El Plan Barnés
El jueves 11 de febrero de 1999, el entonces rector de la UNAM, Francisco Barnés de Castro, hacía públicas las intenciones de modificar el Reglamento General de Pagos (RGP). Desde un año atrás, pero especialmente a finales de 1998, las declaraciones públicas de Barnés habían acentuado las posibilidades de incrementar las cuotas, aunque de forma contradictoria para -según su lógica- mejorar los ingresos de la Universidad. Era el tan esperado manotazo sobre la mesa que la burguesía y el gobierno federal deseaban para asentar un nuevo golpe a los derechos de la clase trabajadora y la juventud. Por ello el respaldo incondicional y casi religioso a Barnés durante toda la huelga por parte de Zedillo y otros representantes de la burguesía, mismo que miraban con buenos ojos la decisión y energía por desmantelar el bastión más importante de la educación pública superior en nuestro país.
Desde finales de 1998, la caída de los precios del petróleo aunado a las secuelas de la crisis de 1995 y la pérdida de casi 50 mil millones de pesos del erario público, habían significado un endurecimiento de las políticas de ajuste, la píldora amarga para, según la óptica de la burguesía, mejorar los índices macroeconómicos y evitar la fuga de capitales como había ocurrido en la década anterior. En palabras simples: mantener las tasas de ganancia de los grandes capitales a costa de las familias trabajadoras. La transformación del FOBAPROA, cerca de 600 mil millones de pesos, en deuda pública fue un ejemplo claro de esta situación.
Pese a las declaraciones del entonces secretario de Hacienda, José Ángel Gurría, de que la educación pública no se vería afectada por las modificaciones de 9,800 millones de pesos, el recorte presupuestal al fondo de inversión universitaria fue de 37.5% afectando a las tres principales universidades del país principalmente (UNAM, IPN y UAM). En el caso de la UNAM ya en 1997 se habían recortado 175 millones de pesos, y el recorte del presupuesto para 1999 fue del 5%. A ello se agregaban los efectos de la inflación, calculada entonces en 18%. Las declaraciones de 21 rectores sobre el despido de personal, así como las declaraciones del Frente Nacional de Sindicatos Universitarios sobre la convocatoria de un paro de labores en 40 instituciones fue reflejo claro del deterioro de las condiciones en las universidades públicas a raíz de los recortes efectuados.
Aunque desde mediados de 1998 el rector había hecho señalamientos respecto a las cuotas, estas primeras declaraciones siempre se orientaron sobre la idea de cobrar cuotas a quienes pudieran pagarlas. Es hasta febrero de 1999 cuando, con la propuesta de modificación del RGP, su postura al respecto cambia convirtiéndolas en obligatorias y generales para todo el estudiantado universitario. Postura que, en mayo de ese mismo año, ya con la universidad paralizada, volverá a cambiar para proponer la voluntariedad de las mismas. Lo anterior no es un aspecto menor sino fundamental, pues la demanda de la gratuidad será el epicentro de la lucha de 1999. Si bien ésta se desarrollo en la huelga universitaria, destaca el silencio hipócrita de los intelectuales afines al régimen sobre el tema de la gratuidad como demanda central del movimiento. Mientras miles de litros de tinta han sido gastados para magnificar los errores cometidos, como la prolongación de la huelga o el estridentismo de algunos de sus dirigentes, poco han dicho sobre el aspecto central: la lucha del 99 era una lucha en defensa de la gratuidad de la educación superior, es decir del acceso a la universidad por y para los hijos de los trabajadores.
El CGH y la huelga de la UNAM
Las declaraciones de Barnés durante 1998 no habían caído en saco roto. Diversas organizaciones y activistas, miraban desde el comienzo a éstas como una señal de alerta que no debía dejarse pasar. Así comenzaron a surgir los primeros núcleos de organización de los estudiantes, que de algún modo después se convertirán en la estructura sobre la cual se erigiría el Consejo General de Huelga (CGH). El nacimiento del CEDEP, a finales de 1999, coincide precisamente con esas señales de la próxima irrupción del volcán.
La propuesta formal de modificación al RPG en febrero del 99, se convierte en un catalizador de la discusión sobre el porvenir de la Universidad y en esa medida se debate la postura que habría de asumirse para defender esa conquista histórica del pueblo trabajador. El 12 de febrero, un día después del anuncio de la propuesta de Barnés, una reunión de activistas se transformaría en una primera asamblea del movimiento. La reunión convocada en el salón 104 de la Facultad de Economía, tiene que trasladarse al Auditorio Narciso Bassols de la misma Facultad ante la llegada ya no sólo de activistas sino de estudiantes que conscientes de la situación acuden a tomar riendas en el asunto. Ese es el germen de la Asamblea Estudiantil Universitaria, embrión del CGH, que convocara a las primeras movilizaciones y asambleas contra el incremento de las cuotas. Producto de la reunión convertida en asamblea, se propone realizar asambleas por escuela donde se discuta la posición respecto al RGP. En la asamblea realizada en la Facultad de Ciencias se rechaza el RPG con 807 votos, contra 4 a favor y 4 abstenciones o bien la de la Facultad de Ingeniería donde 128 estudiantes se pronuncian contra las cuotas y 40 a favor. La demanda de la educación pública, y por tanto el rechazo al cobro de cuotas, no era discusión de un pequeño núcleo sino de las amplias masas de estudiantes donde confluían diversos sectores sociales.
El miércoles 24 de febrero, se reúnen más de tres mil estudiantes en el auditorio Che Guevara de la Facultad de Filosofía y Letras. Estos representan aproximadamente a 30 escuelas y facultades. En esta asamblea, se rechaza ya por consenso el RPG y emplazan a Barnés a un debate público para el 2 de marzo en el mismo auditorio Che Guevara, al cual no asistirá. Un día después, el jueves 25 de febrero, se realiza la primera movilización contra las cuotas: la marcha de las antorchas. A esta se calcula asistieron más de 20 mil estudiantes, saliendo de la Bombilla a la torre de Rectoría. La Asamblea Estudiantil Universitaria se había planteado escalar el conflicto, en una estrategia similar a la del movimiento estudiantil de 1986-1987 para no precipitar el estallido de la huelga, que según su análisis había sido la piedra de toque de las derrotas de 96 y 97. El resultado de esta estrategia se muestra en la siguiente movilización. El 4 de marzo se realizaría la segunda marcha en contra de las cuotas, marcha que saldría del Parque Hundido a la Torre de Rectoría. El movimiento había logrado con esta movilización triplicar sus fuerzas al lograr más de 30 mil asistentes a la movilización.
El 8 de marzo, se reúnen en la Facultad de Filosofía diversas organizaciones que conformaran la Coalición Democrática Estudiantil que después será reconocida como el ala moderada del CGH. En esa asamblea se decide impulsar el primer paro de labores para el jueves 11 de marzo, día en el que pararan labores cerca de 23 escuelas. Lo anterior es de interés pues significa ya, desde el comienzo de la lucha contra las cuotas, una lucha por la dirección del movimiento que en lugar de desarrollar las discusiones tácticas, estratégicas y políticas en las instancias mismas del movimiento intentando convencerle de sus planteamientos estas corrientes crean otras paralelas para llegar a acuerdos. Pero aún más significativa es la participación de miles de estudiantes en asambleas abiertas y democráticas, que deciden impulsar el primer paro ante la ofensiva de Barnés que para muchos era cada vez más claro no daría marcha atrás tan fácilmente.
El Consejo Universitario se desarrollo en el Instituto Nacional de Cardiología ante la enorme efervescencia dentro de Ciudad Universitaria. La decisión sobre las cuotas, supuestamente tan apoyada por la comunidad según las autoridades, se tomaba a escondidas. El 15 de marzo de 1999, sería una ratificación masiva de lo que hasta entonces solo era claro para una capa reducida de activistas: la lucha sería una tenaz resistencia ante la cerrazón de las autoridades, quienes tenían que recurrir a medidas extraordinarias para la aprobación del nuevo RPG. En esa reunión, desarrollada fuera del recinto del propio Consejo Universitario, fueron aprobadas las cuotas en una discusión de ¡¡¡ tres minutos!!! De ella habían sido excluidos alevosamente 35 consejeros, de los que 28 eran estudiantes, a quienes se les comunica el lugar del pleno del Consejo ya muy avanzada la reunión. El supuestamente tan respaldado incremento de cuotas, era aprobado en condiciones completamente extraordinarias y antidemocráticas. Comenzaría así abiertamente la lucha por la defensa de la universidad para los hijos de los trabajadores, organizada en el Consejo General de Huelga.
