La lucha contra el NAICM triunfó y se concretó por el momento en la reciente cancelación de las últimas licitaciones, sin embargo, aún queda pendiente la extensión del aeropuerto de Santa Lucía y el proyecto en Texcoco podría ser revivido aun parcialmente por futuras administraciones. Mientras el sistema económico actual siga vivo por medio de sus grupos empresariales con poder y privilegios, no podremos bajar la guardia.

El monumento a la corrupción

Recientemente se terminó el proceso de liquidación a todas las empresas con contratos en el NAICM, con lo que se cierra el compromiso del nuevo gobierno de parar la construcción de este “monumento a la corrupción” como lo llamó Andrés Manuel López Obrador.

Este megaproyecto ecocida, aun sin ser terminado implicó la apertura de 205 minas de las cuales 106 al menos eran irregulares, a cargo de caciques locales, amigos del expresidente Enrique Peña Nieto, sindicatos aparentemente fantasmas e incluso, algunas apropiadas por un narcotraficante de Tamaulipas. Las minas consumieron cerros enteros, destruyendo ecosistemas, generando zonas enormes de erosión, acabaron con yacimientos arqueológicos, aumentaron la delincuencia, las enfermedades respiratorias, atizaron conflictos por el territorio entre comunidades y pobladores, afectaron de diversas formas a más de tres millones de habitantes de 45 municipios.

Más costoso mantener que cancelar

La cancelación del aeropuerto en Texcoco ha sido costosa, pero más costoso para el país y las poblaciones aledañas habría sido mantenerlo. De un valor final calculado en 300 mil millones de pesos, se habían gastado, hasta el momento de la cancelación más de 90 mil millones, la mayoría en inversiones irregulares, como lo confirma la Auditoria Superior de la Federación (ASF) que suman hasta ahora más de 44 millones, en toneladas de acero que no se necesitaban, pagos por servicios que no se realizaron, obras que no se justificaban y un sinfín de corruptelas que se escondían bajo la careta del falso progreso y la modernización. El costo total de la cancelación será de más de 26 mil 51 millones, más la inversión ya realizada, estamos hablando de más de 100 mil millones de pesos que en lugar de ir a educación, apoyo al campo, salud, u otros servicios que necesitamos la población, fueron destinados a un proyecto de muerte que traería beneficios a unos cuantos, principalmente empresarios inmobiliarios y allegados a políticos priístas.

La lucha sirve

Después de más de 12 años de lucha, las aves vuelven a las estructuras abandonadas sobre el viejo lago de Texcoco y los pueblos en resistencia vuelven a sus tierras con la campaña “Manos a la cuenca”, para resarcir y recuperar su territorio. La lucha que implicó cárcel, muertes, violaciones y persecución política por años, por fin ha dado frutos, pero no podemos darnos por satisfechos, la cancelación del NAICM significó un gran triunfo y un paso adelante, pero también confrntó a empresarios y políticos poderosos que no se han quedado con los brazos cruzados.

¿Mexicanos por la corrupción?

Actualmente se han interpuesto 147 amparos, que piden la suspensión de obras en Santa Lucía y la suspensión de la cancelación de NAICM, prevenientes del “Colectivo #NoMasDerroches”, una agrupación totalmente hipócrita conformada por “Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad” (MCCI) y la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), quienes no han tenido ninguna queja frente a las irregularidades y corrupción del proyecto en Texcoco. Estos zánganos de la derecha más recalcitrante en México, ahora vienen con un discurso de protección del medio ambiente, cuando en realidad lo único que quieren proteger son sus privilegios ante lo que ven como una amenaza de la “Cuarta transformación”. Estos enemigos de clase no descansaran hasta regresar al gobierno a sus títeres de siempre, quienes les permitían hacer negocios millonarios, que mantienen a México en la prehistoria de los derechos laborales y humanos.

Desafortunadamente no todo es hipocresía, si bien este grupo empresarial ve por sus intereses, muchas comunidades originarias en las inmediaciones de Santa Lucía, serán realmente afectadas de construirse ahí las dos pistas planificadas. Los problemas de abasto de agua se incrementarán y estas comunidades que autogestionan su sistema de aguas, podrían sufrir una mayor ofensiva a su resistencia para conservar este derecho. Además, las afectaciones ambientales no están totalmente calculadas, como el efecto que tendrá que el proyecto se lleve a cabo cerca de un antiguo Panteón radioactivo, cuya existencia es cuestionable pues se encuentra sobre el acuífero Cuautitlán-Pachuca.

“Estamos en conflicto con intereses empresariales. Ahora sí que hablamos de las venas abiertas de México”, son sintomáticas estas palabras del actual titular de la SEMARNAT, Victor Manuel Toledo Manzur. El reto en la Ciudad de México, va más allá de la localización de un nuevo aeropuerto; décadas de devastación, contaminación, urbanización descontrolada, todo manejado irresponsablemente y en beneficio de un minoría, no se soluciona con la cancelación de un aeropuerto, es urgente la descentralización de la Ciudad, pero bajo el sistema capitalista y corrupto en el que vivimos, no será posible pues implica, mejorar las condiciones laborales en todo el país, mejorar los servicios hasta en las comunidades más alejadas, en suma, acabar con la desigualdad social y marginación que se expresa territorialmente, lo cual es imposible para un sistema que se basa en esta desigualdad, que vive de ella y la reproduce.