Desde el inicio de las campañas electorales, se han suscitado hechos que han dado de que hablar: desde actos de campaña, la eficiencia de los programas de gobierno propuestos y hasta el posible gran fraude que puede ocurrir en el conteo de votos el próximo 1 de julio.
Al igual, da de que hablar el hecho de la corrupción y la violencia generada en este proceso electoral, considerado el más grande en la historia de México, tanto por el número de votantes que participaran, como porque por primera vez hay una posibidad de que pueda ganar un partido considerado de izquierda por las masas.
En esta contienda, en donde se definirán alrededor de 3,400 cargos públicos a nivel regional y nacional, está siendo marcada por los actos más grotescos de asesinatos y atentados hacia candidatos, precandidatos, autoridades electorales, dirigentes políticos y familiares de estos, realizados bajo la dirección del crimen organizado y de sectores corruptos de algunos partidos políticos.
"Lo que define estas elecciones es que se ha orientado a hacer a un lado a candidatos con medidas violentas" pronuncia Rubén Salazar, director de la consultoría Etellekt.
El hecho de 82 asesinatos y otro tipo de agresiones directas a políticos, remarca un problema de inseguridad enorme en el país, ya que estos actos criminalisticos han ocurrido en 29 estados de la república, en donde se han registrado en mayor número han sido en Veracruz, Guerrero, Puebla, Oaxaca, Hidalgo, el Estado de México y Jalisco, al igual que ha remarcado un retroceso en la democracia de la nación, ya que al menos el 72% de estas agresiones han sido hacia políticos y candidatos de oposición al gobierno.
El panorama de violencia provocado por la disputa de grupos criminales por territorios y la supuesta guerra oficial contra el narcotráfico, ha servido a estos grupos delictivos para dirimir, influir o imponer a sus candidatos de más confianza de tal manera que al menos la mitad de las entidades federativas se han considerado invadidas con la presencia del crimen organizado y los carteles de droga.
Es muy probable que parte del dinero que circula en las campañas electorales haya sido otorgado por estos carteles. Nunca ha habido tanto dinero circulando como ahora, entre febrero y marzo de este año se registró un aumento de 43 mil millones de pesos, por otro lado, no existen controles suficientes por parte del INE para auscultar los recursos que manejan los partidos políticos y sus respectivos candidatos, esto ha dado cierta autoridad al crimen organizado para dar la última palabra como gran elector final y suscitar actos de alianza del gobierno con el narcotráfico para asegurar a un estado para una venta especial, ya sea de drogas, armas o de trata de blancas.
Pero por si fuera poco, si existe una injerencia de grupos delictivos quienes trafican drogas ilegales en las contiendas electorales, también existe un injerencia por parte de empresarios en cuyas empresas se distribuyen todo tipo de drogas legales y otros productos, ellos usan las campañas electorales para financiar a un candidato y establecer un nexo seguro para establecer sus negocios y obtener ganancias.
No cabe duda que la democracia dentro de los procesos electorales, en realidad consiste en que unos cuantos grupos poderosos y con recursos suficientes son los que tienen la última palabra para repartirse el territorio y el mercado.
Al igual que no cabe duda que desde que se ha venido desarrollando esta contienda electoral, la violencia ha venido creciendo de una forma acelerada y de formas muy graves, y seguirá creciendo en forma de amenazas y agresiones no sólo a los protagonistas partidistas, si no también al pueblo de México.
No olvidemos los asesinatos y secuestros hacia la juventud, ocasionados como parte de su guerra sucia, tan sólo en el lapso de tiempo en que se ha desarrollado la contienda electoral el número de homicidios dolosos ha ascendido a una cifra de 23, 968 alrededor del país, y con tasas de aumento de homicidios de 84 por ciento en Chihuahua, 78 por ciento en Zacatecas, 67 por ciento en Veracruz, 51 por ciento en Sinaloa, 47 por ciento en Tamaulipas, 44 por ciento en Durango, 33 por ciento en Oaxaca, y un 17 por ciento en Tlaxcala.
Nos encontramos ante una situación que ya no se puede ocultar o hacer caso omiso, en la cual no cabe la apatía, el problema de los asesinatos, los feminicidios, los secuestros y la extorciones no se debe de normalizar en la población, y la razón de esto es que quienes estamos siendo asesinados somos nosotros, la clase trabajadora, quienes se levantan por las madrugadas para realizar trayectos largos de camino y llegar a sus trabajos a laborar más de 8 horas en condiciones precarias, somos los jóvenes quienes igual nos levantamos por las madrugadas para realizar trayectos en donde corremos peligro y llegar a nuestras escuelas en donde somos víctimas de acoso y un ambiente de drogas.
Debemos de ser realistas para darnos cuenta de que no existe democracia para el pueblo de México, y que la inseguridad y todo tipos de amenazas y agresiones directos a la población no acabaran sólo un cambio de gobierno, y que además, las medidas que toman los gobiernos para "garantizar la seguridad de la ciudadanía" solo han servido para dejar libre camino al crimen organizado, para criminalizar a la ciudadanía y para cometer actos delictivos en contra del pueblo.
Debemos de organizarnos bajo un programa de clase, donde se defienda y se respete nuestro derecho democrático a participar en las decisiones del país, en donde se dé un trato igualitario a la ciudadanía, y en donde sea la clase obrera quienes administren las riquezas generadas por ellos mismos para el desarrollo de la nación.
Desde izquierda revolucionaria, condenamos todo tipo de asesinatos y atentados, así como la intervención de los grupos criminales en las elecciones, pero no sólo condenamos los asesinatos en contra de los candidatos, si no también y principalmente, de la población en general, denunciamos que las medidas de seguridad realizadas por el gobierno son para proteger sus intereses y no para la seguridad de la nación y hacemos el llamado a la organización de la población para la defensa de los derechos de la ciudadanía.
Nuestra única salida es la de organizarnos bajo un programa de clase, un programa socialista, en donde no hagamos ninguna alianza o concesión con el gobierno y con el crimen organizado, que ha sido una de las causas que afectan a la comunidad.Nuestra tarea es organizarnos en policías comunitarias y en grupos de autodefensa, en donde se desarrolle un ambiente de seguridad y fraternidad, para exigir: Fin la falsa guerra contra el narcotráfico, regresar al ejército a los cuarteles y basta de corrupción, desvió de recursos y evasión fiscal apoyaremos incondicionalmente a los movimientos sociales y por el aumento al presupuesto público a Educación, cultura, seguridad social y servicios sociales, para erradicar la inseguridad.
Debemos de organizarnos bajo un programa de clase, en donde se supere la fase de las opiniones y prejuicios, para realizar de manera colectiva acciones contundentes para el bienestar del pueblo de México.