violencia de género en educación básica en México.” (La Jornada 19062010)

 

En 2004 el Comité Administrador del Programa Federal de Construcción de Escuelas (CAPFCE) informaría que 18 mil escuelas de nivel básico en todo el país no cumplían con las normas de seguridad necesarias para enfrentar sismos.

 

Además el deterior de la infraestructura escolar es a tal grado que en pleno siglo XXI en nuestro país no nos es ajeno la existencia de escuelas sin aulas o de aulas sin techo. De acuerdo a datos de 2007 la SEP reconocía la existencia de más de 100 mil escuelas sin servicios básicos como el drenaje, a la par de que 5 millones de niños acudían para ese entonces a centros educativos con fosas sépticas. Ese es el “México moderno” del que tanto hablan los gobiernos de derecha.

 

En mucho esa clase de resultados fueron obra de la política de Fox quien acumuló tan sólo en los primeros cinco años de su mandato un déficit en inversión para infraestructura escolar en su nivel básico, 44 mil 700 millones de pesos. Además durante ese lapso la SEP ya poseía un subejercicio presupuestal de 3 mil millones de pesos.

Sin embargo de esos años a la fecha las cosas no han mejorado, de ello habla una reciente encuesta elaborada por la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO) entre 4 mil profesores y directores de nivel básico publicada en marzo de 2013 según la cual:

 

- Tres de cada 10 profesores consideran que su centro educativo está en buen estado de conservación.

- Sólo el 31% de ellos cree que el baño de su centro educativo está en buenas condiciones.

- El 31% le da esa misma calificación a los bebederos, lavabos y espacios de recreo.

 

En otras palabras, el 70% de profesores y directores de dicho nivel consideran en mal estado las escuelas donde laboran.

 

El precario estado de las instalaciones educativas contradice a la LEY GENERAL DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA promulgada en 2008 y que en su artículo 7 señala que “La infraestructura física educativa del país deberá cumplir requisitos de calidad, seguridad, funcionalidad, oportunidad, equidad, sustentabilidad y pertinencia, de acuerdo con la política educativa determinada por el Estado -Federación, estados, Distrito Federal y municipios-, con base en lo establecido en el artículo 3o. constitucional; la Ley General de Educación; las leyes estatales de educación y del Distrito Federal; el Plan Nacional de Desarrollo; el Programa Sectorial; los programas educativos estatales y del Distrito Federal, así como los programas de desarrollo regional.”

 

El gobierno está jugando con la ley y con la educación, prueba de ella es el caso del Instituto Nacional de la Infraestructura Física Educativa (INIFED) al cual se le asignó en 2013 un presupuesto de 3 mil 999 millones de pesos, cantidad extremadamente inferior a los más de 44 mil millones de déficit a este respecto acumulados tan solo en el gobierno de Fox. 

 

Además con ese exiguo presupuesto el INIFED se propuso durante el año pasado rehabilitar 4 mil escuelas, sin embargo los recursos sólo alcanzaron para 900 centros educativos de los cuales, a octubre pasado, sólo 300 habían sido concluido por completo. Pero para colmo del cinismo la reglamentación del INIFED impone el que en cada proyecto de rehabilitación el 40% del  financiamiento sea por cuenta de éste instituto y el 60% restante lo aporte la escuela, queriendo decir que en la práctica, en muchos casos, la dignificación de las escuelas a través de este programa público corra a cuenta de los padres de familia.

 

El funesto costo de las políticas del Estado las hemos tenido que pagar las clases populares con rezago escolar que cada vez le cierra más las puertas a nuestros hijos y que, para aquellos que aceden a las aulas, éste se traduce en muchos casos en una formación académica especialmente deficiente. Para los maestros esa misma política se ha traducido en bajos salarios además de la cancelación de importantes derechos laborales y sindicales.

 

Durante muchos años, un par de importantes puntos de apoyo del Estado para la aplicación de todas esas políticas lo han sido los charros del SNTE y la  ultraderechistas Unión Nacional de Padres de Familia (UNPF) creada en 1917 para oponerse al carácter laico de la educación consagrado en el artículo 3° Constitucional. Siempre ligada a los empresarios a través de la Confederación Nacional de Escuelas Particulares, e incluso a la ultraderecha yanqui de la que recibe subsidio a través del Instituto Republicano Internacional, la Unión Nacional de Padres de Familia se hecho pasar tramposamente por la voz de todas las familias del país, incluidas las de los trabajadores, hablando en nuestro nombre apoyando todas las políticas del gobierno contra la educación. También, en los dos últimos sexenios se le ha unido al coro de paleros del Estado y sus políticas de contra la educación la asociación Mexicanos primero ligada a Televisa.

 

No conforme con lo logrado el Estado ha lanzado un nuevo y profundo ataque contra la educación pública por medio de la mal llamada Reforma Educativa de Peña Nieto aprobada en 2012. Además de cancelar una serie de importantes derechos de los maestros, dicha reforma pretende eliminar buena parte de las obligaciones del gobierno sobre las necesidades de las escuelas a través del transitorio quinto.

 

Mientras que el Estado, no satisfechos con los excesivos impuestos que nos cobra, nos pretende trasladar por la vía de los hechos los gastos de manutención de las escuelas a través de la reciente Reforma Educativa, éste no escatima en ni un solo centavo al momento de poner las arcas públicas al servicio de los empresarios, de ello habla el rescate bancario, mismo que desde que se instituyó en 1995 y hasta 2012 ha tenido un costo para el erario nacional del 513 mil 234 millones de pesos; tan sólo por pago de intereses durante el sexenio de Calderón el gobierno gasto por dicho rubro 118  mil 298 millones de pesos. Con esas cantidades, de haberse destinado a la educación, en poco tiempo las escuelas en deterioro se habrían transformado en cosa del pasado, es por ello que el conjunto de la clase trabajadora debemos luchar por la cancelación inmediata del rescate bancario y el pago de la deuda externa que desangran a las finanzas públicas a costa de los derechos sociales de las familias populares.

 

El rescate bancario, el pago de la deuda externa, los privilegios fiscales que le permiten a los grandes empresarios evadir el pago de miles de millones en impuestos cada año, etcétera, demuestran que el insuficiente presupuesto para la educación no es un problema que se explique a través de una supuesta escases de fondos del Estado, sino como producto de las políticas públicas cuya prioridad es transformar a las arcas de la nación en una genuina mina de oro para los patrones.

 

Considerando todo lo anterior, y teniendo en cuenta que sólo con la lucha organizada de los trabajadores y sus familias marchando hombreo con hombreo con el magisterio democrático, será posible revertir la política antipopular del Estado y sus nefastas consecuencias sobre la educación pública, proponemos el siguiente programa de lucha:‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬

 

1. La defensa de la educación pública, su gratuidad, su carácter laico y con un perfil marcadamente científico, crítico, social y en condiciones dignas. 

2. Ni un niño, ni un adolescente, ni un joven y ni una comunidad o colonia en todo México sin escuela dignas. Por la construcción de más escuelas dignas en todo el país.

3. El 8% del PIB para la educación pública.

4. Derogación inmediata del transitorio quinto,

5. Eliminación inmediata de todo cobro irregular, incluida las famosa “cuotas voluntarias” de tipo obligatorio, así como en especie, al momento de la inscripciones escolares o de cualquier otro tramite.   

6. Derogación total de la Reforma Educativa de Peña Nieto y todas sus leyes secundarias.

7. Por un salario digno para todo el magisterio y el respeto pleno de todos sus derechos laborales.

8. Por un plan de formación y capacitación docente democráticamente administrado por profesores y padres de familia y con presupuesto suficiente a cargo de erario del Estado.

9. Por un sistema de evaluación para la educación científico, democrático, bajo el control directo de profesores y padres de familia con todos los recursos financieros necesarios a cargo del Estado.

10. Por el respeto incondicional de los derechos sindicales de los profesores ¡Fuera charros del SNTE!

11. Por una reforma profunda a la LEY GENERAL DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA y modificaciones a la reglamentación del Instituto Nacional de la Infraestructura Física Educativa para asegurar los recursos necesarios para la rehabilitación y dignificación del total de la infraestructura escolar en todos sus niveles y con gastos al 100% a cargo del Estado; además esa reforma deberá asegurar la participación de padres de familia y profesores en la planeación, ejecución y supervisión de los proyectos de rehabilitación.

12. Por la dotación suficiente de talleres, laboratorios, equipos de cómputo y telecomunicaciones, así como de material didáctico modernos, para todas las escuelas en todos sus niveles.

13. Por comedores escolares administrados por padres de familia y profesores con dietas sanas elaboradas por nutriólogos asignados a cada escuela, todo ello con el subsidio del Estado y sin eliminar el turno vespertino. ¡Fuera comida chatarra de las escuelas!  

14. Transporte gratuito para niños y profesores en el medio rural que por sus características tienen que hacer largos traslados a pie de su comunidad a la escuela.

15. Contra la inseguridad iluminación suficiente y adecuada de las escuelas y todas las calles y avenidas en su periferia; por el combate y el cierre de los centros de vicio y consumo de alcohol cercanos a los centros de estudio.

16. La extensión de la Unidad de Servicios de Apoyo a la Educación Regular (USAER) a todos las escuelas sin excepción para la estancia de base en cada una de ellas de especialistas para la atención de los alumnos con necesidades educativas especiales.

17. Por el desconocimiento de la ultraderechista Unión Nacional de Padres de Familia como porta voz de las familias con sus hijos en las escuelas públicas.

18. Por la organización de genuinas asociaciones de padres de familia en cada escuela, electas democráticamente en asambleas escolares y en las que sus integrantes puedan ser destituidos por la instancia que los eligió en cuanto apliquen medidas que van en contra de los intereses de la educación pública.

19. Por una verdadera reforma educativa con la participación democrática de profesores y padres de familia.

20. Por la organización de 

Compañeros somos conscientes de que el movimiento de padres de familia en defensa de la educación pública solamente podrá marchar con mejores posibilidades de éxito ante sus demandas si asumimos que para ello es necesario que unifique su lucha con las del restos de sectores del pueblo trabajador que en defensa de sus derechos se organizan contra la política de Peña Nieto, por ello es necesario que pugnemos por la mayor unidad posible de todos los trabajadores y sus organizaciones en contra de la derecha. ¡Ni una lucha aislada más!