La explosión registrada el pasado viernes 19 de enero del ducto Tuxpan-Tula en el poblado de Tlahuelilpan, Hidalgo, ha dejado hasta ahora 90 muertos y por lo menos 58 personas heridas que han sido trasladados a diversos hospitales en Hidalgo y la Ciudad de México. Las víctimas de esta explosión han sido quienes aprovechando la fuga de combustible trataron de recolectar algunos litros y fueron alcanzados por las llamas. Lo ocurrido en Tlahuelilpan es una tragedia que no debió ocurrir, producto de un sistema injusto que obliga a cientos a exponer su vida por un pequeño beneficio.

La fuga en el ducto que se encontraba en proceso de vaciado, que consiste en el llenado de combustible previo al comienzo de la circulación del mismo para expulsar el aire y con eso reducir la vaporización del hidrocarburo, provoco la movilización del ejercito desde horas antes de la explosión. Una vez ahí, los elementos del ejército llamaron a los pobladores a retirarse por el peligro que suponía la fuga. Por supuesto, el ejército debía actuar de forma más enérgica sin recurrir al uso de las armas acordonando la zona y retirando a los pobladores. La falta de decisión del ejército, motivada en parte por la reacción de los pobladores que recibieron al ejército con gritos y jalones, los hace por supuesto parcialmente responsables de la situación. Sin embargo, el fondo del problema es cómo hemos señalado un sistema injusto que obliga a centenas de personas a exponer su vida por un mínimo beneficio.

Al momento de escribir estas líneas, se ha dado a conocer que la fuga fue provocada. Es decir que el ducto fue perforado intencionadamente, lo que hace pensar que dicha tragedia es el resultado de un boicot para amagar al gobierno de Obrador en su lucha contra el robo de combustible. Por las características del daño al ducto, del que brotaban litros de combustible, quienes lo perforaron no buscaban obtener un beneficio directo por medio de la recolección del hidrocarburo. Quienes perforaron el ducto, buscaban además de golpetear al gobierno federal granjearse alguna simpatía entre los pobladores de Tlahuelilpan, quienes fueron precisamente avisados de la fuga y se dirigieron al lugar para recolectar algunos litros del combustible.

Según diversos reportes periodísticos, el robo de combustible en esta localidad ha incrementado en los últimos años y con ello la inseguridad y otros delitos. Pero no olvidemos que la ordeña de ductos representa, según datos dados a conocer por el mismo Obrador, apenas 20% del robo mientras el 80% se hace sin perforar ductos. Además, hay estados como Guanajuato donde el 80% de la gasolina vendida era robada, volumen que no se transporta en bidones de 5 litros ni se despachan con embudos. Los grandes ladrones de gasolina no son pobladores como los de Tlahuelilpan, que no por ello merecían esta tragedia, sino los que ni siquiera se exponen al riesgo de una explosión. Los que han saqueado hospitales, escuelas y otras instituciones públicas y que no se detendrán sino son obligados a ello, y de paso encarcelados por el daño ocasionado a los más humildes que todos los días arriesgan su vida.

Por lo tanto, los principales responsables de esta tragedia que ya ha cobrado 90 vidas, son la pobreza y miseria a la que nos condena este sistema injusto, los huachicoleros de cuello blanco, poderosos y ricos empresarios que usan la necesidad como carne de cañón, el ejercito que ha perdido toda la autoridad con los crímenes que esconde y todos los gobiernos locales y federales que han participado y encubierto este robo.